Como una catarata interminable siguen irrumpiendo en el escenario político casos de corrupción del “impoluto” gobierno de La Libertad Avanza y sus funcionarios de toda jerarquía. Los escándalos de Libra, Andis, Espert y Adorni apenas son la punta del iceberg de una arquitectura construida para saquear el Estado.
Un grupo de funcionarios de La Libertad Avanza están siendo investigados por la Justicia por supuestas irregularidades en la compra de inmuebles con créditos del Banco Nación. Los beneficiados accedieron a créditos millonarios a pesar de que ya poseían vivienda propia y, en algunos casos, sin cumplir con los requisitos de scoring.
Lotes, casas quintas, casonas y departamentos son los tipos de inmuebles que habrían adquirido, a lo largo del 2025, algunos funcionarios del gobierno nacional y legisladores libertarios al ser beneficiados por créditos del Banco Nación. La Justicia está investigando el otorgamiento de estos préstamos ante la sospecha de que presenten irregularidades.
Una investigación periodística del diario Página 12 mostró que los inmuebles figuraron, por primera vez, en las declaraciones juradas del 2025 de los involucrados, donde también había otra información, como su valuación fiscal, sus dimensiones y su ubicación.
El lunes 31 de agosto venció el plazo que tenían para presentar las DDJJ ante la Oficina Anticorrupción. El medio citado contrastó esa documentación con los datos públicos respecto a los créditos y también con informes comerciales, y reveló que el dinero fue utilizado por funcionarios y legisladores oficialistas para comprar varios inmuebles de lujo a los que, en algunos casos, sus ingresos no les alcanzarían.
Federico Furiase, Felipe Núñez, Felipe Berón, el tuitero oficial Juan Doe y los jóvenes Sharif y Nazarena Menem, entre otros libertarios, son los casos más resonantes, ya sea porque recibieron préstamos bancarios muy elevados, porque poseen una vivienda de antes o porque se aprovecharon de una línea crediticia que estaba destinada, específicamente, para empleados públicos.
«El escándalo derivó de una causa penal, cuya investigación a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti permanece desde mayo bajo siete llaves, sin novedades», remarcó Página 12. Los delitos que se investigan son tráfico de influencias o administración fraudulenta.
Como aves de rapiña
Un lote de casi media manzana en el Country La Retama Manzanares, en Pilar; una casa de 389 metros cuadrados en San Isidro; una casaquinta de 1103 metros cuadrados en un barrio cerrado de Bella Vista y otra de fin de semana de 1400 metros cuadrados en Cipolletti, Río Negro; además de varios departamentos en Capital Federal, uno de ellos de 133 metros cuadrados.
Esas son algunas de las propiedades que adquirieron durante el año pasado los funcionarios y legisladores libertarios gracias a los créditos VIP del Banco Nación, que están siendo investigados por la Justicia por posibles irregularidades en su otorgamiento.
Los inmuebles figuraron por primera vez en sus declaraciones juradas del año 2025, junto con algunos datos, como su valuación fiscal, sus dimensiones y su ubicación.
El plazo que tenían para presentarlas ante la Oficina Anticorrupción venció y algunos medios periodísticos, entre ellos Página 12, tuvieron acceso y contrastaron esos documentos con la información pública disponible sobre los préstamos y con informes comerciales, para conocer qué se compraron con esos cientos de millones de pesos.
A primera vista surgen varios inmuebles de lujo fuera del alcance de la mayoría, pero también algunas sorpresas y varias inconsistencias.
La banda de Caputo
Dentro del festival de créditos VIP, hubo una docena de casos que resultaron los más cuestionados. Picaron en punta los “Caputo boys” Federico Furiase, Felipe Núñez y Felipe Berón, pero también se anotaron el tuitero oficial Juan Doe y los jóvenes Sharif y Nazarena Menem, entre otros.
Ya sea por lo elevado de los montos, porque ya tenían previamente una vivienda o porque se aprovecharon de una línea específica para empleados públicos, todos quedaron señalados. El escándalo derivó en una causa penal, cuya investigación, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, permanece desde mayo bajo siete llaves, sin novedades.
