Fiebre de clausuras por la noche

Desde el incendio de República Cromañón, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires descubrió que la seguridad había entrado en la “agenda política” mediante el expediente muy argentino de la tragedia accidental, y comenzó la ola de clausuras por las dudas.
Algo parecido ocurre en las rutas: tras un accidente espantoso, la CNRT sufre un ataque de epilepsia luego de años de muerte cerebral.

Los equipos de inspectores de Juanjo Álvarez y Diego Gorgal (su sucesor en el cargo, aunque ahora con rango de ministro) clausuraron unos 360 locales porque no cumplían condiciones mínimas de seguridad y otras faltas, algunas menores, y otras no tanto.

Hubo reaperturas llamativamente rápidas, como las de los bailables ubicados en Palermo y la Costanera, que funcionan al margen de las normas a las que debemos atenernos el resto de los ciudadanos de Buenos Aires en virtud de contratos que firmaron con los concesionarios de los predios, quienes pagan cánones verdaderamente irrisorios por lugares como ex Coconor o Costa Salguero.

Hasta Cromañón, ningún funcionario o legislador había descubierto que las bailantes y discotecas estaban habilitadas como locales de baile clase C; aunque, más que bailar, los concurrentes se dedicaran a hacer explotar pirotecnia, los locales tenían techos combustibles, excedían siempre la capacidad permitida, carecían de puertas de emergencia e instalación de incendios, etc.

Entraron en ese tipo de uso por descarte: no eran locales para parejas ni se explotaban legalmente a chicas de la noche.

Pero el mismo grupo Callejeros había actuado unas cuantas veces en clubes abiertos antes de la fatídica noche de diciembre de 2004: provistos los organizadores de un permiso especial y para esa única vez, la concurrencia estaba suficientemente protegida de los excesos mediante equipos de bomberos, ambulancias, e inspectores que labraban actas de comprobación cuando se arrojaba una bengala.

El diario La Nación coincide con algunos empresarios del espectáculo en que la ordenanza que impidió que en esos espectáculos de Callejeros hubiera víctimas, “es más vieja que el rock”.

Es cierto, es más vieja que mi abuela, pero establece que en los espectáculos:
Las puertas “carecerán de medio alguno que permita asegurarlas bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia”.

Se prohíben sustancias combustibles en la decoración.
“Cada vez que una obra exija… el uso de fuegos artificiales o de bengala, deberá prevenirse al Cuerpo de Bomberos”.

Se prohíbe “la existencia de toda puerta que pueda establecer comunicación entre la sala… con casas o negocios vecinos”. “Es obligatorio tener armadas las mangueras de incendio desde el momento que la sala es abierta al público, debiendo la empresa contar con una persona que entienda su manejo”.

¿Semejantes prevenciones atentan contra alguna libertad?
¿Morirá el tango si el espectáculo hay una persona que sabe cómo manejar un equipo contra incendios?
¿Hubiera habido 194 víctimas en la calle Bartolomé Mitre de haberse usado esa norma anticuada?

Da en el clavo Ricardo Vernazza del Sindicato Argentino de Músicos:
“Hay tantas normas cruzadas y son tan poco claras -declaró a la prensa- que todo queda a criterio del inspector”.
Eso es cierto. A pesar de Cromañón y las clausuras, las reglamentaciones contradictorias siguen en pie, como si nada.

Y el poder de policía irrenunciable que exige la constitución local, ha sido subrogado hacia profesionales particulares (que por cobrar por el trámite, son parte interesada) y por sus respectivos Consejos.

Según información del gobierno de la ciudad, 106 locales fueron clausurados porque no estaban aseguradas mínimas condiciones de seguridad. 68 porque tenían personal de vigilancia no registrado. 85 por realizar una actividad para la que no estaban habilitados. 65 por exceder su capacidad.

Visto así, no hay nada de censurable. El Estado debe preservar, y es su obligación, condiciones mínimas de seguridad, de modo que en un espectáculo no se produzcan derrumbes, incendios o cualquier otro siniestro.

Las empresas de vigilancia truchas son una de las lacras de la actualidad. Sus efectivos superan a todas las fuerzas armadas y de seguridad “legales”. Los patovicas son expertos en palizas (que ya provocaron unas cuantas muertes) y al menos se los registra y mete en la cabeza, aunque no se sabe cómo, un curso de derechos humanos.

Las habilitaciones mal otorgadas crearon las condiciones para el incendio de Cromañón. Es cierto que hay un aspecto relacionado con la recaudación, pero el entusiasmo colectivo (y descontrolado) de una aglomeración puede repetir dramas conocidos.

Locales como Marquee, Imaginario, Cemento, Hangar, El Sótano, The Road y 50 espacios más que funcionaban dos años atrás debieron cerrar sus puertas o podrán abrirlas sólo en calidad de bares por efecto del pasado descontrol.

Aunque pasó tiempo desde el incendio de Plaza Once, no se produjo mucho en el cuerpo legislativo. Hay iniciativas individuales, pero con eso no alcanza.
A eso se le llama “falta de decisión política”.

En los meses posteriores, cuando Ibarra era el Gran Culpable, muchos legisladores se mostraron horrorizados por la falta de controles estatales (que antes habían destruido hasta los cimientos) y aunque muchos locales estaban en esa misma época funcionando irregularmente bajo la protección personal de los que se rasgaban las vestiduras.
No ha habido remedios de fondo.

Hay ciertos mecanismos que la sociedad argentina no debería seguir intentando, porque puede atraer maleficios y perversiones de todo tipo: ocurre Cromañón y clausuramos todo; actúa un violador y se exige la pena de muerte; Blumberg no está de acuerdo con el fallo y sostiene que la justicia es una mierda; mueren cinco trabajadores textiles y descubrimos el trabajo servil; vuelca un micro y descubrimos que los doble piso son inseguros; se estrella otro, y nos sorprendemos porque nadie controla el alcohol en las rutas, o que éstas, aunque están privatizadas desde hace rato, ni siquiera tienen banquina.

Pero puede pasar que caigan justos por pecadores. Como por ejemplo si se clausuran ciertos clubes de barrio o pequeños locales culturales.

Si el descontrol se acabó, entonces no habrá más remedio que adecuarse a las normas. Para eso tiene que haber normas coherentes, y la gente debe acostumbrarse a cumplirlas.

Porque podría haber todo tipo de favoritismos, donde en lugar de exigencias, se pongan por delante las internas partidarias, o presiones de sectores económicos poderosos, o aparezca la famosa cometa.

No se puede exigir a un pequeño club de barrio que invierta lo que no invierten los grandes productores de espectáculos. Inversamente, los responsables de ese club de barrio o espacio cultural clausurado, quizás prematuramente, deben entender que, no importa el altruismo y los grandes objetivos que persigan, lo primero es la seguridad de los concurrentes.

Si eso no está asegurado, mejor dejarlo para otro momento, buscar un lugar más seguro o avisar previamente a bomberos y hospitales, por las dudas.

Eso es lo primero, y no la supervivencia del rock, teatro, tango, folklore o lo que fuera, expresiones de los humanos, que son los se deben proteger.

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