Extorsiones, asesinatos, estafas, narcomenudeo: lejos de interrumpir las trayectorias ilegales, las cárceles argentinas aparecen en la crónica policial como lugares donde se traman algunas de las expresiones más violentas del delito. Las políticas punitivistas del gobierno nacional y de provincias como Santa Fe invocan esas presuntas organizaciones para justificar el endurecimiento de las condiciones de detención y los regímenes de alto perfil. Pero no todos los actores responsables tienen la misma visibilidad en la cartografía del delito que amparan las prisiones.
El suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, el 16 de diciembre, expuso una modalidad recurrente: las extorsiones realizadas a través de aplicaciones de citas y redes sociales en las que personas privadas de la libertad crean perfiles falsos para contactar a las víctimas. La maniobra fue adjudicada a dos presos del penal de Magdalena, con la complicidad de personas externas que tuvieron una función también común en estos casos, la de proveer cuentas donde recibir el dinero.
En abril, coincidieron dos investigaciones simultáneas en la provincia de Buenos Aires. En los penales de Sierra Chica y Merlo fue descubierta una banda integrada por varios presos que engañaba a mujeres y menores con falsas promesas de trabajo y a continuación las extorsionaba; en las unidades penitenciarias de González Catán y Lomas del Mirador surgió otra organización que creaba perfiles falsos de supuestas acompañantes sexuales y disponía de bases de datos privadas a través de la aplicación Telegram, información que utilizaron para exigir transferencias o entregas de dinero en efectivo.
Entre los detenidos por el último caso hubo una agente de la policía provincial y dos efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras otros dos están prófugos. En los anteriores no aparecen funcionarios involucrados, como si los presos hubieran logrado sostener una actividad dilatada en el tiempo, disponer de celulares y comunicarse con otras cárceles sin haber sido advertidos por ningún guardia.
Pese a la propaganda del gobierno de Maximiliano Pullaro sobre el control que ejerce, el narcomenudeo y las extorsiones en Santa Fe cuentan a la vez con la participación de presos provinciales. Entre otros casos, seis detenidos en la cárcel de Piñero fueron imputados en diciembre por liderar un grupo que manejó por teléfono la venta de drogas en barrios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez durante 2025. El ingreso de los celulares a la cárcel no fue materia de la investigación.
“Tenemos que interrogarnos sobre cómo se producen esas comunicaciones y esas participaciones. En el discurso de las autoridades políticas y penitenciarias parece que todo es fabricado exclusivamente por las personas privadas de su libertad. Las mismas investigaciones nos muestran la participación estatal que, por ejemplo, hace viable el mercado ilegal de las drogas”, afirma el profesor de Sociología y Criminología Máximo Sozzo.
La excepción que confirma la regla podría encontrarse en la investigación del fiscal Enrique Gavier que llevó a prisión a Juan María Bouvier y otros ex jefes del Servicio Penitenciario de Córdoba. Bouvier es considerado jefe y organizador de una asociación ilícita que entre 2015 y 2023 explotó una amplia gama de delitos en las cárceles cordobesas: zonas liberadas para la organización de estafas; zonas liberadas para ajustes de cuentas entre reclusos; tráfico de celulares; traslados, informes de conducta y certificados de estudios rigurosamente tarifados. Otra causa del fiscal Gavier derivó en la detención de autoridades de la cárcel de Villa María, cómplices de un callcenter tumbero desde donde presos y guardias operaban estafas; el 31 de julio, 25 de los 27 acusados recibieron condenas de prisión, entre ellos el ex director de la cárcel, Andrés Américo Aciar, como jefe de la asociación ilícita y partícipe en cuatro estafas.
“¿Cómo vamos a desactivar esas redes si no actuamos sobre la complicidad estatal? –se pregunta Sozzo, docente de la Universidad Nacional del Litoral y director del Programa de extensión Crimen y Sociedad-. El gobierno nacional y el de la provincia de Santa Fe creen que la adhesión de las fuerzas de seguridad pasa por decir que esas fuerzas no deben ser reformadasy por conectar con la cultura heredera de los regímenes dictatoriales. No problematizar la corrupción estatal y no hacer nada para enfrentarla es un mensaje para quienes están involucrados en los intercambios corruptos”.
