Las palabras de la presidente Cristina Fernández, que llevan sobre sí todo el peso del drama nacional, debieran caer como martillazos sobre cierta dirigencia que no acierta a defender los logros del gobierno. Aunque otros aspectos de la realidad se empeñan en ocultarlo, Argentina mantiene paritarias, derogó normas de flexibilización laboral y sostiene un Consejo del Salario en un mundo donde los despidos masivos y el cierre de industrias están a la orden del día.
Aunque otros aspectos de la realidad se empeñan en ocultarlo, en Argentina funcionan las paritarias, se derogaron varias normas de flexibilización laboral, se recuperaron los fondos previsionales y se sostiene el Consejo del Salario.
Hay más administración del miedo (caos en el segundo semestre) que signos de derrumbe. Eso sucede en un mundo donde los despidos masivos, el cierre de industrias y las reducciones salariales están a la orden del día. Estados Unidos está perdiendo entre 500.000 y un millón de puestos de trabajo mensuales. En Argentina, en cambio, se discuten aumentos salariales. Además, se avanza hacia la firma de un acuerdo social que se retrasará, pero llegará porque forma parte de las líneas estratégicas de este modelo.
Cómo termina la película
Es la nuestra una rareza con claros y oscuros, porque se mantiene una fuerte inequidad, y un 40% de la masa laboral no goza de la protección de las leyes y apenas araña la canasta básica, pero el Estado recuperó herramientas imprescindibles para poder actuar sobre la estructura productiva generando trabajo en lugar de liquidarlo.
La crisis financiera norteamericana que está carcomiendo el comercio internacional, impone un nuevo contexto para las discusiones sobre la distribución de la riqueza. Este marco no es algo que pueda ser cambiado a voluntad por nuestras fantasías, pero puede servir como argumento para retroceder, ya que los impulsores del mercado libre sin presencia estatal se sostienen en el poder económico, mediático y también político. La amenaza de despidos en el rubro automotriz es uno de los primeros escarceos en esa actitud. Ahora, todos quieren un Estado salvador. El cierre de la alemana Malhe, sin embargo, fue resuelto con una suerte de política de remediación: la ministra Giorgi encontró un empresario autopartista dispuesto a hacerse cargo de la fábrica. La prioridad es no cerrar fuentes de trabajo.
La reducción del intercambio entre países y bloques económicos reduce las ganancias empresarias, frena las expectativas de inversión, reduce los puestos de trabajo y comprime el salario. Pero esta es una verdad a medias si está exclusivamente supeditada a las decisiones empresarias en el libre juego de la oferta y la demanda.
Aparece aquí el actor público, un Estado intervencionista que administra la circulación de los flujos económicos para reducir el impacto de la crisis. La cuestión es si al final del ciclo recesivo, el reparto de la riqueza es más justo, se mantiene en los mismos niveles o si por el contrario, se han acentuado las distancias.
No es un actor privado el que puede hacer esta tarea porque naturalmente tenderá a defender ese interés sectorial.
Los empresarios vuelven sobre sus pasos
Si fuera por las actuales autoridades de la UIA, el nivel del dólar estaría determinado por la satisfacción de la ganancia del exportador (casi siempre, un complejo industrial globalizado, como el automotriz) y no por el mercado interno, al que le estaría prohibido el acceso a un número creciente de bienes. Esto significaría una inmediata transferencia regresiva de ingresos. Y más claro todavía: como declaró recientemente Cristiano Ratazzi (Fiat Auto), es más barato importar bulones que producirlos localmente, es decir, las estamperías deberían cerrar, y luego de ellas, toda la cadena productiva.
La opinión de ese empresario, solícito participante de los saraos organizados por el virrey riojano, no es la de una mosca en la leche. El actual titular de la UIA cree lo mismo, pero lo oculta para no remover el avispero antes de tiempo.
La anterior conducción estaba más cerca de la política del gobierno oficial y tenía otra actitud respecto de los sindicatos. Por lo tanto, es probable que el cambio retrase la consolidación de un acuerdo, pacto o concertación social.
El ejemplo de Massuh
En nota anterior dábamos cuenta del estado de la papelera Massuh. La ANSES se hará cargo del 100% de su paquete accionario. No es el paradigma de los salvatajes bancarios en Estados Unidos, porque se opera sobre la actividad productiva. No faltarán quienes digan que el gobierno sale a salvar empresarios quebrados: esa visión no resiste el menor análisis.
Massuh se expandió durante la dictadura militar, participó en las privatizaciones del menemismo haciéndose de una usina eléctrica (Dock Sud) que luego revendió a una multinacional con una rápida ganancia sin riesgo y con bienes públicos, y más tarde alegaría pérdidas para iniciar su vaciamiento y entregar parte de su paquete accionario a un oscuro fondo financiero con sede en Luxemburgo.
Parte de su producción se abastece con 500 hectáreas de propiedad pública del parque Pereyra Iraola que le cediera el entonces gobernador Antonio Cafiero. Su dueño, Héctor Massuh, lideró el sector más neoliberal de la UIA y está asociado, mediante Alto Paraná, con Ramón Puerta y el seudoperonismo/pro.
Su primo, Víctor Massuh, fue el “pensador” de la papelera y de su familia propietaria, de origen tucumano. Como Jaime Barylko y Mariano Grondona, Massuh filosofaría sobre la naturaleza del poder militar, del autoritarismo como necesidad, de la libertad empresaria y de la perfección del gobierno de las minorías. Frecuentemente entrevistado por Bernardo Neustadt, sus libros impresos en papel obra con la marca de agua de la familia y editados por Emecé, fueron los best seller de esa época que comenzó en 1976 y se hundió en 2001.
