El viernes pasado, bajo la consigna “La salud mental se planta, que broten nuestros derechos”, una nutrida columna se desplazó por las calles de Córdoba capital, en la tercera edición de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental, que este año logró realizarse en coordinación con otras ciudades del país y del mundo.
“Históricamente, las personas con padecimiento mental han sido consideradas y denominadas como locos peligrosos, locos delincuentes, locos incapaces. Por esto han sido objeto de castigos y las respuestas que han dado fueron desde acciones piadosas, de reeducación hasta control por medio del aislamiento, encierro y medicalización”, destacaron desde el colectivo organizador de la Marcha en Córdoba, integrado por psiquiatras y psicólogos, usuarios y estudiantes de psicología, pero también estudiantes de otras carreras universitarias, comunicadores y talleristas, personas sensibilizadas y comprometidas con la situación de la salud pública en general.
Seguramente la reciente derogación de la resolución 1.484 de la Ley Nacional de Salud Mental, llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri, haya reavivado ciertas indignaciones y promovido mayores procesos de movilización, en un sector que viene ejerciendo acciones de resistencia y creación desde hace años. La resolución 1.484 fue aprobada en 2015 y establecía el plazo de un año para reducir el cupo “mínimo de camas” en las instituciones psiquiátricas, tanto públicas y privadas, en el camino hacia sustituir estas instituciones por nuevos espacios, regidos por otras lógicas, sostenidas sobre otros paradigmas.
«La reciente derogación de la resolución 1.484 de la Ley Nacional de Salud Mental revivió ciertas indignaciones y promovió mayores procesos de movilización, en un sector que viene ejerciendo acciones de resistencia y creación desde hace años»
Esta avanzada del Ministerio de Salud de la Nación sobre una ley que de todos modos no había logrado implementarse plenamente, permite un claro paso adelante de los sectores que promueven la privatización y la medicalización de la salud.
De allí que desde la organización de la movilización realizada el viernes hayan denunciado la disminución del presupuesto destinado a salud mental, así como también que desde el Estado no se haya avanzado en la creación de una red de abordaje integral y una institucionalidad que permita controlar y erradicar las prácticas manicomiales. Plantarse, entonces, sostuvieron desde la movilización, para exigir equipos de salud mental en los barrios, que funcionen con dinámicas interdisciplinarias y comunitarias; para reclamar por la readecuación de los servicios de salud mental en hospitales generales; para exigir dispositivos con participación ciudadana real en la implementación de las políticas públicas; para que se brinde atención infanto-juvenil a través de dispositivos apropiados y para que la medicalización no sea la principal respuesta; para que se diversifiquen las respuestas con dispositivos sustitutivos al manicomio y para que la internación sea efectivamente el último recurso, sin dejar de ser respetuosa de los derechos de las personas y de sus particularidades culturales .
“Todos los abordajes comunitarios en salud que se vienen realizando son los más avanzados. Desde la década del 70 la salud está invadida por la creación de necesidades, la venta de medicamentos y toda una dinámica que sostiene a los laboratorios”, comenta Alejandro Vainer, uno de los editores de Topía. Revista de psicoanálisis, sociedad y cultura, que desde hace 25 años dirige Enrique Carpintero. Para Vainer, el abordaje territorial, comunitario de la salud mental es muy importante, ya que no considera a la salud mental aislada del resto de abordajes en salud comunitaria que puedan hacerse territorialmente, que a su vez están inscriptos “en una concepción de salud no privatista sino pública y universalista”.
«Esta avanzada sobre una ley que de todos modos no había logrado implementarse plenamente permite un claro paso adelante de los sectores que promueven la privatización y la medicalización de la salud»
Para muchos especialistas, más allá de sus límites, la gran virtud de la Ley Nacional de Salud Mental argentina (promulgada por el Congreso de la Nación en 2010 y reglamentada luego de un decreto en 2013) radica en el hecho de que en ninguna parte del texto se hable de “enfermedad mental” ni de “tratamientos”, sino de “padecimiento mental” y “procesos de atención” a los “usuarios”.
Incluso algunos referentes en la materia, como Vicente Galli (Director Nacional de Salud Mental entre 1984 y 1989), han destacado la eficacia de este tipo de abordajes en contraposición a los sostenidos sobre el paradigma de las “hiper-especialización” y la “medicalización”. Galli, por ejemplo, reivindica el abordaje “Comunitario, Colectivo y Territorial” de la salud mental desde una perspectiva de “interdisciplinariedad” que, lejos de borrar o diluir las responsabilidades específicas, las sitúa en una “perspectiva integradora”, cuyo eje está puesto en las tramas colectivas, en “equipos interdisciplinares” y “saberes no disciplinables”.
