Por Mario H Peralta; BRECHA.-
La izquierda afina los detalles de su medida insignia. Sin embargo, para que las buenas intenciones no terminen en un nuevo programa de beneficencia, el escenario que lo rodee es fundamental. La inclusión social requiere otro modelo de reactivación económica y, por ahora, los anuncios no parecen alejarse del esquema vigente.
“Garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los sectores sociales más vulnerables y frenar el riesgo de empobrecimiento agudo” es el primer objetivo del Plan Nacional para la Emergencia Nacional que el futuro gobierno se propone poner en marcha desde la misma tarde del 1 de marzo. El plan fue el anuncio estrella de la campaña electoral de Tabaré Vázquez, aunque la implementación de medidas para combatir la pobreza extrema había motivado varias propuestas del EP-FA durante los últimos cinco años.
Es intención del gobierno electo que la población objetivo de las iniciativas del plan alcance las 300 mil personas, es decir a 100 mil indigentes y 200 mil pertenecientes al primer quintil de quienes viven por debajo de la línea de pobreza (véase recuadro).
Para su instrumentación se estima una erogación de 100 millones de dólares anuales, más los fondos que actualmente están destinados a ese fin. La financiación provendrá de un reordenamiento del gasto en políticas sociales y del aporte de los organismos internacionales de crédito (BID y Banco Mundial), que ya manifestaron su disposición a liberar recursos con ese destino.
Los destinatarios del plan; que funcionará por dos años; son, por tanto, niñas, niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, mujeres jefas de hogar, desempleados con hijos a cargo, adultos mayores sin protección social, discapacitados sin cobertura social; y familias y personas en situación de calle.
Para los 100 mil indigentes se prevé una renta básica (que fuentes de los grupos que trabajan en el plan establecieron en alrededor de 1.500 pesos mensuales) y la entrega de una canasta de 14 quilogramos de alimentos y artículos de higiene (calculada en unos 600 pesos de costo). Todo ello con la contrapartida de la asistencia de los niños y niñas a la educación formal, control médico regular de los menores, tareas comunitarias para los adultos, formación y recalificación laboral.
A los beneficiarios se les entregará un carné, en el cual deberá constar la asistencia escolar y sanitaria, que se deberá presentar en el BPS, única ventanilla de pago de la renta básica.
El plan alimentario “utilizará la red de comedores del INDA, de ANEP, en convenio con las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, complementando con la entrega de canastas de alimentación e higiene a quienes no puedan concurrir a los comedores habilitados”, según indica el documento sobre el cual trabaja el equipo del plan de emergencia. Por tanto, en la instrumentación de la entrega de canastas y comedores permanecerán las actuales estructuras, incluidas las de las intendencias municipales.
Paralelamente a la renta básica se implementarán trabajos transitorios, por los cuales se remunerará “a las personas que trabajen efectivamente, en tanto exista la figura reglamentada de un empleador (público o privado) que cubrirá las cargas sociales”. Las tareas de esos trabajadores transitorios serán básicamente comunitarias, coordinadas con las intendencias y en empresas que suscriban convenios de reactivación tripartitos específicos, cuidando que no sustituyan mano de obra en la plantilla laboral.
Todo el plan de emergencia estará dirigido por una Unidad Coordinadora de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la República y compuesta por representantes de los 19 departamentos, más un coordinador general. Este instrumento tendrá, además, la potestad de auditar, evaluar y supervisar el funcionamiento del plan. Tendrán participación en la implementación del mismo el INDA, el Instituto de la Niñez y Adolescencia (INAU, ex Iname), ANEP, BPS, MVOTMA, MSP, MTSS, intendencias municipales, ONG, sindicatos y Universidad de la República.
ALGUNAS LIMITANTES
El plan diseñado por el EP-FA tiene la intención de atender a los sectores más vulnerables de la población y evitar los aspectos más hirientes de la crisis económica y social, especialmente la desnutrición de importantes sectores, que ya ha causado varias muertes y que, además, en los niños pronostica severos problemas en el futuro. Por tanto son medidas focalizadas y reparadoras de la emergencia.
La primera interrogante es cómo se continúa este plan en iniciativas que avancen más allá y provoquen la inclusión de sectores hoy marginados.
