Con el paso de las horas se torna irrefutable la participación del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, de su segundo, el comisario exonerado de La Bonaerense Daniel Villoldo, y del aparato policíaco de dicho municipio en la infame extorsión a un niño de once años que después confesaría crímenes imaginarios en el programa de Jorge Lanata.
“¡Subite que te quemamos!”, le gritaron al “Polaquito” desde un Corsa Classic con vidrios polarizados, uno de los vehículos que usa habitualmente la patota Villoldo, tripulado en esta oportunidad por cuatro de sus integrantes. La escena ocurrió cuando el chico caminaba con un amigo cerca del Club Ciclón de Villa Caraza durante el anochecer del 10 de julio.
A continuación el pibe fue llevado al autódromo de Lanús, donde había otros cuatro hombres. Allí lo presionaron con golpes y amenazas para que se autoincriminara en presuntos delitos, además de obligarlo a presentarse al día siguiente frente al Jardín de Infantes Nº14 de Villa Caraza para una entrevista televisiva en la cual debía atribuirse culpas penales de toda laya. Su periplo prosiguió hasta el Puente de la Noria, en cuyas inmediaciones se lo arrojó a la calle. “Si contás algo sos boleta”, fue la despedida.
“‘¡Subite que te quemamos!’, le gritaron al Polaquito desde un Corsa Classic con vidrios polarizados”
La siguiente escena de esta historia la vio el país entero en el prime time del 16 de julio por la pantalla de Canal 13. También vio la patente JQW419 de la camioneta que pertenece a Villoldo sobre la cual estaba apoyado el cronista Rolando Barbano mientras le hacía preguntas al Polaquito. Un imperdonable descuido de la producción. Lo cierto es que el ex policía y el propio Kravetz se encontraban detrás de la cámara como gestores del asunto.
A todas luces se trató de una hazaña periodística sólo comparable con la falsa entrevista publicada el 10 de septiembre de 1979 por la revista Para Ti a Thelma Jara de Cabezas –quien desde abril de ese año permanecía secuestrada en las mazmorras de la ESMA– para presentarla ante la opinión pública como “madre de un guerrillero muerto” que huía de los montoneros.
¿Acaso la tragedia se repite en forma de farsa? Quizás sea más que eso. Porque en la impostura montada con el Polaquito subyace una expresión del terrorismo de Estado: el uso policial de menores como mano de obra delictiva o para otros fines no menos espurios. Una escala intermedia del genocidio en cuentagotas de niños, adolescentes y jóvenes en situación de extrema pobreza.
La bolsa de trabajo bonaerense
Hubo un tiempo en que los chicos en conflicto con la ley únicamente les eran útiles a las fuerzas de seguridad para engordar estadísticas, reclamar mayores atribuciones y promover reglas penales más severas. Pero a fines de 2001 todo cambió dado que la crisis también supo alcanzar al hampa. Y especialmente al crimen organizado del cual, desde luego, no es ajena la policía.
Al respecto, un ejemplo: el precio irrisorio que a partir de aquellos días empezaron a pagar los desarmaderos a los levantadores de autos estacionados –por lo general, ladrones profesionales que actuaban sin ejercer ningún tipo de violencia– hizo que éstos migraran hacia otras modalidades delictivas. Tanto es así que dicha fase del negocio –una actividad que involucra a comerciantes, uniformados y hasta intendentes– quedó en manos de pibes sólo calificados para asaltar con armas a conductores de vehículos en movimiento. Se sabe que ello fue una fuente inagotable de desgracias. Pero ese mismo target también sería reclutado por policías y malvivientes a su servicio para cometer atracos de otro tipo. Un hábito por entonces aún inimaginable para la opinión pública.
De hecho, el primer signo visible de semejante situación tardó casi siete años en aflorar. Y fue por el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en octubre de 2008. El caso instalaría por enésima vez el debate sobre la baja de la edad de imputablidad de los menores. Sin embargo la bandita de pistoleros adolescentes que produjo el episodio –encabezada por un tal “Kitu”– develó la existencia de una organización de policías que trasladaba pibes desde la villa San Petesburgo, en La Matanza, hacia la zona residencial de San Isidro con un objetivo claramente especificado: robar casas y vehículos de alta gama. Otros asaltos posteriores deslizaron la hipótesis de que esta clase de reclutamiento constituía una práctica orgánica y extendida en todo el Gran Buenos Aires. Finalmente la desaparición de Luciano Arruga –ocurrida a comienzos de 2009 en Lomas del Mirador por resistirse a delinquir para la policía– confirmó de manera palmaria aquella impresión.
“En la impostura montada con el Polaquito subyace una expresión del terrorismo de Estado: el uso policial de menores como mano de obra delictiva o para otros fines no menos espurios”
Fue en ese mismo año cuando el juez de La Plata, Luis Arias, hizo una denuncia pública sobre la relación de los uniformados con los delitos contra la propiedad consumados mediante la reducción a la esclavitud de sus pequeños hacedores. Pero tal pronunciamiento causó una indignada desmentida –incluso con acusaciones de desequilibrio emocional– por parte del entonces ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli.
Claro que resultó una paradoja que unos meses después éste presentara una denuncia similar ante el fiscal Marcelo Romero a raíz de una seguidilla de hechos que lo tenían sin dormir.