Esa prédica perversa sobre la institución del pensamiento influyó y sigue influyendo sobre empresarios, intelectuales, políticos y los llamados formadores de opinión, con lo que se percibe que, en gran medida, esta batalla política es una batalla cultural.
Esa contienda será visible en las próximas elecciones, no solo por el comportamiento del electorado (los asesores de campaña del Pro instaron a sus candidatos a no verbalizar más de 5 generalidades en 60 segundos) sino por el actual estado de la actividad política partidaria. La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo elocuente de capitulación de lo político.
Todo ese libertarismo empresario sirvió no solo para que Massuh se quedara con parte del patrimonio energético nacional: hoy en día, el Estado paga los salarios de sus trabajadores a través de un plan de ministerio de Trabajo.
La política no es en blanco y negro
Entretanto, han llegado a su techo algunos aspectos de la política económica, y eso tendrá su costo en cuanto a cómo se posicionan los grupos económicos respecto del poder político. El control de precios es uno; los índices del INDEC, cuya verosimilitud (y no credibilidad) es un bien público, otro.
Fue atendiendo a esa credibilidad que el año pasado había trascendido la posibilidad de que un “famoso” se hiciera cargo del organismo para sacarlo del ojo de los medios. Adrián Paenza, conocido por vulgarizar las ciencias matemáticas, daba el perfil perfecto. Con la misma lógica, Sofovich podría conducir el canal 7.
No es comprensible que no se tomen en cuenta las serias y fundadas propuestas de los economistas del Plan Fénix sobre la optimización del INDEC, cuando su mentor preside Enarsa y ha sido nombrado por el gobierno como director de una siderúrgica deudora de la ANSES.
Guillermo Moreno es identificado por los medios como el responsable de tales errores, sin serlo del todo, y Néstor Kirchner no va a entregarlo a la picadora de carne reconociendo errores a opositores que, en lugar de apuntar a la cualificación de la actividad estatal, optarán por entregarla a alguna de las consultoras o lobbys privados que circulan por ahí traficando legalmente con las estadísticas.
Entre tanta debilidad
Es errado suponer que los grupos económicos hayan decidido por unanimidad la destitución del gobierno, y que el modelo –basado en la flotación administrada del dólar y en mantener las reservas bajo siete llaves– sólo beneficie hoy a los trabajadores porque de ese modo tienen cierto acceso a los bienes que ofrece la economía.
Muchas empresas están floreciendo, y eso no está mal porque crea trabajo. La persistencia de la brecha entre los percentiles más rico y más pobre de la sociedad demuestra que la ganancia empresaria no ha adelgazado como para, digamos, estar viviendo en un régimen confiscatorio del lucro. La notoria ausencia de impuestos progresivos, como el de las transacciones bursátiles, es otro síntoma.
La industria petrolera y la de la minería prefieren que nada cambie, y las empresas de distintos sectores (incluyendo el agropecuario) que reciben subsidios para mantener pisados distintos precios del consumo, tampoco. En cuanto a las primeras, es una gran deuda del gobierno K, pero resulta estéril criticárselo –como hace Pino Solanas– por el lado de la moral.
El proyecto de ley de medios permitirá a las telefónicas participar en el negocio de la imagen, cuando ahora lo están haciendo de modo ilegal.
Actualmente, está suspendido el marco regulatorio de las telefónicas, se ha puesto la lupa sobre la situación monopólica derivada de la compra de Telecom Italia, continúa regulado el servicio fijo y, en conjunto, las empresas no tienen de qué quejarse. Esa debe haber sido una de las razones por las que Néstor Kirchner concedió su primera entrevista a Telefé. La guerra contra el Grupo Clarín (que nunca ocultó su intención de adquirir Telecom) es la otra.
Esto no significa que este sea un gobierno del empresariado, y mucho menos, la continuidad del menemismo, como se dice por ahí. Ni siquiera necesita explicarse: de ser tal cosa, tanto De Narváez como Macri, Solá, el propio Menem, Reutemann y los Rodríguez Sáa deberían pedir su afiliación al Frente para la Victoria.
Con gremios que solo agrupan al 25% de la masa laboral y estructuras políticas desvencijadas, es preferible maniobrar en la contingencia, rogando a Dios que los grupos económicos no se unifiquen.
No lo harán por el momento: no solo porque sus intereses son contradictorios sino porque no se ve en el horizonte un empresariado nacional capaz de articular sus intereses particulares con el mercado interno.
Mientras Brasil ostenta un Mangabeira Unger, aquí es mayor la influencia, entre los empresarios, de Víctor Massuh que la de Aldo Ferrer, contra quien Cristiano Ratazzi salió con los tapones de punta.
Barack Obama acaba de firmar una directiva para liquidar las desgravaciones impositivas a las empresas de origen norteamericano radicadas en el exterior: mientras allá se preparan para vivir con lo suyo, aquí insistimos en importar lo que producen los que van a vivir con lo suyo.
Esa lógica, en el fondo, significa que nuestro futuro nacional consistiría en dedicarnos a los biocombustibles y a plantar soja hasta en las macetas. Pero se lo oculta detrás de conductas propias de la tilinguería.
