Introducción
La suspensión del ejercicio militar combinado “Daga Atlántica” previsto para el 6 de abril de 2026 es un acontecimiento que revela una serie de problemas de fondo de proyección nacional y global. La causa inmediata fue la reasignación de recursos militares estadounidenses al teatro de operaciones del Golfo Pérsico ante la escalada bélica con Irán. Pero la forma en que esa cancelación unilateral se produjo —una notificación del Pentágono sin margen de negociación para la contraparte argentina— es llamativa. Ilumina una asimetría estructural que trasciende la coyuntura, mostrando que la Argentina no gestiona su espacio vital de defensa, sino que participa de él como un actor subordinado, sin mucha atención por parte de la potencia dominante y en los términos que esta lo define.
Proponemos leer ese episodio a través de la geopolítica del poder marítimo, que explica la lógica de presencia y control en el Atlántico Sur; y de la geopolítica latinoamericana de Díaz Loza, que define la frontera geopolítica y el espacio vital como categorías analíticas de la soberanía real, en el marco del pensamiento estratégico que articula defensa nacional, industrialización e integración regional como sistema coherente.
1. El ejercicio: fuerzas, teatros y objetivos operacionales
El ejercicio “Daga Atlántica” era el más ambicioso en materia de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF) que se hubiera planificado entre Argentina y Estados Unidos en la historia reciente de su relación bilateral. Su diseño contemplaba dos teatros de operaciones diferenciados: una fase inicial en la provincia de Córdoba (con escenario de montaña media, selvas serranas y acceso a infraestructura aeroportuaria civil-militar) y una fase austral en Tierra del Fuego, sobre el canal de Beagle y el litoral atlántico fueguino. La combinación de ambos teatros no era casual: reflejaba una doctrina de “maniobra de largo alcance” en condiciones climáticas y geográficas extremas, aplicable a escenarios del Atlántico Sur y su proyección antártica. Long-range strike refiere a operaciones y capacidades militares de ataque a larga distancia, así como a entrenamiento físico avanzado.
El despliegue estadounidense era coordinado por el Comando Sur (SOUTHCOM) a través de su componente de operaciones especiales (SOCSOUTH). Las unidades previstas constituían un conjunto de élite raramente desplegado fuera de teatros de combate activos: Los Boinas Verdes del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, especialistas en guerra no convencional, entrenamiento de fuerzas aliadas y operaciones de acción directa. Los Navy SEALs, específicamente los SEAL Team 2 y SEAL Team 4 del Comando de Guerra Naval Especial (NSWC), que tenían asignado el segmento marítimo-austral: infiltración en costas, sabotaje de infraestructura crítica y recuperación de rehenes en ambientes fluviales y oceánicos. Los MARSOC (Marine Raiders) aportaban el componente anfibio de asalto, y el personal de AFSOC (Air Force Special Operations Command) garantizaba el apoyo aéreo táctico.
El componente aéreo era particularmente revelador de la complejidad operacional: estaba prevista la llegada de aeronaves AC-130J Ghostrider (cañoneros de ataque pesado) y helicópteros MH-60 Black Hawk para inserción de tropas. La presencia de plataformas AC-130J implica capacidad de fuego de precisión durante el asalto nocturno, lo que indica que al menos una fase del ejercicio contemplaba escenarios de acción directa de alta intensidad, no meramente humanitarios o de entrenamiento básico.
Argentina comprometía lo mejor de su capacidad de operaciones especiales en las tres fuerzas. El Ejército aportaba las Compañías de Comandos 601, 602 y 603, junto con la Compañía de Fuerzas Especiales 601: unidades con reconocida capacidad en operaciones en terrenos extremos, que constituyen el núcleo de la proyección terrestre en Tierra del Fuego y la Patagonia. La Armada participaba con la Agrupación de Buzos Tácticos (APBT), especializados en operaciones subacuáticas de combate, y la Agrupación de Comandos Anfibios (APCA), capacitada para asalto desde el mar sobre costas hostiles. La Fuerza Aérea integraba el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y el apoyo aéreo contemplaba el empleo de aeronaves C-130 Hércules de transporte estratégico y la participación de los recientemente incorporados F-16 MLU para cobertura del espacio aéreo durante las maniobras.
El ejercicio preveía la interoperabilidad directa entre los SEALs y los Buzos Tácticos en la zona de Puerto Belgrano y el litoral fueguino: el epicentro neurálgico de la defensa naval argentina en el Atlántico Sur, cerca del “martillo” del canal de Beagle y a 600 km del archipiélago de las Malvinas.
