Desde el año pasado y en el corriente se vienen agudizando las situaciones de violencia por parte de adolescentes en el ámbito escolar. En algunos casos es ejercida contra sus pares y en otras contra todo aquello que encarne algún tipo de autoridad, ya sea las instituciones educativas o en ciertas oportunidades directivas y docentes.
Toda violencia es política. Es imposible deslindar responsabilidades de los crecientes episodios de violencia a un poder estatal que no llega a comprender cabalmente la situación. Que está entretenido en acumular dinero y empobrecer a los sectores vulnerables de los cuales esos jóvenes forman parte.
Desde un gobierno nacional que instaló como paradigma la violencia retórica y simbólica hasta la censura de prensa y la represión lisa y llana contra ciudadanos con discapacidad y trabajadores de la tercera edad. Es innegable que el principal promotor de la violencia y el odio es ni más ni menos que el presidente de la Nación con sus prácticas intolerantes y cancelatorias.
Recorrer las escuelas tanto de gestión pública como privada hoy en día en el conurbano bonaerense es transitar un territorio donde la violencia y las carencias sociales arden incesantemente. Jóvenes que son el emergente de familias desmembradas por la falta de trabajo y oportunidades. En una coyuntura histórica donde en los últimos tres años el desempleo creció en cifras geométricas.
Es evidente que todos esos jóvenes que utilizan la violencia están carentes de interlocutores válidos para sostener el diálogo. El correlato es producir golpes de impacto para hacerse escuchar. Las autoridades solo ofrecen cancelación y punitivismo mientras lo que ellos buscan es poder sostener un diálogo que resulte significativo para una etapa traumática de sus vidas.
“Mañana 15/4 tiroteo, el que arriesga que venga” o “tiroteo 17/4 prepárense”.
Esas fueron algunas de las frases que contenían los mensajes con amenazas que se repitieron en buena parte de los establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados. Algo que comenzó como un reto virtual con un motivador casi jocoso se transformó en un evento que rápidamente instaló la paranoia en nuestra sociedad tan castigada por las condiciones económicas y sociales que estamos atravesando.
Pero la situación tomó otra dimensión si se tiene en cuenta que estos hechos de violencia tuvieron lugar pocas semanas después del feroz ataque en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, que le costó la vida a Ian Cabrera, de tan solo 13 años, a manos de un compañero de escuela, de 15.
Se trató, en definitiva, de una serie de intimidaciones de violencia que generaron tanta preocupación, al punto de convocarse el último jueves a una reunión de urgencia del Consejo Federal de Educación para tratar de debatir y abordar el tema de manera coordinada y frenar la inusitada escalada de ataques escolares, como nunca antes se vio.
El objetivo central de la iniciativa apunta a establecer una estrategia unificada que permita garantizar la seguridad de los alumnos.
Uno de los primeros casos de violencia extrema escolar que se reportó ocurrió el martes 14 de abril en la escuela Nº 26, Dante Luis Segundo Pereira, de Villa Elisa, en La Plata. “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”, reza la inscripción que circuló rápidamente a través de fotos entre los grupos de WhatsApp de los padres. Como era de esperar, la crudeza del mensaje disparó la preocupación de la comunidad educativa.
Entre los últimos mensajes que se denunciaron figuran el colegio Nuestra Señora de Luján, de La Plata, y el Instituto José Manuel Estrada, de Lanús. En ambos casos, los padres no dudaron en acercarse hasta los colegios tanto para interiorizarse de los hechos como también para retirar a sus hijos de los establecimientos ante la aplicación de los protocolos de seguridad recomendados para este tipo de hechos de violencia (ver recuadro).
En el caso de la escuela platense, un alumno de 5º año habría llevado un arma en su mochila, pero no llegó a enseñarla siquiera. Ante esta situación, las autoridades escolares hicieron la denuncia correspondiente ante la Justicia.
Hay una tendencia a querer reducir el análisis a las características del agresor, o pensar que es una moda o un reto viral, pero el problema es mucho más complejo. ¿Cuándo creer que la amenaza es real? ¿Cuándo actuar? ¿Y si dudamos, qué hacemos como padres y madres? ¿Mandamos igual a nuestros hijos a las escuelas, lugares que deberían ser seguros? Si realizamos una lectura transversal de los hechos, los tiroteos en colegios suelen estar precedidos de años de violencia psicológica, exclusión y bullying.
