A pesar de la novedad del reclamo de los trabajadores, hace tiempo que las decisiones del área de Comunicación Social de la Ciudad deberían ser noticia. Precisamente, desde el pasado 4 de octubre cuando Rocío Sánchez Andía, diputada porteña por la Coalición Cívica y miembro de la Comisión de Comunicación Social, presentó ante la justicia una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicación Social de la Ciudad.
Gregorio Centurión, secretario de esta cartera, Rubén Azcarate, director de planeamiento de medios y Alejandra Beatriz Suárez, hasta entonces asesora contable de esta área, habrían entregado alrededor de 2 millones de pesos de la pauta oficial a empresas de su entorno, según estipula el informe.
La denuncia presentada sostiene que Azcárate, director de Planeamiento de Medios contrata publicidad por importantes sumas a empresas vinculadas con familiares y socios. Entre las firmas beneficiadas, Mediastrategy SA, Central Media SA, Devicom SA y FioFio SA, las tres primeras dedicadas a la publicidad, editoriales o prestación de servicios financieros, se ubican en la misma dirección- avenida Córdoba 323 3º piso- y fueron fundadas causalmente por el director de Planeamiento de Medios en 2003.
Sin embargo, los beneficios de la pauta oficial no se agotan en esas cuatro empresas. El informe de la legisladora porteña señala que Alejandra Beatriz Suárez, la ex asesora contable de la Secretaría de Medios, también habría otorgado dinero, en este caso a la firma Bernini Medios, cuyo gerente comercial, Marcelo Constanzo, es su marido y en otros tiempos asociado de Azcárate.
Tras la presentación de la denuncia penal y luego de su ratificación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 21, la diputada Sanchez Andía expresó: “Estoy sorprendida porque el macrismo todavía no ha desmentido los hechos de corrupción, será que no pueden explicar las negociaciones con la pauta oficial”
Desde entonces, la legisladora porteña aguarda por alguna respuesta de parte de los funcionarios imputados, pero en su lugar sólo recibió una carta documento de la empresa Mediatrategy, beneficiada con la publicidad, que no haría más que evidenciar la vinculación de la firma con los acusados.
Aunque desde el oficialismo aún no se hayan pronunciado sobre esta cuestión, algunos hechos dan cuenta que la denuncia por movimientos ilícitos de dinero, incomoda más de lo que el macrismo intenta demostrar: se presume que hace algunas semanas Alejandra Suárez, una de las mayores implicadas, habría renunciado a su cargo.
