Luis Arias integra la lista de jueces destituidos luego de colisionar con las políticas de Cambiemos, en su caso, en la provincia de Buenos Aires. Si bien sumaba varios fallos adversos para la gestión de María Eugenia Vidal –como antes lo habían sido para el sciolismo, en especial, cuando investigó las inundaciones de 2013–, el detonante para Arias fue haber frenado la suba de tarifas y sostener que los docentes no debían recuperar los días de paro. Primero el PRO lo suspendió y luego, en agosto de 2018, lo removió de su cargo al frente del juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, por “abuso de autoridad” y exceso en sus funciones. Hoy, lanzado como precandidato a intendente de la capital bonaerense por el Frente Patria Grande, Arias considera que la situación del juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva el caso del fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, tiene puntos de contacto con su experiencia: “Está rompiendo códigos corporativos y es peligroso. Yo lo he vivido”, advirtió.
-¿Qué cambió desde su destitución al cuadro actual del Poder Judicial?
– La situación es la misma, solo que ahora empieza a conocerse. Creo que todos siempre supimos lo que sucedía. Cuando uno hablaba de estas cosas, en general, parecía que estaba fabulando. Muchas veces yo me callaba para no caer en el descrédito, porque la realidad supera a la ficción. Si no pasaba esto con Stornelli y vos lo contás, te ponen en duda o podés aparecer como un querellante. La verdad, me costaba mucho hablar de esto. Cuando uno no puede hablar porque desde el interlocutor no hay credibilidad, eso a algún lado va a parar, te termina enfermando. Entonces, siento mucho alivio de que esto salga a la luz y que desde el interior del Poder Judicial surjan los problemas del Poder Judicial. Eso rompe los acuerdos corporativos. El juez Ramos Padilla ha sido muy valiente en poner en evidencia esta situación. Veremos qué consecuencias tiene, porque a la larga o a la corta, esto tiene consecuencias. Hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar con él.
– En principio, el gobierno ya avanzó en el Consejo de la Magistratura.
– Quebrar las reglas corporativas del Poder Judicial trae consecuencias y la corporación judicial, de la que el Consejo de la Magistratura forma parte, va a hacer valer su poder en contra el juez que quebró estas reglas. Porque Ramos Padilla, en la Cámara de Diputados, no denunció a los servicios de inteligencia sino a los actores judiciales, y no a cualquiera, sino a los que están llevando diversas maniobras de persecución política y que tienen la protección de la embajada de Estados Unidos. Los enemigos van a reaccionar, sin duda alguna, y van a tratar de desplazarlo de su cargo.
– Ese vínculo tan estrecho con los servicios que revelan los chats entre Stornelli y D’Alessio, ¿también era algo bien sabido en los tribunales?
– Este entramado de los servicios de inteligencia ya se conocía. Sabemos que Comodoro Py es un ámbito sumamente extorsivo. La función de los fiscales y los jueces es investigar; la función de los servicios de inteligencia es la misma. No es nada extraño que confluyan en algún lugar. Siempre tuve la percepción de que había “carpetas” de los servicios de inteligencia arriba de los escritorios de los magistrados. Muchas veces, involucrar a algún funcionario o empresario en una causa tiene una finalidad extorsiva, porque tenés que ir a un determinado estudio jurídico que tiene la llave para “destrabar” el problema, por ejemplo. Pero esto no pasa sólo en Comodoro Py. Hay que hablar de la provincia de Buenos Aires, donde vivimos más del 40% del país, pero los medios nacionales le dan poca importancia.
– ¿Cómo funciona este esquema en el ámbito bonaerense?
