Golpe en Honduras y bases en Colombia

Ante la inminencia de la cumbre de la UNASUR en Bariloche y la decisión norteamericana de poner en blanco las bases militares que desde hace años mantiene en Colombia, este informe echa luz sobre décadas de presión estadounidense sobre la región y alerta sobre la relación entre la situación hondureña, la reactivación de la IV Flota y la intención de «colombianizar” a toda América del Sur.

La decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en blanco las bases militares que desde hace años mantiene en Colombia, así como el golpe militar en Honduras del 28 de junio de 2009, donde mantiene la estratégica Soto Cano, en Palmerola y otras instalaciones similares distribuidas en distintos puntos de ese país, dentro del trazado del Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, no debería ser una sorpresa para América Latina.

Lo que sorprende, en todo caso, es advertir que, a pesar de todos los anuncios de los gobiernos de Washington con respecto a sus nuevos planes y diseños militares para control y dominación regional, no haya sido creado en América Latina algo así como un Comité Estratégico de Defensa y Seguridad regional, para dejar de estar bajo el paraguas del Pentágono como simples proyecciones coloniales.

El trazado de Guerra de Baja Intensidad (GBI) no fue un invento de analistas “delirantes”, si no un perfeccionado diseño de renovadas formas contrainsurgentes, que se aplica desde los años ‘90.

En ese año —conjuntamente con la puesta en acción del Consenso de Washington— se modificó y amplió el entramado del Conflicto de Baja Intensidad (CBI) en los paradigmas de la contrainsurgencia que vienen desde los años ‘60. Otro paso gigante comenzó en los años 2000 para ese proyecto contrainsurgente, cuya misión es mantener a la región bajo control y desarrollar las actividades necesarias para lograrlo.

Desde los años ‘90, Estados Unidos había decidido también dislocar el Comando Sur y levantar sus bases de la zona del Canal de Panamá, que resultaban obsoletas para los nuevos planes de GBI y otras modalidades contrainsurgentes de recolonización regional. A partir de los años ‘80 habían analizado que esa concentración de bases era un objetivo muy expuesto de retaliación en cualquier conflicto de alta intensidad.

A esto se añadió otro cambio que fue la formación de las Fuerzas de Despliegue Rápido, lo que requería una red de bases y estructuras militares en toda América Latina. En octubre de 2001, al plantear la guerra “como una respuesta rápida al terrorismo” el Pentágono definió la necesidad de crear un “Comando para las Américas”.

Al hacer balances generales y definir la estrategias antiterroristas, en una segunda parte de la iniciativa, el Departamento de Estado marcó un eje en lo que llamó entonces «ofensiva contra el terrorismo en las Américas», señalando que «el narcotráfico es la base de acciones y grupos terroristas».

Lógicamente esto indicaba la necesidad de “fortalecer” el Plan Colombia, un proyecto geoestratégico de recolonización para toda América Latina, que inauguró sombríamente el Siglo XXI en la región. Estaba diseñado para el combate contra “las organizaciones terroristas en Colombia y sus similares en la Región Andina».

De allí rápidamente añadieron al plan madre (Colombia) el de la «Iniciativa para la Región Andina». A los más de mil millones de dólares aportados para el Plan Colombia, se destinaron 730 millones adicionales para la llamada “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico en la región».

Por supuesto, Colombia debía aportar la mayor parte del gasto y la “ayuda” de Estados Unidos consistía en un virtual préstamo para la compra de armas y equipos y otros “gastos” en este último país. Es la misma fórmula con que se trazó en Washington el Plan Mérida destinado a México, país que debe mirarse en el espejo de Colombia.

En esos días de fines de 2001, el Coordinador para el terrorismo del Departamento de Estado en Washington Francis Taylor, aseguró que su oficina estaba “trabajando con las diferentes agencias del gobierno para diseñar una estrategia antiterrorista para Colombia y otros países andinos para complementar el Plan Colombia” que se había aprobado el año anterior y “la Iniciativa Regional Andina (IRA) que se discute este año».