“El malestar de los adolescentes, sumado a la falta de contención emocional, a menudo desemboca en este tipo de tragedias”, afirmó de manera categórica Matías Cadaveira, licenciado en Psicología.
“Desde una perspectiva psicológica y de salud mental, estos incidentes no solo se deben analizar como hechos aislados, sino como el reflejo de una serie de factores sociales, familiares y educativos que han ido escalando de forma silenciosa pero peligrosa”, agregó.
Por su parte, Paola Zabala, directora de la Comunidad Anti Bullying Argentina, señaló a PERFIL que “existen tres cuestiones sobre las que habría que trabajar al respecto. La primera tiene que ver con el efecto contagio que produce esta clase de amenazas. La segunda cuestión tiene que ver con la búsqueda de culpables en lugar de asumir nuestro grado de responsabilidad en esto que está pasando. No nos estamos preguntando lo más importante, que es por qué sucede este tipo de hechos. Y tercero, los cambios que se producen en el entorno de los chicos a partir del acceso casi irrestricto a internet, sin recibir ningún tipo de educación digital. Los chicos no están preparados para dimensionar la gravedad de las cosas que hacen y el impacto que esto genera”, explicó la directora de la ONG.
En relación con el hecho en sí, Cadaveira señaló a este diario que “cuando un adolescente o estudiante realiza amenazas de tiroteo, lo escribe en la pared de un baño, o se involucra en desafíos virales de este tipo, está buscando satisfacer una serie de necesidades emocionales y psicológicas profundas, muchas de las cuales están vinculadas con la búsqueda de poder, reconocimiento o incluso un sentido de pertenencia. El diagnóstico de este problema social (y no meramente individual) y la prevención deben ser prioritarios en las políticas educativas y en cada institución escolar. Esto implica no solo analizar el caso específico del agresor, sino también los factores que rodean su entorno familiar, escolar y social”, completó.
Por último, Zabala afirmó: “Tenemos que trabajar desde la prevención, porque la solución a este tipo de problemas no es instalar un detector de metales en la puerta del colegio, prohibirles a los chicos llevar una mochila. La prevención siempre pasa por la educación. Y la pregunta va mucho más allá de buscar culpables; tenemos que pensar por qué suceden esta clase de cosas, qué es lo que están buscando los chicos con esto”.
Qué establece el protocolo
En este contexto de violencia extrema, se dispuso que los equipos directivos de las escuelas están obligados a realizar la denuncia formal ante la Justicia cada vez que detecten un mensaje amenazante dentro de la institución.
El protocolo establece que, ante la aparición de pintadas, carteles o cualquier tipo de advertencia escrita, el personal escolar debe dar aviso inmediato al equipo de conducción del establecimiento, según indicaron voceros de la cartera de Educación a este medio.
Luego, la situación es comunicada al inspector o inspectora de enseñanza, quien eleva el caso al inspector distrital. A partir de allí, se radica la denuncia correspondiente ante la fiscalía, sin señalar inicialmente a personas específicas. En paralelo, la Inspección Distrital informa lo ocurrido a las direcciones de nivel central, lo que permite activar un seguimiento institucional más amplio y coordinado.
Además del plano judicial, el abordaje incluye una intervención dentro de la comunidad educativa. En primer lugar, se trabaja con el grupo de estudiantes directamente involucrado, como el curso donde apareció el mensaje.
Violencia en Morón
Un preocupante episodio de violencia simbólica volvió a encender las alarmas en el ámbito educativo del conurbano bonaerense. Un estudiante de 14 años fue allanado por orden de la Justicia tras publicar en redes sociales un mensaje con amenazas dirigidas a la directora de su colegio en Haedo, partido de Morón. El caso se suma a una serie de situaciones similares registradas en distintas provincias del país en las últimas semanas.
El hecho tuvo lugar en el Instituto Parroquial Cristo Obrero de Haedo, donde un alumno realizó una publicación en redes sociales con un mensaje intimidante que rápidamente se viralizó entre estudiantes, madres y padres. La gravedad del contenido motivó a las autoridades del establecimiento a radicar una denuncia formal, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.