– Aquí la vinculación no es tanto con los servicios sino con la policía de la provincia. Es una situación distinta pero tiene las mismas consecuencias. Hay un entramado policial, político, con actores judiciales y mediáticos. Es un conglomerado que nadie se atreve a desmontar, porque es funcional a los distintos poderes. Siempre digo que el gobernador de la provincia, cuando viene, tiene la mesa servida: el mejor vino, hay un metre que te recibe, nadie se anima a tirar de la punta del mantel porque hay todo un entramado ya armado para la impunidad, fundamentalmente, y para la extorsión. En La Plata, por ejemplo, hay un juez que fue destituido, César Melazo, vinculado a una banda de policías. Hubo una persona muerta y conexiones con el narcotráfico. Parece una película de ficción. Lo mismo, el fiscal Fernando Cartasegna –NdR: renunció tras ser acusado de inventar expedientes–, y también hay otros jueces que se han prestado a esto.
– Días atrás, concluyó el juicio oral por las inundaciones de 2013 en La Plata. Usted investigó ese caso y tuvo varios choques con el sciolismo.
– Sí, el juicio terminó sin ningún responsable. Si se lo compara con Cromañón o el choque de Once, lo que pasó en La Plata también fue una tragedia tremenda. Murieron, al menos, 89 personas, más que en Once, pero no pisaron ni un solo escalón de los pasillos de tribunales ni el exministro (de Justicia y Seguridad) Ricardo Casal, ni el exintendente Pablo Bruera, ni el exgobernador Daniel Scioli. Y no tiene que ver con banderías políticas, porque yo voté a Scioli, lo digo por su responsabilidad en la inundación. Por lo menos, debería haber ido a dar explicaciones. El Código Procesal Penal de la provincia les da a los fiscales la posibilidad de citarlos a una declaración informativa, no indagatoria. Y ni siquiera se hizo. Murieron 89 personas y no dieron explicaciones. Hicieron juzgar a un funcionario de menor jerarquía, el exdirector municipal de Defensa Civil, (Sergio Ariel Lezana). No había conducción política, el intendente se había ido de vacaciones y mostró un bidoncito como si estuviera ayudando a la gente cuando en realidad estaba en Brasil. Además, emitieron certificados de defunción falsos, por ejemplo, diciendo que una persona había muerto de cáncer de hígado cuando en verdad falleció ahogado en la vía pública. Incumplieron todas las órdenes judiciales, no me dejaron entrar a la morgue y en el cementerio encontramos dos muertos enterrados con el mismo nombre, inscripta esa doble muerte además en el registro de las personas. Todas las causas fueron archivadas Tantas irregularidades, tantos delitos, y ninguno fue investigado. En la provincia no vas a encontrar funcionarios imputados por delitos, procesados, y mucho menos condenados. Decime uno que hayan condenado en la provincia. Son todos buenos, eh.
– O sea, lo considera un tema crónico, más allá de banderías políticas.
– Esto es un problema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Y sabés qué? No lo padecen los empresarios, lo padecen los pibes de los barrios. El 90% de la población carcelaria son pibes pobres, de la barriada, sin instrucción, sin trabajo y “negritos”. Esto pasa en la provincia.
– ¿Vio cambios con la llegada de Vidal a la gobernación?
– No, por supuesto. Lo que se provocó es una interna policial para ver quién controla los negocios, porque la policía gerencia el delito. Han desbancado a algunos jefes con motivo de la interna y Vidal lo aprovechó para decir “estamos cambiando a la policía”. En realidad, siguen siendo los mismos. Vas a cualquier barrio y todo el mundo sabe quién vende droga, quién hace el delibery, cómo la comercializa, qué auto tiene. Todo el barrio, menos la policía. La policía no sabe nada. Ese es el problema estructural, que va más allá del nombre del gobernador, y es parte del entramado de las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el poder político. Y es un problema de muchos medios de comunicación, de periodistas que están bancados con el dinero negro de la policía. No es sólo un problema del Poder Judicial. Es un entramado corporativo. ¿Y cómo se rompe? Con democracia. Hay que abrir esos espacios para la participación y el control de la sociedad.
– El caso Stornelli-D’Alessio tiene un capítulo destacado en el rol de los medios. ¿Ese tipo de vínculo es monedad corriente para los tribunales?
