Luego de una larga espera, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acordó la inconstitucionalidad del indulto otorgado por Carlos Saúl Menem, lo que abre el procesamiento del ex ministro de Economía de la dictadura en tres causas judiciales.
El procesamiento y prisión preventiva de José Alfredo Martínez de Hoz por la causa Gutheim es otro eslabón del nuevo rumbo que ha adoptado la Argentina, decisivo si se quiere cuando más tarde o más temprano se deberá discutir una nueva ley de entidades financieras.
Martínez de Hoz fue el jefe civil del golpe de Estado de 1976. Su objetivo no fue tanto imponer una política económica liberal, y menos todavía dar un marco económico “previsible” a la represión de una violencia política que en 1976 estaba en decadencia, sino desmoronar un modelo de país y retrotraer a Argentina a antes de 1945. Retazos de ella se mantenían en pie a duras penas por la combinación de distintos factores que en esos momento se definían como “la patria”: contratista, sindical, etc. El Rodrigazo había anticipado lo que vendría, el desarrollo de una parábola trágica que terminaría en 2001.
Como Rivadavia para Sarmiento, Martínez de Hoz fue “el hombre que se adelantó a su época”, imponiendo el Consenso de Washington quince años antes de que éste se hubiera puesto en práctica en el mundo, una tarea que completaría Carlos Saúl Menem con aval electoral.
Del otro lado de la Cordillera había, con Augusto Pinochet, otros adelantados de lo que llegaría en los ’90: los economistas del grupo Mont Pelerin, que estaban probando sobre el pueblo chileno las bondades del libre mercado. Los jóvenes de América Latina no advirtieron entonces hasta dónde iba a llegar la reacción a los vientos revolucionarios a los que se entregaron de cuerpo y alma desde los primeros años ’60: como ya está harto comprobado, fue Henry Kissinger quien condujo a Pinochet al Palacio Quemado.
Aunque Martínez de Hoz anunció la privatización de todas las empresas públicas, las mantuvo a todas dentro del Estado. Reservó para el Ejército YPF, Somisa y los ferrocarriles; para la Marina las empresas de generación y distribución de energía, incluso las nucleares; y Aerolíneas y el Área Material Córdoba para la aeronáutica, entre otras. Todas, en virtual estado de quiebra, serían privatizadas en los ’90 a precio vil. Es decir, las hizo explotar desde adentro. En verdad, una privatización apresurada de los servicios públicos no hubiera sido bien vista por los propios sectores medios que apoyaban su tablita cambiaria y el deme dos.
Así, entregó YPF a su archienemigo Guillermo Suárez Mason, pero reservándose el otorgamiento de concesiones donde se amasaron fortunas como las de Macri, Eurnekian y Bulgheroni: YPF les pagaba cuatro y cinco veces los precios internacionales. La impunidad con que actuaba se aprecia en un detalle: el precio pagado por el Estado incluía, para el petróleo producido en Plaza Huincul, el costo del flete entre el puerto de Houston (Texas, USA) y Ensenada.
En 1976, unas 400 empresas tenían su paquete accionario en manos del Estado por préstamos garantizados que no habían pagado al Banco Nacional de Desarrollo, ex-Banco Industrial creado durante el primer peronismo. Una de ellas era la quesera Magnasco: Martínez de Hoz devolvió las acciones a sus “legítimos dueños” y la deuda impaga pasó a rentas generales del Estado que se financiaban con deuda externa. El titular de Magnasco era Hugo Luis Biolcati.
Otras desaparecieron, como el confiscado Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver. En el período 1976-1979 se verifica una lucha sangrienta entre Martínez de Hoz y Suárez Mason por apropiarse de sus bienes y cartera. Y otra, no menos cruenta, para desalojar a ciertos advenedizos del establishment bancario como los Truzzo, los Oddone y los dueños del Banco Los Andes. La apropiación de los bienes de los Graiver abre la investigación sobre cómo se alzó Clarín con Papel Prensa.
La tablita cambiaria de Martínez de Hoz preanunciaba la convertibilidad de Domingo Cavallo. Ofreciendo tasas altísimas, no alentó la inversión de capitales genuinos sino el juego de especuladores internacional, un crecimiento exponencial de la deuda externa, y la fuga masiva de capitales argentinos hacia el exterior.
Pero el ahora procesado no fue una suerte de Kissinger local, sino un integrante del poder tradicional que usó al Estado para enriquecerse. Directivo (junto con los Alermann, Guillermo W. Klein y los Soldati) del grupo Motor Columbus propietario de la Compañía Ítalo de Electricidad, logró que el Estado la estatizara. Se pagaron 400 millones de dólares por lo que no costaba más de 40 millones en edificios, escritorios y máquinas de hacer café. Los únicos bienes de capital de la Ítalo eran dos turbogeneradores (construidos en Inglaterra por una empresa que además era propietaria de Motor Columbus, con lo que no pueden descartarse sobreprecios) instalados en la Central Puerto. Sin embargo, la empresa no había puesto un peso en amortizarlos, aduciendo que las bajas tarifas se lo impedían. Los equipos eran pagados por el Estado a través del BANADE.
En otras palabras, el negocio de Martínez de Hoz, Alemann y Soldati, a través de la Ítalo, era eminentemente financiero, porque, no habiendo invertido un peso, recibían mensualmente una suma considerable de cash (la cuenta de la luz) que hacían jugar en la bicicleta.
En el curso de una oscura negociación donde menudearon los enfrentamientos entre los propietarios de la Ítalo, también funcionarios estatales, y la Marina, que quería morder una parte del botín, apareció sorpresivamente un funcionario de línea que se negó a firmar una resolución reconociendo el carácter extranjero de la empresa. Como ya se dijo, la Ítalo y Motor Columbus tenían poco y nada para reclamar.
El funcionario -Juan Carlos Casariego de Bel- fue secuestrado y asesinado con una modalidad habitual en la patota de Miguel Etchecolatz, el “Turco Julián” (Julio Simón) y otros, que incluía pedido de rescate. Fue el abogado Guillermo Walter Klein (socio de Mariano Grondona en un estudio jurídico) el que convocó a Casariego de Bel a su domicilio para que el grupo de tareas lo levantara.
En 2008, María Casariego, querellante en la causa por la desaparición de su padre a cargo del juez Norberto Oyarbide, recibió en la Feria del Libro (Sociedad Rural) un premio por su trayectoria profesional como psicoterapeuta.
El acto se realizó en el pabellón Martínez de Hoz.
*Autor del blog Cómo será lo que será
