De manera sucinta, la inflación se puede definir como el aumento sostenido y generalizado de los precios. El fenómeno es el resultante de las disputas de poder social y produce beneficiarios y perjudicados.
La justificación neoliberal
Los programas neoliberales de reducción de la inflación implicaron una masiva transferencia de ingresos que empobreció al trabajador y que destruyó a la pequeña y mediana empresa nacional. Las acciones de gobierno guiadas por esa ideología tienden a priorizar, sin excepciones, la acumulación de ganancias del empresario oligopólico y del financista extranjero.
Los representantes del poder económico sostienen que la inflación se genera por la acción de los trabajadores y del Estado. El acrecentamiento de los precios sería la resultante de:
-Emisión monetaria, gasto público y regulaciones estatales. Estas últimas generarían “problemas de confianza” en los inversores.
-Aumentos salariales que amplían la demanda de bienes.
Con dicho diagnostico las políticas económicas neoliberales suelen estar vinculadas a:
-Reducción del déficit fiscal: disminuyendo la emisión destinada a la inversión pública del gobierno (educación, salud, ciencia o seguridad). El paquete de medidas puede incluir privatizaciones a grupos extranjeros que generarían “clima inversor” y divisas.
-Aplicar planes de reducción de la masa monetaria desde el Banco Central. La regulación de tasas de interés y la emisión de bonos son dos de sus mecanismos.
-Rebajas salariales y debilitamiento del poder adquisitivo del trabajador. En democracia proponen bajar la tasa de actividad y aumentar el desempleo con la finalidad de disminuir la capacidad de negociación sindical. Es frecuente que los delegados del poder económico apliquen políticas de alto impacto (shock distributivo) como es una fuerte devaluación o el aumento de tarifas, en paralelo a que el gobierno presiona para poner techo a las paritarias o directamente congelar salarios.
-Aumentar la oferta de bienes en el “corto plazo” a partir de:
a. Flexibilizar controles y regulaciones económicas creando un supuesto «clima inversor».
b. Aumentar las importaciones para bajar los precios de productos locales.
c. Reducir la capacidad de compra del salario y destinar el excedente a la potencial inversión de capital.
d. Bajar impuestos y desandar la capacidad recaudatoria del Estado que es desfinanciado, para derivar la riqueza en potenciales inversiones privadas.
En el año 2016 Cambiemos subejecutó el presupuesto nacional y en 2017 redujo los fondos prácticamente en todas las carteras, menos aquellos destinados al pago de deuda que aumentaron exponencialmente. El gobierno eliminó regulaciones a las importaciones y a la salida de dólares, desarticuló el programa “Precios Cuidados”, desestimó controles sobre los intermediarios y bajó las retenciones al agro, al petróleo y a la minería. Con el objetivo de reducir el volumen de pesos circulantes, el Banco Central generó incentivos (ganancias exorbitantes) para la especulación financiera. Las paritarias laborales quedaron por debajo de la inflación y con la finalidad de “enfriar la economía”, los ministros pusieron en el congelador a los desempleados, pobres e indigentes.
Todos los esfuerzos resultantes de la política económica actual (devaluación, LEBAC o baja de retenciones) los cargó la masa popular, mientras que los grupos económicos (exportadoras, bancos y empresas de servicios) acumularon un importante excedente. A diferencia del planteo oficial, los recursos atesorados en pocos sectores como resultado del empobrecimiento general de la población, no derivaron en inversión. Tampoco existió una relación directa entre trabajadores más pobres, super-ganancias empresarias y crecimiento económico.
Durante el año 2016 la inflación fue la más alta en 25 años y según un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET superó el 40,9%. Tomando distancia de sus anuncios de campaña acerca de un prominente segundo semestre, Mauricio Macri ya aclaró que en realidad “necesita 20 años de crecimiento continuo” para “sacar a todos los argentinos de la pobreza”. Al Presidente le faltó decir que además de “crecimiento”, haría falta “distribuir” la riqueza y que de esa manera no habría que esperar tanto tiempo requiriendo injustos sacrificios a los argentinos más débiles.
La inflación es un reflejo de la lucha política interna
La inflación del año 2016 fue impulsada desde el gobierno nacional para garantizar los negocios del sector financiero, de los grupos exportadores de alimentos y de las empresas de servicios.
Los políticos neoliberales niegan que sus medidas estén orientadas a beneficiar al capital oligopólico y trasnacional y nunca reconocen que sus programas de gobierno no democratizan los costos de las crisis, sino que las transfieren al pueblo.
Más allá de la agenda neoliberal ya descripta, la inflación es una manifestación de la lucha de clases y supone disputas de intereses y tensiones de poder entre:
-Capital vs trabajo.
-Capital productivo vs especulativo.
-Capital industrial vs empresas de servicios.
-Capital industrial vs sector agropecuario.
-Grupos nacionales vs extranjeros.
-PYMES vs oligopolios.
