Claves de un destino incierto: Ibarra enfrenta el juicio político por Cromañón mientras los K operan en silencio

Por Causa Popular.- Luego de que pasaran más de dos meses de su suspensión como jefe de Gobierno, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comenzó el juicio político contra Aníbal Ibarra acusado de mal desempeño de sus funciones por el incendio en República Cromañón que terminó con la vida de 194 personas el 30 de diciembre de 2004. Tras la primera jornada en la que con endebles argumentos intentó conseguir la nulidad del juicio político, Ibarra mantiene la acusación al macrismo de un golpe institucional, mientras cada día que pasa a sus 47 años ve más cerca el final de una carrera política que había logrado salvar del naufragio del Frente Grande luego de la caía estrepitosa de la Alianza. A continuación un breve recorrido por las operaciones cruzadas que tienen por objetivo definir cómo seguirá la vida en la Ciudad de Buenos Aires si es que Ibarra es destituido definitivamente.

Entre las responsabilidades penales de la tragedia no natural más importante de la historia de Argentina la justicia procesó a 31 personas entre los que se encuentran los músicos de «Callejeros», ex policías, bomberos, antiguos funcionarios del gobierno porteño y Omar Chabán, ex dueño de Cromañón, el único detenido por este caso. Ahora comenzó el juicio político, en el que 15 de los 60 legisladores que integran la legislatura porteña juzgarán las responsabilidades políticas del suspendido jefe de gobierno porteño en la masacre.

Luego que 12 de los 15 legisladores (que componen la sala juzgadora) rechazaran el pedido de nulidad del juicio tramitado por Ibarra, comenzaron los testimonios de los testigos convocados, entre los que se encuentran numerosos padres y madres de las víctimas. De ese modo comenzó uno de los escenarios más temidos por el ibarrismo: el desgaste cotidiano por la alta exposición que implica estar en el centro del escarnio público ante la mirada de todos los medios que desde hace un año no le pierden pisada al suspendido jefe de Gobierno.

Por detrás del cuentagotas judicial y legislativo se urden todo tipo de acuerdos para hacerle frente a la caída libre del ibarrismo. El jefe de Gobierno Porteño fue suspendido en noviembre pasado, y podrá ser destituido con los votos de diez de los 15 legisladores de la Sala Juzgadora, formada por legisladores de la Ciudad de de todos los partidos. En caso de que esto sucediera, Ibarra sería reemplazado definitivamente por el vicejefe de gobierno Jorge Telerman, quien en la actualidad está a cargo del ejecutivo porteño desde la suspensión. Según pudo saber Causa Popular, Telerman no sólo no tiene ningún tipo de diálogo en forma directa con Ibarra -todas las consultas son a través de colaboradores-, sino que además está recibiendo un fuerte respaldo del Gobierno Nacional; otrora principal sostén político de Aníbal Ibarra.

Las consecuencias de la asunción de Telerman a la cabeza del ejecutivo comunal se extienden como una mancha de aceite en el agua, en especial para quienes apostaron por su extinción política luego de la tragedia de Cromañón. Entre ellos están Aníbal Ibarra, su hermana y Alberto Fernández, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, principal impulsor de la reelección ibarrista y del alejamiento de Telerman del Partido Justicialista de la Capital Federal.

Así las cosas, uno de quienes más desplantes ha sufrido de parte del gobierno nacional desde que Kirchner está en la Casa Rosada probablemente se quede al mando de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo presupuesto más importante de la Argentina. Detrás de él están varios sectores y dirigentes kirchneristas que Alberto Fernández ha ido dejando malheridos políticamente desde que es la mano derecha del presidente Kirchner. Entre ellos están todos los kirchneristas “puros” que critican al “albertismo” desde los principios del gobierno y que han esperado su desgaste. Varias fuentes coinciden en señalar que entre ellos están las fuerzas impulsadas por el ministro de Infraestructura Julio De Vido y por el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini.

La paz duró hasta que en medio de las operaciones para evitar la aprobación del juicio político contra Ibarra, el presidente Kirchner se presentó desde la Casa de Gobierno junto al diputado electo por la derecha Eduardo Lorenzo Borocotó quien había resuelto anunciar su “pase” al kirchnerismo. Borocotó había empezado el 2005 como un dirigente con buena imagen política.

