Contra los paradigmas de la revolución conservadora

Las sucesivas innovaciones de la revolución conservadora que cayó sobre los argentinos por ráfagas cada vez más intensas en las últimas décadas, cavaron huellas indelebles por donde se mire y con resultados catastróficos. Se pone así de manifiesto que la revalorización del Estado Nacional sigue siendo estratégica.

La originalidad de la gestión K radica en no caer en la tentación de buscarle la cuadratura al círculo, valiéndose de decisiones que, por ortodoxas y conservadoras, terminan siendo progresistas.

En ese sentido, aunque no se tocó al poder económico que saqueó el patrimonio público en los 90, el gobierno –desde su debilidad– le puso algunos límites a través de una tímida intervención estatal. Sin embargo, de la republiqueta asiática basada en la maquila for export que se avizoraba diez años atrás hasta esta reactivación del mercado interno, hay una salto enorme.

Pero se necesita tomar más distancia de esa derrota cultural.

La revitalización actual, basada en la gestión del tipo de cambio, abrió espontáneamente una discusión por la distribución de la renta que solo podrá clausurar alguna plaga restauradora. Que sería viable si amplios sectores de la sociedad –esos que tienden históricamente a identificarse con sus aspiraciones de ascenso antes que por sus propios intereses– se volcaran nuevamente hacia las recetas tradicionales. En otros términos, esos sectores medios parecieran dispuestos a pagar sus alimentos y combustible a precios internacionales mientras no se le impida confirmar su sueño de vivir de rentas en París, o seguir celebrando el placer de nutrirse de chirimbolos en los shoppings, como para no andar a contramano de los tiempos.

Quien reparte, comparte

Como se supone que nadie desea una solución del tipo Auschwitz, bombas neutrónicas o pandemias para las masas excluidas de todo, incluso de una vida humana, son los Estados los únicos que pueden asegurar que el ingreso no se distribuya según las leyes de la selva, por cuanto los mercados, dejando de lado toda la cháchara, se manejan con una lógica propia de la zoología.

Esto se ha dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo, porque sigue sin entenderse. Y resulta tan confuso todavía porque vivimos en épocas ambiguas marcadas por sociedades insensibilizadas, el deterioro de la acción política, la desarticulación del mundo productivo, culturas nacionales y soberanías jaqueadas, y un Estado desmantelado que, por decisión de las mayorías, debe dedicarse a tareas para las que no está preparado.

Rehacer el Estado de modo que sea coherente con una política nacional, es a la vez resultado de la voluntad de quienes acceden al gobierno y de las demandas de la sociedad, pero estas pueden no ser genuinas en cuanto no responden a sus intereses reales sino a construcciones culturales transmitidas por la globalización.

Lo público es la única garantía de toda democracia viable, si esa democracia supone una convivencia basada en la justicia y la igualdad, aunque estas estén limitadas o sean hipotéticas. Y es el Estado quien puede garantizarlo, incluso con esa condición eventual o mediata.

Las penas son de nosotros

En una nota anterior, planteábamos cómo el triunfo de la revolución conservadora significaba cristalizar en su estado actual el saqueo del patrimonio público nacional, y cómo, con sus nuevos paradigmas, seguía volcando su contenido sobre el discurso político, el rol del Estado, los posicionamientos sociales, los comportamientos culturales, y las propias convicciones de los políticos.

Así, por ejemplo, los pueblos tienen derecho a disponer de sus recursos naturales. Pero de eso no se habla, como si las privatizaciones fueran hechos que, por demasiado lejanos, son tan inmutables como los mandatos genéticos. Mas allá de las razones políticas que han llevado a mantener esa situación, el cambio, en este aspecto, no forma parte de las prioridades colectivas. La atención social, en gran parte conducida y moldeada por la creación mediática de lo real, se agota hoy en otros derechos: los personales y privados, los de las minorías culturales y sexuales, etc.

Cabe preguntarse si ese derecho público (el perteneciente o relativo a todo el pueblo) no está atacando uno de los núcleos duros del pensamiento único: su apropiación privada, enmascarada por distintas pantallas.

Esta paradoja se aprecia en ciertas miradas progresistas que parecieran alentar el cambio. Por ejemplo, la reivindicación de los derechos de las comunidades originarias. Se promociona que esos grupos tengan derecho a sus ancestrales religiones, comidas, vestimenta, arquitectura, modo de producción o creación artística, pero si su reclamo apunta también a la propiedad comunitaria de los recursos naturales, la mirada benévola del poder se acaba de golpe, y caen en calificaciones como Eje del Mal y Estado Terrorista.

Lo padecen Bolivia, Venezuela, Irak. Se ha probado el piadoso respaldo financiero, por parte de multinacionales, de pueblos originarios asentados sobre reservas de petróleo, con el objetivo de sacarlas del control nacional.

Sin desconocer el derecho a la identidad de lo originario, está por verse si, matizado por el derecho a la diversidad, esa reivindicación no contiene un costado étnico que habilita al peor racismo, poniendo en duda la propia naturaleza de lo ideológico dominante, dado que, mediante su actual ambigüedad, el poder produce y reproduce una gran capacidad mimética. Mucha celebración de la diversidad cultural, pero Europa se amuralla de xenofobia.

