¿Qué pasaría si cada ciudadano recibiera, solo por el hecho de haber nacido, una suma de dinero mensual que cubra sus necesidades básicas? Sin condiciones, sin trámites humillantes, sin que ninguna instancia burocrática (ni intermediaciones) evalúe si es “merecedor” de la ayuda.
La idea es sencilla, aunque sus implicancias (en especial los debates que dispara) no lo son: en una sociedad organizada en torno al intercambio de monedas, que toda persona reciba un ingreso monetario básico, una transferencia monetaria regular e incondicional, universal e individual, por el solo hecho de existir. Sin requisitos, sin contraprestaciones, sin tener que demostrar pobreza ni necesidad extrema. Un piso material desde el cual vivir, y decidir qué hacer con el resto del tiempo: trabajar para acceder a más ingresos monetarios, o quizás no: potenciar aptitudes artísticas, culturales, hobbies, destrezas… o simplemente dedicarse al ocio.
Eso es, en términos generales, una Renta Básica Universal (RBU). No se propone eliminar el trabajo, sino intervenir en la relación que las personas tienen con él. Permite (en términos teóricos, pero como veremos, ya hay experiencias empíricas) elegir, negociar, rechazar. Introduce un margen de libertad, de autonomía, allí donde suele haber solamente necesidad.
referencias que han promovido una renta básica universal.
Extensa genealogía
Lejos de ser una ocurrencia excéntrica o delirante, la propuesta tiene una genealogía extensa y transversal. La defendieron Bertrand Russell y Martin Luther King en el siglo pasado; mucho antes la insinuó el poco reconocido filósofo radical Thomas Paine. Más cerca de la actualidad, la desarrollaron Carole Pateman, Philip Van Parijs o Antoni Domènech; la impulsan economistas como Daniel Raventós o Rubén Lo Vuolo. Apareció en la Argentina reciente desde signos ideológicos diversos: de Elisa Carrió a Eduardo Duhalde, de la CTA de los años 2000 al Papa Francisco.
En estos días, renació desde el corazón mismo del capitalismo tecnológico: Elon Musk —como otros empresarios del sector— advierte que la automatización podría destruir más empleos de los que crea, y en ese escenario, argumenta, un ingreso básico no sería una utopía igualitarista, sino una condición de estabilidad. El dueño de Tesla no ve a la RBU como un lujo ni como una iniciativa “socializante”, sino como una necesidad del capitalismo para seguir teniendo consumidores en la era de los robots. “La RBU o el caos”, parece decir el magnate sudafricano.
Lo que vuelve potente a la RBU es que rompe grietas ideológicas tradicionales. Es una de sus claves: puede argumentarse “por izquierda” y “por derecha”. Como herramienta de redistribución, justicia social y reconocimiento de trabajos invisibles. O como mecanismo eficiente que simplifica el Estado, reduce burocracia y garantiza un mínimo sin interferir en las decisiones individuales.
¿Utopías reales?
También desde el marxismo aparece la RBU como un camino posible: toda una paradoja, si se piensa que para Musk (o para Milton Friedman, otro pope neoliberal, que propuso algo similar) aparece como la salvación del capitalismo, mientras que para Erik Olin Wright, Antonio Negri o Van Parijs la RBU sería una vía para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores y transitar hacia “utopías reales”, para alcanzar una libertad real para todos, frente a la explotación de la producción inmaterial y biopolítica.
Son tradiciones distintas que por caminos diferentes llegan a una misma idea. Un poco en broma, pero no tanto, podría decirse que los primeros la conciben como la vía socialista para mantener vivo al capitalismo; mientras que los otros (incluido el Papa Francisco) la ven al revés: la vía capitalista para instalar un socialismo eficaz.
No vamos a resolver ese debate en estas breves líneas. Pero lo queremos conectar con algo más interesante y casi desconocido: la RBU no es solo teoría. Hay experiencias actuales en forma de “experimento” científico, pero de ellas hablaré en otra nota. Y las hubo en el pasado: una de las más singulares ocurrió en la Argentina del siglo XIX.