Se destacaba que este nuevo plan a gran escala era de importancia fundamental “para el Hemisferio Occidental” después de lo que llamaron la “guerra iniciada el 11 de septiembre” con el atentado a las Torres Gemelas, cuyo verdadero origen sigue hasta hoy en un oscuro cono de sombras. En esos momentos, en Washington se hablaba públicamente sobre la creación del Comando para las Américas y se informaba que el principal objetivo de “la intervención militar” en Colombia era “el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC)” de ese país, a las que Washington colocó como “el enemigo número uno”, a pesar de que nada tenían que ver con el atentado.

Vale recordar que, como en la más barata novela policial, al preguntar a quién sirvió ese atentado, todos los datos señalan a Estados Unidos, cuyos gobiernos ya tenían preparado el proyecto antiterrorista que se desarrolló a nivel mundial, cuando el ex presidente George W. Bush declaró la Guerra Infinita y sin fronteras al mundo.

El mismo Taylor, retomando el mensaje amenazante de Bush, al advertir que los países que no se alinearan a sus nuevas estrategias de guerra sufrirían represalias y el tratamiento de enemigos, sostuvo que “nuestro país y el hemisferio ya no son seguros frente al terrorismo internacional”, para justificar las nuevas políticas militaristas.

Aunque dijo estar seguro de que los ataques se originaron en Afganistán, por supuesto encabezados por el ubicuo Osama Bin Laden, el ex gran amigo de la familia Bush, y Al Qaida, “debemos admitir que las amenazas contra nuestros ciudadanos e intereses pueden venir desde cualquier frente, incluido el Hemisferio Occidental».

En esos momentos el gobierno de Estados Unidos continuaba enviando fondos a la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, y se incluyó un presupuesto, como “suplemento de emergencia” que diseñó el Congreso para responder a las nuevas “necesidades”. Por su parte, la Oficina para el Manejo del Presupuesto (OMB) ya planeaba un incremento importante del “paquete antiterrorista” destinado a América Latina en el 2003.

A pesar de que el más importante lavado de dólares en el mundo por narcotráfico se realiza —como está comprobado fehacientemente— a través de la Banca de Estados Unidos, Taylor dijo que esos nuevos fondos estarían dirigidos a “expandir la lucha contra el lavado de activos, que actualmente se concentra en el narcotráfico; a fortalecer los controles en aduanas, puertos y fronteras y financiar el entrenamiento de funcionarios y diversos programas de intercambio de inteligencia” en Colombia y en el resto de la región.

El proceso de extensión de bases se había iniciado mucho antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. A una serie de instalaciones en diversos países, el 12 de noviembre de 1999, agregaría Washington la firma de un Acuerdo de “Cooperación bilateral” con el gobierno del entonces presidente de Ecuador, Jamil Mahuad para el “uso” no decía “ocupación” de la Base de la Fuerza Aérea ecuatoriana de Manta con el objetivo de luchar “contra el narcotráfico”. Este acuerdo ilegal fue una de las causas —así como el intento de imponer un neoliberalismo a rajatabla, dolarizando la economía— que originó la multitudinaria rebelión popular que terminó derrocando a Mahuad en enero de 2000.

El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, tenía el mandato popular para terminar con la presencia de las tropas de Estados Unidos en Manta y decidió hacerlo, acordando su retiro definitivo antes de noviembre de 2009.

En realidad, Estados Unidos llamaba a esa ocupación como “instalación del Puesto de Avanzada” (FOL en sus siglas en inglés), como denomina a algunas de sus bases en otros lugares, mientras continúa en la presión sobre gobiernos para nuevos acuerdos similares al que había logrado en Ecuador. De la misma manera expandió la presencia de sus servicios de inteligencia, invadiendo silenciosamente con Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales a América Latina. Reinstaló los seguimientos, controles y represión que siempre realizó la CIA y el FBI, con el uso de las dependencias de seguridad de nuestros países y nuevas tecnologías de avanzada, acumulando datos e información altamente clasificada para sus necesidades de control regional.

