Ley de medios por los medios de la ley

«La realidad es más aproximada cuantos más puntos de vista se tengan para su observación». (Albert Einstein)

Como todos los medios son públicos, la ley de radiodifusión es un asunto de todos.

En efecto, soslayando la concesión publicitaria de Canal 7 que se autoproclama «La Televisión Pública» creyendo audacia lo que es zoncera, el carácter público de todo el espacio mediático es lo que realmente está en discusión.

Lo vamos a decir una vez más y las que haga falta: todos los medios son públicos, no importa su estatus gerencial, si del Estado, los estados provinciales, privados, cooperativos, societarios sin fines de lucro, comunitarios u ONGs. La utilización de esos espacios públicos necesita una reglamentación, una puesta en ley que preserve esa condición y los derechos y obligaciones que implican.

Como la Educación y la Salud, el espacio mediático es público (ya lo dije pero no me canso). Y si a nadie se le ocurre en la escuela privada suspender la base curricular de contenidos, independientemente de las inclusiones que puedan adicionarse a esa base, no se advierte razón para que el campo mediático haga potestad absoluta de lo que es facultad relativa.

Hay en la administración de los medios mucha amplitud para la diferencia, para la libertad, para la diversidad, sin que tal amplitud se vea resentida por la sola observación de las responsabilidades que implica el carácter público de esos medios. De manera que no hay excusa, ni fantasmas que se presten a la excusa, para no atender a esas responsabilidades.

La ley, para que lo sea con mayúscula, será la Ley de todos. De los actores directos y de la comunidad en su conjunto. De manera que nadie puede distraerse en la consideración de que se trata de un asunto de competencia profesional o de una porción del mercado.

Es que está en juego, nada más y nada menos, que la reconstrucción de un espacio democratizado de la palabra pública, único espacio que puede garantizar el derecho a la información y con él, la añadidura de las libertades de expresión y de prensa.

La ausencia de la ley hace de las sociedades un campo prolífico de desigualdades jurídicas que se traducen necesariamente en injusticias.

Los medios no son góndolas en un supermercado simbólico. Son el sitio en donde se recrea y expresa la riqueza potencial y actual de una comunidad y de su cultura.

Pero ¿para qué digo esto? En primer lugar para sacar la discusión del terreno anegadizo al que la llevan los medios concentrados de la Argentina. Puesto que parece que aquí se tratara de una cuestión dilemática entre libertad de expresión y censura, prensa independiente y medios amordazados, democracia y totalitarismo.

Prescindo del discurso y pongo a la realidad como testigo declarante.

La libertad de prensa es en el país un derecho plutocrático. La agenda es creada por tres grupos editoriales que, en apariencia, se ven tácticamente autónomos pero que dependen estratégicamente de sendos grupos económicos. El ruteo de nombres, los módulos temáticos, las corrientes de opinión y el otorgamiento de reputaciones obedece a una estricta y férrea política que suele llamarse, vergonzosamente, línea editorial. Los periodistas son empleados sujetos a la tentación de unas famas indebidas, o amenazados por el ostracismo. Esto hacia adentro.

Hacia afuera la acción es tan o más salvaje. Hasta ahora (pues la cosa está cambiando) los medios concentrados presionaban o directamente compraban a los funcionarios del área, para que hicieran valer el anacronismo legal de la ley 22.285 sobre la periferia del sistema, ámbito nacido azarosamente en la mitad de la década del 80 por el empuje y las voluntades de las voces que guardaba bajo su campana de silencio. Persecuciones, decomisos inducidos y operados bajo la norma difusa de la dictadura, atentados, amenazas. Seguramente todo esto en nombre de la libertad de expresión. Es curioso cómo los libertarios de prensa suelen llamar a la policía cuando alguien hace prensa fuera de sus medios.

Antes de la hecatombe del 2001, igual que hace unos días atrás luego de agitar el fantasma del observatorio de la discriminación en los medios, varios reputados periodistas de Clarín y La Nación se juntaron para ocuparse del destino de los medios públicos. Por supuesto que estaban hablando de los medios en manos del Estado. La tesis, entonces, era de confinamiento. No debían acceder al mercado publicitario, tenían que ocupar el lugar que no ocupaban los privados y, fundamentalmente, salirse de la competencia en el discurso. Era el llamado al mazazo final. Los medios del Estado, saqueados, empobrecidos, tecnológicamente abandonados, utilizados como espacios de conchabo político de los gobiernos de turno y puestos a cargo de ineptos e inescrupulosos, debían ahora cumplir con la última penitencia.

A partir del 2003 comenzaron a presionar sobre la pauta oficial. ¿Por qué? ¿Por negocios? ¿Por ambición pecuniaria? No. De ninguna manera. La pauta oficial alcanza dificultosamente el 6 por ciento de la pauta publicitaria de la Argentina. No es un gran botín. ¿Entonces?

La respuesta es sencilla. Ese dinero podría hacer sobrevivir a los medios periféricos, a los pequeños medios, a las voces alternas, a los que todavía daban la pelea a pesar del ninguneo legal montado por la norma de la dictadura. He aquí la verdadera faz de los hombres de la prensa independiente y de sus empresas de libre mercado.

Nunca entendí demasiado bien el adagio «Lo óptimo es enemigo de lo bueno». Esta vez le encuentro aplicación. La ley óptima, cuya existencia es tan relativa como dudosa, no debe producir una frustración más. La base está, diría el Bambino. Garantía de participación de todos los actores en el espectro; reducción del manejo extranjero en las licencias; limitación de la propiedad de habilitaciones para evitar los monopolios; responsabilidad social y pública en la administración de contenidos, no para condicionar sino para que no se haga desaparecer en la grilla (como sucede hoy) a las presencias mínimas de la cultura nacional y popular de los argentinos.

Entre hacer lo que se quiere y querer lo que se hace, siempre debe haber la norma, para que todos juguemos el juego que nos hace falta a todos. Una norma que no desdeñe puntos de vista y que los ponga en el juego de entender un poco mejor nuestra realidad.

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