El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de la provincia de Santa Fe (IAPOS) se encuentra sumido hoy en una aguda crisis, producto de la montaña rusa económica de la Argentina que lo expone a un descomunal tironeo por los cientos de miles de millones que invierte en sus prestaciones. Esa cinchada, a la vez, permite echar luz sobre los fortísimos intereses en pugna, expresados en protagonistas de enorme poder en territorio santafesino e incluso bastante más allá de sus límites geográficos.
IAPOS es la obra social de los trabajadores estatales del Estado santafesino, creada en el año 1978 por la intervención dictatorial, que fusionó distintas dependencias vinculadas a la seguridad social. Tiene hoy cerca de 600 mil afiliados y es la más grande de la provincia.
El presupuesto previsto para 2024, según la ley aprobada a fines del año pasado por la Legislatura provincial, es de $ 200.070.296.000. El número real será finalmente mucho más alto, teniendo en cuenta los temblores macroeconómicos del país. El 97% del total de la inversión se destina a prestaciones, que cubren casi todo el espectro de la salud.
Un porcentaje similar, pero en este caso de sus recursos, se explica por los aportes de los afiliados, una alícuota que se aplica sobre los sueldos de maestros, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros y empleados públicos en general. La conclusión es evidente: para que estén equilibradas las cuentas de la obra social debe evolucionar, de manera alineada, el valor de los salarios y las prestaciones.
En efecto, y tras una ley de blanqueo de sumas en negro aprobada en 2007, a instancias de un proyecto del mítico (ahora ya fallecido) líder de UPCN, Alberto Maguid, con el aval del entonces gobernador Jorge Obeid, el IAPOS logró superávit. Y lo mantuvo durante varios años, hasta que el desbarajuste inflacionario disparado en 2018 lo detonó todo.
Al tratarse de un sistema de cartera fija, en la que la obra social negocia un valor de las prestaciones independientemente del uso que le dé el afiliado, las partes están obligadas a una renegociación constante, en el actual escenario de altísima inflación. Algo similar a lo que ocurre con las paritarias de los trabajadores. La conflictividad, en consecuencia, es parte del paisaje.
Guerra a cielo abierto
El mes pasado, luego de varios conciliábulos fallidos, las asociaciones de clínicas y sanatorios de Rosario y Rafaela resolvieron restringir dramáticamente la atención a los afiliados al IAPOS por la no actualización de sus aranceles. Al cierre de esta nota, evaluaban hacer lo propio en Santa Fe capital.
Ante esta situación, el gobernador Maximiliano Pullaro puso al frente de la pulseada al ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, un cuadro político-técnico del radicalismo. Días después, la asignación de la responsabilidad tuvo su correlato formal: por decreto, la gestión administrativa del IAPOS quedó en cabeza del máximo responsable de la hacienda y las finanzas de Santa Fe, con el argumento de un déficit de 5 mil millones de pesos en el primer trimestre.
Olivares salió a los medios y denunció: “No es casual este planteo al IAPOS en medio de las discusiones sobre la medicina prepaga que se han dado a nivel nacional, que claramente excede a la obra social provincial”, para después sentenciar que se trata de “organizaciones (por las clínicas y sanatorios) que son prestadores de una obra social pero, al mismo tiempo, tienen medicina prepaga. Lo que no queremos es que traten de trasladar al IAPOS lo que no han podido trasladar a los beneficiarios de medicina prepaga. Queremos diferenciar este tema y que los afiliados del IAPOS no tengan que ser quienes tengan que pagar los costos que no se pueden trasladar a otro sistema”.
La aseveración del ministro estaba dirigida a las marchas y contramarchas del gobierno de Javier Milei con las tarifas de las prepagas, pero además tenía un objetivo con nombre y apellido: Claudio Belocopitt. Es que el titular de Swiss Medical y ex jefe de la cámara empresarial del rubro también posee, desde 2016, un 30% del grupo Gamma, uno de los conglomerados de salud privada más importantes de Rosario, propietario del mega sanatorio Hospital Privado de Rosario (HPR), entre otros tantos.
Esa estructura de negocios de salud es la competidora del histórico Grupo Oroño, fundado hace décadas por el médico y empresario Roberto Villavicencio, fallecido el año pasado. Esta organización fue noticia nacional días atrás, al anunciar que cortaría los servicios a los afiliados de OSDE (nada menos) en el contexto ya señalado de desregulación arrepentida del gobierno de Javier Milei.
El otro foco de conflicto, como se mencionó en párrafos anteriores, se encuentra en Rafaela. Allí el dominio de la salud privada está en manos de Carlos Tita, titular del grupo homónimo. Sus ramificaciones no se agotan en el departamento Castellanos sino que se extienden a Santa Fe y Rosario. En su momento se le atribuyeron vínculos con el ex gobernador Omar Perotti, oriundo de la misma ciudad, lo cual no impidió la existencia de tensiones durante su mandato. Tiene un ex socio poderoso: en la década del 90’ integró la gerenciadora de contratos sanitarios APREME con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, hoy padrino principal de la candidatura del juez Ariel Lijo al máximo tribunal de Justicia de la Nación.
Pantallas
El gobierno de Pullaro se apresta a una larga batalla, que a la postre pronostica victoriosa. Supone que la espiralizada suba de costos en el negocio de la salud obligará a los prestadores a un acuerdo razonable.
Mientras tanto, escudriña las reacciones en televisión, radios, diarios y portales de noticias. Tiene sus razones: no es ninguna novedad que Belocopitt adquirió, hace años, la parte de Francisco de Narváez en el multimedios América.
A eso se le debe agregar que el fallecido Roberto Villavicencio también poseía una porción del paquete accionario de La Capital, grupo propietario del tradicional diario rosarino de idéntico nombre y de otros tantos medios.
Hay, en igual sentido, otra figura de gran músculo mediático que aparece en el tormentoso horizonte del IAPOS: Nahuel Caputto, dueño del multimedios El Litoral, socio en La Capital y responsable de la comunicación (y bastante más) del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe. Los medicamentos explican un tercio de la inversión en prestaciones de la obra social provincial. Algo está por pasar, algo está por venir.