Los diversos sectores van a utilizar su poder político y económico para subir el precio de sus bienes. Los aumentos relativos de los productos implican el desplazamiento de la riqueza de una clase/sector hacia la otra.
Atendiendo esta circunstancia, los Estados con vocación industrialista se apropian de los excedentes agrarios y financieros y los destinan al desarrollo del conjunto social. En el caso argentino, el peronismo (1946-1955) nacionalizó el comercio exterior, los depósitos bancarios y el Banco Central. Esta decisión soberana privilegia el interés social al de facción o clase y les permite a los países mantener a bajo costo los créditos productivos, los alimentos y las materias primas.
Cambiemos representa a los sectores agropecuarios y es por eso que aplicó una devaluación superior al 60% en el año 2016. Es por esta misma causa que el gobierno nacional eliminó las retenciones al trigo (harina), el maíz (aceite), la carne o la soja (con reducción parcial). Acto seguido, el sector transfirió a precios la variación de costos de las importaciones y obligó a la población a pagar la canasta alimentaria a valores internacionales (dólares). Los aumentos redujeron la capacidad de compra del salario y originaron problemas de competitividad del sector industrial manufacturero.
Desde el año 2016 los recursos naturales y las empresas de servicios dejaron de ser concebidas como una actividad complementaria o estratégica, para volverse meramente unidades de negocios. Los abusivos aumentos del combustible, de la luz, del gas y del agua fueron trasladados a los precios por el sector productivo y por el conjunto de actores de la economía (clubes de barrio, escuelas privadas, clubes, municipalidades, etc.).
El caso de la inflación de los derivados de los hidrocarburos en una muestra contundente del poder político del sector. Si los precios internacionales del barril del petróleo aumentan, automáticamente suben los costos internos de las naftas o los aceites. El proceso inverso no ocurre y la caída de los valores de los mismos productos en el mercado mundial no origina reducciones de precios. Incluso, y por decisión del ministro Aranguren, en el año 2016 aumentaron los combustibles con la finalidad de garantizar ganancias en dólares a las empresas que representa (en un contexto devaluatorio). En paralelo, en el año 2017 el gobierno eliminó las retenciones a la exportación petrolera y acompañó la reducción de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
Resultado del apoyo estatal a los empresarios, las paritarias quedaron por debajo de la inflación y las familias perdieron poder adquisitivo. Según el estudio de la UMET, en el año 2015 el salario real creció en promedio 3% y en 2016 cayó un 6,1%. En el Informe “El impacto asimétrico de la aceleración inflacionaria en Argentina (2015-2016)” se demostró que los aumentos perjudicaron principalmente a los estratos más pobres de la sociedad por el hecho de que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos, al alquiler y al pago de servicios. Los tres rubros fueron los que más subas presentaron el último año, reflejando el contenido oligárquico y de clase de la inflación actual que multiplica pobres, para beneficiar a unos pocos ricos.
Para explicar el aumento de los precios en la Argentina no puede dejar de contemplarse la estructura de producción e intermediación economía concentrada. No pocas áreas del mercado son controladas por oligopolios multinacionales, que ejercen presión sobre los precios y que incluso tienen el poder de enfrentar a los gobiernos. Los grupos económicos ponen y sacan administraciones y bloquean todos los intentos de regulación social y colectiva de la propiedad y de la riqueza. Raúl Alfonsín fue una de sus víctimas y lo destituyeron con operaciones de evasión impositiva, de retiro de fondos de los bancos y con la fuga de capitales favoreciendo el desabastecimiento y los aumentos masivos de precios. Con la caída estrepitosa de la UCR, la democracia argentina perdió poder frente a las corporaciones.
Cambiemos le otorgó al empresariado los ministerios y con ello el pueblo delegó a las corporaciones la capacidad de regulación de los precios. Por ejemplo, en la Secretaría de Comercio el Presidente designó a una figura vinculada a la intermediación comercial (supermercados La Anónima), que es un actor fundamental de la inflación en la Argentina. En los años noventa quedó demostrado que el gato es mal guardián de las sardinas o, como dijo algún colega, los zorros de los grupos económicos andan sueltos y se están comiendo a la gallina trabajadora y a la PYME nacional.
La inflación y la organización internacional de la dependencia
En los primeros años del siglo XXI se produjo un aumento de los precios de las materias primas (petróleo, alimentos o minerales). En parte, dicho fenómeno se relacionó a la ampliación de la demanda de la economía china caracterizada por un importante crecimiento ininterrumpido. Además, el capital financiero de los países centrales destinó recursos a crear fondos de inversión para producir bienes agropecuarios, haciendo del alimento mundial un bien de especulación.
En el caso del valor de la energía, se sumaron diversos conflictos geopolíticos y militares en zonas de producción de hidrocarburos como es el caso de los enfrentamientos y disputas en los contextos de Irak, Afganistán, Siria, Libia o Irán.
