Rodrigo Codino*
La creación de un “Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos” que llevó el nombre “Madres de Plaza de Mayo” fue una gran conquista. Este tuvo como antecedente la Universidad Popular, que impulsaron las propias Madres en un contexto político adverso ya que en ese momento pocos podían imaginar que las leyes de impunidad -como las de obediencia debida y punto final- y los indultos, tuvieran el destino que merecían: ser anulados o ser declarados inconstitucionales; que quienes habían cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad empezarían a ser juzgados y condenados conforme a derecho y que la protección innegociable de los derechos humanos en la Argentina pasaría a ser política de Estado.
Argentina comenzó a ser un ejemplo mundial en esta materia y esta experiencia permitía ser plasmada en distintas carreras universitarias que desarrollas en sus actividades de enseñanza en el marco de pedagogías críticas y regionales (Derecho, Comunicación, Historia y Trabajo social).
La ley 26.995, que lo creó en 2014, fue un buen punto de partida para entender que la lucha por el derecho debía tener reconocimiento y que la experiencia de las Madres de la Plaza en la construcción de nuestra democracia tenía que contemplar -como principio sustancial- la formación académica integral en el marco de una defensa irrestricta de los derechos humanos.
Quizá su mayor defecto fue no haber concebido este ente universitario como Universidad Nacional. Este detalle no era menor pues podía suceder que un gobierno de otro signo político viniese, otra política de derechos humanos bien distinta flaqueara su nula autonomía y que la forma de gobierno universitario -que debe tener toda casa de altos estudios- no se pudiera concretar por falta de voluntad o de consensos políticos, cosa que finalmente terminó ocurriendo.
Por cierto, aun dotando al Instituto de estos instrumentos de gobierno, el estricto apego a la ley 26.995 impide la existencia de una verdadera autonomía universitaria pues sigue siendo una “unidad funcional” con “dependencia administrativa y económica-financiera”del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El decreto 50/19, modificado por el decreto 52/2020 del Poder Ejecutivo Nacional señala como ente público nacional al Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
Es de conocimiento público que se presentó un proyecto de ley en el Senado de la Nación para proteger con la Constitución Nacional la autonomía universitaria del Instituto, lo que es alentador, pues se transformaría en Universidad, esto es, en una única casa de altos estudios con estas características, un polo académico de prestigio mundial en la materia.
Pero mientras que el destino de esta transformación se encuentre en manos de los legisladores como representantes de la voluntad popular, el “Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo” sigue de pie y debe seguir funcionando con las herramientas que dispone, que no son pocas y que lo reconocen como ente público nacional.
Es indispensable, entonces, organizarlo adecuadamente alcanzando consensos con trabajadores -docentes y no docentes- y estudiantes para obtener un estatuto definitivo; dotarlo de una Asamblea Universitaria y de un Consejo Superior como formas de gobierno; insertarlo en la comunidad mediante acciones que tengan en cuenta que el saber teórico no está desprendido de la realidad social; tener una perspectiva de género acorde al movimiento feminista que sirve de guía y de impulso; vincular sus actividades con los movimientos sociales; convocar a personalidades académicas y de la cultura para participar en su renovación y para que se difundan sus actividades; obtener un presupuesto para su normal funcionamiento como ente público nacional; convertirlo en centro de referencia académica regional en sus distintas carreras; articular mecanismos de cooperación con otras universidades nacionales y extranjeras; fomentar publicaciones e investigaciones teniendo en cuenta que la experiencia argentina en defensa de los derechos humanos fue ejemplar.
Para todo ello, es esencial contar con el sostén de una política seria de derechos humanos como la que se impulsa con férrea convicción desde el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Secretaria de Derechos Humanos, con el apoyo inestimable de la Secretaría de Justicia para que la educación superior también llegue a quienes se encuentren en contexto de encierro y con el auxilio esencial del Ministerio de Educación en la supervisión de planes de estudio, ingresos, equivalencias, concursos docentes, organización académica y vinculación con otras universidades nacionales y extranjeras en un todo de acuerdo con la ley de Educación Superior.
Vale señalar que desde la llamada “intervención” en el año 2017, el Instituto Universitario Nacional de las Madres perdió totalmente la brújula.