La introducción de la agencia antidrogas (DEA) en los años ‘80 fue activar otro mecanismo de brutal espionaje, acciones encubiertas y guerra sucia en todo el continente. Una de las mayores víctimas en los últimos 28 años fue Bolivia. Para entender cómo avanzaría ese proyecto, el Departamento de Estado mencionaba como “peligrosas” a todas las organizaciones sociales de Colombia, además del enemigo número uno, las guerrillas de las FARC. Llegó a tal límite, que para asustar a propios y ajenos, se decía en 2002 que “el grupo terrorista internacional más peligroso basado en este hemisferio es la FARC”.

Mintieron descaradamente cuando informaron que los dirigentes de las FARC “no sólo festejaron” el ataque a las Torres Gemelas, sino que “llamaron a atacar a Estados Unidos” y ante eso se justificaban de que “nuestra única esperanza es limitar la amenaza que plantean grupos como las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los de origen árabe que operan en la zona (otra asombrosa falsedad) estrechando nuestra cooperación en inteligencia y actividades policiales con nuestros aliados», como dijo Taylor.

Los Servicios de Seguridad del Pentágono hacían saber que el Comando para las Américas, encargado de “la defensa del Hemisferio Occidental” se implementaría a partir “del entrenamiento y el despliegue operacional del Comando Sur del Ejército norteamericano”.

Cuando a fines de 1999 el Comando Sur sacó sus últimas instalaciones de Panamá, ya tenían preparadas sus nuevas bases y refugios y se habían extendido por la región Andina en un trazado estratégico, que no era precisamente invisible. El cerco alrededor de Colombia era formidable y desde esos años se había concretado otro cerco operacional de alta tecnología de guerra sobre la Zona de distensión, donde se llevaban adelante las conversaciones del gobierno con la FARC, la famosa zona de despeje de San Vicente del Caguán que tantas esperanzas creó.

Llevaría un tomo de unas mil páginas resumir todo lo actuado por Estados Unidos para impedir la paz en Colombia. Mientras hipócritamente simulaban alentar la pacificación, enviaban nuevos fondos para el fortalecimiento de bases en Colombia y en otros países donde fueron estructurando esta red, en tiempo de los gobiernos “gerentes” y sumisos y con el silencio de la OEA. Los Congresistas de Estados Unidos habían declarado que el Plan Colombia significaría la derrota de las guerrillas, pero lo que se evidenció ya desde los años 2002-2003 es que se trataba de un diseño regional de contrainsurgencia con nuevos protagonistas como las empresas privadas de paramilitares y mercenarios.

Colombia estaba ya hace mucho tiempo bajo una virtual guerra colonial que en el marco de la Baja Intensidad y el Plan Colombia se podía extender desde esa sede a todos los países de la región. Los paramilitares nunca entraron de lleno en la caracterización de “terroristas” salvo aquellos “algo independientes” o díscolos o más exigentes en las ganancias del narcotráfico, que no son tolerados.

De las violaciones y derechos humanos —incrementados en todo el desarrollo del Plan Colombia— la “guerra sucia Interna” y contra los vecinos, como se vio en Venezuela y Ecuador, nada se decía públicamente. Taylor en 2002 había anunciado a grandes voces que Estados Unidos estaba decidido a utilizar sus fuerzas militares en América Latina, para “combatir el terrorismo”. Para Washington y el Pentágono, los movimientos campesinos, indígenas, sociales, sindicales, políticos y otros podían entrar rápidamente en el concepto de “terrorismo” que diseñaban sus estrategas.

Nunca se descartó la posibilidad de intervención en América Latina y de hecho había finalizado el siglo XX (diciembre de 1989) con la invasión a Panamá, un país de dos millones de habitantes, que ocupaban sus bases y tropas en una zona que dividía en dos a esa nación. Para invadir Panamá cruzaron una calle. Es ese el sueño del Pentágono: cruzar una calle o espacios muy cortos, como podría suponer invadir Bolivia desde su puesto de avanzada, el cuartel militar paraguayo en Mariscal Estigarribia a 250 escasos kilómetros de la frontera boliviana, donde tienen una pista similar a la de Palmerola, de tres mil 800 metros de largo para aterrizar sus enormes aviones. El cerco sobre Bolivia incluye a las bases de Estados Unidos en Perú. En ambos países hay tropas de Estados Unidos en maniobras permanentes.