Sozzo destaca la contradicción entre la representación de “organizaciones criminales extraordinariamente poderosas” y la idea de que la participación de los presos es determinante en los delitos. “El problema es en todo caso la existencia de esas organizaciones fuera de la prisión. Pero el peso está puesto en la comunicación desde la cárcel y eso elimina de la conversación pública cómo hacen esos grupos para llevar adelante sus actividades. Ahí hay otro problema fuertísimo en el diagnóstico”, dice el especialista, reciente autor de El castigo actual. Principales teorías y debates.
El enemigo conveniente
El delito carcelario no puede comprenderse tampoco al margen de la política penitenciaria del gobierno nacional. Con el cambio de autoridades el 10 de diciembre de 2023, el Servicio Penitenciario Federal pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 23 de enero de 2024, la entonces ministra Patricia Bullrich creó el “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el SPF”, lo que el gobernador Pullaro replicó en Santa Fe con la nueva ley de Ejecución Penal votada incluso con apoyo de la oposición.
Los regímenes de alto perfil imponen encierro de 23 horas diarias a personas señaladas como jefes de organizaciones criminales, sin contacto con otras; visitas quincenales de hasta dos familiares mayores y de una hora de duración, solo a través de un locutorio; comunicaciones telefónicas semanales de hasta 20 minutos. “Falta que lo pongan en un pozo”, dice el abogado de un preso en la cárcel de Marcos Paz, quizá sin pensar en las resonancias de la palabra pozo en la historia de la represión en Argentina.
“Quién es un preso de alto perfil tiene un nivel de vaguedad y de ambigüedad que hace que las cosas puedan ser manipuladas por las autoridades políticas y penitenciarias, además de que las decisiones son administrativas –dice Máximo Sozzo-. En Santa Fe muchas veces se le comunica a la persona en forma oral que se volvió un preso de alto perfil y se lo traslada a otro sector de la prisión: no hay un documento que explicite las razones, lo que le permitiría discutir los fundamentos y pedir una revisión judicial”.
El secreto sobre las resoluciones es otra característica de lasadministraciones penitenciarias. El SPF dejó de publicar los Boletines Públicos Normativos, “impidiendo su conocimiento y vulnerando estándares básicos en materia de transparencia, publicidad de las normas y posibilidad de control de los actos de gobierno”, dice la investigadora Marta Monclús Masó en un artículo sobre la deriva autoritaria en curso que publicó la revista Cuestiones criminales (https://cuestionescriminales.unq.edu.ar/index.php/revista/article/view/290/290). El Comité Nacional de Prevención de la Tortura denunció a su vez en su último informe los múltiples obstáculos del gobierno y el Poder Judicial de Tucumán que impiden la inspección de las cárceles de la provincia(https://cnpt.gob.ar/2022/wp-content/uploads/2026/06/Informe-Anual-CNPT-2025.pdf). La opacidad resulta funcional además para cubrir situaciones irregulares, como la fuga del sindicado narco Mauricio Laferrara de la cárcel de Villa Devoto.
La provincia de Santa Fe anuncia para este año la inauguración de El Infierno, una cárcel para presos de alto perfil; la de Córdoba tiene en construcción el Centro de Máxima Seguridad, para la misma población. “La prisión se volvió un elemento de la comunicación política –analiza Sozzo-. Hoy parece expresarse de un modo más abierto el efecto de degradación y sufrimiento que produce. Hay actores del mundo de la política que no quieren otra cosa de la prisión”.
Sozzo observa un panorama complejo: “Hoy tenemos una respuesta estatal difícil de desarmar, porque se legitima con un movimiento de pinzas que le atribuye el descenso del delito y desautoriza a quien la critica”. En ese escenario, la organización criminal “es el enemigo conveniente, un fantasma que justifica las decisiones”.