“Construir más prisiones para detener el delito es como construir más cementerios para detener las enfermedades mortales”.
Robert Gangi, experto en el sistema penitenciario USA.
Hace veinte años Estados Unidos, en el marco de su eterna batalla contra el delito y la crisis penitenciaria, inauguró un nuevo modo de hacer las cosas: el modelo de las cárceles de construcción y gestión privadas, en el que entre otras bondades los presos se convierten en trabajadores mal pagos de enormes empresas transnacionales.
Aunque denunciado como el subproducto de poderosos lobbies de la industria de la inseguridad y por violaciones a los derechos humanos, hay quienes quieren exportar el negocio a América Latina.
Antes incluso que en los documentales de Michael Moore, la cultura paranoica de los Estados Unidos, su bíblica necesidad de expiar como sea un Mal que anida en todas partes, se verifica en películas de acción horribles en las que grandes corporaciones maléficas dominan los hilos del poder desde las sombras.
A esas películas les encanta reiterarse en la idea de corporaciones que conspiran con invenciones espantosas, que crean soldados-androides y que manejan lúgubres prisiones futuristas.
Para la mirada latinoamericana, es más que llamativo que esa cultura del miedo tenga evidentes correlatos en situaciones reales que en EEUU sólo son denunciadas por unos pocos liberales y radicals loquitos. Una realidad olímpicamente ignorada en la construcción interior y for export que hacen los EEUU sobre sí mismos. Y de nuevo, una cultura reciclada en los márgenes por lo más berreta de la industria cinematográfica.
En los últimos 30 años en EEUU, particularmente desde los tiempos neoconservadores de Ronald Reagan y la “guerra contra las drogas”, la tasa de encarcelamiento creció hasta niveles delirantes: el 500%. En EEUU existen más de 5.700.000 personas judicializadas, lo que representa el 5% de los mayores de 18 años. 3.260.000 personas viven con sentencias de prisión en suspenso. 685.000 están en libertad condicional. Poco más de dos millones -una ciudad de buen tamaño- están directamente presos.
EEUU goza hoy del privilegio, representando apenas el 5% de la población mundial, de tener al 25% de los presos a escala global. De manera inversa, el 63% de sus encarcelados pertenece a las minorías negra y latina, las más pobres, siendo que esas minorías sólo constituyen una cuarta parte de la población nacional.
Es evidente que los EEUU no constituyen una sociedad segura pese a esos índices de castigo y encarcelamiento, así como las ciudades argentinas no se hicieron más seguras por el hecho de que la seguridad privada pasara de casi cero a contar con un ejército de 110 mil vigiladores privados hacia fines de la década del 90, ni la ciudad de Buenos Aires se hizo más apacible por tener más policías por cada mil vecinos que Nueva York o Los Ángeles (10 contra 6,6 y 3,5), ni el conurbano se convirtió en una pradera bucólica por la sanción apresurada de las leyes duras demandadas por Juan Carlos Blumberg, a quien, por sus saberes, debemos llamar ingeniero.
La larga batalla ha llevado a extremos para nosotros inconcebibles, aún cuando vista desde nuestro lugar en el mundo parezca eternamente perdida. Como sociedad dada a la eficiencia y el pragmatismo, resistente además a la acción del Estado y al pago de impuestos, hace un cuarto de siglo en Estados Unidos comenzó a plantearse que la crisis del sistema carcelario se estaba haciendo terminal y que ya resultaba imposible contener a los centenares de miles de antisociales que merecían ser encerrados (nada que ver con lo que sucede en las cárceles y comisarías bonaerenses).
Invocando a la víscera sensible del bolsillo de los ciudadanos, la campaña contra el sistema público penitenciario fue liderada por sectores que comenzaron a propagandizar cuentas. Que cada interno cuesta a los contribuyentes unos 21.000 dólares anuales. Que los reclusos de Nueva York le quitan al erario público 590 millones de dólares anuales.