En los años 2002, el general James Hill, como Jefe entonces del Comando Sur advirtió al Congreso de su país que «la principal prioridad para esa institución” debe ser alentar el apoyo regional a la guerra contra el terrorismo mejorando las capacidades de las naciones asociadas, asegurando el acceso operacional de Estados Unidos, y estableciendo socios confiables de la coalición. Asegurar “el acceso operacional” de Estados Unidos, fue la clave para la siembra de bases e instalaciones estadounidense en la región.

En otros informes de Seguridad Nacional de los Estados Unidos se afirmaba que entre los objetivos relacionados con los “intereses vitales de ese país y para los cuáles debía poder asegurarse la posibilidad de una intervención armada, debía incluirse la defensa de la globalización”. Es decir «el mantenimiento de la estabilidad y la viabilidad de los sistemas globales, como son las redes comerciales, financieras, de energía y del medio ambiente». Con esto estaba todo dicho.

Han pasado siete años y cada uno de los pasos de ese proyecto de Washington se cumplió y sigue adelante con variaciones para mejorar el avance. Nunca para retroceder. Aunque en estos últimos años han encontrado una barrera inesperada en otro tipo de gobiernos que surgieron en una región donde los pueblos están en permanente acción independentista, aunque muchos no se atrevan a llamar así a una rebelión libertadora, que es lo que está sucediendo. En defensa del libre mercado, la globalización y las democracias de seguridad, Estados Unidos actuó contra los pueblos de América Latina intentando impedir que llegaran al gobierno presidentes populares y desatando guerras sucias, sicológicas, de Primera, Segunda o Tercera Generación, que en realidad mantienen los antiguos elementos contrainsurgentes, apoyados en enormes avances tecnológicos. Pero la raíz es la misma de siempre.

Golpes suaves, medianos, fuertes, todo vale, mientras crece y se extiende el número de tropas. Para tener a mano a sus viejos amigos de las dictaduras de la seguridad nacional, Washington se aseguró de librar otra Guerra de Baja Intensidad, tratando de convencer que las “reconciliaciones” era buenas para las “democracias” modernas y que había que dejar atrás el pasado y pactar con los responsables de crímenes de lesa humanidad de las dictaduras. Con eso aseguraban impunidad para sus viejos cuadros militares y policiales en la región, a lo que ahora están utilizando para los nuevos escenarios contrainsurgentes, como se evidenció en Honduras.

Washington tuvo muchos voceros de sus proyectos. En los años 2004, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld advertía: “debemos tener la capacidad de ejercer un poder de disuasión en cuatro teatros de operación…debemos poder derrotar a dos agresores al mismo tiempo. Y simultáneamente debemos poder conducir una contraofensiva y ocupar la capital de un país enemigo instaurando un nuevo régimen».

Nada mejor para eso que tener una base en cada lugar como en sucede en varios países de América Latina, como en Colombia y Honduras.

Parte Dos: Honduras, reacciones tardías

En una nota publicada por la Minga Informativa de Movimientos Sociales el 8 octubre de 2008, al festejar la inminencia de la salida de las tropas de Estados Unidos de la Base de Manta de Ecuador, dispuesta por el gobierno de Correa, había una pegunta angustiante: ¿Cuándo se irán de Honduras?

Dirigentes sociales y de derechos humanos, reunidos en el encuentro “Por la paz y la desmilitarización, por la dignidad de los pueblos y las mujeres”, en el marco del III Foro de las Américas, (FSA) en Guatemala recibieron informes como el de Bertha Cáceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que informó sobre los resultados del II Encuentro Hemisférico contra la militarización que se había realizado en su país con la presencia de 800 delegados de 27 países del 3 al 7 de octubre de 2008.