El aumento de los precios de las materias primas generó situaciones contradictorias. Por un lado, permitió mejorar temporalmente el intercambio comercial de Iberoamérica con las potencias industriales, bajando los precios relativos de las importaciones de manufacturadas. Los países sudamericanos dispusieron de mayores recursos para implementar los programas de desarrollo nacional.
La contracara de este proceso fue el encarecimiento y el permanente aumento de los precios de la tierra, de los alimentos exportables y de la energía. El debate del año 2008 sobre las retenciones a las exportaciones fue una manifestación clara entre dos posiciones frente al aumento de los valores internacionales: se defiende el plato de comida de los argentinos o el tema es reducido a la obtención de divisas por parte de las empresas. El gobierno de Cambiemos tomó esta segunda alternativa y los precios de los alimentos aumentaron de manera muy superior al resto de la economía.
Aprovechando los altos valores, algunos países profundizaron su perfil productivo extractivista y agroexportador. En la Argentina y el Brasil los valores de la soja derivaron en deforestación, desplazamiento de la cría de ganado o de la siembra de trigo y se hizo evidente la dificultad gubernamental para regular el mercado de alimentos para su población. De continuarse la tendencia a hacer de los comestibles una mera divisa, Sudamérica está condenando a la mayoría popular al hambre o a la desnutrición.
Por el contrario, los chinos a los cuales les vendemos la soja la utilizan para generar proteínas animales (en un 80%) y garantizar la nutrición de sus habitantes y la competitividad de su economía. La decisión del país oriental de importar la soja en lugar de producirla fue parte de un plan estratégico de desarrollo que no permitió que desaparezca la producción de otros vegetales imprescindibles para la dieta nacional.
El remedio puede ser peor que la enfermedad: estanflación
Los funcionarios neoliberales hacen de la política antiinflacionaria una finalidad en sí misma, sin atender los perjuicios que pueden aparejar sus decisiones sobre el conjunto de la actividad productiva y social.
En el año 2016 la política económica de Cambiemos contrajo la economía que está en recesión (cayó el PBI 2,5%). La suba del precio de los créditos (tasa de interés), la apertura de las importaciones y la contracción del consumo interno destruyeron varias actividades productivas aumentando el desempleo, la pobreza y la indigencia.
Durante su último mandato Cristina Kirchner gobernó con una alta inflación, cuyo promedio rondó el 25%. En parte, la incapacidad para resolver el problema fue justificada con la decisión de mantener el mercado interno de consumo y el crecimiento en un contexto mundial de caída de los precios de las exportaciones argentinas y de reducción del volumen comercial de los aliados estratégicos Brasil y China.
El argumento de los ministros del gobierno anterior era que el consumo y el crecimiento generan tensiones y acomodamientos de precios, que pueden ser corregidos en paritarias sin necesidad de achicar la economía y cercenar derechos. El Estado aparecía como un garante de la capacidad de compra del salario de los trabajadores y de los jubilados.
Según los gestores del kirchnerismo, la contracara de su política era el programa de metas monetaristas y antiinflacionarias que aplicó Dilma Rousseff en Brasil. Como resultado de las medidas del Partido de los Trabajadores se profundizó la caída de actividad productiva del país vecino, con las consecuencias sociales que ello conlleva.
La cultura inflacionaria y los medios de comunicación
En la Argentina existe una cultura inflacionaria que es utilizada por las corporaciones para maximizar sus beneficios.
La sociedad atravesó situaciones sumamente traumáticas como fue el caso de la hiperinflación alfonsinista y ello generó una tendencia psicológica a maximizar el corto plazo. La cultura inflacionaria, la presión empresaria y la acción mediática inducen a los actores de la producción a ajustar constantemente precios, adelantándose a la “potencial pérdida” de ingresos.
Los oligopolios de la comunicación utilizan la cultura inflacionaria para maximizar ganancias de sus publicistas y para debilitar a los gobiernos que consideran contrarios a sus propios intereses.
Acuerdos básicos para abordar el problema de la inflación
La inflación es una manifestación de la lucha de clases y su posible solución no es técnica, sino política.
Los sindicatos y las cámaras empresarias y cooperativas nacionales, tienen un rol político fundamental en la lucha por la determinación de precios justos.
La propiedad privada tiene una función social y ninguna corporación puede oponer sus intereses de facción sobre los de la colectividad.
La política antiinflacionaria debe partir de una concertación nacional que distribuya de manera equitativa los esfuerzos.
La política antinflacionaria no debe impedir que el conjunto de los sectores productivos y sociales se desarrollen.
El Estado es el ordenador social y tiene la soberanía para impedir la actuación oligopólica y abusiva de los factores de producción e intermediación.
La democracia debe regular el comercio interno y de exportación, promoviendo el trabajo y la producción y castigando la especulación.
La nación y su pueblo son los destinatarios de las políticas del Estado y el consumo de las potencias extranjeras no puede derivar en el hambre de la familia argentina.