Por eso la fuerza conducida por el empresario Mauricio Macri lo eligió como uno de los candidatos a diputado nacional que, en la campaña electoral, tuvo mayor exposición. Pero luego de su histórica aparición anunciando, a pocos días del fin de las elecciones, que dejaba el partido que lo había llevado a la Legislatura, Eduardo Lorenzo Borocotó terminó el 2005 como uno de los dirigentes políticos más desprestigiados. Su pase del macrismo al oficialismo, aun antes de asumir en su banca, fue visto por la sociedad como una burla y las consecuencias para la Casa Rosada significan aún hoy el comienzo de una serie de desaciertos que, puertas adentro del gobierno, han tenido a Alberto Fernández como su principal impulsor.

“Ud. ya lo sabe: en el peronismo el jefe nunca se equivoca”, aclaró una fuente de la Rosada a Causa Popular, graficando que quienes no están dispuestos a tolerar más audacias de Alberto Fernández se niegan a caer en la cuenta que aunque éste sea el ministro más importante y poderoso del gobierno, no puede hacer semejantes maniobras sin la anuencia de su jefe, un presidente ampliamente reconocido por seguir hasta el final cada uno de los detalles que lo involucran.

“Pero ahora lo que importa es que el presidente se ha dado cuenta que con Ibarra y con Alberto no va a llegar a ninguna parte” sentencian los “antialbertistas” ese extraño club de adherentes al presidente Kirchner que se han unido para enfrentarlo políticamente y que en forma discreta van apoyando la posibilidad de que Jorge Telerman se quede.

En el banquillo de los acusados

La primera jornada del juicio terminó con la impresión por parte de varios de los sectores involucrados, que la estrategia de Ibarra y sus abogados defensores era la de dilatar lo más posible el juicio para que no pueda terminar antes del plazo estipulado por la constitución de la Ciudad. Otros sostienen que la estrategia es que las peores noticias y derrotas aparezcan al comienzo del juicio y no al final, cuando comience la etapa de definiciones prevista para dentro de un mes.

Esos son los tiempos que hasta ahora determinan las operaciones cruzadas entre ibarristas y kirchneristas no-albertistas, mientras la Casa Rosada finge prescindir del asunto diciendo que “el Gobierno Nacional no intervendrá”, pero lo cierto es que nadie se anima a decir palabra sobre la posibilidad de que Ibarra presente la renuncia si los números de la sala juzgadora le siguen siendo adversos a la hora decisiva.

En el comienzo del juicio, y las primeras jornadas, Aníbal Ibarra buscó avivar la hipótesis del golpe institucional pergeñado por el Mauricio Macri. A su vez, no sólo intentó aprovecharse del desprestigio que tienen en la opinión pública el Partido Justicialista y el radicalismo para ganar legitimidad, aludiendo que si él perteneciera a uno de ellos nada de esto le estuviera pasando, sino que además se refirió a que su destino estaría marcado porque no había transado con las viejas prácticas de la política y armado un aparato sino que su “único apoyo era la gente.”

Luego de haber logrado sobrevivir a la debacle institucional que terminó con la Alianza en el 2001 de la cual formaba parte el Frente Grande, al que pertenecía y del que era uno de sus máximos referentes, Aníbal Ibarra paga en la actualidad haber querido gobernar para la opinión públca, despreciar a la militancia política y creer que se puede crecer políticamente con un sequito de colaboradores sin una construcción popular sólida que dispute poder en serio.

Había sido salvado por segunda vez en la segunda vuelta de las elecciones del 2003, en las que el apoyo del Presidente Néstor Kirchner (impulsado por Alberto Fernández) le permitió derrotar a Mauricio Macri, el mismo que hoy se ha montado sobre la Masacre de Cromañón para destituir a Ibarra, como si las políticas neoliberales que él representa no fueran las responsables de las debilidades del Estado, corrupción mediante, que permitieron los paneles tóxicos y la ausencia de una puerta de emergencia en República Cromañón la noche fatal del 30 diciembre del 2004.

Con sólo 47 años Ibarra parece haber perdido la oportunidad de ser el único sobreviviente de ese partido mediático que en sus comienzos supo nuclear a amplias franjas del progresismo y que creció gracias al desprecio social que supo ganarse Carlos Saúl Menem. Hasta el gobierno parece haberle soltado la mano y busca alternativas para enfrentar a Macri en la ciudad.

Ya no lo acompaña su suerte y nadie se atreve a confirmar que “aún no está todo dicho”. Pero lo cierto es que aún falta menos para que se defina un juicio político instrumentado por una legislatura que va demostrando que en sus entrañas aún sobrevive aquél Consejo Deliberante que fue abolido producto de su incapacidad para legislar sin corromperse.

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