En redes sociales y en los medios de comunicación, uno de los temas destacados son las situaciones que se están viviendo en más de cincuenta escuelas del país: asesinatos, amenazas de bombas, amenazas a docentes, bullying, falta de acompañamiento familiar, violencia generalizada, adolescentes… Tucumán es la segunda provincia del país en números de situaciones problemáticas que tienen como protagonistas a los alumnos. Se identificaron alrededor de 86 amenazas en colegios públicos y privados. Lo que durante años fue leído como una distopía ajena, propia de otras regiones y sociedades, comenzó a producirse en nuestra comunidad.
Los hechos se despliegan en plena crisis educativa: el presupuesto universitario en valores mínimos históricos de participación en el PBI (aproximadamente 0,75%-0,76%) aunque se haya proyectado un aumento nominal en pesos en el Presupuesto Nacional 2025 (entre 4,4% y 8% real respecto de 2025); con un 51% de estudiantes que falta a clases quince o más días durante el año; con paros docentes que se suceden con mayor frecuencia que antes, porque las condiciones de trabajo no están dadas; con una ley (la 27801) que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para menores de 14 a 18 años y permite su juzgamiento por delitos graves con penas de hasta quince años y un enfoque en la resocialización, aprobada y promulgada antes de iniciar las clases; con un Estado que difunde la libre portación de armas y los discursos de odio.
¿Por qué este fenómeno está sucediendo principalmente en las instituciones educativas —escuelas, terciarios y universidades— y no en otros espacios de socialización como clubes, hospitales, talleres, teatros, cines? ¿Por qué está sucediendo en espacios capaces de alojar y contener a las juventudes?
No es que la escuela sea el escenario de estos hechos por debilidad, sino, paradójicamente, por lo que aún conserva de potencia. Porque todavía es percibida, aunque sea de modo residual, como un lugar capaz de alojar y contener a las adolescencias y juventudes. Hipótesis que no puede sostenerse sin introducir una segunda dimensión, más incómoda: la sordera institucional generalizada. Si estos actos pueden leerse como intentos de dirigir una demanda, es necesario reconocer que esa demanda no es escuchada ni comprendida en sus propios términos. Aquí se produce una torsión: esa misma institución que aparece como sorda es, al mismo tiempo, una de las pocas que conserva algún potencial de escucha y lectura. Las amenazas son actos de violencia, y también síntomas de una relación fallida. No se trata de que los adolescentes y los jóvenes no hablan, se trata más bien de discursos que no encuentran condiciones de inteligibilidad en las instituciones.
El juez penal de niños, niñas y adolescentes de Tucumán, Federico Moeykens, planteó recientemente en Radio Universidad, que los episodios de amenazas de tiroteos son el síntoma de una falta de regulación que debe venir del «mundo adulto», sugiriendo que el sistema legal y educativo deben actuar con «firmeza». Sin embargo, no creo que el problema sea cuestión de firmeza. Ese término suele prestarse a confusión y deriva en soluciones punitivas, como la baja de imputabilidad o la militarización de los barrios. Moeykens, además, intenta una respuesta al menos contradictoria: “creo que entiendo todo como adulto, pero quizá no esté entendiendo ese mundo adolescente”. Las regulaciones se producen en el entramado social y no emanan de un «mundo adulto» aislado. De hecho, estos episodios de violencia nos obligan a pensar que ya está profundamente incorporada en ese “mundo adulto”, y es preciso trabajar en la lectura de dinámicas sociales donde los enunciados adolescentes sean incluidos.
Lo que aquí se disputa es la transformación del espacio político común bajo una “nueva infraestructura digital” que reconfigura los modos de vincularse.[1] La vida común se desplaza de instituciones territoriales a espacios híbridos. En este contexto, la escuela queda en una posición tensa, porque es, probablemente, una de las instituciones más analógicas de nuestra época. Sin embargo, y aún en su crisis, continúa siendo el escenario privilegiado de estas irrupciones, porque es donde la participación adolescente todavía tiene mayor incidencia para la formulación de la verdad que les da existencia.
El hecho de que la escuela conserve ese lugar no implica que esté en condiciones de sostenerlo; al contrario, estos episodios evidencian una brecha creciente entre las formas contemporáneas de producción de sentido (velocidad, anonimato, conectividad constante) y los dispositivos institucionales disponibles para su lectura. Aparecen modalidades extremas (amenazas anónimas, espectacularización de los conflictos, autolesiones y vandalismo en espacios físicos, ausentismo crónico como renuncia) para dar consistencia a un mensaje en un sistema que no logra procesarlo por las vías ordinarias, es decir, intervención de gabinetes psicopedagógicos —que esperan que los estudiantes “vengan y hablen”—, por demandas en centros de estudiantes o consejos de convivencia, el uso de cuadernos de notificaciones o notas a dirección, las currículas educativas, e, incluso, la justicia tradicional de menores.
Si las instituciones, exigidas por la sociedad a leer el síntoma, no pueden hacerlo, la respuesta pareciera ser solo el actuar represivo del Estado. Planteado y pensado de esta manera queda sin resolver la dificultad para producir sentido en común sobre adolescentes y juventudes, más allá de las lecturas simplificadas que los reducen a “falta”, a promesa futura o a objetos de intervención del mundo adulto. Porque lo que irrumpe no es una forma legítima de decir, sino la evidencia de un corte: algo que no encuentra lugar, traducción ni es leída en los circuitos disponibles. Desde este punto de vista, la pregunta no puede reducirse a las juventudes ni a las instituciones como espacios aislados, debería desplazarse hacia las condiciones mismas en las que hoy algo puede ser dicho, leído y sostenido colectivamente en un espacio donde las/os adolescentes y los/as jóvenes sean reconocidos/as, también, como interlocutores/as.
Este enfoque no implica, en ningún caso, una atenuación de la gravedad de los hechos, ni una justificación de la violencia. Los asesinatos, las amenazas y las distintas formas de agresión que atraviesan a las instituciones educativas requieren respuestas urgentes y dispositivos de cuidado sostenidos. Precisamente por eso, la pregunta que aquí se formula no desplaza la gravedad, sino que insiste en un plano más de análisis que debería permitir seguir pensando la defensa de las instituciones públicas, las condiciones de cuidado y las formas de proyección de adolescentes y juventudes en un escenario donde estas problemáticas no aparecen como episodios aislados. Son parte de un entramado social que las produce y las amplifica.
[1] https://revistazoom.com.ar/la-infraestructura-digital-de-la-vida-social/