La causa quedó en manos del fiscal Gabriel Crudo Iturri, quien ordenó un allanamiento en el domicilio del menor, ubicado en la calle Curuzú Cuatiá al 200. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la comisaría 2ª de Haedo, bajo disposición de la jueza Karina de Luca.
Durante el operativo, la madre del adolescente fue notificada de la formación de una causa penal bajo la carátula de intimidación pública, agravada por incitación a la violencia colectiva. Además, se procedió al secuestro del teléfono celular desde el cual se habría realizado el posteo, que será peritado en el marco de la investigación.
Como medida preventiva, el alumno deberá continuar su escolaridad en modalidad virtual y no podrá asistir al establecimiento educativo de manera presencial. Asimismo, su continuidad en la institución para el próximo ciclo lectivo quedó sujeta a evaluación.
Oleada de casos en el conurbano bonaerense
El caso se inscribe en una creciente ola de amenazas escolares que preocupa a las autoridades educativas y judiciales en todo el país. Desde fines de marzo, distintos episodios encendieron las alarmas, entre ellos el trágico hecho ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente abrió fuego en una escuela y provocó la muerte de un compañero.
En este contexto, también se registró un episodio reciente en Ituzaingó, donde otro menor publicó en WhatsApp una imagen con un arma y un mensaje amenazante, lo que derivó en allanamientos en distintos domicilios. En uno de ellos, se secuestraron dispositivos electrónicos y una pistola de aire comprimido.
Estos hechos reflejan una problemática en expansión, atravesada por el uso de redes sociales y la exposición de adolescentes a contenidos violentos, lo que obliga a reforzar los mecanismos de prevención, contención y actuación rápida ante situaciones de riesgo.
La investigación continúa en curso y desde la Justicia buscan determinar el alcance de las amenazas y posibles responsabilidades. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en agenda la necesidad de abordar la violencia en entornos escolares con herramientas integrales que incluyan a familias, instituciones y organismos del Estado.
La escuela secundaria
La escuela secundaria, históricamente pensada como un refugio de aprendizaje y socialización, atraviesa hoy una tormenta perfecta. La reciente aparición de amenazas de tiroteos en instituciones de educación media no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg que combina violencia física, acoso digital y un profundo sentimiento de desprotección.
También el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires realizó un relevamiento donde consultó a 1.380 jóvenes de entre 12 y 18 años. El escenario es alarmante. El estudio, enmarcado en el Programa Convivencia Respetuosa entre Pares, determinó que el 77,2% de las situaciones de violencia ocurren dentro del ámbito escolar. El 37,8% se traslada o se potencia en las redes sociales (ciberbullying). 6 de cada 10 alumnos de primaria ya sufren agresiones físicas o verbales de forma recurrente.
Las cifras de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras refuerzan esta tendencia: entre mayo de 2024 y mayo de 2025 se registraron al menos 140.000 casos graves de acoso en el país. Esta estadística ubica a la Argentina de forma persistente dentro del “Top 10” mundial de naciones con mayor incidencia de esta problemática.
Uno de los datos más reveladores y preocupantes del informe del MPT es la desconexión entre la percepción de la escuela y la capacidad de pedir ayuda. Si bien el 90% de los chicos percibe a la institución educativa como un espacio positivo, más de la mitad admitió haberse sentido excluido en alguna oportunidad.
A la hora de buscar ayuda, el silencio es el gran ganador: 59,4% habla con su familia y el 48,9% acude a sus amigos. Mientras que el 24,4% confiesa que no habla con nadie. Solo el 22,6% recurre a las autoridades o docentes de la escuela.
Desde el Ministerio Público Tutelar advierten que ese casi 25% de jóvenes que transitan la violencia en absoluta soledad representa el mayor riesgo sistémico, ya que son casos que suelen derivar en conductas extremas o crisis de salud mental.
La violencia escolar no es un fenómeno puramente local, pero Argentina muestra una de las tasas de experiencia de violencia más persistentes en el tiempo.
Mil denuncias en Buenos Aires y 400 en CABA.
Según el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se radicaron 1000 denuncias por pintadas de tiroteos y fotos con armas en redes sociales en el ámbito de colegios bonaerenses en las últimas semanas. En CABA hubo más de 400 denuncias. El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta, detalló que más de 25 casos necesitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal porteño.