Cambiar de paradigma
En el libro Vivir sin manicomios. La experiencia de Triste, publicado hace algunos años por editorial Topía, su autor, Franco Rotelli, destaca la importancia de concretar los derechos consagrados en los textos de las leyes.
El psiquiatra italiano pone énfasis en la necesidad de cambiar de paradigma: no sólo sobre el hospital y la psiquiatría, sino además sobre la mirada que el propio psiquiatra tiene de sí mismo, y de la locura. Porque el cambio de paradigma, dice, implica además un cambio en las relaciones de poder. Y también un abordaje diferente en la agenda de trabajo.
Rotelli rescata de la Ley 180 italiana, que fue un referente mundial en la temática, quince “principios operativos” que, de modo sintético, podríamos resumir a través de una serie de énfasis: en el sujeto y no en la enfermedad; en una crítica al manicomio; en la necesidad de participación ciudadana; en la definición de “no neutralidad” de clase de los “aparatos psíquicos”; en las necesidades concretas de los usuarios y la necesidad de combatir el estigma y la exclusión social; en la posibilidad de definir “la libertad” como un espacio en el que es posible imaginar un “encuentro” más allá de la “enfermedad”; en las modalidades colectivas de los tratamientos; en la dimensión afectiva y el respeto por la diversidad; en el valor “terapéutico” de las múltiples prácticas de la vida cotidiana y, finalmente, en el “valor emancipador general” de las prácticas específicas de la salud mental, que pueden ser pensadas como “laboratorios” para políticas más en general, que apuesten a “un cambio radical de las instituciones”.
Por otra parte, el autor subraya el necesario doble trabajo de deconstrucción de las estructuras psiquiátricas y la construcción del proyecto que, en el caso de Trieste, encontró en las cooperativas un rol central. Grupos de teatro, video, diseño gráfico, limpieza, venta de productos fabricados por los propios usuarios o talleres como los de teatro, danza, música, cerámica o alfabetización, resultaron de vital importancia para el proceso de “desmanicomialización” que aconteció en Italia, junto con lo aquello que Rotelli denomina como “contaminación”, es decir, como una “trama de intercambios” entre el mundo “normal” y el otro. Contaminación que parte de la necesidad de cuestionar el “viejo módulo separado” (del médico/psicólogo) para convertir a las experiencias en “laboratorios de producción de relaciones y de conexiones”. “La empresa social comprende no solamente la activación de cooperativas de formación y de trabajo, sino el conjunto de iniciativas culturales, de conexión entre todas las agencias que construyen gradualmente en la ciudad el derecho de ciudadanía”, especifica.
Ese paradigma que -sólo en parte- la Ley Nacional de Salud Mental contempla (¿contemplaba?), es sobre el que el macrismo, como en otras esferas de la vida social, se propone avanzar para desarticular barriendo la cancha (como se dice popularmente), para abrirle nuevamente paso a las formas clásicas de entender la salud desde la enfermedad como correlato del control social.
Basado en la experiencia de desmanicomialización desarrollada en Trieste, Franco Rotelli argumenta que el desarrollo de una “empresa social” coincide con la necesidad de implementar una “acción habilitadora” y “rehabilitadora”, es decir, que apueste a la emancipación. Para ello, concluye, son necesarias la fuerza “de los movimientos sociales, un nuevo protagonismo de los pacientes y un largo proceso de autocrítica dentro de las corporaciones profesionales”.
Enclaves comunitarios
Durante el último fin de semana de noviembre (los días 25, 26 y 27), en la Copi de Villa Carlos Paz, se realizará el 6° Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud. Dicho encuentro trabaja con “Comisiones Organizadoras Regionales” que funcionan de manera permanente en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y La Plata, y suele realizar durante el año pre-encuentros en las distintas ciudades. Hasta el momento se han realizado encuentros en Buenos Aires (2011 y 2012), La Plata (2013), Rosario (2014) y Mendoza (2015).
El Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud es un conjunto de servicios, instituciones, ONGs, agrupaciones políticas, sociales y profesionales, agrupaciones estudiantiles, organizaciones vecinales, micro-emprendedores, equipos de atención y personas del campo de la salud mental de todo el país, articuladas en red en pos del desarrollo de la salud comunitaria.
El mes pasado, cuando visitó Córdoba para participar del Pre Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud, Vicente Zito Lema rescató el “valor de eso” de las prácticas comunitarias frente al “valor de cambio” que propone la medicina hegemónica, que -dijo- “transforma todo en un negocio”, hasta lo más sagrado, “como es nacer y morir”. Frente a esos paradigmas, las resistencias se multiplican y se hacen oír. Movilizaciones como las del viernes, encuentros como el programado para noviembre, no hacen más que evidenciar que hay un creativo reverso de potencia social al “pragmatismo neoliberal” propuesto por el macrismo.