– Pero por supuesto. Sí, obviamente. Vuelvo al tema de la inundación: el diario El Día de La Plata se cansó de decir que el juez de la causa por el número de víctimas era Guillermo Atencio, del fuero Penal, cuando la Corte había dicho que era competencia Contencioso Administrativa y de mi juzgado. Pero El Día decía que yo llevaba “una causa paralela” y esto lo levantaban los medios nacionales. Pasaba que si lo computaban en el fuero Penal, les daba menos números de víctimas que en el Contencioso Administrativo, porque ellos tomaban sólo los casos que iban a la morgue, es decir, las muertes traumáticas, pero no las indirectas. Había una trampa ahí y el diario El Día fue parte de ese entramado. Además, lo veo a diario en los portales, en cómo reflejan las noticias. A veces no podés creer la liviandad. En algunos casos, puede ser ignorancia o descompromiso, pero en muchos casos creo que hay mucha mala fe. Los medios siempre están en una situación difícil, viven de la pauta y los contratos con los gobiernos, y a veces la información se direcciona en función de esos intereses. Y hay, por supuesto, portales y periodistas en particular que cobran de cajas negras.
– Más allá de lo hecho por Ramos Padilla, ¿puede que el caso Stornelli sea también fruto de una interna en el propio poder corporativo?
– No estoy tan seguro. Puede haber ajustes, apuestas empresarias que no tuvieron repercusión en la política, pero casi nunca se rompen los códigos entre las corporaciones. Y creo que lo que ha hecho Ramos Padilla es eso: está rompiendo códigos corporativos, y eso es peligroso. Yo lo he vivido, sé de lo que hablo. Por eso está muy bien lo que ha hecho al abrir la situación a los restantes poderes. Cuanta más visibilidad y difusión tenga, más difícil es que lo puedan quebrar. Es muy importante que desde distintos poderes del Estado, como el Legislativo; sectores mediáticos y, fundamentalmente, desde el campo popular, alcancen a ver la dimensión de este problema, y apoyen al juez Ramos Padilla, porque esto va a tener repercusiones. No tengo dudas.
– ¿Cómo se puede modificar a un bloque corporativo como la Justicia?
– Debería haber un cambio en el diseño del Poder Judicial, un cambio constitucional. Pero si no da la relación de fuerzas para hacerlo, hay una serie de medidas que deberían tomarse en caso de que asumiera un gobierno popular. Uno tiene que ver con el número de jueces de la Corte, hay que ampliarlo. No tengo problema en que exista un representante del capital nacional y transnacional como es el caso de (Carlos) Rosenkrantz; un representante de las corporaciones que, a su vez, representa a un mínimo porcentaje de la población del país. Pero si está esa minoría, también quiero a las otras: quiero a un juez o una jueza indígena, otra del colectivo LGTB, otros que hayan demostrado compromiso con los Derechos Humanos, aunque sea en algún club de barrio. Esa es otra cuestión: tenemos que cambiar el perfil de los jueces. Al seleccionarlos, ¿vamos a tener en cuenta solo aspectos académicos? ¿Vamos a valorar más a aquel que se quedó sentado en un escritorio, acumulando cartoncitos en el currículum y títulos en universidades extranjeras que son pagados por los mismos intereses que después van a golpearle la puerta? ¿O valoraremos también el compromiso de quien sacrificó gran parte de su tiempo para hacer algo por los otros? Yo creo que el compromiso es lo más importante. Hay que poner estándares objetivos que tengan en cuenta, al momento de concursar, estos valores.
– ¿Qué opina de que los magistrados puedan elegirse por el voto?
