El caso de la docente rural asesinada Nanci Godoy
Otra vez el feudo de Corrientes bajo la lupa ante la desaparición y el asesinato de la educadora Nanci Estela Godoy, quien después de veintiún días de desaparecida apareció el pasado miércoles 28 de octubre, asesinada en medio de pantanos a unos cuantos kilómetros de la escuela donde decidió hacer Patria. La misma docente que en los primeros días de agosto se hizo cargo de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal en el departamento de Esquina, ubicada dentro de la estancia “El Curupí”, escuela que se encontraba en total estado de abandono, como tantos establecimientos educativos en la provincia que continúa comandando el radical Valdés, que no es justamente el actual gobernador Juan Pablo, sino su hermano el senador Gustavo.
Nanci Godoy, una mujer de 52 años de edad de profesión docente que dispuso asumir la responsabilidad de ejercer el noble oficio de educar en el interior profundo de una provincia enteramente corrompida y, que tuvo que pagar el precio de su determinación con su propia vida.
El 7 de octubre consta la última comunicación de Nanci con sus hijos, desde ese día no se supo más de ella y, mientras iban transcurriendo las primeras horas y los primeros días desde su desaparición, primero tibiamente algunos de sus colegas; algunos de los sindicatos docentes; algunos medios de comunicación y; algunos muy pocos comunicadores, comenzaban a dar cuenta de que en Corrientes otra vez había una persona desaparecida, en esta oportunidad una maestra rural, personal único de una escuela inhóspita de algún rincón de la provincia litoraleña. Mientras tanto el gobierno provincial no solo no demostraba ningún interés ni preocupación en el hecho, sino que reforzaba la promoción del próximo festival del chamamé y de los corsos del verano del año que viene de la mano y de la imagen de su popular funcionaria del área de cultura. Todo esto además con cientos y cientos de familias ribereñas evacuadas por las consecuencias de las crecientes tanto en localidades del interior como así también de la capital.
La desaparición y el asesinato de la docente rural desnudan, una vez más, el estado de desidia en el que se encuentra la educación, como así también otros derechos básicos que debieran estar garantizados para la comunidad como ser salud y seguridad, eso sin hablar de empleo y vivienda, en una provincia del norte gobernada hace más de un cuarto siglo de continuo por un gobierno de nombres propios pertenecientes a la Unión Cívica Radical, primeramente los primos Ricardo y Arturo Colombi y más luego los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés. Hay que enfatizar la situación en la que encontró al establecimiento Nanci cuando a comienzos de agosto último se hizo cargo de la Escuela Rural N° 626 tras la solicitud de licencia médica del director anterior, Norberto Gamarra. Una escuela sin agua potable; sin baños en condiciones; sin mobiliarios y sin clases desde hacía por lo menos dos años, entre tantas otras irregularidades.
Lo paradójico de todo esto es que aun en el estado de abandono en que se encontraba la escuela, figuraba en el Ministerio de Educación de la provincia como un establecimiento normalmente activo y continuaba recibiendo fondos desde las arcas provinciales, lo que desnuda otra arista que deja en evidencia este aberrante crimen y, por lo que deberán o deberían dar cuenta – uno cree al menos – tanto el anterior director, Norberto Gamarra; la ministra de educación provincial, Ana Mino; la supervisora escolar, Edith Sánchez; la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, entre otros. Porque en este aspecto lo que hay que determinar es quién o quiénes estuvieron apropiándose de esos fondos, ¿acaso el anterior director Gamarra que por lo visto no pisaba la escuela desde hace ya unos cuantos años atrás?, ¿o es que hay asociaciones ilícitas dentro del propio Estado provincial, en este caso dentro de la cartera educativa, que “dibujan” escuelas y funcionamiento supuestamente normal para hacerse de jugosas partidas?, ¿fue la decisión de la maestra de reabrir la escuela, ponerla en funcionamiento y, denunciar ante el Estado provincial y públicamente como la encontró lo que la puso en peligro y terminó arrebatándole su vida?, son algunos de los interrogantes que la justicia ordinaria debiera dilucidar…si el poder político imperante se lo permite. Por lógicos motivos bien vale mencionar los nombres propios que intervienen en este terrible suceso, todos ellos parte del Poder Judicial provincial: fiscales María Andrea González y Javier Gustavo Mosquera; juez de garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos.
A todo esto, hay que sumarle qué papel juegan o jugaron los dueños de la estancia El Curupí tanto en la estafa de una escuela que recibía fondos para infraestructura; sostenimiento y; comedor, pero que no funcionaba, teniendo en cuenta que el establecimiento se ubica dentro de la finca y, que además se presupone serían mayormente hijos e hijas de la peonada de dicha estancia los que debieran ser escolarizados en la 626. Pero también debieran dar cuenta los latifundistas sobre el trágico final de la docente teniendo en cuenta que la cara visible hasta ahora de El Curupí es Lourdes Winkler, quien según se sabe trasladaba en su propio vehículo a Nanci hasta la entrada de la estancia y desde allí en más la maestra debía recorrer otros cuantos kilómetros a caballo por caminos sinuosos hasta por fin poder llegar al establecimiento en cuestión.