Naturalmente, del cuestionamiento a la ineficiencia y el despilfarro de las agencias estatales se pasó a las efectividades conducentes. La solución propuesta desde lobbies privados fue la construcción y el gerenciamiento de cárceles a cargo de… empresas privadas.
A mediados de los años ’80, Kentucky y Texas se convirtieron en los primeros estados en traspasar prisiones a manos de compañías con fines de lucro. Un activista republicano, Thomas Beasley, fue uno de los impulsores de la iniciativa e inmediatamente se hizo fundador de la Corrections Corporation of America (en adelante CCA, Corporación de Establecimientos Penitenciarios de América), en alianza con un inversionista y especulador llamado Jack Massy, conocido por ser el co-creador de un ícono estadounidense: la cadena de los Kentucky Fried Chicken.
0800 BARROTE
Puede que sea útil adelantar que esto que comenzó en EEUU hace unos veinte años, es lo que viene sucediendo en América Latina, particularmente desde la quiebra de los estados, la imposición de planes de ajuste, la catástrofe social generalizada y la multiplicación de la violencia social. Lo más siniestro sucede cuando esa misma violencia social se convierte también en objeto de negocio.
Si uno rastrea por Internet cómo andan las paranoias del mundo, no se encuentra únicamente con referencias a presuntos terroristas musulmanes detenidos, legal o ilegalmente, sino con páginas sorprendentes y muy profesionales, como por ejemplo Segured.com.
En Segured.com uno puede encontrarse de movida con links que llevan a informes acerca de las bondades de la AK o la edición de nuevos manuales antisecuestro.
Más interesante resulta atender al discurso de la propia página y encontrarse con párrafos como este: “Segured.com es la red de la seguridad en el mundo hispano parlante. Es el ágora de la seguridad”.
Tras una breve relación acerca de lo que significaba el ágora en la Grecia Antigua, se dice que “Segured.com nace en un momento crucial para el ámbito hispanoamericano, cuando el terrorismo pasó de ser un factor de importancia local a una de las fuerzas que modelan el mundo”.
Y de ahí, ya más tranquilos, se puede pasar a la lectura de un documento cualquiera. Uno en que se dice, como quien se restriega las manos de entusiasmo, que “el sector de la seguridad privada tendrá un crecimiento exponencial durante los próximos años, en parte por la incapacidad del sector público para llenar las demandas del ciudadano en cuanto a protección (…) Para las empresas de seguridad privada, hay múltiples nuevas oportunidades de negocios que…” (etc., etc.).
Claro que en EEUU los negocios se vislumbran antes y se realizan mejor. El de las cárceles privadas es uno que hizo furor apenas nacido. Se calcula que en la actualidad los ingresos derivados del gerenciamiento de las cárceles privadas y otros servicios anexos superan los cuatro mil millones de dólares.
Finalizada la década de los ’90 el número de prisiones privadas era de 163 a lo largo de 30 estados, aunque la mitad ubicadas en Texas (38 en los pagos donde George Bush fue gobernador, además de recordman de la pena de muerte), California, Florida y Colorado.
El negocio se extendió y repartió entre cerca de 20 empresas. Pero muy particularmente entre dos corporaciones: la CCA y Wackenhut Corrections, que manejan más del 75 por ciento de todas las camas de las cárceles privadas.
La CCA sigue siendo la mayor empresa privada en el sector y maneja contratos en Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. CCA fue pionera también en el arte especulativo de construir edificios para cárceles antes de que se firme algún contrato para su uso eventual.
Cuando un gobierno está lo suficientemente desesperado por quitarse de encima su excedente de presos, entonces, como por milagro, aparece la CCA, como única oferente y garantizando por tanto márgenes de rentabilidad maravillosos.
A tal punto floreció el negocio que la industria carcelaria se hizo niña mimada de Wall Street. La revista Fortune Magazine publicó un artículo con el título “Cómo enriquecerse gracias a las empresas que crecen más rápido».
