Si nos pusiéramos a repasar las razones por las que somos noticia, Tucumán no tendría muchos motivos para sentirse orgullosa. Ni Tucumán como provincia, ni sus habitantes, por el modo en que actúan los “representantes del pueblo”. Un proyecto de ley presentado recientemente en la Legislatura generó una discusión que trasciende ampliamente las fronteras provinciales. Aunque finalmente fue retirado, la iniciativa abrió un interrogante que atraviesa a todas las democracias contemporáneas: ¿cómo enfrentar la proliferación de noticias falsas y contenidos dañinos sin afectar uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, que es la libertad de expresión?
La propuesta impulsada por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse buscaba incorporar una “Medida Cautelar Digital Urgentísima” al Código Procesal Penal de Tucumán. El mecanismo permitiría a un juez ordenar —¡en seis horas!— la eliminación, el bloqueo o la desindexación de contenidos considerados manifiestamente injuriosos o calumniosos, incluso antes de escuchar a quienes los hubieran producido o difundido.
Más allá de que el proyecto no continúe su trámite legislativo, el debate que generó conserva plena vigencia. Porque la expansión de las plataformas digitales ha multiplicado la velocidad de circulación de la información, pero también de la desinformación. Frente a este fenómeno, las sociedades democráticas se enfrentan al desafío de proteger simultáneamente dos bienes públicos: el derecho de las personas a no ser dañadas por operaciones de difamación y el derecho colectivo a expresarse libremente sin mecanismos de censura previa.
La pregunta, entonces, no es si las fake news representan un problema. Lo son. La cuestión es si las herramientas elegidas para combatirlas fortalecen o debilitan los principios democráticos que pretenden defender.
Hay algo que es seguro: que la retirada del proyecto no clausurare la necesidad imperiosa de debatir este tema, puesto que es crucial. Del modo en que abordemos los desafíos del ecosistema digital contemporáneo depende —en gran medida— la suerte de nuestras (cada vez más frágiles) democracias. La proliferación de noticias falsas, las operaciones de desinformación y las campañas de odio constituyen un problema real que exige respuestas institucionales. ¿O vamos a olvidar muy fácilmente que fueron los discursos de odio los que empujaron a que un trastornado gatillara a pocos centímetros de una vicepresidenta de la nación, rompiendo, así, el pacto democrático con el que la Argentina afrontó la posdictadura? Y no lo dice quien firma esta nota. Son los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal 6, integrado por Sabrina Namer (presidencia), Adrián Grünberg e Ignacio Fornari , quienes dejaron claro que los discursos de odio fueron causal necesaria del intento de magnicidio.
Lo cierto es que la experiencia comparada demuestra que las democracias más sólidas procuran enfrentar estos fenómenos mediante mecanismos transparentes, garantías procesales, alfabetización digital y responsabilidad de las plataformas, evitando soluciones que puedan derivar en censura previa.
La defensa de la libertad de expresión no implica tolerar la mentira deliberada; del mismo modo, la lucha contra la desinformación no puede justificar la restricción arbitraria de derechos fundamentales. Entre ambos extremos se encuentra el desafío de nuestro tiempo: construir una ciudadanía crítica capaz de verificar, contrastar y reflexionar antes de compartir información.
Si las fake news erosionan la calidad del debate público, también lo hacen las respuestas apresuradas que sacrifican libertades en nombre de la urgencia. Y cuando eso ocurre, están en juego las publicaciones en redes sociales, la salud de la democracia.
Y tu salud. Y la mía.