“La soberanía no es un atributo que se posee de una vez para siempre; es una relación de fuerza que debe ejercerse cada día sobre las cosas y sobre los hombres. Quien no gobierna sus recursos, no gobierna su territorio”.
Michel Foucault[1]
Pocas causas concitan en la Argentina un arco de adhesión tan vasto como el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Esa convicción —que atraviesa generaciones, fracturas ideológicas y linajes partidarios— se ha vuelto una suerte de relato nacional incontestable, un lugar de confluencia en el que lo político y lo afectivo se pliegan en una misma intensidad. Nos sobran buenos motivos para ello.
En ocasión del partido que el seleccionado argentino de fútbol disputó contra Inglaterra en el Mundial que apenas si ha finalizado, aquella certeza volvió a escenificarse con la fuerza de un símbolo cuando los jugadores desplegaron la bandera que reivindica los derechos argentinos sobre el archipiélago. Millones sintieron, en ese gesto, la vibración de una pertenencia que no admite matices. Nadie lo reflejó como María José Bovi en esta revista.[2]
Sin embargo, esa euforia colectiva —legítima, aunque ¿algo superficial en su expresión mediática?— alberga una pregunta incómoda: ¿por qué somos capaces de movilizar semejante ímpetu patriótico en torno a una porción del territorio, mientras mostramos, al mismo tiempo, una despreocupación casi atónita por otros espacios donde la soberanía se juega, no en la retórica diplomática, sino en la carne cotidiana de la gestión?
La soberanía, conviene recordarlo, no se agota en el emblema ni en la nota de protesta ante foros internacionales. Es (necesita ser) la potencia efectiva de un cuerpo político para determinar el destino de sus bienes comunes, para trazar su propio horizonte de desarrollo sin que los designios externos —o la inercia interna— le dicten el rumbo. En esa clave, el reclamo malvinero debería abrir, por necesidad lógica, una conversación incómoda y postergada: la que se pregunta por el agua, los minerales críticos, los alimentos, la biodiversidad, las tierras fértiles y ese inmenso Atlántico Sur que es mucho más que una frontera: allí se juega buena parte de nuestro futuro. Porque un país puede esgrimir con firmeza su litigio territorial mientras, en silencio, va cediendo la potestad de decidir sobre aquello que, literalmente, hace posible su subsistencia. Los hechos recientes, lejos de ser anécdotas, invitan a esa reflexión con urgencia.
Un mapa, confesión de parte…
En mayo de este año, el gobierno nacional difundió un mapa concebido para exhibir indicadores económicos, que terminó suscitando una polémica tan reveladora como previsible.[3] La imagen omitía por completo la provincia de Tucumán, excluía las Islas Malvinas y acumulaba errores groseros en la representación cartográfica del país. Lo que pudo despacharse como un descuido técnico adquiere, sin embargo, un espesor simbólico inquietante: un Estado que tiene la obligación de representar su territorio —en el doble sentido de mostrarlo y de ser su garante— termina difundiendo una imagen que lo desfigura.
Y los mapas, bien lo sabía la tradición de la geografía crítica, nunca son inocentes ilustraciones. Son tecnologías de poder. Instituyen una cierta mirada sobre el espacio. Naturalizan inclusiones y exclusiones. Consagran memorias y, también, fabrican olvidos. Cuando esa representación pierde precisión o comienza a habituarse a la ausencia, se resquebraja la propia conciencia territorial que toda política pública debería esforzarse por cimentar. No se trata, pues, de un error de diseño: se trata de una expresión brutal del modo en que el Estado se piensa a sí mismo. ¿O prefiere dejar de pensarse?
El asunto adquiere una dimensión aún más grave cuando esa despreocupación (¿simbólica?) coincide con iniciativas legislativas que, lejos de ser neutrales, operan como una verdadera reingeniería de la soberanía. El debate en torno al proyecto de ley sobre la llamada “inviolabilidad de la propiedad privada” no ha hecho más que encender esa alarma, puesto que ponen en juego una transformación de fondo en el régimen de decisión sobre los bienes estratégicos de la nación, con el disfraz ridículo de una actualización normativa. Vayamos a los núcleos concretos de la crítica.
La tierra
El proyecto propone, en sus líneas más controvertidas, una ampliación sustancial de los supuestos que blindan la propiedad frente a cualquier intervención estatal. En la práctica, eso significa que extensas superficies rurales —muchas de ellas en manos de grandes capitales extranjeros o nacionales concentrados— quedarían sustraídas de la planificación territorial, de los límites a la extranjerización y, fundamentalmente, de cualquier política que priorice el interés productivo-comunitario por sobre la renta especulativa. ¿Que el nuestro es un temor paranoico? Ajá. En los últimos veinte años, la superficie en manos foráneas en Argentina ha crecido de manera exponencial, y este proyecto, de sancionarse, consolidaría jurídicamente esa tendencia, haciendo casi irreversible la pérdida de capacidad de decisión sobre el suelo que alimenta a la población.