En lo energético, esta apropiación privada, convertida en paradigma universal no cuestionable, esconde que en Estados Unidos el modelo a seguir donde los BJ y Rockefeller son ejemplos de millonarios triunfantes, sólo un 15% de la renta petrolera se vincula al propietario de superficie, y el resto es controlado por el Estado norteamericano. Y como la oferta interna de crudo nacional no satisface la demanda, ese Estado promueve su saqueo en todo el planeta.

Eufemismos

Lo que se juega aquí son relaciones de poder, nacional e internacional, y no prejuicios convertidos en mística de la primacía de lo privado exitoso sobre lo público fracasado.

Si esto sucede con la energía, no por nada ha desaparecido del discurso político el paradigma de la igualdad, fundante de la Modernidad, licuado o enmascarado en la menos contundente equidad, que de Grecia pasó a la moral cristiana, a la Reforma protestante, y luego al common law anglosajón, y mas tarde fue retomado por el socialismo utópico de los empresarios benévolos de la Revolución Industrial británica (Owen) y por financistas precursores como JP Morgan.

Equidad (equity, en inglés) es la propensión a fallar por los dictados de la conciencia del magistrado en lugar de las prescripciones de la justicia, pero las consciencias individuales no son independientes de sus condiciones sociales e históricas. En esta mezcla de individualismo y poder universal, el pensador neoliberal John Rawls, sostuvo en 1993 que en la vigencia del modelo globalizado “no hay una ley pública uniforme que se aplique igualmente a todas las personas, sino una red de acuerdos privados que pueden diferir de cliente en cliente según los regateos que haya logrado hacer con la agencia dominante” (se refiere al Estado).

La validez universal del common law habilita la primacía de los tratados internacionales (de protección de inversiones, de nación más favorecida, de libre comercio, de arbitrajes) sobre las leyes internas y las Constituciones nacionales.

“Equity”, en inglés, también es término mercantil, el de las acciones ordinarias de una empresa.

No es casual la relación lingüística con la ideología dominante. Los flujos financieros, la timba, gobiernan la época. El trabajo es un costo de la producción, los alimentos son mercaderías (commodities), y que en China e India se coma todos los días se explica como una anomalía que distorsiona los mercados.

De estos eufemismos derivan otros, también muy populares en el discurso, como la responsabilidad social de la empresa que remediaría ciertos efectos no deseados. Mientras algunos lo entienden como el retorno de los empresarios benévolos y paternalistas que protegen a sus trabajadores y solo a ellos (acabando con la solidaridad sindical), sus defensores aceptan que se limita a ser un buen negocio porque permite deducir ganancias de la declaración impositiva mediante inversiones en promoción social.

Tampoco ha desaparecido la idea de derrame, ambigüedad central del modelo de los ‘90.

En su versión fundamentalista (Cavallo) un sector muy minoritario pero opulento, “derrama” el excedente que no consume o ahorra en el sector terciario, creando puestos de trabajo, informales es cierto, pero trabajo al fin. La lógica económica, entonces, es que los pobres reciben las sobras de los ricos.

Al cambiar el perfil de la pirámide de ingresos desde 2003, no solo los opulentos de siempre sino también los sectores medios altos derraman sus excedentes, multiplicando el trabajo poco calificado. Aunque se redujo la desocupación total, los altos índices de informalidad no bajaron significativamente a pesar de las campañas del Ministerio de Trabajo, con lo que el Estado debe organizar un auxilio masivo a los sectores más postergados (subsidios).

Y no son grandes empresas, por su mayor exposición, las que acuden a esta práctica, sino pequeñas y medianas que producen artículos de consumo para sectores medios altos mediante el poder idolátrico de las marcas (brand) sobre la calidad y necesidad intrínsecas del producto. En este sentido, la periódica aparición de talleres textiles con trabajo servil no es una excepción sino el caso extremo de una práctica habitual.

Otro paradigma posmoderno es el del desarrollo local, bienvenido por las mentes progresistas por su connotación en términos de beneficio para los habitantes concretos de una zona atrasada, quienes con él dejarían de depender de autoridades lejanas o indiferentes.

Primero se crea la necesidad y luego aparece el producto: generosos créditos del Banco Mundial, programas focalizados de ONGs ofrecidos al Estado, y buena cobertura educativa.

Sus resultados concretos difieren de los esperados: distintas producciones locales que, sin ninguna intervención o planificación del Estado Nacional, están conectadas directamente con multinacionales ubicadas fuera de nuestro territorio sin aportar al país innovación tecnológica, salarios adecuados ni valor agregado. Por caso, la producción citrícola de Tucumán acoplada a la Coca Cola en Estados Unidos, donde se fabrican los jarabes de su propiedad industrial, que luego se exportan a la Argentina para mezclarlos con agua y embotellarlos.

Se pone así de manifiesto que la revalorización del Estado Nacional sigue siendo estratégica para despegar de la revolución conservadora.

Deben profundizarse las políticas, pero también las convicciones de los funcionarios.