La cancelación llegó como notificación unilateral del Pentágono: los medios asignados serían redesplegados al teatro del Golfo Pérsico ante la escalada con Irán. En una primera instancia, Washington comunicó una postergación para junio de 2026; días después, la fecha quedó “abierta”, lo que en la práctica equivale a una suspensión por tiempo indeterminado. El gobierno argentino, que había expresado su voluntad y hecho un esfuerzo político para la realización del ejercicio, solo pudo escuchar la decisión sin capacidad de reacción.
2. El marco jurídico-político: la Ley 25.880 y la crisis institucional de 2026
El ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de fuerzas nacionales requieren autorización del Congreso de la Nación en virtud de una interpretación consolidada del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que otorga al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Ejecutivo para acciones militares que comprometan la soberanía territorial. Esta arquitectura institucional expresa una concepción específica de la soberanía: el Congreso como garante colectivo de que el territorio nacional no sea utilizado por fuerzas extranjeras sin consentimiento de la rama del gobierno que debería representar directamente a la población: el Parlamento.
La Ley 25.880, sancionada en 2004, reglamentó ese principio constitucional: establece que el Congreso debe aprobar, mediante ley especial, cada ejercicio que implique el ingreso de tropas extranjeras o la salida de fuerzas nacionales. Esta norma ha operado de manera contradictoria en la práctica: cuando hay consenso político, se aprueba el “Programa Anual de Ejercicios Combinados” como un paquete legislativo; cuando no lo hay, sea por conflictos de agenda, disputas facciosas o diferencias doctrinarias sobre política exterior, cada ejercicio pendiente queda bloqueado de facto.
Lo llamativo de “Daga Atlántica” en el plano jurídico es que, en este caso, el obstáculo no fue la Ley 25.880 ni la falta de consenso en el Congreso. El gobierno de Milei tenía voluntad política plena y no le importaba arriesgarse a pasar por arriba, con diversos subterfugios, la aprobación parlamentaria, sino que la suspensión vino de afuera. Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento en tema de defensa es “disfuncional”. El antecedente inmediato que desnuda esa disfunción es el Decreto de Necesidad y Urgencia 149/2026, firmado el 11 de marzo de 2026 para autorizar la participación argentina en el ejercicio “Cooperación XI” con Brasil. El Congreso no había tratado el Programa Anual de Ejercicios Combinados 2025-2026 y, ante la inminencia del ejercicio, el Ejecutivo optó por sortear el procedimiento constitucional mediante DNU.
Esta decisión abrió una crisis de legalidad de consecuencias aún abiertas. La doctrina constitucional mayoritaria excluye expresamente el movimiento de fuerzas armadas del ámbito de los DNU, cuya procedencia requiere circunstancias de urgencia que impidan el trámite ordinario. Diputados de la oposición presentaron proyectos de resolución denunciando la inconstitucionalidad de la medida. Pero una cosa son ejercicios con Brasil y otra la entrada de tropas de EE. UU. ante la común sobreactuación del presidente en la relación con el vecino del norte. La pregunta que el caso de “Daga Atlántica” deja planteada con mayor claridad es: si EE. UU. no hubiera tenido el problema de Irán, el ejercicio habría precipitado un “choque de trenes institucional” en Argentina (Ejecutivo por decreto, Legislativo rechazando), con las Fuerzas Armadas en situación de indefensión jurídica respecto de quién da la orden.
3. Implicancias militares y geopolíticas: el espacio vital argentino en juego
Alfred Thayer Mahan argumentaba que el poder marítimo es el factor determinante de la hegemonía: quien controla las rutas oceánicas controla el comercio y, con él, la política mundial. El Atlántico Sur es, en esa lógica, un espacio de alta valencia estratégica: articulación interoceánica a través del paso Drake y los estrechos, proximidad a la Antártida, control de líneas de comunicación marítima entre el hemisferio sur y los mercados del norte, acceso a las reservas de recursos de la plataforma continental argentina, articulación con Malvinas.
Spykman, desde su teoría del Rimland, ubicaba el Cono Sur en la periferia estratégica del hemisferio occidental: un espacio que, si se unificara bajo una política autónoma, podría desafiar la proyección norteamericana. De allí la preocupación que Spykman expresaba respecto del ABC (Argentina-Brasil-Chile): su eventual integración sería una amenaza a la hegemonía hemisférica de Washington. El ejercicio “Daga Atlántica”, desde esta lectura, no es simplemente un intercambio técnico-militar: es la materialización práctica de la doctrina de presencia permanente del Comando Sur en un espacio que la geopolítica estadounidense conceptualiza como parte clave de seguridad y que se potencia a partir de la reorientación de la defensa hacia el hemisferio occidental en el nuevo orden mundial en desarrollo. Si recuperamos el concepto de “frontera geopolítica” de Díaz Loza, la cual no es la línea del mapa sino el espacio donde se dirimen los intereses nacionales en tensión con los de otras potencias, el litoral atlántico fueguino y el sector antártico son, para Argentina, una frontera geopolítica de significado vital: la retracción de la presencia efectiva en ese espacio (sea por cesión territorial, debilidad demográfica, incapacidad económica, incapacidad de defensa o por dependencia operacional de una potencia extranjera) equivale a la “declinación, desintegración y dependencia permanente”.
