Con pases magistrales, los nacionalistas catalanes están incitando al poder borbónico madrileño a la violencia, para que quede como un bruto sin cabeza. Aplicando las consabidas técnicas de las “revoluciones de colores”, se apropian de la opinión pública y se atribuyen la razón posando como víctimas. Al final pueden alcanzar que el rey y su presidente de gobierno dividan España buscando mantenerla unida.
Seis veces mencionó el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, la palabra “requerimiento” en su farragosa respuesta al sibilino mensaje con el que el Presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, replicó al pedido de definición de si en su mensaje ante el Parlamento regional del pasado miércoles 11 había declarado o no la independencia respecto de España. En una misiva que habría reprobado el examen de lengua de la escuela media, el conservador gallego acudió a una institución siniestra del siglo XVI, sin darse cuenta de que, al hacerlo, hacía el juego del separatismo.
Ni sí, ni no. El presidente de la Generalitat evitó responder la demanda del jefe del Ejecutivo central. En su contestación, difundida antes de finalizar el plazo de las 10 de la mañana del lunes pasado, el presidente catalán volvió a ofrecer un diálogo de pares a través de una mediación y un encuentro directo con Rajoy. Contradiciendo a los nacionalistas radicales de la CUP, que querían la independencia inmediata, el líder catalán incluso se manifestó dispuesto a abrir un espacio de negociaciones por dos años.
«Con pases magistrales, los nacionalistas catalanes están incitando al poder borbónico madrileño a la violencia, para que quede como un bruto sin cabeza»
Como era de prever, el jefe del Partido Popular respondió con una catarata de diatribas y amenazas. Hasta cayó en el infantilismo de querer rebatir argumentos que el catalán sólo había utilizado retóricamente. Finalmente, lo intimó a definir su posición antes de que venza el segundo plazo del “requerimiento”, el próximo jueves 19 a las 10 horas. Si hasta ese momento el gobierno de Cataluña no niega haber declarado la independencia, se activará el artículo 155 de la Constitución española de 1978, que autoriza al gobierno central a asumir algunas funciones ejecutivas y legislativas, para restablecer el funcionamiento de una autonomía desmadrada.
Sin embargo, vaciando de sentido la requisitoria, el interbloque nacionalista, mayoritario en el Parlamento catalán, decidió en la tarde del lunes suspender la sesión prevista para el jueves ante “la falta de voluntad de diálogo” del gobierno central. De ese modo se asegura que no haya declaración formal de la independencia y, si el gobierno central aplica el artículo 155, ante la ausencia de infracción, estará violando la Constitución.
En la trampa cayó también la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien en la noche del lunes impuso la prisión preventiva y sin fianza a los presidentes de los organismos culturales y sociales ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En su auto la magistrada los hace responsables por las manifestaciones que los pasados 20 y 21 de septiembre impidieron a la Guardia Civil y a los funcionarios judiciales llevar a cabo una serie de detenciones y registros. Creando mártires, la Justicia española consolida la alianza entre los nacionalistas y el pueblo catalán.
Como era previsible, los independentistas radicales de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se mostraron ofendidos por la inconsulta respuesta de Puigdemont a Rajoy. La responsable del grupo parlamentario, Mireia Boya, se quejó de que no conocían previamente el contenido de la misma. Sin embargo, la aceptó. Igualmente preanunciado sonó el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Presidente de la Generalitat. Es que esta fuerza de honda tradición masónica ha unido desde hace dos años su destino al de los centristas del Partido Democrático de Cataluña (PDdeCat).
Si no acontece un milagro, el jueves 19 a las 10 horas se producirá la independencia de Cataluña por decantación; esto es, el gobierno regional no la declarará, pero, como tampoco se habrá retractado del mandato del referéndum del 1º de octubre, el gobierno central lo acusará de sedición e impondrá la intervención al ejecutivo (quizás también al legislativo) autonómico. Así estará cumpliendo el plan del catalanismo político que, sabiendo que es imposible declarar y sostener unilateralmente la independencia, se presenta como agredido y al gobierno central como violando la Constitución, para constatar que Madrid los ha echado ilegalmente de España.
Largos años de resistencia civil se sucederán en los que España se avizora ingobernable. No obstante, los independentistas tienen cuerda larga, porque detrás de ellos están George Soros y otros poderosos financistas. Finalmente, la Unión Europea impondrá una suerte de Confederación hispano-catalana (como en Bosnia y Herzegovina) que permitirá a ambas ser parte de Europa, pero fácticamente separadas.
La institución del requerimiento fue creada en 1512 por las Cortes de Burgos para, leyendo en alta voz a los pueblos indígenas de América el relato de la Creación y de las obras de San Pedro y sus seguidores en el trono papal, se les requiriera sumisión a los reyes de Castill,a a quienes el Papa había conferido esas tierras. La institución se convirtió rápidamente en el símbolo de la arrogancia y la impudicia conquistadora. Cuando los caciques del valle del Mapocho lo escucharon de Pedro de Valdivia en 1541, acordaron aceptarlo formalmente y organizarse para la resistencia. Si bien no pudieron evitar la instalación de los españoles en el centro de Chile, en 1553 derrotaron y ejecutaron al conquistador después de la batalla de Tulcapel.
Sólo la ignorancia histórica, la torpeza y la brutalidad de la derecha española pueden haber sugerido a Mariano Rajoy el referirse tan reiteradamente a su “requerimiento” al gobierno catalán. Con mejores cartas en la mano que el cacique Lautaro, éste no da batalla, sino que deja que las embestidas del toro madrileño se estrellen contra las vallas. Rajoy y el rey Felipe no serán descuartizados, pero España sí.