Bajo la excusa de investigar irregularidades, tanto en el plano académico como en el presupuestario, se tomaron decisiones que afectaron seriamente sus recursos humanos y financieros. Una nueva mirada en materia de derechos humanos –por lo menos extraña, pues de derecho tenía poco y de humano menos- acompañada por una conducción verticalizada que funcionó sin consensos ni diálogo, se tradujo en despidos de enseñantes, inestabilidad laboral, falta de financiamiento en general, ausencia de una sede en condiciones de funcionar sin riesgos para la integridad de la salud de la comunidad universitaria, incumplimiento en los pagos de sueldos de docentes, es decir, una ausencia evidente de sensibilidad para advertir que sin el bienestar de trabajadores y estudiantes no se lograría ningún avance ya que estos conforman, en definitiva, la columna vertebral de la institución.
Tanto las manifestaciones públicas desafortunadas por parte de las autoridades como la política nacional deteriorada de los últimos años que hicieron alusión al “curro” de los derechos humanos como si estos se trataran de una “mercancía”, lograron que el Instituto Universitario perdiera el prestigio académico del que siempre debió gozar más allá de la forma jurídica en la que se lo encuadre y bajo cualquier gobierno de turno que lo tuviera a su cargo. No está de más recordar una vez más que los derechos humanos en Argentina son política de Estado y esto es, en suma, lo que no se negocia.
Con solo repasar algunas declaraciones en los medios de comunicación del último titular de la entidad como aquella de pretender desalojar a las Madres de Plaza de Mayo de su Casa, “por las buenas o por las malas” o, intentar acciones para hacerse de un archivo histórico que les pertenece únicamente a ellas, da cuenta finalmente que la brújula no sólo se había perdido, sino que la habían roto antes de usarla.
Con estos actos se dejó de lado uno de los objetivos específicos del Instituto que era aquel de contribuir a la preservación de la Memoria, de la conciencia histórica y la búsqueda de justicia como patrimonio cultural irrenunciable del pueblo argentino.
Cuando nos formamos en las ciencias jurídicas y sociales siempre se nos enseñala idea de luchar por el derecho. Pero el autor alemán, Rudolf von Ihering, quien desarrolló esta perspectiva en el siglo XIX -no nos olvidemos- no solo se detuvo en los derechos individuales sino también se refirió a los derechos colectivos.
Las Madres de Plaza de Mayo son el faro en la defensa de estos derechos humanos universales. Es por ello, que uno de los objetivos del Instituto fue, al momento de su creación, el de recuperar y vivificar la experiencia de las Madres y de los distintos sujetos sociales comprometidos con la justicia, la democracia, la lucha contra el olvido y la impunidad.
Luego de casi cinco años de existencia del Instituto Universitario deviene imprescindible recuperar la brújula y encabezar una transformación académica que trascienda los límites de nuestro país y alcance una proyección regional con el acompañamiento de todos sus actores (autoridades, docentes, no docentes y estudiantes): la reputación de las Madres de Plaza de Mayo en defensa de los derechos humanos tiene alcance mundial, esto garantiza que la tarea a desempeñar sea mucho más fácil.
Nos corresponde como nuevas autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos asumir el costo de los actos de quienes nos precedieron, pedir perdón institucional a las Madres por haber pretendido colocar bajo la órbita de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuestionado por todos los Organismos al unísono, el archivo histórico que les costó defender, incluso con la vida, para ubicarlo tal vez con suerte en algún rincón sombrío de alguna oficina pública.
Quizá una manera de reparar esta situación es requerirles a las Madres la permisión para proteger el acervo histórico que lograron mantener durante años de lucha, publicar los archivos en su integralidad con el fin de difundirlo y preservarlo para las generaciones futuras. Sus archivos, entre otros bienes culturales que alberga su Casa, no son más ni menos que un tesoro del patrimonio mundial, constituyen un testimonio irrepetible de mujeres contra la injusticia de la última dictadura y son documentos de referencia en la lucha por los derechos humanos regionales.
Nuestro profundo reconocimiento en este mes de abril a las primeras heroínas de estas Madres: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce del Bianco, a quienes aquel Estado genocida las privó del derecho humano a la vida por reclamar la aparición con vida de los desaparecidos y lo hizo de la manera másvil y atroz.
Desde este Instituto no olvidamos que fueron 30.000 los detenidos-desaparecidos y que están presentes -ahora y siempre- pero, si algunos pretenden engañarnos reconstruyendo el pasado y hacernos olvidar la historia trágica a los argentinos y a los latinoamericanos, sepan de antemano que están destinados al fracaso: los pueblos no renuncian a la Memoria.