Detenidos y acusados
Hasta el momento son cinco los detenidos con prisión preventiva por el violento y cruento asesinato a la maestra: Ireneo Felipe Zarza (capataz) el principal acusado por la fiscalía; Felipe Dionisio Sandoval (capataz) y; Sergio Nahuel Rojas (peón y pareja de Rosa Leguizamón) imputados como los coautores de femicidio. Rosa Leguizamón (baqueana del lugar) a quien imputan como coautora simple del homicidio y, Ernesto Ezequiel Bordón (peón) acusado de falso testimonio. Teniendo en cuenta los detalles y características escalofriantes que van conociéndose sobre cómo se cometió el asesinato habría que considerar la posibilidad de que no solo se tratase de un crimen para encubrir un abuso sexual, sino que además podríamos estar frente a un asesinato por encargo o sea ante la posibilidad de que existan autores intelectuales responsables de haber encomendado tan aberrante hecho, y si así fuera ¿Quiénes son y por qué?
Solo a modo de informar, graficar y, sin ninguna pretensión de entrar en detalles morbosos cumplimos en citar al decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, quien manifestó “Cuesta recordar algo parecido a esto” enfatizando en que la docente sufrió una muerte extremadamente violenta con múltiples heridas punzocortantes, algunas de las heridas infligidas cuando aún se encontraba viva como a modo de tortura y, acaso lo más perverso, las mutilaciones de su cadáver.
Mencionamos lo anterior ya que los propios hijos de la víctima denuncian públicamente que tanto el gobierno provincial y la justicia local se comportaron muy mal desde el inicio de la desaparición de su madre, que los dejaron solos y que no confían en dichas instituciones ni en sus responsables. Y además porque en la provincia desde un comienzo del caso, cuando se comenzó a instalar más fuertemente en la comunidad la denuncia y el pedido de aparición de la trabajadora de la educación, se adjudicó el hecho a distintas teorías e hipótesis que por ahora restan dilucidar. En primer lugar, que la docente habría sufrido tamaño ensañamiento por haber denunciado y dejado expuesto el negociado de los fondos para escuelas que no funcionan. Otra de las teorías reza sobre que la docente pudo haber visto y comentado que denunciaría el sobrevuelo de avionetas en los alrededores a la escuela, hecho obviamente relacionado al delito federal del narcotráfico y que cada vez se acentúa mucho más en esta provincia. Y por último la hipótesis de que la docente haya sido víctima de cazadores furtivos ya que se denuncia cada vez con más fuerza que en la estancia “El Curupí” funcionaría un coto de caza ilegal.
Sinceramente cuesta mucho creer que la justicia local vaya a hacer justicia y se sepa verdaderamente quiénes son todos los responsables de tan cruel y violento homicidio contra una trabajadora y por qué. Sobre todo, cuando se advierte en la provincia un cierto apuro por parte del poder y, ansiedades muy evidentes en sus medios y comunicadores muy ligados al gobierno económica y políticamente, para que el caso se resuma y se cierre prontamente en un femicidio consecuencia de un ataque sexual. No queda muy en claro el porqué de tanta urgencia y simplicidad en la resolución del caso y los motivos, más teniendo en cuenta si vemos los nombres y apellidos de algunos de los abogados que representan a los acusados y detenidos. Por caso el defensor de Bordón el abogado Norberto Codazzi presuntamente de honorarios elevados como para que un simple peón de estancia pueda costearlo, entonces, ¿quién paga a tan costosos defensores y por qué? Son otros de los tantos interrogantes alrededor de este luctuoso hecho.
Dicho sea de paso, en la provincia ya se ha instaurado una afirmación popular que afirma que cada vez que hay alguien desaparecido aparece algún Codazzi, recordando que en el caso del secuestro y desaparición de Loan Peña estuvo involucrado el hermano de Norberto, José Fernández Codazzi quien junto a la popular y poco querida “Tía Laudelina”; el senador oficialista Diego Pellegrini; Agustín Ybarra; el fiscal general de la provincia César Sotelo y, el fiscal Gustavo Robineau, entre otros, fueron los responsables de elucubrar el falso testimonio de que Loan Peña habría sido víctima de un accidente vehicular aquel 13 de junio del 2024 reduciendo todo así a un simple accidente y que por obviedad la causa debería ser devuelta por la justicia federal a la justicia ordinaria. Recordarán ustedes, maniobra de testimonio falso que fue avalada y comunicada por el entonces gobernador Gustavo Valdés a través de sus redes y, que lo dejara muy expuesto y criticado.
En fin, en la provincia y su pueblo ya no quedan esperanzas de que algún día pudiera saberse qué fue lo que pasó con Loan Peña; qué le hicieron; quiénes y por qué, más allá de que se esté llevando adelante el juicio por el hecho, esperemos que el asesinato de la docente rural Nanci Estela Godoy no corra con la misma suerte en el feudo de Corrientes donde reina la mansedumbre y el temor.