Paraguay: Cómo latifundio y poder político van de la mano

El más reciente censo agropecuario de Paraguay (que data de 1992), muestra que el 1 por ciento de los propietarios concentraba el 77 por ciento de las tierras mientras que en el otro extremo el 40 de los agricultores, poseían de 0 a 5 hectáreas, o sea el 1 por ciento de las tierras, lo que convierte a Paraguay como el país de América Latina que tiene la más alta concentración de la tierra en manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población campesina carece de ella. Pero eso no es todo, tan sólo 351 propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, mientras que existen, según las organizaciones campesinas, más de 350 mil familias campesinas sin tierra o con cantidad de tierra insuficiente. En esta entrevista, Luis Rafael Aguayo, Secretario General de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, explica la génesis de un régimen desigual que está en proceso de ebullición y reclama cambios urgentes.

Esta situación es una de las causas centrales del hambre y desnutrición grave en el campo, ya que el 22,8 de la población rural está en la extrema pobreza. El ingreso promedio de dichas familias sólo cubre el 58.3 por ciento del costo de la canasta básica de consumo.

El estatal Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), responsable de ejecutar la política de tierra en el país, es duramente criticado por los líderes campesinos.

Para Luis Rafael Aguayo, Secretario General de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina más de 25 organizaciones campesinas, de mujeres e indígenas a nivel nacional, la redistribución de tierra agrícola a campesinos “sin tierra” debe ser el eje central de una reforma agraria.

Aguayo sostiene que “sin reforma agraria no es posible el desarrollo en el país. Cada vez más grandes contingentes de poblaciones campesinas se trasladan a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar, debido a la falta de mercado laboral y la desindustrialización del país.”

El Estado no está utilizando el máximo de los recursos disponibles, para este representante, “el instrumento de expropiación, disponible en casos de interés social, como son los latifundios improductivos y las tierras mal habidas. El derecho a la tierra y la reforma agraria están contemplados en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que señala: “la reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural”.

“El artículo 115 habla de las bases de la Reforma Agraria y el artículo 116 se refiere a la eliminación progresiva de los latifundios, explica, el Estado también está obligado a implementar la reforma agraria a través de la Ley Nº 1.863, que crea el Estatuto Agrario, y es de destacar la inclusión de un artículo en dicha Ley a favor de la mujer cabeza de familia para la adjudicación de la tierra sometida a reforma agraria, así como también la prórroga para el pago de las cuotas en 50% del plazo, cuando las adjudicatarias son mujeres.”

Aguayo menciona que a pesar de esta y otras leyes existentes, “las políticas públicas del Estado paraguayo aún son insuficientes para promover el acceso real de la mujer a la propiedad de la tierra, garantizar su arraigo a través del acceso al título de propiedad, al crédito y al apoyo técnico. En todos los casos, ante el grave problema de acceso a la tierra, el Estado paraguayo ha implementado políticas represivas con desalojos violentos, donde también las mujeres campesinas y los niños son víctimas de tratos crueles y discriminatorios. Las leyes y las garantías constitucionales son observadas y aplicadas unilateralmente por el Estado sólo a favor de un sector de la población, aquel que detenta el poder político y económico. El Estado paraguayo actualmente es responsable del desplazamiento y despoblamiento de varias comunidades campesinas por priorizar y proteger un modelo de desarrollo basado en el monocultivo extensivo de la soja transgénica, que destruye el ambiente, contamina cursos de agua y expulsa a loss pequeños productores de sus fincas, acelerando la migración del campo a la ciudad”.

En diálogo con Causa Popular, agregó que en muchas ocasiones el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) se encuentra en déficit financiero para la compra de las tierras ofertadas o que en muchas ocasiones algunos miembros de la junta asesora y de control de gestión son cercanos de los terratenientes, se oponen a la compra de tierras de alta calidad y prefieren comprar solamente tierras ofertadas voluntariamente por los propietarios, siendo en muchas ocasiones tierras remotas y de baja calidad, explica.

“El gobierno pretende resolver el problema del acceso a la tierra a través del mecanismo de mercado que el Banco Mundial está promoviendo para que la tierra pueda ser comprada y vendida como mercancía, sin tener en cuenta las necesidades urgente de la gente. El Banco mundial está promoviendo esta estrategia en varios países, forzando a los campesinos ‘sin tierra’ a pagar precios de mercado a los propietarios, mercantilizado la tierra y socavando principios constitucionales como el de que la tierra cumpla una función social” y agrega Aguayo que temen por la privatización de las tierras públicas y división de las propiedades comunales en pequeñas parcelas, con títulos individuales de propiedad, “lo que provocaría la venta masivas desesperadas por parte de los campesinos pobres e indígenas, generando nuevas oleadas de concentración de la tierra para la gente adinerada y una más profunda miseria para la mayoría campesina”.