Allí se decía: “¿Aspira usted a obtener retornos elevados de sus inversiones, pero desconfía de las acciones sobrevaluadas de las grandes empresas? Las acciones de Corrections Corporation of America, que maneja cárceles privadas, crecieron en un 747%, lo cual es un magnífico montón de plata”.
El sueño del laburante ideal
Existe un aspecto particularmente bello que hizo tan rentable a esta industria: los ingresos de las cárceles privadas no sólo provienen de los contratos con el Estado, el traslado de presos, la tercerización de servicios, sino del uso de la cuantiosa mano de obra encerrada en esas mismas prisiones, algo prohibido en una convención de la OIT que los EEUU no ratificaron.
Esa fuerza de trabajo carcelaria ya había crecido en un 358% entre 1980 y 1994. Muchos de los presos no reciben siquiera el salario mínimo legal y por supuesto que compiten con los trabajadores del mundo exterior pero sin poder negociar colectivamente.
En algunos estados, incluso se retiene parte del salario o bien para asignarlo a los gastos de “alojamiento” de los presos, o bien para indemnizar a las víctimas de los delitos.
Ya para 1993, el universo penal-laboral de EE.UU. contaba con 600.000 trabajadores, con lo cual se convirtió en el tercer empleador del país, apenas por debajo de General Motors y de Wal-Mart. De los bajísimos salarios de las cárceles privadas supieron aprovecharse empresas notorias: TWA, Boeing, Konika, Texas Lockhart Technologies, Microsoft, Starbucks o Colgate Palmolive, a menudo a través de subcontratistas.
Al mismo tiempo, las prisiones privadas hacen lo imposible por no contratar personal afiliado a sindicatos y acude a mano de obra barata, con frecuencia proveniente de zonas rurales en decadencia o enclaves industriales desmantelados.
Como se verá, el hecho de apelar a un tipo de personal lumpen, no sólo que resiente la “calidad del servicio” en las cárceles, sino que atenta lisa y llanamente contra los derechos más elementales de los presos, amén de su integridad física y de su vida.
Acaso lo más perverso de la lógica de la industria del barrote sea que su origen y su prosperidad son directamente proporcionales a la cantidad de violencia que produzca una sociedad; muy particularmente a la de la cantidad de presos que esa sociedad fabrique.
Se calcula que una cárcel privada es rentable si su disponibilidad de camas está ocupada en un 90%. La consecuencia es que los habituales problemas de derechos humanos en las cárceles se multiplican por distintas causas: la necesidad empresaria de ahorrar costos y aumentar ganancias, la ausencia de responsabilidad ante la sociedad, la necesidad de sólo ofrecer explicaciones y optimización de beneficios ante los accionistas, las cláusulas de confidencialidad entre las empresas.
En las prisiones privadas se registran mayores índices de violencia y de violaciones a los derechos humanos: ataques contra prisioneros, abuso físico y sexual, agresiones de presos contra presos, motines y fugas, el sufrimiento de quienes padecen de alguna enfermedad y no son bien atendidos por el ajuste de los gastos médicos.
¡A por nuevos mercados!
Alvin Bronstein es un típico viejo abogado y activista estadounidense, miembro entre otras cosas de la Junta Directiva de Reforma Penal Internacional (PRI).
Impugnador histórico del régimen de las cárceles privadas, Bronstein alerta acerca de un fenómeno de los últimos años: “Las empresas penitenciarias de lucro ponen su atención en el mundo en desarrollo, donde los gobiernos que están bajo presiones financieras extremas, por el manejo de una sobrepoblación extrema y el derrumbe de las prisiones, son un blanco atractivo para los vendedores de la industria de las prisiones privadas”. Con buenas razones, el hombre dice que si en EEUU ocurre lo que ocurre, cuánto peor podría hacerse la situación en las naciones del Tercer Mundo.
Las denuncias acumuladas contra el funcionamiento de las cárceles privadas, sumada a la falta de cumplimiento de las promesas que se hicieron sobre ellas (ahorro de recursos públicos, mejor trato a los presos, disminución de los índices de reincidencia), hicieron que los EEUU viera disminuir el crecimiento del fenómeno.