Entres las propuestas figuró activar la lucha contra las bases militares en América, mediante campañas, educación, movilizaciones, pero sobre todo información, creando una estructura de seguimiento a ese proceso y unir al continente para luchar contra la presencia de la IV Flota de Estados Unidos y lograr la paz con dignidad en Colombia.

En el caso de Honduras se resolvió impulsar una campaña urgente para el retiro de las tropas de Estados Unidos, especialmente de Palmerola, “y rechazar el proyecto de establecer otras bases militares en regiones indígenas como la de Caratasca y en territorio del pueblo miskito, y el intento de reactivar las bases que tuvo en los años ochenta, como en los llanos de San Antonio y el pueblo Lenka”. Cáceres informó sobre la situación de su país, con una presencia militar estadounidense de vieja data iniciada en 1904 y puesta en evidencia en la utilización de ese territorio para la invasión de Estados Unidos contra Guatemala 1954. En ese mismo marco recordó el alto precio que pagó el pueblo hondureño en 1983 cuando se instaló la estratégica base de Palmerola y otras para la guerra de Estados Unidos contra la revolución sandinista en Nicaragua.

La instalación de esas bases provocó la expulsión de poblaciones indígenas de esas tierras, la destrucción de bosques, la persecución a campesinos y lo más grave en los años ‘80 las violaciones a los derechos humanos, con desapariciones forzadas, cárceles secretas, hechos en los que intervinieron diplomáticos y tropas estadounidenses. En los años ‘90 se amplió un protocolo entre Washington y Tegucigalpa, en principio de forma temporal, pero Cáceres denunció que fue para quedarse indefinidamente.

“En Palmerola se encuentran unos 500 militares de Estados Unidos, pero esta base tiene movilidad en todo el territorio hondureño, utilizando recursos marítimos, terrestres y aéreos para su desplazamiento. Cuando hacen operaciones como la de Nuevos Horizontes llegan a movilizar hasta 4000 militares. En Olancho, además, hay un centro de entrenamiento de mercenarios latinoamericanos para la guerra de Irak a cargo de la Fuerza Delta. El impacto ha sido devastador para el pueblo hondureño. Ha significado la violación de su soberanía nacional y de los derechos humanos, se ha incrementado la prostitución y han traído enfermedades que no había como el Sida y otras”.

Para Honduras, “la presencia estadounidense ha sido humillante. Han utilizado al país como un portaviones que les permite agredir a pueblos hermanos, como el de El Salvador y Nicaragua en los años ochenta del siglo pasado. Pero ahora están utilizando la posición geoestratégica de Honduras (tiene costas en los dos océanos y frontera marítima con Cuba y Venezuela) con la mira puesta sobre Venezuela y Honduras. Para el desplazamiento de la IV Flota, Honduras es fundamental. Recientemente han estacionado un enorme barco que pertenece a la IV Flota , frente a Trujillo y hacen entrenamientos bombardeando y afectando una rica biodiversidad marina única”, denunció la dirigente hondureña. Se refirió al control que tenía Estados Unidos de las empresas de seguridad privada a los que responsabilizó de “haber asesinado a compañeros recientemente e incluso al abogado Dionisio García”.

Esto lo dijo Bertha Cáceres en octubre de 2008, advirtiendo los peligros que corría Honduras y la tragedia de la ocupación militar. Pero su voz estaba condenada al silencio. Como las otras denuncias de esos días referidas también a Perú, Colombia o Paraguay. Si la voz de Bertha hubiera sido multiplicada ¿habría habido un golpe en Honduras?

Vale la pena preguntárselo y comenzar a abrir otras alamedas para esas voces que surgen de los protagonistas y víctimas de esas situaciones.

Parte Tres: el silencio cómplice sobre Colombia

Lo que sucede también en el caso de Colombia forma parte de esa misma red de silencios. Ahora se revelan acuerdos con Estados Unidos para la instalación de bases que ya estaban establecidas desde hace tiempo.

El mensaje que se da al mundo no es la instalación de siete bases, sino que Washington las reconoce abiertamente, dejando de lado los eufemismos de “instalaciones de avanzada”. Se le informa a América Latina sobre la ocupación abierta del país sede del Plan Colombia y que este es el comienzo de una nueva historia para “colombianizar” a toda la región.