Un ensayo 170 años atrás
Bernardino Horne la definió con precisión: “un ensayo social agrario”. Ocurrió en la Colonia San José, en Entre Ríos, bajo la dirección de Alejo Peyret, a partir de 1857.
Cuando Urquiza le encargó organizar esa colonia, el desafío para Peyret no se limitaba a distribuir parcelas. Diseñó un sistema que garantizaba un piso material de existencia a los colonos, al garantizar a cada familia tierra, herramientas, animales, insumos. Y algo menos visible y más decisivo: tiempo. Tiempo para producir sin caer en la miseria o en el endeudamiento. Tiempo para no quedar atrapados en relaciones de dependencia. Tiempo para apostar, arriesgar y ganar.
Esa fue la clave de San José. Muchos proyectos de colonización fracasaban porque el colono llegaba sin respaldo y quedaba a merced del crédito, del intermediario o del patrón. Peyret ensayó una lógica diferente: asegurar condiciones iniciales que permitieran autonomía real. El mecanismo clave quedó registrado en el contrato que firmaban las familias suizo-francesas que se instalaron en la flamante colonia: la batería de beneficios que se les ofrecía, con la única exigencia de devolución cuando la chacra ya estuviera produciendo. Mientras, todo quedaba hipotecado a nombre de Urquiza, dueño de las tierras que se entregaban en colonización.
Cada familia firmaba un contrato cuyo texto se presentaba en castellano y en francés, y según el cual recibía «dieciséis cuadras de terreno», es decir unas diez hectáreas, y además: «cien pesos para comprar objetos de primera necesidad, así como semillas; cuatro bueyes de labranza, dos caballos, dos vacas lecheras con su cría, madera y leña y la manutención de la familia durante un año desde su llegada a la colonia, a razón de diez libras de carne y tres libras de fariña por día para cinco personas de diez años arriba».
Más que una RBU
El ensayo de Peyret era, incluso, más que una renta monetaria. Además de la suma fija de dinero, proveía todo lo necesario para que esos colonos pudieran desacoplar de la presión del mercado no solo la supervivencia inmediata sino también su desarrollo como productores independientes. Creaba un margen de libertad desde el inicio.
Un detalle notorio de aquel contrato es que los colonos de Peyret tenían cuatro años para reembolsar capital e intereses, aunque el filósofo consiguió flexibilidad ante pérdidas de cosechas, por ejemplo en caso de plagas. Además, había requisitos para impedir la especulación o la concentración de la propiedad: cada familia se comprometía a permanecer en la tierra y trabajarla hasta cancelar la deuda y, después, solo podía vender si su comprador se comprometía a continuar las tareas de agricultura.
La provisión de insumos y dinero a las familias es uno de los escasos antecedentes mundiales —concreto y operativo, no teórico— de un sistema exitoso de RBU y, vale insistir, constituyó una de las principales claves de los logros que tuvo la iniciativa.
El resultado fue notablemente exitoso. La colonia prosperó, diversificó su producción, generó excedentes y se consolidó como comunidad. Esa prosperidad derivó en la creación de la actual ciudad de Colón —concebida por Peyret como puerto para sacar los productos de la colonia— y en el prestigio personal del filósofo francés, que décadas después sería nombrado inspector de Colonias de la Nación.
No fue una experiencia idílica —hubo tensiones, conflictos, desigualdades—, pero funcionó. Más de un siglo antes de que la RBU entrara en la agenda global, en Entre Ríos ya se había ensayado algo que apuntaba en esa dirección.
Experimentos, debates y límites
En las últimas décadas, la RBU dejó de ser una idea marginal para convertirse en objeto de pruebas concretas. En Canadá, Finlandia, Kenia y Estados Unidos, se intentó medir qué ocurre cuando se garantiza un ingreso sin condiciones. En su libro Utopías reales, Rutger Bregman recupera varios de estos casos para cuestionar un prejuicio persistente: que garantizar un ingreso desalienta el esfuerzo. La evidencia disponible —todavía limitada— sugiere lo contrario.
