* Este texto, con la firma de las autoridades del Moreno (Movimiento de Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) y de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, fue redactado a los fines de una solicitada, y como tal, publicado en el diario Página 12, el miércoles 6 de septiembre. Aquí no es una solicitada, sino nota en esta edición, en razón de que Causa Popular hace suyas todas y cada una de las opiniones vertidas por los autores.
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En los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores beneficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación por el proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aun vigente.
Actuando siempre a instancia y complacencia del Poder Ejecutivo de turno,los diputados se aprestan a votar una serie de beneficios de todo tipo, teóricamente destinados a promover las actividades exploratorias, que no significan otro cosa que eximir a los trusts internacionales del petróleo de correr el riesgo minero, prácticamente el único de peso que existe en esa actividad, al que estaban obligadas por su propia responsabilidad empresaria. En forma transversa, se va cediendo a las provincias facultades
de dominio jurisdiccional que están en manos de la Nación y que así deben mantenerse.
Vuelve a repetirse la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado argentino y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraestructural.
Resulta curioso que si no invirtieron con el barril que superó los 70 dólares, ahora exijan hacerlo a costa de los impuestos que paga toda la población argentina. Es inadmisible que se pretenda que en esta actividad tan rentable tenga que venir el Estado a apoyar exigencias que no son aceptadas en ningún lugar del mundo.
De tal forma, se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas originadas en la explotación depredatoria, exportaciones intensivas e inconstitucionales, la ausencia casi total de las inversiones en exploración, y a la desaparición de todo control estatal, ya que se extrae a simple declaración jurada.
En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios descomunales: el costo promedio de producción del barril en Argentina son u$s 5.- y en el mercado internacional supera los u$s 70.-
Diecisiete años de vigencia incontrolada de las reglas del mercado muestran un fracaso inocultable ante la pérdida del autoabastecimiento, logrado en la década del 80 sobre la base del esfuerzo de nuestra empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
No nos cabe duda de que el Congreso es el poder popular por excelencia.
Históricamente, existe un gran número de legisladores que integran la larga lista de traidores a la patria. En forma destacada, figuran en ella quienes votaron, en la Infame Década de los 90, las leyes de Reforma del Estado y
Emergencia Económica, como también los que dieron quórum para el tratamiento de las leyes de Federalización del Subsuelo y privatización Y.P.F., Gas del Estado -votada con cinco falsos diputados- Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Segba, y los que permitieron la Reforma Constitucional de 1994 que, con el eufemismo de provincializar el dominio originario del subsuelo, han viabilizado su privatización.
Así como el Poder Legislativo, haciendo justicia a la memoria de los desaparecidos, torturados y asesinados por el Proceso dictatorial reparó la sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tiene hoy la
obligación de iniciar la reparación de los perjuicios ocasionados por aquellas leyes medulares en el proceso de saqueo y depredación de la más importante riqueza nativa de los argentinos; leyes que provocaron la conversión de millones de trabajadores en desaparecidos sociales.
Quienes integramos las agrupaciones firmantes de la presente, asumimos el compromiso histórico de señalar ante el pueblo de la Nación e iniciar las acciones legales que oportunamente correspondan, a quienes, votando
positivamente el proyecto en cuestión, se sumen a la larga lista de los infames traidores a la patria.
Invitamos a todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales, profesionales, económicas, estudiantiles y a todos los ciudadanos a adherirse al rechazo de esta Ley que no es más que la profundización de la entrega del petróleo de todos los argentinos.