Si bien ninguna de estas situaciones pasó a mayores, el temor y la zozobra están latentes en la comunidad educativa. “Los y las docentes estamos angustiados porque nuevamente la escuela está en el foco siendo el lugar de responsabilidad total, lo que entendemos que es una mirada errónea. La escuela no puede sola. En estos casos, la escuela y la familia tienen que entender que no son enemigos sino aliados en el cuidado de las infancias y adolescencias. La palabra clave es corresponsabilidad”, expresó Cristina Bronzatti, docente de secundaria.
En ese sentido, desarrolló: “Tienen que tener una misma mirada, para que acompañar a las adolescencias sea posible. Por ejemplo, hablar de redes sociales y ciudadanía digital. Entender que los retos virales a los que se suman las adolescencias responden a lógicas de validación del mercado que amedrentan la autoestima. Nuestras adolescencias se sienten solas e incomprendidas (como siempre, quizás), pero la hiperconexión pone en la balanza otros elementos. En todo eso, la escucha atenta y la mirada son fundamentales”.
Daniela Simonetti es madre de un chico de 11 años que va a un establecimiento privado en el conurbano bonaerense y, como otras familias, recibió la noticia de que había aparecido uno de esos mensajes en una pared. “Lo vivimos con miedo y con tristeza porque aunque pensemos que es un chiste de mal gusto de adolescentes para faltar al colegio o un reto de una red social, no sabemos hasta qué punto es real o no porque ya hemos visto casos en los que sí se concretó”, expresó.
Tras el episodio, el colegio emitió un comunicado sobre la situación, donde indicaron el protocolo que iban a activar. Daniela habló con su hijo e intentó averiguar qué sabía del tema, pero también intentó reflexionar respecto a lo que está pasando en distintos colegios: “Le explicamos que no es gracioso, que es grave y no debe suceder ni mucho menos él participar de este tipo de cosas. Me preocupa y mucho porque los chicos están reaccionando de las peores maneras en todos lados y no estamos exentos”.
La reflexión también se extendió hacia las otras familias, quienes acordaron hablar con sus hijos. “Transmitirles que pueden contar con los padres ante cualquier situación que no los haga sentir bien. Creemos que la comunicación entre escuela y familias es más que fundamental porque muchas veces en las casas no se registran ciertas actitudes o cambios de los chicos y quizá en el colegio sí. Ahí la escuela debe comunicárselo a las familias y lo mismo al revés, para que los docentes estén al tanto”.
Para Sol Rivera, psicóloga especialista en neurociencias, es clave fortalecer el binomio familia-escuela: “Es el núcleo para detectar conductas y qué se puede hacer como prevención. La familia es el primer espacio de cuidado y de regulación emocional, de ahí aprendemos las conductas socializantes, y la escuela es el primer observador social. Tienen que trabajar en red”.
¿Por qué crece cada vez más la violencia entre adolescentes?
Si bien este fenómeno es global, el sociólogo Carlos de Angelis afirmó que actualmente la Argentina está inmersa en una sociedad violenta.
“Crisis económicas, cambios en las estructuras familiares, dificultades para resolver conflictos: todo el tiempo estamos bajo presión en todos los aspectos de la vida. Cuando uno habla de que se disolvieron las mediaciones, se piensa primero en la política, pero también ocurrió en la comunidad educativa y lo que es la propia contención familiar. Estamos viviendo en una sociedad donde la violencia se observa en todos los lugares, en la calle, en las redes y hay situaciones tensas constantemente”, analizó en diálogo con este medio.
Y puntualizó: “Arrancamos por un presidente que se dedica a insultar y a maltratar al prójimo. A partir de ahí todo se construye dentro de ese marco de posibilidad. Es decir, ejercer la violencia no tiene una condena social en la Argentina. No estamos hablando de delito, estamos hablando de un marco donde responder violentamente está validado por el líder máximo nacional”.
“Un niño o adolescente nunca actúa porque sí. Siempre es expresión de un contexto y el contexto se lo damos como adultos y como sociedad. Más que preguntarnos quién es el culpable, nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para poder prevenir que esto siga ocurriendo”, agregó Rivera.
