Con la política comercial del gobierno focalizada en la desaceleración de los precios, la atención del verano está puesta en el valor de la canasta básica que constituye los gastos corrientes de la familia argentina.
El Programa Precios Justos busca congelar los valores de la góndola fijando topes de aumento. En la primera etapa, los incrementos permitidos no podían superar el 4%, mientras que en su relanzamiento la pauta se redujo a 3,2%. También se extendió la duración de de marzo a junio y se ampliaron los productos que quedan incluídos dentro de Precios Justos.
A diferencia de las experiencias anteriores, la apuesta del ministerio de Economía radica en la implementación de un programa de alcance nacional con un esquema de negociación completamente distinto. Por un lado, parece haber logrado un acuerdo con comercializadoras de alimentos y empresas de insumos difundidos, sectores que no habían sido alcanzados antes. Por otra parte, la unificación de la secretaría de comercio exterior e interior a través del nuevo sistema de importaciones (SIRA) le permite tener mayor control en el reparto de dólares.
Sin embargo la ejecución del programa ofrece realidades dispares que merecen un análisis específico. En el caso Santa Fe, conforme a estimaciones locales, son 16 las empresas que cuentan con más de 50 supermercados incluidos en el convenio.
El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, analizó la situación de Precios Justos: “El nivel de funcionamiento es aceptable. Son más de 1800 productos los que comprende el acuerdo y, salvo algunas excepciones, en los controles que realizamos, se registró la presencia en góndola de todos los productos”.
Para el funcionario provincial las posibilidades de éxito de la política de comercio radican en fijar expectativas con los mayoristas y minoristas y las empresas de insumos difundidos: “El programa es superador al de Precios Cuidados porque le coloca una pauta de incrementos a los alimentos, el rubro más afectado por la inflación”.
A diferencia de los mecanismos de control implementados en el área metropolitana de Buenos Aires, Aviano detalló que en el territorio provincial el monitoreo corre por cuenta de “gente que trabaja en la secretaría junto a asociaciones de consumidores como el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento del Consumidor de Rosario (CESyAC)”.
Al igual que en Buenos Aires, en el territorio provincial se registraron situaciones de sobreprecio, falta de cartelería y stock, incluso en la ciudad de Santa Fe sólo siete de los supermercados de la lista tiene presencia. Este es un punto importante ya que en el cumplimiento de los acuerdos se juega la autoridad del ejecutivo para recomponer la gobernabilidad.
Ignacio Pandulo, miembro del CESyAC, una de las asociaciones civiles que colabora en el control, explicó el rol desempeñan: “Nosotros acompañamos a la autoridad de aplicación. Asistimos y representamos a los consumidores en dichas instancias. Si hay un inconveniente, lo denunciamos”.
Este aspecto del acuerdo deja entrever la descoordinación entre el gobierno nacional y las autoridades que lo replican en sus respectivas provincias. Aviano admitió que “todavía es un tema sin resolución ya que la provincia no tiene autorizado el protocolo de sanciones para actuar en la penalización de las irregularidades”.
A pesar de ello, tanto el secretario como desde el organismo de consumidores, coincidieron en que durante los meses que lleva en vigencia el programa, su funcionamiento está dentro de los canales previstos: “Hay buen cumplimiento de la norma. Hay buen stock de productos, no hay merma de mercadería”, agregaron desde CESyAC.
El mayor desafío para el oficialismo pasa por las medidas que asumirán ante el incumplimiento del programa. Si el ordenamiento fiscal y el equilibrio de las variables macroeconómicas no da resultados, la autoridad del ejecutivo y sus organismos tendrá serias dificultades para hacer respetar los acuerdos.
Puja distributiva
El incremento acelerado del costo de vida aventaja por varios cuerpos al salario promedio y si bien los últimos meses trajeron algo de alivio, el escenario continúa siendo extremadamente frágil para quienes viven de sus ingresos. El centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz Santa Fe (CESO) en su reporte de diciembre sobre la variación de precios en supermercados lanza números preocupantes.
Para el último mes del año, el índice arrojó una suba de 3,8% colocando la medición anual cerca de los tres dígitos, 97,70% La canasta básica alimentaria para una familia se incrementó en diciembre $3.700 respecto a noviembre. Un adulto necesitó $27.835 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas mientras que una familia promedio para no caer en la indigencia requirió $86.012.
María Celina Calore, Coordinadora de CESO, explicó que el relevamiento del organismo está dirigido centralmente a los productos que integran la canasta básica. “Los artículos que mayor variación tuvieron en supermercados estuvo vinculado a frutas y verduras, a bebidas sin alcohol, limpieza del hogar, perfumería”, detalló Calore.
De acuerdo a las estimaciones hechas por el organismo, en diciembre las frutas y verduras crecieron un 33%, un incremento sideral que varios analistas adjudicaron a una cuestión estacional. Pero también pueden registrarse sobreprecios en el rubro perfumería (4,5%) y bebidas sin alcohol (5,7%). A pesar de ello, desde CESO remarcaron que “en los últimos meses se observa una desaceleración importante debido al impacto de Precios Justos”.
En varios sentidos los datos resultan reveladores. Por un lado, si las subas se dan por encima del tope, el escenario de sobreprecio hace tambalear la política de comercio. Asimismo, la perdurabilidad de la suba recalentará las discusiones paritarias en curso, a pesar de haber incluido más artículos en el relanzamiento del programa y de haber bajado el límite de incrementos permitidos por mes.
El ritmo de aceleración en los precios de la góndola corre por delante de la actualización salarial. Al revisar los acuerdos paritarios en varios gremios, no todos los sectores pudieron empardar el incremento del costo de vida, una constante que abarca tanto al gobierno de Mauricio Macri como al de Alberto Fernández.
Según las mediciones del CESO, pocos sectores del empleo formal adquirieron una mejora al cierre del año. “Este es el caso de gastronómicos y hoteleros, empleados de comercio y trabajadores de la construcción”, detalló Calore. Por su parte, el empleo informal, una masa de trabajadores que alcanza casi el 37% de la fuerza laboral del país, “perdió entre 9 0 10 puntos del salario real”, completó.
Ante este escenario tanto el gobierno nacional como provincial están frente a una verdadera encrucijada. Si en el presupuesto trazado para el 2023 se proyectó una inflación del 60%, pero el acuerdo de precios no logra consolidar un sendero tendiente a bajar los precios, ministros y gobernadores se verán obligados a redoblar esfuerzos para evitar el desorden en los precios y construir una campaña electoral que pueda sortear el inestable equilibrio entre los ingresos familiares y el costo de vida.