Según este experto, “existen más de 12 millones de hectáreas que están en forma mal habida heredada de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89), que se repartían entre los leales al régimen. Estamos presionando ante la Procuraduría General de la República y el Parlamento Nacional para sacar una ley especial para recuperar estas tierras mal habidas”.

Ante la falta de implementación de un proceso de reforma agraria y al no encontrar respuesta de las instituciones estatales, las organizaciones campesinas e indígenas presionan para exigir respeto a sus derechos humanos, económicos y sociales, mediante distintas formas de desobediencia civil tales como manifestaciones pacíficas, tomas de instituciones, cierres de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos. De hecho, ya es tradicional la manifestación campesina en marzo de cada año, reclamándolos. El protagonismo rural logró anular los proyectos de privatizaciones de empresas públicas y fue actor principal en el denominado “marzo paraguayo”, donde un nuevo modelo autoritario logró aplacarse.

Pero para el titular de la MCNOC, estos reclamos tienen fuertes repercusiones en contra de los campesinos, al judicializarse sus acciones: “Actualmente más de 2.000 compañeros están con medida sustitutiva de prisión por reclamar sus derechos; y en esta llamada transición democrática más de 100 dirigentes campesinos fueron asesinados por policías, militares y ‘matones’ contratados por latifundistas, ganaderos y sojeros. La mafia es otro factor que afecta directamente al movimiento campesino paraguayo, ya que está ligada al poder político y judicial”, explica Aguayo.

El dirigente afirma que “la principal bandera de lucha de la MCNOC es la reforma agraria, dentro de esta se realiza las dos vías de lucha por la tierra, por un lado la lucha legal antes las instituciones; y si esta se traba, entonces se realiza la lucha legítima que es la ocupación, para su posterior recuperación”.

“El gobierno sigue resistiéndose a desafectar los latifundios. La represión, el desalojo, la destrucción de casas, cultivos y la cárcel son las respuestas inmediatas del gobierno a los reclamos campesinos”, añade.

– C P: ¿Cómo define a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)?

– L A: Como una organización de protesta y opositor a las políticas neoliberales, pero no se detiene en la simple protesta, además presentan propuestas de proyectos de Ley como la banca pública, consumo de electricidad, conocido como tarifa social; ahora en el parlamento presentamos un proyecto de ley de regulación del uso de agrotóxico.
C P: ¿Actualmente cómo se encuentra el movimiento campesino?
L A: Desde el punto de vista económico estamos en una situación de agudización de la crisis económica, lo que provoca la masiva migración de los compatriotas, desintegrándose de esta manera la familia tradicional campesina, dejando a su paso traumas irreparables. El otro factor que afecta a las organizaciones campesinas es la falta de una política de desarrollo productivo, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos carece de un plan de reactivación productiva, para que a partir de allí pueda crecer la economía del país y generar empleo. El costo de vida se ha elevado demasiado y la producción de los campesinos sin embargo cada vez más bajo; además no hay que olvidar el escenario represivo. Hay un terrorismo de Estado, y, a partir de allí son pisoteados los derechos económicos, político, social y cultural de nuestro pueblo, que es violentada permanentemente por el Estado, como son el derecho a la salud, educación, reforma agraria, empleo entre otro; sumado la criminalización de la lucha social. Los componentes principales de represión en Paraguay son el terrorismo de Estado, mafia ligada al poder político y la criminalización de la lucha.

– C P:¿Por qué la ofensiva gubernamental avanza sobre el movimiento campesino?

– L A: Esta ofensiva se da en mayor proporción contra del movimiento campesino porque justamente el modelo económico se sustenta sobre el modelo latifundiario. El latifundista a su vez es sojero, ganadero, mafioso y autoridad; por ello las organizaciones campesinas es la más cercana a sus intereses, por lo que es sostenida al son de la represión y la criminalización; el asesinato y el perfeccionamiento de los aparatos represivos. La militarización en el campo se está agravando rápidamente desde el año 2003, en que fue emitido el Decreto 167, que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía nacional. La actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana (verdadero escuadrón de la muerte) creados recientemente por el Ministerio del Interior, además de las Fuerzas de Tarea Conjunta que son cuerpos combinados policíacos-militares. Son los autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas. En la localidad de Yvy Ja’u, departamento de Concepción, la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, no es sino el último evento de este tipo registrado en el lugar. En los últimos dos años hay más de 50 muertos sin esclarecerse y varios desaparecidos.

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