La Nación.cl
Anuncio lo hizo en rueda de prensa con tres diputados del partido socialista.
La brecha entre el gobierno y la Corte Suprema, en un lado, y los organismos de derechos humanos y el PS, en el otro polo, se profundizó ayer por efecto del proyecto de empalme de los dos sistemas procesales, que incluiría los casos de DD.HH., y por la decisión del máximo tribunal de fijar un plazo de seis meses para que los jueces cierren estas causas. Incluímos declaración de CODEPU frente a estos hechos.
El ministro Francisco Vidal opinó, por su parte, que la postulación de Insulza “es una decisión del Estado de Chile, más allá del gobierno, que tiene que ver con la política regional latinoamericana de Chile y cada uno se hace responsable si apoya, es indiferente, neutro, vota blanco, nulo o rechaza”.
Mientras los críticos de la medida de la Suprema calificaron su resolución de “inconstitucional” y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) anunció un boicot a la postulación del ministro del Interior, José Miguel Insulza, para la secretaría general de la OEA, La Moneda insistió en que la disposición de los tribunales se ajusta a la legalidad.
De acuerdo con el ministro portavoz, Francisco Vidal, el gobierno “respeta esa decisión de un poder separado del Poder Ejecutivo y Legislativo”.
“Nosotros respetamos esa decisión y no sólo la respetamos, que es lo obvio, sino que compartimos la necesidad de que la verdad y la justicia se hagan lo más rápido posible en Chile. Además aclaramos otra vez que esto no es ni punto final, ni impunidad, sobre la base de que cerrado el sumario, si hay nuevos antecedentes el proceso sigue”, indicó Vidal.
El martes, en Frankfurt (Alemania), el Presidente Ricardo Lagos avaló la resolución de la Suprema, en una señal del compromiso que La Moneda ha establecido con la estrategia de acelerar los juicios por derechos humanos, lo que responde -además- al lobby que en este sentido ha hecho el Ejército y que se acentuó con el suicidio del coronel (R) DINA Germán Barriga.
No obstante, los abogados de Fasic, que encabeza Verónica Reyna, consideraron que la decisión del máximo tribunal ha sido una “intromisión” de los jueces en una materia que es competencia del Poder Legislativo.
Y haciendo un frente común, la AFDD, abogados de DD.HH., como Hugo Gutiérrez y Carmen Hertz, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, y los diputados socialistas Isabel Allende, Juan Bustos y Sergio Aguiló, atacaron duramente el plazo determinado por la Suprema. Para Hertz, “la Corte Suprema no tiene facultad alguna basada en ningún artículo de nuestra Constitución o procedimiento penal para ordenar a los jueces cerrar sumarios en seis meses”.
Contra Ministro
Lorena Pizarro, a su vez, denunció que “estamos frente a un nuevo y grotesco intento de impunidad”, agregando que “los tribunales de justicia, que ayer fueron cómplices y por lo tanto responsables de los crímenes que se cometieron bajo la dictadura, hoy son responsables de instalar la impunidad en Chile”.
La AFDD informó, delante de los tres diputados del PS, que está dispuesta incluso a lanzar una campaña internacional contra la candidatura de Insulza a la OEA. La entidad acusa al jefe de gabinete de operar ante la Corte Suprema para obtener medidas como la del plazo de seis meses y liderar la impunidad.
Frente a este anuncio, el ministro Vidal opinó que la postulación de Insulza “es una decisión del Estado de Chile, más allá del gobierno, que tiene que ver con la política regional latinoamericana de Chile y cada uno se hace responsable si apoya, es indiferente, neutro, vota blanco, nulo o rechaza”.
Los convocantes a la conferencia opositora a la medida de la Suprema anunciaron también que presentarán hoy un recurso de protección por la orden de cerrar los sumarios en seis meses. La acción será respaldada por los parlamentarios socialistas Aguiló, Allende y Bustos.
Sin embargo, los mismos tres legisladores advirtieron que ellos se restaban del boicot que la presidenta de la AFDD comunicó para derribar la postulación de Insulza. “Claramente no (nos vamos a sumar).
Nosotros apoyamos esa candidatura”, declaró Aguiló.
El legislador justificó mantenerse al margen postulando que “el propio José Miguel Insulza está haciendo una anticampaña respecto de sus posibilidades. Esta es una constatación analítica. En el resto de los países de la OEA lo que más bien se constata es que la tendencia es a hacer verdad y justicia en materia de derechos humanos”.
