El concepto “falsas denuncias” ha estado pululando por los pasillos del Congreso de la Nación. Sobretodo con el dictamen que alcanzó el proyecto de ley de la senadora santafecina por el radicalismo Carolina Losada. Allí propone elevar las penas contra denuncias que contengan un supuesto contenido falso: pasarían del actual 2 meses a 1 año, a pasar de 1 a 3 años. Pero lo más llamativo es que toma como agravante si el contenido refiere a un crimen de género, familiar contra menores o abuso sexual: se elevan de 3 a 6 años de prisión. También: se aplicaría de 1 a 4 años para cualquiera que otorgue un testimonio que avale aquella denuncia, sea testigo o perito.
Afines del año pasado se publicó un informe titulado Relevamiento sobre el lobby de las “Falsas Denuncias”: la última frontera de la ultraderecha. Fue elaborado por cuatro medios de comunicación de distintas provincias: Enfant Terrible, Feminacida, La Nota y Periódicas. Todos integran la Red de Medios Digitales. Según este trabajo, existe una “tecnología de impunidad” basado en instalar “la idea de que las denuncias de violencia de género crecieron artificialmente”. Por ende, distintos sectores proponen cambios normativos que demanden mayor carga de la prueba, mediante la amplificación mediática de casos aislados con titulares sensacionalistas.
Se detectaron 44 actores que colaboran en los contenidos contra lo que ellos llaman la “ideología de género”. Cerca del 30% surgieron entre los años 2024 y 2025, y solo 2 son anteriores a 2015: “Los picos de surgimiento en 2020 y 2021 sugieren que coyunturas como la pandemia, la movilización de sectores de ultraderecha y debates legislativos actuaron como disparadores para su expansión”. La más utilizada dentro de sus campañas es la de desprestigiar a la denunciante, utilizando como marco el “sentido común” de que las “mujeres mienten”.
Celina de la Rosa es periodista de Tucumán, integra el portal La Nota y es una de las que elaboró este trabajo. Entrevistada por Zoom, cuenta el funcionamiento, a nivel federal, de esta ingeniería que permitió llegar hasta el Congreso de la Nación.
-Dentro de los 44 actores involucrados, ¿qué naturaleza jurídica tendría más peso: los estudio de abogados, las ONG’s…?
-En realidad, el informe no apunta únicamente a identificar los actores, sino a mostrar el entramado. Empezamos trabajando con un mapeo y ahí definimos los distintos mecanismos y argumentos que ellos repiten. En esta repetición, es que aparecieron los actores. Ese entramado se fue dando, paulatinamente, entre la unión de los abogados defensores y las organizaciones de familiares. Se fueron vinculando con sectores conservadores del poder que, históricamente, fueron en contra de los derechos adquiridos. Así encontraron representación en las legislaturas y en la justicia. Por eso aparece Losada tomando casos aislados y llevándolos a estas instancias del armado de proyectos de ley. O también en las provincias, como el legislador [José] Macome en Tucumán. Ellos no solo vienen a representar a sectores conservadores viejos, sino a ser actores nuevos que se suben a estas narrativas. Van tomando más dimensión y fuerza, porque son distintos mecanismos: cuando necesitan salir en los medios, toman fuerza las organizaciones de familiares o de personas denunciadas; cuando necesitan salir a dar discusiones a nivel jurídico, suelen salir los abogados; y cuando necesitan hacer una presentación pública y generar instancias de representación institucional, sacan a relucir los actores políticos.
-Cuando hablás de poder, ¿vos te referís a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial?
-Sí porque, hoy por hoy, en Tucumán la unión de ese lobby se está dando en los tres poderes. El gobierno provincial apoya a medios como El Tucumano para sostener estas narrativas. No es solamente a presentar casos diferentes, sino que hacen ataques específicos a causas específicas, como la denuncia a los jugadores de Vélez [Sárfield].
-¿Por eso en el informe señalan a Tucumán como el “núcleo de articulación de las narrativas”?
-Sí, pero Santa Fe también es un punto. Es la propia Losada quien genera este proyecto. Tengamos en cuenta que hace poco dejamos de tener de ministro de Justicia a [Mariano] Cúneo Libarona, quien era uno de los que encabezaba todo este lobby. Fue uno de los primeros que presentó este argumento de las falsas denuncias para hacerlo crecer y para ir en contra de distintos casos. Incluso de los que él participaba, como por ejemplo el caso de [el ex-gobernador tucumano José] Alperovich.
-¿Se podría pensar que la región centro-norte del país es donde se encuentra el núcleo duro geográfico que emergen estos discursos?
-Se lo puede ver con mayor claridad. Pero, por ejemplo, las organizaciones de abogados vienen trabajando fuertemente en la Capital Federal y en provincia de Buenos Aires. No nos olvidemos del caso Lucía Pérez o de cómo Clarín tomó esta agenda y puso en tapa sobre el supuesto arrepentimiento de chicos que habían denunciado a sus padres. Puede ser un epicentro, pero falta que estudiemos otras provincias para poder sacar esa conclusión.
-¿La cuarentena pudo haber ayudado en una mayor expansión de estas narrativas?
-Sí. En la pandemia, se generó una reacción que vino unida a todas las narrativas del gobierno de Milei. Se venían construyendo en las redes sociales, alrededor del odio hacia los feminismos, hacia el movimiento y lo que había conseguido, al descreimiento de las víctimas, e incluso al negacionismo de la propia pandemia. Podemos decir que ahí encontró un fuerte torrente que se daba a nivel virtual y que lo abonaron para que ahora haya una construcción más articulada de esos actores.
-¿Cómo ves el avance en el Congreso de la Nación sobre el proyecto?
-Nosotras empezamos esta investigación el año pasado, cuando ya estaban presentados dos proyectos, con una conformación distinta en el Senado y Diputados. Hay una avanzada a sus intenciones legislativas, como fue la Ley de Glaciares.
-Mencionaste los proyectos que avanzó el gobierno como la de los glaciares: ahí jugaron su rol los gobernadores a la hora de entablar diálogos con el gobierno.
-Yo creo que hay apuestas sobre cómo se posicionan los discursos de las falsas denuncias. Hay medios de comunicación que forman parte del lobby, que hacen lugar a los casos aislados y lo instalan como una problemática generalizada, y hay aquellos medios que no cuestionan, que llevan adelante la agenda, ponen los casos aislados y no determinan las diferencias entre sí. En política pasa lo mismo: hay actores duros y otros que acompañan o dejan pasar estas avanzadas. Los gobernadores van a estar un poco en esas disyuntivas y los senadores operarán de la misma manera.
-¿Por qué considerás importante el informe?
-Lo que dicen los datos es que hay mayor cantidad de casos no denunciados que denunciados, sean abusos sexuales como de violencia de género. Solamente el 17% de las víctimas de femicidio habían llegado a esa instancia. Además, hay una necesidad de poner mayor énfasis porque recortaron todas las políticas públicas que iban dirigidas tanto a prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres, al colectivo LGTB y a las niñeces. Hoy estamos en una situación totalmente desventajosa para poder discutir este disciplinamiento a las denunciantes y este amedrentamiento a aquellas personas que puedan y se animen a denunciar. Por eso es importante tener insumos como este informe para ir a discutir y llevar información directa a senadores y diputados de por qué no deben avanzar este tipo de normativas.