El caso de “Daga Atlántica” pone en evidencia lo que podría llamarse la paradoja de la dependencia voluntaria. Algo que se puede pensar mediante las categorías de la teoría de la “autonomía” de Juan Carlos Puig, como una “dependencia paracentral” en la que el Estado acepta las directivas del centro de manera casi automática, no por obligación física, sino porque las élites locales creen que los intereses del país son idénticos a los de la potencia.
Argentina organiza su capacidad de defensa en función de estándares OTAN y ejercicios combinados con Estados Unidos, pero esa capacidad depende de la disponibilidad de la potencia aliada. Cuando esa potencia reorienta sus recursos hacia otro teatro de operaciones, Argentina queda sin el ejercicio de élite más importante de su calendario anual y sin capacidad de respuesta, pareciendo repetir “la paradoja de Galtieri”: vamos a Malvinas porque somos “socios” de EE. UU. y, en última instancia, no va a jugar en nuestra contra, pero el socio tiene otras orientaciones y aliados que poco tienen que ver con las necesidades y orientación geopolítica argentina… y juega en nuestra contra. Bueno, aquí no se llega a esa situación, pero es una advertencia a los “galtieristas”.
La opción unidireccional y sobreactuada por EE. UU. no solo deja a las FFAA atadas a un “aliado” poco confiable ante nuestros enemigos, sino que afecta cuestiones técnicas de entrenamiento. Según los especialistas, se agrega un problema doctrinal: las Fuerzas de Operaciones Especiales argentinas no habrán podido actualizar sus protocolos de acción conjunta con las unidades más avanzadas del mundo, precisamente en el teatro más sensible del espacio vital argentino (Tierra del Fuego, Atlántico Sur, Patagonia, pasos interoceánicos). Esta es la región donde se discute el principio bioceánico, la proyección antártica, el control de Malvinas y del Atlántico Sur.
Mahan señalaba que el poder naval requiere tres condiciones: posición geográfica estratégica, conformación física del territorio y extensión del litoral. Argentina dispone de las tres en el Atlántico Sur. Pero disponer de la geografía sin “poder marítimo” (industrias relacionadas con el mar, cultura naval) ni “poder naval” (una armada acorde) es lo mismo que nada. La capacidad operacional que apuesta el proyecto de Milei (si es que existe) en el esquema actual dependería en parte sustancial del Comando Sur. Y, desde el punto de vista de la historia, es una vulnerabilidad estructural que ningún decreto puede salvar.
4. La doctrina de la “nación en armas” y sus límites actuales
Perón había formulado en 1944 el principio que organiza el sistema: la defensa nacional es un problema que involucra a la totalidad del cuerpo social. Sin industria propia, no hay defensa; sin defensa, no hay diplomacia efectiva; sin diplomacia efectiva, no hay soberanía real. La industrialización pesada no era un programa sectorial, sino el componente material de la estrategia nacional. Y la integración regional —el proyecto ABC de 1953— era la ampliación del espacio económico y estratégico necesario para que ese programa tuviera viabilidad.
La idea es de un sistema circular en el que cada eslabón presupone a los demás: soberanía política → independencia económica → industria propia → mercado suficiente → integración regional → política exterior autónoma → capacidad de defensa. Los ejercicios “Daga Atlántica” son una prueba empírica de que ese sistema está roto en varios de sus eslabones: Argentina no tiene industria de defensa propia capaz de proporcionar las plataformas de élite que el ejercicio requería, no tiene política exterior autónoma en el Atlántico Sur (la presencia en ese espacio es gestionada en función de la agenda de Washington) y su capacidad de defensa en el teatro austral depende operacionalmente de alianzas que se subordinan a prioridades definidas en el Pentágono.
El análisis de la coyuntura de 2026 revela dos posiciones simétricamente insatisfactorias que recorren la historia de la política de defensa argentina. La primera es la de la dependencia alineada: articular la capacidad de defensa en función de los estándares y las prioridades de Estados Unidos, buscando interoperabilidad, pero resignando autonomía estratégica. Esta posición obtiene acceso a tecnología avanzada y cooperación de élite, pero a costa de la soberanía, aun en el ámbito estrictamente operacional: “Daga Atlántica” podía realizarse solo si el Pentágono no tenía otra prioridad más urgente en el mundo.