En ese país andino mueren en un mes tantas personas como los que murieron durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y así viene sucediendo desde hace años, la mayoría víctimas del terrorismo de Estado y el paramilitarismo.

También se pone en blanco y se legaliza la presencia de mercenarios, a los que llaman “contratistas” que en realidad son “contratados” en el nuevo negocio de las “agencias privadas” y de la privatización de la guerra. No existen contratistas en Colombia, son mercenarios y paramilitares.

El pasado 18 de agosto, el embajador estadounidense William Brownfield anunció en Bogotá que las tropas militares de su país combatirán junto a las colombianas contra las guerrillas de las FARC. Esto significa el comienzo de la futura expansión del Plan Colombia con las derivaciones que puedan tener esos combates, y la posibilidad de implicar a otros países en la presunta persecución de los “terroristas”, después que el ex presidente Bush dejó en claro que su país desconoce las fronteras en su nuevo esquema de guerra. Ninguna de las estrategias trazadas por los “halcones” de Estados Unidos, y que llevaron al primer genocidio del siglo XXI en Afganistán e Irak, se han desmantelado.

Es importante recordar que hubo equipos, helicópteros y tropas de Estados Unidos e israelíes en el asalto y bombardeo de marzo de 2008 al campamento ubicado en Sucumbios, territorio ecuatoriano, donde se preparaban pasos importantes para comenzar acuerdos de paz en Colombia, lo que estaba autorizado por el propio presidente Alvaro Uribe. Y también el modelo de guerra sucia que fue el asesinato del comandante de la FARC Raúl Reyes y otras personas, entre ellos mexicanos y ecuatorianos. Fue en esos momentos cuando el gobierno colombiano intentó imponer la tesis de que la guerra antiterrorista (de Estados Unidos) hacía necesaria una modificación del concepto de soberanía en la región, lo que fue rechazado por el conjunto de países de América Latina, que condenó la intervención militar de Colombia en Ecuador.

Asumido ahora que los soldados estadounidenses lucharán junto a las tropas colombianas y los mercenarios de la Guerra Sucia, se llega a una conclusión lógica: estamos ante otro hecho consumado, como el golpe en Honduras. Esas tropas extranjeras serán inmunes ante los tribunales internacionales en un país donde cotidianamente son violados los derechos humanos, sociales, políticos, económicos y donde existe un terrorismo de Estado encubierto responsable de miles de crímenes de lesa humanidad.

Si hay penetración de tropas colombianas y estadounidenses en países vecinos, en alguna supuesta persecución de “terroristas”, esto ya no derivaría en un enfrentamiento o conflicto entre países de la región. Estaría involucrado Estados Unidos, lo que facilitaría, sin trámites, una mayor intervención militar. La gravedad de esta situación debe ser asumida por los gobiernos y pueblos de América Latina. De hecho, al admitir que intervendrán en la guerra interna de Colombia, ni el gobierno de Estados Unidos y menos el colombiano pueden asegurar a nadie que sus bases no representarán una amenaza para las naciones vecinas, tan atractivas para los intereses que están detrás de esas acciones militares.

De acuerdo a los objetivos declarados, las tropas estadounidenses pueden realizar labores de espionaje, inteligencia y una variedad de intervencionismos en los países vecinos, varios de los cuáles en mayor o menor escala integran el llamado “eje del mal”.

Por eso se activó en los últimos meses “la guerra sucia” mediática, acusando a los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez, de vínculos estrechos con las FARC. No se necesita leer entre líneas para entender que esos gobiernos pasan a ser “enemigos” al considerarlos asociados al enemigo número uno de Washington. Por lo tanto, son pasibles de la retaliación “antiterrorista”, intervención y ocupación como en el caso de Afganistán e Irak.