Algunas novedades comentadas a BRECHA por integrantes del grupo encargado de definir el plan evidencian diferencias con todo lo aplicado hasta hoy. Por ejemplo, es su intención que en las líneas de abastecimiento al plan alimentario participen productores rurales, también por debajo de la línea de pobreza, así como los pescadores artesanales. Otro rasgo distintivo es la búsqueda de una contrapartida en los beneficiarios del plan, evitando la pasividad que identifica las tareas de beneficencia. También lo es la participación de los sindicatos en las distintas fases del proyecto.
En relación con la educación, a la que el nuevo gobierno destaca como fundamental para superar la situación de exclusión, fuentes del equipo que diseña el plan dijeron a BRECHA que se procurará superar el hiato que se produce cuando los alumnos deben pasar de la escuela al liceo. En el Interior, especialmente en la zona metropolitana, el costo del boleto puede ser la principal causa de abandono de la enseñanza. Para combatir ese fenómeno se plantean instaurar, al igual que en Montevideo, el boleto estudiantil gratuito para el primer ciclo de la educación media. En esa misma línea se procurará que en los liceos y dependencias de UTU se entregue algún tipo de vianda a alumnos que no variaron su situación por pasar de un nivel a otro, más cuando provienen de las escuelas de tiempo completo con alimentación incluida.
Sin embargo subsisten algunas preguntas, tanto en lo referente a quienes realizan la tarea como al tiempo de las medidas. El INDA y las intendencias del Interior han dado muestras de utilizar las canastas en provecho del clientelismo, favoreciendo a correligionarios e instituciones afines. Incluso el INDA se ha caracterizado por pagar sobreprecios por los artículos de las canastas que entrega.
En cuanto a la duración de las medidas, todavía no se conoce el lapso de los trabajos transitorios. La experiencia realizada en la Intendencia de Montevideo indicó que esos trabajos se prolongaron por cuatro meses y en algunos casos por cinco. Es decir que terminado ese lapso la gente vuelve a la antigua situación.
El otro riesgo de esa modalidad de empleo es que las empresas tomen a esas personas por equis tiempo, en lugar de emplear a otras que en el mercado laboral resultan más caras para el empleador, disminuyendo los salarios, que en todos los nuevos trabajos están muy deprimidos.
A esos posibles problemas debe agregarse que la demora en la conformación del gabinete ha enlentecido el proceso de afinamiento del programa, aunque ya han circulado rumores de que algunos aspectos, que podrían señalarse como excesos en el gasto, han recibido comentarios críticos del futuro ministro de Economía, Danilo Astori, expresaron fuentes frenteamplistas.
Pero la principal interrogante respecto al plan es si vencido el plazo de aplicación de las medidas se habrán generado condiciones para eliminarlas. La gran mayoría de las iniciativas que lo componen no son más que paliativos, necesarios, pero paliativos al fin, según reconoció Astori. Hasta ahora no se conocen más que en enunciados generales los lineamientos de la política económica a aplicar. Astori ha señalado que el plan de emergencia no servirá si no se aumenta la inversión en el país, hoy muy baja.
Al presente, el nuevo endeudamiento público previsto es para la atención de la emergencia social, y no se avizora ese tipo de recursos para políticas anticíclicas que permitan una reactivación de la economía diferente a la que está en curso. La apuesta es a la inversión privada y los avances que se han registrado en los indicadores económicos muestran un tipo de reactivación que no parece el mejor escenario para la inclusión o la superación de la fragmentación social. Por tanto, el resto del escenario será determinante para que el éxito del programa trascienda el período de su aplicación y sea el inicio de un proceso de inclusión social al que aspira el nuevo gobierno.
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Recuadro
Los beneficiados
En el último lustro, tanto el número de personas indigentes como el de quienes viven por debajo de la línea de pobreza se duplicó en Uruguay: de 31 mil a 76 mil en el caso de los indigentes, y de 407 mil a 850 mil en el de los pobres, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, estudios no oficiales llevan esos números a 100 mil y un millón, respectivamente. Se consideran indigentes aquellos núcleos familiares que perciben una remuneración menor a 900 pesos por cada integrante del hogar. Por debajo de la línea de pobreza se encuentran las familias con ingresos por persona inferiores a 2.527 pesos.
En el caso de los indigentes, los recursos que ingresan al hogar no alcanzan para comprar “los alimentos y bebidas en cantidad suficiente para proveer la energía y elementos necesarios de una nutrición adecuada”, según la descripción del INE. Quienes viven por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo al INE, reciben el dinero suficiente para alimentarse, “pero el remanente no es suficiente para distribuir entre los rubros no alimentarios sin privarse de alguno de éstos”.