La segunda es la de la autonomía declarativa: reivindicar la soberanía en el discurso político y legislativo, pero sin construir las bases materiales (industria de defensa, integración regional, política exterior activa) que esa autonomía requiere para ser efectiva. La conquista de una “frontera geopolítica” exige atender objetivos como un planeamiento para la defensa de largo plazo y la acción de desarrollo económico propio. Sin ese planeamiento y sin ese desarrollo, la soberanía sobre el espacio vital austral es nominal.
Spykman observaba que la desunión del Cono Sur era una condición necesaria para la hegemonía hemisférica de Estados Unidos. Perón intentó romper esa condición con el proyecto del ABC: “La República Argentina sola no tiene unidad económica; Brasil solo no tiene tampoco unidad económica; Chile solo tampoco tiene unidad económica; pero estos tres países unidos conforman quizá en el momento actual la unidad económica más extraordinaria del mundo entero”. La política de defensa actual va en sentido opuesto no solo al de la integración regional, sino al desarrollo de potencia nacional autónoma y de una mínima capacidad operativa propia.
En el plano estrictamente militar, la suspensión tiene consecuencias concretas: las unidades de élite argentinas comprometidas en el ejercicio (Comandos 601, 602 y 603, Buzos Tácticos, GOE) han perdido el ciclo de entrenamiento combinado de mayor complejidad del año. La actualización de protocolos de interoperabilidad con los SEALs y los Boinas Verdes en el teatro austral era el objetivo operacional central del ejercicio, y su pérdida no es sustituible por maniobras domésticas.
La historia de los ejercicios combinados argentino-estadounidenses muestra que estos ciclos de entrenamiento de élite (CABABA/BABA en los años noventa, ÁGUILA en el dominio aéreo, UNITAS en el naval) han tenido continuidades y rupturas directamente relacionadas con la orientación de la política exterior. El kirchnerismo, con todas sus contradicciones y una tendencia a tomar la defensa como algo secundario, intentó una diversificación que incluyó la integración en UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano como alternativa institucional y el diálogo con otras potencias. El gobierno actual busca recuperar el alineamiento, pero, como “Daga Atlántica” demuestra, el alineamiento no garantiza en mínimos la reciprocidad operacional cuando los intereses de la potencia dominante están en otro lugar. Al no haber una estrategia nacional de ningún tipo, nada se puede sacar del acercamiento a EE. UU.
La “integración sometida” que se denunciaba en relación con la Alianza para el Progreso tiene su equivalente en el dominio de la defensa: una cooperación que actualiza estándares técnicos, pero refuerza dependencias estructurales, sin generar transferencia de tecnología, sin fortalecer la industria nacional de defensa y sin construir la reciprocidad que una relación entre soberanos requeriría. El ejercicio que no pudo hacerse es también el espejo del ejercicio que, si se hubiera hecho, habría profundizado esa asimetría.
Conclusiones
La suspensión de “Daga Atlántica” no es solo una anécdota de la agenda de defensa de 2026. Es un acontecimiento diagnóstico. Díaz Loza sostenía que “la historia enseña que, así como la pérdida de zonas de fronteras políticas señala el proceso declinatorio de un Estado, de la misma manera la retracción organizada de las fronteras geopolíticas marca la declinación”. En el caso argentino, la retracción no es solo territorial o de soberanía real en lo económico o logístico, sino capacitaria: se trata de la incapacidad de gestionar con autonomía el propio espacio vital en los mínimos detalles.
La respuesta a esa incapacidad no está ni en el alineamiento acrítico ni en la autonomía retórica, sino en la construcción paciente de las condiciones materiales de la soberanía real: industria de defensa propia, integración regional efectiva, política exterior activa en el Atlántico Sur y la Antártida, y planeamiento estratégico de largo plazo que no dependa del calendario de guerras ajenas. Siguiendo la propuesta analítica de Puig, podríamos pensar en una “autonomía heterodoxa” ante nuestra debilidad absoluta. Es la búsqueda de acumulación de poder, de alianzas, de bloques y tácticas para “desacoplarse” de las directivas del centro, especialmente en temas que son estratégicos e importantes para el desarrollo nacional: maximizar nuestro margen de decisión y desarrollo autónomo sin confrontar directamente con la potencia hegemónica. El “ejercicio que no fue” ilumina, por contraste, el ejercicio que debería ser: no la práctica combinada bajo doctrinas de una potencia con intereses ajenos e hipótesis de conflicto de dudoso interés para nosotros, sino el fortalecimiento de las capacidades propias y regionales en el teatro estratégico donde la geografía argentina define su identidad. El “arco y flecha” que Perón describía en 1944 tiene sus condiciones de necesidad en el Atlántico Sur, la Patagonia, las Malvinas, Tierra del Fuego y la proyección antártica. Ese es el espacio vital en disputa, y disputarlo requiere bastante más que ejercicios con fuerzas que tienen prioridades en otro hemisferio.