Por supuesto que serán oficiales de Estados Unidos los que tracen los diseños de guerra en Colombia y conduzcan a las tropas de ese país, ya que el Pentágono considera como “subordinados” a los ejércitos de la región. Alejandro Torres Rivera, profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, al estudiar los nuevos diseños de guerra de Estados Unidos, y de cómo afecta la situación de su país y de Colombia mencionó un artículo (“Transforming the Military”) publicado en la revista Foreign Affaire de mayo-junio de 2002, donde el ex Secretario de la Defensa Donald Rumsfeld explicaba cuál era la base del “esfuerzo de transformación” de las fuerzas armadas iniciado por su país. Consideraba Rumsfeld que se debía ver esto como un “proceso y no como un evento” y que se trataba de “una transformación revolucionaria” ya que los nuevos conceptos “no podían depender estrictamente de la construcción de nuevas armas basadas en alta tecnología, sino de la forma en que se piensa y desarrollan los nuevos esquemas para llevar a cabo la guerra, lo que debe permitir adaptarse a los nuevos retos”.

Esta es la visión que orientó el proceso de transformación en las Fuerzas Armadas estadounidenses a partir del fin de la Guerra Fría y la entrada en la última década del Siglo XX y especialmente en este nuevo siglo, bajo el argumento de la “vulnerabilidad militar de Estados Unidos ante nuevas formas de terrorismo”. En este proceso de transformación militar, Rumsfeld partía de la premisa de que las guerras del Siglo XXI requerirían un incremento en las operaciones “económicas, diplomáticas, financieras, policiales y de inteligencia”, todo lo que se había trazado en el nuevo esquema de la Guerra de Baja Intensidad. El ex ministro, que mantiene un enorme poder en las sombras, dijo que debía llevarse la guerra “hasta donde se encuentre el enemigo; llevar a la percepción del enemigo que Estados Unidos está dispuesto a utilizar cualquier medio o fin para derrotarlo, independientemente de los sacrificios que conlleve; la importancia que juegan las operaciones de tierra y el incremento en las campañas aéreas; y finalmente informar al país lo que Estados Unidos hace”.

Esto es lo que planteó Rumsfeld en su momento y lo que nadie desactivó en Washington. Estados Unidos trazó una estrategia política y militar para salir de su crisis favoreciendo a sus mayores empresas y priorizando incrementar el aparato militar y la industria bélica. Su estrategia en América Latina, demanda la instalación de nuevas bases militares, reforzar las existentes, profundizar el entrenamiento de los ejércitos de la región, vender más armas, mientras extiende su red tecnológica de espionaje, vigilancia y control, además de la radarización.

En tanto, sus fundaciones trabajan para manejar el poder político, judicial y parlamentario. El golpe en Honduras comenzó además por la cooptación de los dirigentes de partidos tradicionales y de legisladores, la imposición política de una Corte Suprema bajo su control, todo lo cual actuó en conjunto en el momento en que el ejército secuestró al presidente de ese país.

El hombre que aparecía como defensor de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien fue repudiado por sus pares en el mundo por defender el golpe, fue uno de los que en junio de 2008 mantuvo encuentros con el ex embajador de Estados Unidos en Honduras en los años ‘80, John Negroponte, como también los legisladores, los jueces de la Corte Suprema, los empresarios y militares, cuando estaban preparando el golpe. Esta es una nueva metodología. Asegurarse el control del aparato político, legislativo, judicial, empresarial y militar, dar el golpe e intentar mostrar un matiz “institucional” que no existe.

Quienes crean que se pueden hacer acuerdos respetables en estos temas de guerras, militarización y contrainsurgencia, deben leer a fondo los nuevos y viejos trazados de seguridad hemisférica, que presuponen el más severo avance de Estados Unidos desde los tiempos de la expansión. El mensaje de la IV Flota patrullando los mares de América Latina y el Caribe con cada vez más bases en su desplazamiento y trayecto, habla de la contundencia del mensaje que está enviando Washington.

El Plan Colombia y sus otros anexos, es el mayor proyecto geoestratégico que se haya trazado para recolonizar América Latina, como valientemente lo denunciaron desde un principio una serie de analistas colombianos, que advirtieron la militarización como el mecanismo prioritario de Estados Unidos para ejercer su dominio económico y geopolítico.

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