Interrogatorios policiales sin abogados defensores, allanamientos sin órdenes judiciales, condenas impuestas por fiscales sin juicio ni defensa, espionaje digital y electrónico. Las “herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” que el gobernador Maximiliano Pullaro requiere a la Legislatura de Santa Fe causan escozor pero no son sino la continuidad de una política que empodera a la policía provincial, históricamente asociada con la corrupción y la complicidad con el delito.
Pullaro no se pelea ahora solo con “los garantistas”, como suele jactarse. El gobierno de Santa Fe viene marcando diferencias con el gobierno nacional desde la falta de obra pública en las rutas a la eliminación de los subsidios al gas y reivindica como clave de gestión la disminución de los homicidios dolosos en Rosario, que los libertarios atribuyen al Plan Bandera del Ministerio de Seguridad de la Nación. La controversia será central en las elecciones de gobernador de 2027.
Como en la protesta de las bases policiales de febrero, los principales medios de las ciudades de Rosario y Santa Fe silencian el debate sobre las reformas. Tampoco se pronunciaron la oposición política —excepto el Frente Amplio por la Soberanía, con representación minoritaria en la Legislatura—, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, los colegios de jueces y abogados y las Facultades de Derecho. Al igual que en diciembre de 2023, cuando el gobierno obtuvo el apoyo casi unánime a la “primera ola” de reformas, el temor a quedar asociados al desmadre que llevó a un récord de homicidios dolosos acalla con contadas excepciones a las voces críticas.
El allanamiento sin orden judicial ya tiene un protocolo en Santa Fe, como destacan los propios funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad. El ministro Pablo Cococcioni promueve el concepto de “flagrancia virtual”, sustentado en la Inteligencia Artificial aplicada a cámaras de vigilancia. “Ahora flagrancia puede ser ver algo que pasó hace una hora y que se detecta con sistemas de analítica de video en tiempo real o cercano al real”, afirma el ministro al que se atribuyen las reformas que avanzan sobre derechos y garantías.
La “segunda ola” de reformas incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones, abrir correspondencia y clonar celulares sin orden judicial. Pero la Subsecretaría de Inteligencia Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad ya se encuentra habilitada para tareas sin control fiscal y con el concurso de la llamada Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), una policía secreta que funciona con fondos reservados.
La recarga punitiva
“Vamos a tener que hacer lo que ya hicimos”, anunció Pablo Cococcioni en la campaña electoral de 2023. El actual ministro se refería al traslado de los detenidos en comisarías a cárceles y al aislamiento de los presos de alto perfil. Pero esta recarga es parte de un proyecto que aceleró el amplio triunfo de Maximiliano Pullaro en las últimas elecciones de gobernador.
La emergencia en seguridad habilitó las reformas iniciales de las leyes orgánicas del Servicio Penitenciario y el Código Procesal Penal Juvenil, las atribuciones a la policía para demorar a personas y la adhesión a la ley de desfederalización en materia de estupefacientes. “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que Pullaro quiere inaugurar antes de las elecciones de 2027, estará destinada a miembros de las bandas dedicadas al narcomenudeo, presentadas como “organizaciones criminales complejas”.
Pullaro repuso a un elenco de comisarios que lo acompaña desde su etapa como ministro de Seguridad de la provincia. De allí proviene Danilo Villán, jefe de la Policía de Rosario después del cimbronazo de febrero. La disminución de los homicidios es el argumento central en la propaganda del gobierno. En 2024, primer año de gestión, hubo 180 casos en la provincia; en 2025 volvieron a aumentar con 210 hechos registrados. Y entre enero y abril de 2026 hubo 52 homicidios, la cifra más baja en el período desde 2014.
La abrupta disminución de la violencia “es única en América latina” según el gobernador. No obstante, forma parte de una tendencia sostenida en el país y con una tasa de 5,7 cada cien mil habitantes supera todavía en dos puntos a la media nacional.Según el informe “¿Paz para quién?”, un trabajo de campo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, la venta de droga no disminuyó “sino, al contrario, pareciera haber más puntos de venta en kioscos y casas o directamente en las esquinas”.
La política de seguridad de Pullaro está sobreexpuesta en la comunicación del gobierno. La primera campaña fue con las fotos de presos a lo Bukele, que provocaron los asesinatos de cuatro trabajadores como represalia. Por otra parte el programa de recompensas por “los más buscados” contribuye a la imagen de “la lucha contra las mafias”. Estas listas realzan la figura de integrantes de bandas que, al ser imputados, resultan personajes menores: el último, Alexis Mendoza, fue acusado por una extorsión. Mientras tanto siguen prófugos los responsables de Los Menores —la banda que desplazó a Los Monos— y del crimen de Andrés Bracamonte —el ex jefe de la barra brava de Rosario Central— y otros evadidos contaron con ayuda policial, como Jesús Maximiliano Eusebio. Los responsables de delitos económicos —como el financista Roberto Mondaini— no figuran entre los más buscados.