El Nación reconoció públicamente que los funcionarios y legisladores fueron incluidos deliberadamente en la línea de créditos “+Hogares Sector Público”, pensada inicialmente para los trabajadores estatales y que les permitía financiar hasta el 90% del valor de una propiedad, a la vez que establecía topes más elevados.
Eso incrementó las sospechas de tráfico de influencias o administración fraudulenta, los posibles delitos que se están investigando. Pero no hubo mucho más hasta ahora.
El diputado Esteban Paulón presentó hace meses un pedido de acceso a la información pública para que el banco blanqueara las carpetas de cada préstamo, pero el directorio no da el brazo a torcer.
A partir de lo que figura en las declaraciones juradas de 2025 de los beneficiados, más el cruce de otros datos fiscales en ARCA, algunos detalles comenzaron a aflorar. La diputada Lorena Villaverde, por ejemplo, declaró una casa de 1497 m² en Cipolletti, que tasó en un valor fiscal de $319.800.000,00. Dice haberla incorporado a su patrimonio el 21 de enero de 2025.
Fuentes en Río Negro señalan que queda en el barrio privado “Los Patricios II”: ella misma se ocupó de subir posteos a sus redes sociales mostrando el parque y la pileta.
Cuando obtuvo el crédito, ya era propietaria de una casa en Escobar, en el exclusivo barrio cerrado CUBE (Club de Campo El Cazador), que ya no figura en su DDJJ de este año, por lo que pudo haberla vendido.
Villaverde tiene, además, un terreno en Las Grutas, también sacado con un préstamo, por el que fue recientemente embargada. Y, además, declara como dirección fiscal un departamento en una de las zonas más caras de Palermo, como sede de su empresa inmobiliaria ELE V S.A.
Santiago Santurio
A un colega suyo de bancada, Santiago Santurio, el crédito le valió una causa penal. Marcela Pagano lo denunció por enriquecimiento ilícito y supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Básicamente, sostiene que no le daba el “scoring” para acceder al crédito y que el cargo de diputado de la Nación, por más que cuente con un sueldo alto, es inestable, ya que puede acotarse a un solo período.
Pagano agregó que, antes de llegar a la banca, Santurio daba clases de catequesis y manejaba un Uber. En 2023 declaró un patrimonio de 12 millones de pesos (unos USD 12.000 al tipo de cambio de la época). Es decir, no tenía el capital inicial que se pide en todo crédito. Así y todo, le dieron un préstamo de casi 239 mil dólares.
Según la declaración jurada de 2025, Santurio se compró una casaquinta de 1103 m² en Bella Vista, presumiblemente en algún barrio cerrado de la zona. Dijo que la pagó con el crédito y con una donación, y la tasó en 400.213.298 pesos a valor fiscal. Escrituró el 30 de julio del año pasado. Su patrimonio pasó de $17 millones a inicios de 2025 a $419.817.180,25 al cierre del período.
Como no le daban los fondos iniciales para acceder al crédito, es probable —como señala Pagano— que Santurio haya conseguido esa plata de otro lado. Hay dos hipótesis posibles: la diputada denuncia la existencia de un condominio, “Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros”, que sigue sin figurar en sus declaraciones juradas; pero lo que sí figura es un préstamo personal, a nombre de una señora, Marta Teresita González Albarracín, por 97 millones de pesos a fines de 2025.
Sharif Menem
Otro de los que tiene una denuncia penal presentada por Pagano es Sharif Menem, community manager de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, en su caso por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad en la declaración jurada patrimonial.
En su declaración jurada de 2025 figura la compra de un departamento de apenas 60 m² en CABA, tasado a valor fiscal en $339.522.273,66, algo muy raro para la superficie que declara. Una pista sobre ese posible desfasaje la dio el portal El Disenso, que publicó fotos de un supuesto dúplex con todas las “amenities” modernas del edificio, con sala de juegos, pileta y gimnasio. Aunque en ARCA también figuran como domicilios fiscales y alternativos un PH en Caballito y un depto “en pozo” en Belgrano.
En la DDJJ de Sharif se confirma, de todos modos, que su ingreso promedio en 2025 fue de $4,33 millones mensuales, lo que demuestra, a priori, matemáticamente que, bajo los parámetros de scoring tradicionales del BNA, su crédito debió haber sido reprobado de forma contundente por falta de capacidad de repago. El resto de sus ingresos forma parte del 50 % de una firma de nombre “Protegat S.R.L.”, que tiene un valor patrimonial de apenas $418.463,16, según dijo.