El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU declara:
CODEPU ante la resolución de la Corte Suprema de imponer plazos perentorios para el término de las investigaciones seguidas por graves violaciones de los derechos humanos y el término de los jueces de dedicación exclusiva, declara lo siguiente:
– 1. Rechazamos de manera categórica esta resolución que junto con la propuesta del Consejo de Defensa del Estado de la llamada Amnistía Impropia y con la pretendida victimización de los violadores de derechos humanos, como ha estado sucediendo con el suicidio del agente de la DINA Barriga Muñoz, sumada a la iniciativa gubernamental del llamado proyecto Ley de Empalme, expresa una clara voluntad para consagrar definitivamente la impunidad en Chile.
– 2. La Corte Suprema, que durante la dictadura desconoció los derechos de las víctimas y sus familiares, y ante el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura negó su responsabilidad institucional respecto a esos crímenes, en su resolución omite, una vez más, que la situación de retrasos en las indagaciones e investigaciones por graves violaciones de los derechos humanos, se debe fundamentalmente al silencio cómplice de la justicia, en especial de la Corte Suprema, que por treinta años denegó reiterada y sistemáticamente el acceso de las víctimas a una justicia pronta e imparcial.
– 3. Recordamos que ante la repentina preocupación de la Corte Suprema por «agilizar la tramitación y resolución» de los procesos, los organismos de derechos humanos han manifestado en múltiples ocasiones esta necesidad para aquellos casos donde existen antecedentes suficientes de la comprobación del delito y de las responsabilidades penales, y han solicitado que las investigaciones sean cerradas y que prontamente se procese y condene a los responsables de estos crímenes.
– 4. Nos parece grave que la Corte Suprema desconozca los significativos avances que en materia de verdad y justicia se han alcanzado en este último tiempo, precisamente por la labor encomiable de ministros y jueces de dedicación exclusiva, silenciando el hecho indesmentible de que en este período se han alcanzado las primeras sentencias condenatorias, y se han dictado más de 300 autos de procesamiento. Entregar la responsabilidad de los retrasos a los actuales magistrados o señalar que su dedicación exclusiva «ha significado una disminución en la eficacia de la actividad jurisdiccional de los tribunales» es una distorsión grosera de la realidad.
– 5. Resulta inaceptable que la Corte Suprema ponga en duda el derecho al debido proceso de que han gozado los violadores de derechos humanos, al ubicar en calidad de víctimas a los perpetradores de los más cobardes crímenes cometidos en la historia del país, quienes no sólo no han prestado ninguna colaboración a la justicia, sino que la han obstaculizado, y deniegan reiterada y sistemáticamente su responsabilidad.
Así lo interpreta también el voto de minoría de los Ministros Benquis y Pérez, al señalar que es paradojal que los victimarios «han comparecido como víctimas clamando por una rápida terminación de los juicios en que se encuentran involucrados, pretendiendo suplantar a las verdaderas víctimas de esos sucesos delictivos.»
– 6. El razonamiento de fondo en virtud del cual toda persona, incluidos los victimarios de graves violaciones de los derechos humanos, tiene derecho a un juicio pronto e imparcial en el marco de un plazo razonable no puede ser esgrimido como argumento para efectos de cerrar procesos extraordinariamente complejos. Se desconoce que, como lo ha reiterado la jurisprudencia internacional, «son tres los elementos que deben ser tomados en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso penal:
a) la complejidad del asunto;
b) la actividad procesal del interesado; y
c) la conducta de las autoridades judiciales» (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo y otras).
Como se sabe, desde hace más de 30 años en estos procesos ha habido interferencia de poderes fácticos materializada en la ley de amnistía, nula colaboración de los imputados y de las instituciones a las que pertenecían, un poder judicial que abdicó de su deber de ejercer sus funciones jurisdiccionales, etc.
– 7. Igualmente manifestamos nuestras dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de la medida adoptada por la Corte Suprema, en cuanto interviene de manera directa en asuntos que no están dentro de su competencia, toda vez que la Constitución establece taxativamente que «la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley».
En cuanto dicha resolución desconoce y violenta el principio de independencia de los tribunales de justicia, interfiriendo en decisiones e investigaciones que sólo serán eventualmente de competencia de la Corte Suprema una vez deducidos los recursos judiciales correspondientes.
Asimismo, al otorgar un trato privilegiado a los violadores de Derechos Humanos, la Corte Suprema transgrede el principio de igualdad ante la ley de miles de chilenos, quienes deben soportar la persecución penal por años sin que se resuelva su situación procesal.
– 8. Por último, CODEPU reitera su solidaridad con los familiares y víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como su compromiso con los principios de Verdad y Justicia, que deben estar presentes en todo Estado democrático.
– Viviana Uribe T.
– Víctor Espinoza C.
– Federico Aguirre M.
CODEPU