– No estoy a favor de la elección popular, de la periodicidad, porque eso lo termina partidizando. Si bien el Poder Judicial es un poder político, no debe ser un poder partidario. Pero sí debe haber participación popular mediante audiencias pública en la designación y destitución. Creo que muchos no pasarían ese filtro. Tenemos el caso del fiscal General de Mar del Plata, (Fabián) Fernández Garello, que fue miembro de la Dipba, un servicio de inteligencia de la policía de Camps. A diferencia de Stornelli, Fernández Garello no es que está influenciado por los servicios de inteligencia, él fue un servicio, está denunciado por delitos de lesa humanidad y es el jefe de los fiscales del Departamento de Mar del Plata. Si hubiese pasado por una audiencia pública, habría sido observado por los organismos de derechos humanos. También tiene que existir un observatorio judicial y abrir los sistemas informáticos. Preservar las cuestiones que puedan perjudicar investigaciones en curso, pero como regla siempre abrir los sistemas judiciales y que un observatorio esté controlando que se cumplan plazos y estándares. Sería muy democrático, porque no sería un organismo estatal integrado por funcionarios a dedo, sino en base a la participación popular.
– Antes hubo intentos de alterar los acuerdos del Poder Judicial, pero sin éxito. ¿Por qué es tan arduo cambiar la lógica de los jueces?
– Porque con un juez ocurre igual que con un policía. ¿De quién depende que un policía ascienda? ¿De la sociedad? No, de su jefe. Es él quien le ordena recaudar. El policía va ascender en la medida en que recaude y el que no, el honesto, va a quedar relegado o lo echan. ¿Cómo cambiamos esto? Con la gente. Las corporaciones se rompen con democracia. Ponete en el lugar de un juez al que le vienen a pedir que frene el aumento de tarifas. Hoy no hay jueces que lo frenen, no después de lo que me pasó a mí y a Martina Pons. En 2016, éramos cerca de 50 suspendiendo el aumento de tarifas. Hoy no hay nada. Te tenés que enfrentar con el poder político pero fundamentalmente, con el económico. Entonces, ¿para qué confrontar, si el sueldo te lo pagan igual? Al contrario, tendés a protegerte, a ampararte en los poderes fácticos. Al tener permanencia vitalicia en el cargo, no tenés que legitimarte frente a la sociedad, tenés que hacerlo ante los poderes que te sostienen. Y si los perjudicás, te pasa lo que a mí. Si visitás la Embajada de Estados Unidos un 4 de julio, vas a encontrar a todos los jueces. Capaz que no van a nuestros festejos, el 9 de julio o el 25 de mayo, pero el día en de la independencia de Estados Unidos, están todos. Y si mañana es China, irán a la embajada china. Y los vas a ver en las cámaras de empresarios, que son los que pagan las jornadas, los viajes y los títulos en el exterior.
– Parece un callejón sin salida. ¿Cómo se puede romper ese círculo?
– Con el contrapeso de la sociedad. Ahí sí los jueces se cuidan, cuando hay un marcha, cuando sienten la presión popular. Bueno, hagamos de eso una cuestión institucionalizada, controlemos siempre a través de la sociedad. Cuando yo estaba en la facultad y era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la pasábamos muy mal en la época de la hiperinflación y Alfonsín nos decía “con la democracia se come, se cura y se educa”. Nosotros nos reíamos, pensábamos que nos tomaba el pelo. Pero hoy, con los años, comprendo el sentido de lo que decía Alfonsín. Si logramos democratizar todos los sectores, acercarlos a la sociedad, esto tiene efectos en todos los estamentos. Por eso los países de América del Sur que han podido cambiar su constitución incorporaron un nuevo poder: el Poder Popular. Esto puede hacer de contrapeso ante los privilegios, por ejemplo, del Poder Judicial, la policía o cualquier otros sector que se corporativice. Porque lo que las corporaciones necesitan son acuerdos, no gente.
– Es precandidato a intendente de La Plata. ¿Por qué dio ese paso?
– La verdad, no me veía en un estudio jurídico litigando dentro de este Poder Judicial. Hay que cambiar las cosas y el lugar para eso es la política.