Se refería –según sus palabras– a “crímenes de mujeres instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados para desestabilizar su gestión”. Y mencionó los casos de Renata Toscano, Sandra Almirón y Ana María Castro, quienes fueron baleadas a quemarropa entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre en circunstancias casi calcadas: el robo inconcluso de sus vehículos por parte –siempre según sus palabras– de “menores reclutados a tal efecto en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. Así reconocía algo que ya era un secreto a voces. Sólo que en aquella ocasión la finalidad de los uniformados habría sido manifestar su contrariedad por una medida que él tomó para desactivar irregularidades en la Dirección del Delito Automotor. El asunto concluiría como Dios manda: Stornelli se apuró en elevar la renuncia y su presentación judicial quedó en la nada.
Al año –durante la pesquisa por el asesinato en Tigre del joven Santiago Urbani al resistirse a un robo– fue arrestada la primera prueba viviente del armado policial de “pibes chorros”. Se trataba de Oscar Pérez Graham, un individuo de 43 años que se inició en el delito como levantador de vehículos para luego volcarse al viejo oficio de soplón al servicio de algunos comisarios de la zona norte. Pero últimamente había sumado a tales especialidades la de alistar chicos en riesgo para salir de caño. Su modus operandi era canallesco: el “Gordo” –tal era su apodo– solía ablandar la voluntad de sus “candidatos” con paco, pastillas y cerveza, tal como se dijo en el juicio oral por Urbani. “Un señor pelado les dijo a los pibes si querían ir a robar; ellos no querían ir, pero él se los llevó a tomar droga y no volvieron más”, señaló un testigo en alusión a los tres acusados. Así fue cómo en el anochecer del 10 de octubre el propio Pérez Graham los trasladó en auto –controlado a la distancia por un vehículo tripulado por policías– hacia el sitio del hecho fatal. La condena para él fue drástica pero silenciosa, en medio del estentóreo señalamiento que los medios dispensaban a sus jóvenes compañeros de causa.
Ellos eran la materia prima de la construcción del enemigo social. Una industria argentina hoy más pujante que nunca.
La semana trágica
Villa Caraza, el barrio donde transcurrió la peripecia mediática del Polaquito, no es justamente Disneylandia. Allí, el 30 de marzo, Kravetz y Villoldo junto al jefe de la Policía Local, comisario Marcelo González –otro viejo pájaro de cuentas y, al mismo tiempo, el tercer cateto del triángulo represivo de Lanús–, encabezaron el ataque policial con bastonazos, golpes y patadas contra casi 60 niños y adolescentes que se encontraban en el comedor Los Cartoneritos. Una memorable salvajada. ¿Acaso el municipio gobernado por Néstor Grindetti es el laboratorio macrista del aseo social? El empeño y la meticulosidad con que fue “producida” la cobertura para Periodismo Para Todos llevan a pensar eso.
Tal vez la polvareda que levantó su transmisión televisiva haya opacado el impacto de otro episodio en la materia: la paliza prodigada por la Policía Local del municipio de Luján a chicos de ambos sexos que festejaban durante la tarde del 20 de julio en la Plaza Colón de Pilar el Día del Amigo. La excusa: una supuesta pelea entre grupos rivales. El método: los ya clásicos bastonazos, golpes y patadas. Su saldo: varios pibes contusos y cinco detenidos, todos menores de edad. Las imágenes del hecho se viralizaron por la web.
También durante la misma semana en que el Polaquito saltó a la fama se produjeron dos casos de gatillo fácil.
“¿Acaso el municipio gobernado por Néstor Grindetti es el laboratorio macrista del aseo social?”
En la madrugada del 16 de julio, Cristián Toledo Medina –empleado de una ferretería situada frente a su domicilio en la villa 21-24 de Barracas– murió de un tiro gatillado por el bombero de la Policía de la Ciudad, Adrián Otero. El tipo creyó que la víctima, que volvía de un baile con dos amigos a bordo de un desvencijado Alfa Romeo, pretendía asaltarlo en el cruce de la avenida Vélez Sarsfield y Australia. Y los persiguió cinco cuadras a balazos. Cristian recibió uno en el corazón.
El segundo hecho ocurrió durante el 18 de julio en Billinghurst, partido de San Martín, cuando Rodrigo Alejandro Correa, de 14 años, murió de un tiro en la nuca efectuado por el oficial de La Bonaerense, Hugo Daniel Pos. Éste se encontraba fuera de servicio en el momento del episodio. Y descerrajó 16 balazos sobre la víctima y dos amigos en un supuesto intento de robo, según la versión policial.
Toledo Medina y Correa ahora engrosan la lista de muertos en confusos episodios callejeros con armas de fuego en manos de policías. Una estadística que en 2016 cosechó nada menos que 110 casos según la Comisión Provincial de la Memoria. Esa contabilidad supera a la de años anteriores.
Mientras tanto, la precandidata a diputada provincial por Cambiemos, Carolina Píparo, exhumaba como eje de campaña el tema de la imputablidad de los menores con una frase que hará historia: “Hay chicos que piden a gritos ser separados del contexto”. Compulsión punitiva en estado puro.
