Por Ignacio Soto
La Argentina 2020 plantea desafíos e interrogantes imposibles de resolver en el plazo inmediato. Gobierno, empresarios y organizaciones sociales y políticas andan a ciegas intentando dar respuesta a una situación inédita en la historia local y global. Por supuesto estas respuestas son acordes a los propios intereses y motivos que mueven a cada sector.
Es agotador seguir gastando tinta en explicar el éxito sanitario de la respuesta del gobierno nacional, así como la -siempre insuficiente en un contexto como este- rápida respuesta para paliar los efectos económicos de la parálisis de la economía.
Cuidar el empleo y los salarios es fundamental en un contexto en el que no sabemos cuándo y de qué manera se volverá a producir y circular. Los efectos de la crisis económica son devastadores en todo el mundo y se expresan en despidos por millones en los países en los que el marco legal y la permisividad de los gobiernos habilitan que la siempre infinita ambición del capital descarte rápidamente la mano de obra que no necesita en este momento. Los números no mienten, más de 30 millones de nuevos desempleados en Estados Unidos marcan, también, el horizonte aspiracional de nuestra burguesía local, siempre dispuesta a imitar al centro capitalista cuando se trata de vulnerar derechos y maximizar la ganancia.
En nuestro país, la rápida respuesta del gobierno nacional generó un marco de contención que incluyó una extensísima batería de medidas entre las que destacan créditos para monotributistas e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se suma al ya amplio sistema de cobertura social (AUH, Tarjeta Alimentaria, sistema previsional). Por otro lado, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción garantiza una variedad de medidas de protección al sector privado, al punto de cubrir el 50% de los salarios de los trabajadores.
Esto se suma, a su vez, a los acuerdos que han firmado los sectores sindicales, avalando reducciones salariales de hasta el 25% para los trabajadores que no estén en actividad en este momento. Sumando esto al hecho de que no se han abierto paritarias, mayormente vencidas entre marzo y abril, y que no hay en el horizonte cercano un escenario donde la discusión salarial vuelva a escena, la pérdida para estos trabajadores es inmensa, considerando el último dato de inflación interanual del 45,6%. Mientras esto sucede, los empresarios argentinos parecerían tener garantizada su ganancia o, si somos generosos, la menor pérdida posible.
No debe haber en el país una empresa que no haya pedido asistencia estatal para afrontar el pago de impuestos y salarios. Entre ellas destacan, las grandes corporaciones que han sido no solo opositores a uno u otro proyecto político, sino grandes opositores a la democracia argentina, el Grupo Clarín y Techint, de Paolo Rocca. Quienes han dado incontables golpes a la estabilidad nacional mediante operaciones mediáticas, corridas cambiarias, evasión fiscal y un sinfín de demostraciones de creatividad a la hora de garantizarse la ganancia.
Desde ya, la prioridad es cuidar el empleo y garantizar salarios, pero ¿no estaremos siendo demasiado generosos con quienes han obtenido ganancias extraordinarias y posiciones monopólicas? ¿Cuál va a ser el aporte de los grandes capitales a la situación de emergencia que atravesamos?
Hace años desde los más diversos sectores, incluso el propio presidente, se reclama una reforma impositiva que garantice una estructura progresiva en la recaudación. Hoy, si miramos la foto del paquete de asistencia que diseño el ejecutivo, parecería más bien todo lo contrario. El IFE, pensando para los últimos de la pirámide, no alcanza con sus $10.000 a cubrir una canasta básica alimentaria, mientras para los asalariados formales, la asistencia escala hasta más del triple. En cuanto a la asistencia al mundo empresario, la escala es multimillonaria.
El estado argentino está asistiendo de manera impresionante a los mismos grupos empresarios que fugaron miles de millones de dólares en complicidad con el gobierno macrista, los nombres son los mismos de siempre: Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía, AGD, y siguen las firmas. Estamos rescatando su ganancia sin más contraprestación que un endeble e incumplido en gran medida acuerdo de no despedir. Tal vez la emergencia provocado por la pandemia nos ponga frente a un buen escenario para plantear nuevas formas de producir y comercializar, sobretodo los bienes esenciales, pero también tenemos la necesidad de plantear nuevas reglas de juego para los grandes capitales en este país. No podemos seguir alimentando una rueda que se sostiene con la asistencia estatal mientras condicionan nuestra ya bastante golpeada democracia y ajustan los ya pisoteados salarios de quienes tienen la suerte de tener un empleo formal, en una economía con 40% de precariedad laboral.
La situación, lo sabemos, es urgente y requiere respuestas a la altura. En la Ciudad de Buenos Aires, los contagios se disparan y se concentran en los sectores más vulnerados históricamente. Mientras el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta aparece como presionado entre un acuerdo con el ejecutivo nacional y los sectores más duros de la oposición, que serían capaces de mandar miles al cementerio con tal de esmerilar el altísimo grado de adhesión que tiene la figura del presidente, así como la aprobación de las medidas sanitarias. Esto no puede hacernos obviar que la situación en la capital del país es insólita por lo violenta que se presenta, mientras se peatonalizan calles para abrir comercios y se invita a la clase media a pasear a los parques con sus niñes, en las villas se cuentan de a miles los infectados y no hay respuesta estatal a la altura. ¿Vamos a mirar con indiferencia como el neoliberalismo encierra a nuestra gente a contagiarse y morir en las villas? ¿Qué repercusión tendrían los casi mil casos de la villa 31 si estuvieran concentrados en Palermo o Recoleta?
Por fuera de las villas la situación en toda la capital es la misma. Se multiplican comedores, ollas populares y merenderos para intentar dar respuesta a una situación inabarcable por fuera de la estructura estatal. El gobierno de la ciudad mira indiferente mientras las organizaciones territoriales, políticas, religiosas y culturales hacen malabares para juntar los alimentos que permitan paliar mínimamente la explosión del hambre en la ciudad más rica del país. Necesitamos de una gran unidad nacional para hacer frente a la pandemia y a la crisis económica que provoca, pero esa unidad no nos puede hacer mirar para el costado cuando en el distrito más rico del país se condena a la enfermedad y la muerte a los más postergados.
La salud y la enfermedad también se discuten en términos de clase en esta ciudad. La opción neoliberal porteña parece haber optado por encerrar a los pobres a morir, mientras el resto pueda ir a pasear de compras o jugar a la pelota en uno de los cementados parques porteños.