El agua
El proyecto no menciona el agua de manera explícita, pero sus efectos se derraman sobre ella por omisión. Al blindar la propiedad privada contra cualquier tipo de expropiación, servidumbre o regulación que no esté estrictamente vinculada al “interés público” (definido de manera tan laxa que en los hechos queda librado al mercado), se debilitan los mecanismos de protección de cuencas, acuíferos y fuentes de agua potable. Empresas mineras o agroindustriales podrían, bajo el amparo de esa inviolabilidad, extraer o contaminar recursos hídricos sin que el Estado disponga de herramientas eficaces para intervenir. La paradoja es cruel: el agua, que es un bien común por definición, quedaría funcionalmente subordinada a los intereses de quien detenta la tierra que la cubre o la contiene. Ya Romina Ramírez, aquí mismo, nos había lanzado, al respecto, una dura advertencia.[4]
El subsuelo
El proyecto, además, se inscribe en una constelación normativa más amplia que incluye modificaciones al Código Minero y a la Ley de Hidrocarburos. Allí, la “inviolabilidad” opera como un escudo que desalienta cualquier revisión de concesiones o cualquier cláusula que supedite la explotación a condiciones ambientales o de reinversión en el país. Así, el litio, el cobre, el oro y los hidrocarburos del subsuelo argentino —recursos que en cualquier país con soberanía efectiva se consideran patrimonio público inalienable— quedarían, de hecho, a merced de los tiempos y las lógicas de las multinacionales.
De paso, decimos: el gobernador Jaldo protestó un poquito cuando lo del mapa. Pero no dijo ni pío sobre este proyecto. ¿Será que piensa que una cosa no tiene nada que ver con la otra?
Tomemos distancia de los maniqueos que hacen ruido en las redes cloacales atizando el fuego de un enfrentamiento entre defensores y detractores de la propiedad privada. La cuestión es más sutil y más radical: ¿hasta qué punto puede el Estado desentenderse de su función de custodia sin comprometer el interés colectivo? ¿En qué momento la desregulación se vuelve, en los hechos, una forma de abdicación de soberanía? Porque toda propiedad privada, incluso en las tradiciones liberales más clásicas, supone un conjunto de deberes sociales; no es un derecho absoluto ni se ejercita en el vacío. Cuando se pretende volverla inviolable, lo que se está erosionando es el principio de que los bienes fundamentales de una nación tienen una dimensión social que antecede y excede a cualquier título individual.
El caso del agua ofrece un prisma particularmente lúcido para mirar este dilema. Durante décadas, se asumió que provincias como Tucumán poseían un recurso prácticamente inagotable, un don natural que no exigía mayor cuidado. Hoy, esa percepción ingenua se desmorona ante la evidencia de la escasez relativa, la contaminación de acuíferos, la sobreexplotación y la fragmentación jurisdiccional en su gestión. El agua, así, deja de ser un dato inerte del paisaje para convertirse en un activo geopolítico cuya preservación idea de futuro que merezca ese nombre. El proyecto la desprotege y, al reforzar el blindaje de la propiedad, desarma cualquier intento de regulación que pueda chocar con intereses privados. Allí es donde la paradoja se vuelve trágica.
Las dos caras de una misma moneda soberana
Mientras la soberanía malvinera enciende pasiones patrióticas que recorren el arco futbolístico y mediático, la soberanía sobre los recursos que sostienen la vida diaria —el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, la energía que nos mueve, los minerales que necesitarán las generaciones venideras— permanece en una penumbra de indiferencia. El colonialismo, decía Aimé Césaire,[5] además del dominio de un territorio por otro es, también, la interiorización de la lógica del dominador hasta el punto de no advertir la propia entrega. Hoy, sin cañoneras ni gobernadores extranjeros, asistimos a otra forma de desposesión: aquella que se viste de libertad económica y se consuma en el silencio de los debates parlamentarios que apenas convocan a la opinión pública.
Defender la integridad del mapa exige defender lo que ese mapa encierra. No podemos dilapidar las bases materiales que dan sustento a esa comunidad política que la bandera simboliza. Jamás renunciaremos a nuestra soberanía sobre Malvinas. Mas no podemos ser indiferentes si, en el propio continente, se abre la puerta a que los recursos de 2,8 millones de kilómetros cuadrados queden sujetos a lógicas que el Estado ya no pueda demandar.
Quizá la lección más profunda que lega Malvinas sea, precisamente, esta: la soberanía no es un relicario que se honra ni una arenga que solo se proclama en los estadios. Es, en su raíz, una responsabilidad encarnada que se ejerce en la gestión cotidiana de lo común. Es la decisión sobre el destino de los bienes que nos han sido confiados para ser transmitidos. Y cuando un proyecto legislativo se propone hacer inviolable la propiedad privada, lo que está haciendo, en los hechos, es volver vulnerable el interés de todos/as. Esa responsabilidad comienza en la valentía de mirar el propio mapa sin omitir ni una sola de sus arrugas. Y también, tal vez, en la valentía de leer las letras chicas de los proyectos de ley con la misma pasión con que se agita una bandera.
[1] Foucault, Michel (2006): Seguridad, territorio, población, FCE, Buenos Aires.
[2] Bovi, M.J. (2026): “Fusiles y botines: una crónica sobre el amor y las pasiones”, Revista Zoom, 17 de julio. Disponible en: https://revistazoom.com.ar/fusiles-y-botines-una-cronica-sobre-el-amor-y-las-pasiones/
[3] El Destape (2026): «El insólito mapa sin Tucumán ni las Malvinas que compartió Milei», 24 de mayo. Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/economia/insolito-mapa-tucuman-malvinas-compartio-milei-2026524165046
[4] Ramírez, Romina (2026): «Nuestro hogar en peligro», Revista Zoom, 15 de mayo. Disponible en: https://revistazoom.com.ar/nuestro-hogar-en-peligro/
[5] Césaire, Aimé (2024): Discursos sobre el colonialismo, Mandala Ediciones, Madrid.