Decíamos en otro editorial que la cuestión del “campo” tenía un final abierto. Y lo sigue teniendo, a pesar de lo sucedido en el Congreso de la Nación el viernes pasado. Allí se demostró que el parlamento no es una escribanía, en uno de los debates más intensos que tengamos en la memoria y con la más alta participación de diputados desde el advenimiento de la democracia.
No obstante, la campocracia y los medios masivos de siempre no dan respiro. Aun sabiendo que el trámite en el Senado será mucho más cómodo para el oficialismo (o tal vez por eso mismo), ya plantean un escenario plagado de dificultades, que las debe haber, pero no en el tono de gravedad que se intenta imponer.
Suponiendo que el Senado apruebe el proyecto aprobado el sábado, y este se convierta en ley una vez promulgado en el boletín oficial, creo que vamos a seguir con final abierto. No tanto por la intención de acudir a la justicia como ya expresó la Mesa de Enlace (están en todo su derecho, al fin y al cabo) sino sencillamente porque no es el problema del “campo” lo que está en discusión.
La semana pasada, señalábamos cómo los factores de poder en distintas etapas encontraron la forma de domesticar gobiernos nacidos en las urnas. Esto es lo que todavía no han podido conseguir con este gobierno. Están cerca.
Cuando digo que están cerca, no es solo por los aciertos de la componenda de la campomediocracia, si no por la falta de reacción oficial, que debería replantearse toda la estrategia hasta aquí utilizada.
Cambiarles la cancha se decía en mi barrio. De eso se trata. Planteando una agenda pendiente y acompañando esa movida con un cambio de gabinete que también sea creíble para llevar adelante esa agenda.
A modo de ejemplo: no se puede seguir con un canal estatal que el viernes, en pleno debate en la cámara baja, transmitía como si estuviéramos en Suecia, mientras TN ponía su pantalla en cadena, haciendo como siempre el trabajo sucio.
Está claro, pero parece que hace falta repetirlo. No es la cuestión del “campo” lo que está en discusión. La disputa estriba en sostener un gobierno que pueda gobernar para todos o condicionarlo en función de los intereses mezquinos de una minoría facciosa.
La primera opción implica profundizar las políticas de redistribución y estructurar un gobierno de centroizquierda que acompañe esta premisa. La segunda deriva en acordar con estos sectores y redireccionar las políticas hacia posiciones de derecha.
Entonces también habrá un final abierto, porque el campo popular no permitirá retroceder a las ignominiosas condiciones de los años 2001 y 2002.