Desde el mundo hispanoamericano, autores como Domènech, Raventós o Lo Vuolo agregan otra dimensión: no piensan la renta básica como política social de emergencia, sino como redefinición de la ciudadanía. Un derecho económico que amplía la libertad efectiva.
En la Argentina la idea ha sido planteada desde la política y desde la academia. A comienzos de los 2000, el debate reapareció ligado a la economía popular y luego, con la pospandemia, renació impulsado por dirigentes sociales y sectores políticos que hablan de “salario universal”. No es exactamente lo mismo, pero remite a una misma intuición: garantizar una base material que no dependa enteramente del mercado de trabajo.
Ya no se trata de una fantasía, sino de cómo —y hasta dónde— podría implementarse. Hace más de un siglo que la propuesta viene abriéndose camino a puro tesón: Bertrand Russell la describió casi en los términos actuales en su libro de 1918, Caminos de libertad. Sin embargo, puede decirse que apenas empieza a discutirse.
De la AUH a la RBU
Aunque para muchas personas la RBU sea un tema nuevo, más de dos décadas atrás fue un punto relevante de la discusión política. En el mundo académico, el poco recordado Alberto Barbeito fue un pionero por décadas. Se lo mencionaba como “ingreso mínimo universal” o “ingreso ciudadano”. Se expresó en proyectos de ley de bancadas diferentes: el ARI de Elisa Carrió, socialistas como Alfredo Bravo y la CTA combativa de Víctor De Gennaro elaboraron iniciativas parlamentarias que no prosperaron.
Con sus matices, la propuso Eduardo Duhalde, quien incluso publicó un libro sobre el tema, prologado por Lula. En algunos lugares del país se llegó a experimentar: en Paraná, la primera gestión del fallecido Sergio Varisco implementó un sistema que se llamó “Incinipa” (Ingreso Ciudadano para la Niñez de Paraná). Ese notable y olvidado antecedente fue derogado en 2004.
En 2009 la presidenta Cristina Fernández creó la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tan vapuleada ha sido (en especial por los sectores de la derecha política) y es, sin embargo, una política pública, insólitamente vigente sin ley, por decreto, que ha sido mantenida por gobiernos tan disímiles como el de Mauricio Macri o el actual (que se dice enemigo de cualquier asistencia social).
Los beneficios de la AUH son bien conocidos por los estudiosos en ciencias sociales: entre otros, la reducción de la pobreza extrema infantil, el aumento de su escolarización y la disminución en la niñez de muertes por causas evitables. A nivel nacional no se discute: hasta el gobierno ultraneoliberal de Javier Milei parece haber entendido que la niñez merece garantías de subsistencia que solo pueden asegurarse con una transferencia monetaria.
Una vieja idea para un problema nuevo
En un mundo atravesado por la precarización laboral, la concentración de la riqueza y la revolución tecnológica, la renta básica vuelve a la agenda ya no como consigna abstracta, sino como hipótesis de política pública. No hay respuestas simples acerca de cómo instrumentarla, y en el imaginario de muchos sectores (de veredas opuestas) es algo indeseable. Por razones distintas: para algunos, “favorecerá la vagancia”. Para otros, es una herramienta de “perpetuación de la desigualdad capitalista”.
“Un ingreso básico o salario universal es necesario para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los Gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media”.
El autor de esa frase fue Jorge Bergoglio, el Papa Francisco.
Lo cierto es que el sueño de una base común desde la cual las personas puedan vivir, y no apenas sobrevivir —con otras palabras, con otros instrumentos— ya se había intentado en San José en el siglo XIX. No como teoría, sino como práctica. No como promesa, sino como ensayo. Y funcionó. ¿Será el momento de empezar a discutirla en serio?