El marco legal: Herramientas ante la emergencia
Frente a este escenario de “desregulación de controles” y desvalorización de la institución escolar que denuncian organismos como UNICEF, Argentina cuenta con dos herramientas legales clave que, según los expertos, no se están aplicando en toda su capacidad:
La ley 26.892 de Convivencia Escolar fue aprobada en el año 2013 y obliga a las instituciones a revisar sus normas de convivencia, y establece criterios de intervención ante conflictos para evitar el maltrato físico y psicológico. También en ese mismo año el Congreso había aprobado la ley 26.877 de Centros de Estudiantes en busca de promover la participación política de los jóvenes como un canal de contención y representación democrática dentro de las aulas.
El próximo 2 de mayo, en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Bullying, las comunidades educativas se verán obligadas a interpelar estos números. No se trata solo de casos aislados de mala conducta; se trata de una problemática estructural que requiere, de forma urgente, el paso de la “motosierra” de la indiferencia a la construcción de políticas públicas de prevención que garanticen que la escuela vuelva a ser, de verdad, un entorno seguro.
Respuesta provincial ante la violencia en las escuelas
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un encuentro de trabajo interministerial esta semana para abordar los episodios de violencia en las escuelas, amenazas y mensajes intimidatorios, en el marco de una estrategia integral para contener una problemática en crecimiento.
La reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, junto a los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. También participaron autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), encabezado por su directora ejecutiva Andrea Cáceres.
El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en el ámbito de la Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y forma parte de un abordaje multidisciplinario impulsado por la gestión de Axel Kicillof frente a la creciente conflictividad en el ámbito educativo.
Durante la jornada, Larroque planteó la necesidad de articular respuestas frente a un fenómeno que definió como “novedoso y desconocido” y remarcó el rol del Estado en la contención social. “Ante un fenómeno novedoso y desconocido que se da a nivel mundial, y particularmente en la Argentina con el flagelo de un modelo liberal, el deber de la Provincia es tratar de cuidar aquel lugar de contención y desarrollo natural de niños, niñas, adolescentes y familias”, afirmó.
En ese sentido, agregó: “Sabemos que la salida a esta situación no es con la deserción del Estado como promueve Milei, sino acompañando a los jóvenes, a sus familias y fortaleciendo los lazos comunitarios en los territorios”.
Por su parte, Bianco vinculó estos episodios con el contexto social y económico actual: “tienen que ver con un clima de época, producto de la deserción del Estado nacional de sus obligaciones”, sostuvo, y advirtió que los jóvenes son “una de las poblaciones más afectadas por la falta de perspectiva a futuro”.
Además, destacó que el gobierno bonaerense viene implementando políticas específicas orientadas a las juventudes, incluyendo acciones para abordar problemáticas emergentes como la ludopatía adolescente.
El encuentro se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre distintas áreas del gobierno provincial que buscan fortalecer la prevención, el acompañamiento y la intervención ante situaciones de violencia en las escuelas, con foco en la protección de derechos y el sostenimiento de los vínculos comunitarios.
Conclusión
Toda violencia en un contexto determinado siempre obedece a motivaciones de índole social y política. En una situación de reiterados ataques o presuntos ataques entre jóvenes o contra la propiedad de instituciones escolares es necesario interpelar a la sociedad en su conjunto. Esa tarea es piramidal: el Estado es el principal responsable.
En una Argentina en donde los funcionarios ostentan riqueza e impunidad, sin hablar de altas dosis de violencia explícita, es complejo predecir resoluciones serias a problemas profundos. Lo más adecuado sería trabajar en cada institución, en cada familia, la problemática de la violencia y sus corolarios.
El primer paso no es el punitivismo ni la estigmatización facilista. A veces un Estado policial y violento es el caldo de cultivo necesario para endurecer leyes contra los débiles, recurrente práctica si las hay. La salida no es la represión ni la persecución serial, es el diálogo, el trabajo pedagógico paciente y denodado. Justamente el que vienen realizando miles de docentes bonaerenses y nacionales. Muchas veces en soledad, sin acompañamiento del Estado más allá de mera retórica.
Si la violencia es política entonces debemos acordar estrategias políticas para abordar nuevos escenarios de convivencia escolar y ciudadana.