¿De dónde sacó la plata Sharif? Se especula que de la empresa “espejo” que le heredaron sus tíos cuando él tenía solo 17 años y que tiene sede en España. Se llama Protegat Inversiones S.L., con domicilio real en la calle Provença 242, Barcelona. Allí opera una lavandería automática llamada “Laundry Park” y un sistema de almacenamiento bajo la marca “Bigbox Lockers by Protegat”.
Nazarena Menem
Otra integrante del clan, Nazarena Menem, de 26 años, también fue beneficiada con un crédito, el suyo de 236.918 millones, también otorgado por el BNA, en agosto de 2025. Como no es funcionaria, no está alcanzada por el régimen de la OA.
Pertenecer tiene sus privilegios
Por los montos del préstamo que recibieron y los cargos que ocupan, los cuatro casos más polémicos de toda la saga fueron los del actual director del BICE, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Federico Furiase; el subsecretario de Servicios Financieros, Felipe Berón, y el miembro del directorio del Banco Central, Pedro Inchauspe. Los cuatro forman parte del equipo económico del gobierno y son el ejemplo más cabal de la irregularidad del proceso de los créditos VIP.
*En el caso de Núñez, incorporó a su patrimonio una casa en San Isidro de 389 m², con fecha del primero de noviembre de 2024. El periodista Ari Lijalad le cantó piedra libre al inmueble este lunes, ni bien se hizo pública su declaración jurada.
Dijo tener la mitad de la casa, por un valor fiscal de $191.599.800,00. El costo real de la propiedad estaría por encima de los 400 mil dólares. Según su DDJJ, dice que escrituró la casa el primero de noviembre de 2024.
*El caso Inchauspe es revelador del proceso. El suyo fue el crédito más alto para un funcionario: superó los $500 millones. Pero inscribió el 3 de enero de 2025 un departamento en CABA de 133 metros cuadrados, del que posee el 100%, pero que valuó en apenas el 10% del valor del crédito: declaró que vale $55 millones.
El destino no es “casa habitación” (como se suele declarar el domicilio donde se vive), sino “otros”. Porque ya tenía, desde 2013, una casa de 180 m² destinada a “Casa Habitación” en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Es decir, el suyo fue un préstamo para segunda vivienda.
También registra un domicilio alternativo en la zona de Recoleta como sede de su empresa inmobiliaria, LA TONA S.A.Privilegios de ser director del Central: tiene, además, créditos personales con otros tres bancos.
*Felipe Berón, por su parte, fue el único que especificó en su DDJJ que se compró un lote de 3.000 m² en el exclusivo country club La Retama, en Manzanares, Pilar. Todavía no construyó. El terreno es carísimo: el valor fiscal es de $408.800.000,00.
*Furiase, en tanto, es el único que hasta el momento aún no había presentado su declaración jurada. Y eso que tuvo tiempo: el primer plazo legal era el 31 de mayo, prorrogado dos veces hasta el 31 de agosto como changuí por el caso Adorni.
Los contadores deben estar haciendo magia. Según reveló el periodista Alejandro Bercovich, utilizó el crédito del BNA para comprarse una casa de 300 mil dólares en el country Los Pilares, en Pilar.
Registra una deuda de $367.600.000 de pesos, de acuerdo con el registro de deudores del BCRA, desde agosto de 2025. Sería su tercer inmueble. En 2024 ya declaró contar con el 50% de una casa de 100 m² destinada a “Casa Habitación” en la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires.
*También Javier Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, recibió un crédito de $242.000.000 de pesos. Declaró un inmueble del tipo “Country, Quintas, etc.” de 209 m² de superficie en Escobar, Provincia de Buenos Aires, incorporado el 28 de noviembre de 2025. Posee el 66,44%. Ya tenía desde 2016 un depto de 69 m² destinado a “Casa Habitación” en CABA, valuado al inicio en $10.733.590,24. Sin embargo, aclara en las observaciones que el 14 de agosto de 2025 lo donó por escritura a su madre.