El MPA retomó la práctica de derribar bunkers: fracasada durante el gobierno de Antonio Bonfatti, ahora reforzada con el “cese de estado jurídico” de las propiedades que concede la Justicia, es objeto de difusión constante en las redes. Otra práctica que rinde más en términos de propaganda que de combate contra el delito son los remates de “bienes decomisados al delito”. Se trata por lo general de autos, motos y camionetas, cuya procedencia no es informada sino atribuida genéricamente al “crimen organizado”.
Santa Fe también se publicitó como la primera provincia donde la policía usa pistolas Taser. Las intervenciones que se conocen sirvieron para reducir a una mujer que había denunciado violencia de género, a un hombre que se infligió heridas con un cuchillo y a un empleado de seguridad que reclamaba sueldos adeudados y resultó con graves quemaduras. Donde podría intentarse una resolución pacífica de incidentes, las pistolas Taser introducen la violencia.
Aunque el ministro Cococcioni suele afirmar que para cada cosa hay un protocolo de uso, parece ser que la tecnología no suple el factor humano ni los problemas de capacitación e incluso puede reforzar viejas prácticas irregulares. El sistema de videovigilancia Lince, promocionado como recurso objetivo para agilizar el esclarecimiento de delitos, depende de los datos que cargan los investigadores.
Dando la cara
“A mí que puse la cara como nadie por la Policía y por el Servicio Penitenciario, a mí que discutí con todos los garantistas que no querían meter presos a los chorros, ¿a mí me van a decir asesino de policías?”, se indignó Maximiliano Pullaro ante la protesta policial de febrero. El gobernador reivindicó así sus antecedentes en la materia: entre los más notorios, pagó con fondos reservados la defensa de policías acusados por la desaparición y el asesinato del albañil Franco Casco; rechazó como “cosas intelectuales” las torturas comprobadas en presos de Piñero en marzo de 2024; y logró la anulación de la condena contra Luciano Novelli, del Comando Radioeléctrico de Rosario, quien según dos fallos judiciales asesinó por la espalda a una pareja que intentó robar un celular.
Pero el gobernador no le habló así al conjunto de la policía provincial sino al sector que lo respalda. La protesta de febrero hizo visible un quiebre entre la cúpula y las bases, patente en los insultos que recibió entonces el jefe de Policía provincial Luis Maldonado. Las bases reclamaron por aumento de salarios, por condiciones penosas de trabajo, por la desatención de la salud mental: “No somos un número más”, fue la consigna central.
El desacople entre la cúpula y las bases resulta notorio en los casos de corrupción. El fraude con el dinero para el combustible de los patrulleros, revelado en mayo de 2025, involucró a una docena de jefes de la policía de Rosario que durante dos años explotó un mecanismo de recaudación ilegal. Por debajo de la línea de mando, grupos del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica de Rosario y policías de distintas secciones están acusados por una amplia gama de delitos. Una investigación del MPA sobre Los Menores parece haber tocado, en cambio, un límite: el componente policial.
Pullaro dramatiza un estereotipo clásico de la mano dura: el punitivismo justificado como aquello que la sociedad quiere. “Cuando uno ve a una persona que fue víctima de un delito violento, cambia la forma de ser y la forma de pensar”, afirmó. Sin embargo, ¿la cuestión es la “mano dura” o, más profundamente, la transformación de la legitimidad democrática en la que el orden y la gestión sobre seguridad reemplazan a la ampliación de derechos como fundamento principal de autoridad política?
El gobernador se propone así como expresión de una transformación más amplia del régimen político en Santa Fe. El proyecto es una forma de gobernanza basada en la excepcionalidad, la vigilancia y la legitimación social del punitivismo. Pullaro necesitareconfigurar el Estado alrededor del dispositivo policial para crear una nueva relación entre miedo social, consentimiento democrático y excepcionalidad jurídica.
Otro interrogante es si Pullaro pretende erigirse como figura de reorganización y transformación posible del radicalismo hacia una fuerza menos institucionalista, más territorial, alejada definitivamente del alfonsinismo. Todavía ostenta la foto de Raúl Alfonsín en redes sociales, pero no el culto de la Constitución Nacional que distinguió al presidente radical.