Pero al igual que ocurre con las industrias contaminantes o el uso de fármacos que son prohibidos en los países centrales, justo cuando en EEUU comienza a desecharse la alternativa de la industria del barrote, ésta amenaza con venirse a América Latina. De hecho, existen centros de reclusión operados por empresas privadas no sólo en EEUU sino en Inglaterra, Escocia, Australia, Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda y Puerto Rico. Y se acumularon iniciativas para implementar el sistema en países como Costa Rica, Belice, Venezuela, México, Brasil y Chile.
Nunca faltarán lobbies a la hora de alentar esa salida. La presión de los grupos de interés está en el corazón del fenómeno de las cárceles privadas en EEUU y en el de las denuncias que se acumulan. Las empresas penitenciarias forman parte del poderoso Consejo Americano de Intercambio Legislativo y se mostraron -cuestión de expandir mercados- como las más activas a la hora de sancionar leyes que limitan la libertad condicional y requieren sentencias obligatorias más prolongadas.
Según un informe de Alvin Bronstein, “en estados con poblaciones penitenciarias de crecimiento rápido, empresas como la Corrections Corporation of America y la Wackenhut han contribuido con cientos de miles de dólares a las candidaturas de gobernadores y legisladores estatales (…) También han ofrecido contratos lucrativos de asesoría y empleos a quienes hacen las leyes y a empleados ejecutivos del sector penitenciario, hasta el extremo de fomentar el soborno y la corrupción”.
Chile, el modelo tan bien mirado por la derecha argentina, es uno de los países que, frente a la crisis de su sistema penitenciario, anunció la implementación de la industria del barrote. En un documento redactado por Lucía Dammert y Javiera Díaz, del Programa de Seguridad y Ciudadanía de FLACSO, se menciona que parte de esa crisis se hace visible en encuestas como una realizada por el Centro de Estudios La Tercera, que mostró que el 69% de los chilenos considera que las fugas en las cárceles se deben a la negligencia y corrupción de los gendarmes (servicio penitenciario).
“La respuesta pública frente a esta situación”, dicen Dammert y Díaz, fue poner en marcha ese nuevo sistema que, presuntamente, debe “disminuir el hacinamiento, aumentar la calidad de vida de los presos, disminuir la reincidencia y paralelamente reducir los costos públicos en el mantenimiento de las cárceles”.
Esa vía de solución fue denominada “Modernización del Sistema Carcelario” y se inició en el 2002, con Ricardo Lagos como presidente. “Se inició, entonces, un programa de concesiones que consiste en la construcción de 10 nuevos establecimientos penitenciarios de reclusión con una capacidad total estimada en 16.000 plazas y con una inversión de 280 millones de dólares.
Dicha infraestructura en un principio se construiría en etapas hasta el año 2005”. Hasta el año pasado, prácticamente no hubo avances en el programa, de lo que se puede deducir que algunos chilenos tomaron nota de la experiencia estadounidense a la hora de resistir.
Será que el sufrimiento argentino en cuanto a violación sistemática de los derechos humanos fue y es monstruoso. Será que, a golpe de gatillo fácil y afano, es demasiado el desprestigio de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.
Será que algo se ha aprendido en los últimos treinta años de historia que nadie se atreve en vos alta a traer la receta marketinera de las cárceles privadas. Será que hay la suficiente resistencia a la criminalización de la pobreza. La cuestión es que el horno de Argentina no está para nuevas privatizaciones. Pero nunca se sabe, ingeniero.
Datos
– Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos hay 690 presos por cada 100.000 habitantes.
– En la mayor parte de los países europeos, salvo Rusia, la proporción está por debajo de los 100 por cada 100.000.
– La tercera parte de la población adulta masculina de EEUU, 30 millones de personas, está fichada.
– Entre 1979 y 1990, los gastos penitenciarios de los EEUU subieron 325% en concepto de funcionamiento y 612% en el rubro construcción.
