Luego del bochornoso traspié del derrotado y saliente jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Telerman para tratar de imponer un aumento de impuestos acordado con su sucesor, el empresario Mauricio Macri, el estado porteño está más débil que antes. En el medio, el “Berlusconi argentino” no dice palabra sobre las críticas al impuestazo y mientras tanto sus hombres buscan figuras que les resulten mediáticamente rentables, como es el caso de la posible incorporación al futuro gabinete de un juez federal y un fiscal que investigaron recientes hechos de corrupción. ¿Oportunismo? Eso no es oportunismo… eso es PRO.
Desde que Telerman tuvo la mala idea de subir los impuestos para tapar los agujeros que dejó para financiar su campaña electoral, las críticas que recibe, son un saludable panorama para entender los primeros obstáculos que está enfrentando el desembarco de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires. Lo más curioso, es que a pesar de la certeza de las críticas, los hombres de Macri no logran decir palabra y sólo balbucean explicaciones.
El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, aseguró que «no se puede hacer en 30 días» un «estudio pormenorizado de las propiedades» para actualizar la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
En ese sentido, dejó en claro que la comisión de Reforma Tributaria porteña, que y comenzó a debatir las distintas propuestas de modificaciones a la suba del ABL, decidió ampliar el plazo que se había fijado inicialmente de 30 días para tratar estos cambios en la tasa. «Lo que quedó claro es que no se puede en 30 días trabajar para abordar un nuevo revalúo del precio de los inmuebles y hacerlo pormenorizado, en esto coincidimos todos, y quedamos que la comisión no va a trabajar sobre ese plazo sino sobre un trabajo serio y se terminará cuando la seriedad del estudio así lo demande», sostuvo Diego Kravetz, titular del bloque de legisladores «K» en la ciudad. También comentó que hay «un compromiso político que tomó el jefe de gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Sergio Beros» de que no se aplicará el decreto pasados los 30 días.
En declaraciones a radio América, Kravetz, que también integra la comisión, sostuvo que aumentar o no el ABL «es una decisión política» y agregó que si se vota un incremento debería regir a partir de 2008 y en el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte el diputado nacional Claudio Lozano cuestionó que se intente aumentar el impuesto porteño al Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), porque «profundiza la inequidad del sistema tributario de la Ciudad de Buenos Aires que ya es el más injusto del país».
El incremento en el gravamen municipal fue dispuesto y luego suspendido por la administración porteña de Jorge Telerman, en medio de una airada reacción del gobierno nacional.
Lozano disparó que «el progresismo trucho de Telerman se encamina a terminar sus días en el gobierno limpiándole el terreno a Macri, para favorecer la política de orden y seguridad de la derecha».
El legislador de Buenos Aires Para Todos, que intenta renovar su mandato en la coalición que encabeza Fernando Pino Solanas como candidato a presidente de la Nación, dijo que «el sistema tributario de la ciudad más rica del país, es el más injusto en un marco de por sí muy injusto».
Lozano estimó que el 81 por ciento de la recaudación impositiva de la ciudad autónoma proviene de cargas al consumo y apenas el 19 por ciento de impuestos a la riqueza, cuando a nivel nacional se obtiene el 70 por ciento de gravámenes al consumo.
En estas circunstancias, el diputado porteño cree que «el revalúo de las propiedades era una tara ineludible a encarar, pero Telerman eligió un camino cuyo objetivo no es la equidad sino una mayor recaudación».
El legislador criticó que el aumento no se compense con una rebaja de impuestos al consumo o a la producción y advirtió que la subdivisión de la ciudad en zonas con alícuotas diferenciadas, «define que lo que intenta aplicarse es un aumento en el valor del suelo». También cuestionó Lozano que la medida haya sido dispuesta por decreto, ya que «debe ser la Legislatura quién disponga una modificación en los impuestos y no un plumazo inconstitucional».
Pero también habló el dirigente peronista porteño, Juan Carlos Dante Gullo, que calificó el proyecto de revalúo como «elitista y excluyente. El acuerdo Telerman-Macri por el impuestazo, desgraciadamente apunta a la ciudad elitista, privativa y excluyente que no queremos convalidar. Hay temas y problemáticas que por sus implicancias deben ser de incumbencia de todos», explicó Gullo, previo a decir que la acción que emprende no intenta «poner palos en la rueda a la culminación del Gobierno de la ciudad y muchos menos a la administración que comenzará el ingeniero (Mauricio) Macri».
Del desacierto impositivo al oportunismo mediático
Con la primera movida encallada en una discusión legislativa que cada vez desgasta más a un gobierno que aun no asume en la Ciudad de Buenos Aires, siguen apareciendo novedades que confirman que el partido de Macri no tiene más programa que la oportunidad y que, como si eso fuera poco, cuenta con muy pocos cuadros para hacerle frente a la gestión.
Así es que Guillermo Montenegro, el juez que investiga si la firma sueca Skanska pagó sobornos para adjudicarse obras de gasoductos en Argentina, analiza una propuesta para convertirse en ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmó el futuro jefe de Gabinete del municipio de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta, quien consideró que «sería un lujo» poder sumar al magistrado a la administración que asumirá el próximo 10 de diciembre.
El ofrecimiento se conoció semanas después de que el vicepresidente argentino y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, propuso al fiscal del caso Skanska, Carlos Stornelli, convertirse en ministro de Seguridad del distrito más poblado del país en caso de ganar los comicios del 28 de octubre. En abril pasado Stornelli pidió que se investigue por el escándalo de corrupción al ministro de Planificación, Julio De Vido, y acusó a más de una veintena de funcionarios de estar involucrados en las presuntas maniobras ilícitas con la compañía sueca.
El caso se inició a raíz de las investigaciones del magistrado penal tributario Javier López Biscayart sobre un millonario fraude impositivo cometido por decenas de firmas, entre ellas Skanska, por medio de facturas falsas de Infiniti Group, una empresa fantasma.
Se sospecha que empleados deshonestos de la filial de Skanska en Argentina utilizaban las facturas falsas con el objetivo de ocultar el pago de sobornos por parte de la compañía para que se adjudicara obras de gasoductos en este país.
La investigación sobre el pago de millonarios sobornos para que Skanska Argentina se adjudicase ampliaciones de gasoductos en el norte y el sur del país está a cargo del juez Montenegro, quien coordina su tarea con López Biscayart.
Mientras el propio magistrado ha confirmado que recibió la propuesta de Macri, Rodríguez Larreta advirtió que todavía «hay que seguir hablando» con Montenegro sobre su eventual incorporación a la administración municipal.
El diario local La Nación advirtió hoy que el caso Skanska «corre el riesgo de quedar acéfalo» y sostuvo que aun cuando «hubiera un inmediato» juez a cargo que sustituya a Montenegro, «lo cierto es que el análisis de la voluminosa causa le llevaría un tiempo prolongado».