En los últimos meses las universidades argentinas adquirieron centralidad en la agenda política nacional. Primero, a través de ciertas editoriales y columnas de opinión, que las pusieron en el foco de la crítica. Después, a través del conjunto de docentes, no docentes y estudiantes que, luego de varias e infructuosas rondas de negociación paritaria, y la imposibilidad por parte de las universidades de hacer frente con sus presupuestos actuales a los aumentos de tarifas registrados a comienzos de año, salieron a la calle el pasado 12 de mayo para protestar por el destrato con que el gobierno nacional abordó las consecuencias de su política económica. La visibilidad que adquirió el conflicto y la legitimidad con la que cuentan aún las Universidades Nacionales de cara a sectores importantes de la sociedad obligó al gobierno a cerrar paritarias muy por encima de la propuesta original de modo de desactivar la situación, al tiempo que el Poder Ejecutivo anunció un incremento presupuestario de 500 millones de pesos para gastos corrientes, medida considerada insuficiente por un número importante de instituciones. Este monto, así, no se dirigirá a abordar las problemáticas del sistema, sino que irá directamente a parar a las arcas de las prestatarias de servicios. El conflicto, por lo demás, se montó sobre una táctica del gobierno tendiente a profundizar divisiones entre las distintas universidades, propiciando tratos diferenciales entre instituciones, como quedó de manifiesto con la falta de giros del presupuesto para gastos corrientes a seis universidades, situación que las autoridades gubernamentales se comprometieron a resolver.
Este protagonismo de la universidad en la calle hace recordar a la imagen de tiempos pasados, cuando el conjunto de los actores se movilizaron para resistir el arancelamiento de la universidad que proponía el gobierno de la Alianza. Sin embargo, ambas situaciones guardan profundas diferencias. Durante los últimos años la Argentina atravesó un proceso de desarrollo de políticas universitarias que tenían como eje el incremento presupuestario, la inclusión y retención de los estudiantes, el crecimiento de las matrículas en las carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo, la mejora de la tasa de graduados y la potencialización de la función social de la universidad en sus tareas sustantivas de investigación y extensión. Estábamos, en definitiva, antes un horizonte de desarrollo de las universidades, puesto en función de un proyecto de nación.
Hoy la discusión universitaria circula alrededor de la cuestión presupuestaria pero no en clave de desarrollo para enfrentar las problemáticas del sistema, sino en relación a cómo emparchar los déficits que generan las propias políticas del actual gobierno en materia de desregulación tarifaria. Al mismo tiempo, comienza a imponerse la necesidad de analizar, en los próximos meses, cuál será el impacto que tendrá en el incremento de la deserción estudiantil, no sólo el tarifazo en los servicios, sino también el aumento en el boleto de los servicios de transporte y el incremento sostenido de los precios en los alimentos, sobre todo debido a que durante los últimos años se modificó la composición social de quienes integran la masa estudiantil de nuestras universidades.
Hoy la discusión universitaria circula alrededor de la cuestión presupuestaria pero no en clave de desarrollo para enfrentar las problemáticas del sistema, sino en relación a cómo emparchar los déficits que generan las políticas del actual gobierno en materia de desregulación tarifaria.
Ante esta situación se destaca la inacción del conjunto de las áreas que conduce la coalición gobernante Cambiemos, desde la negativa a reglamentar el boleto estudiantil en la Provincia de Buenos Aires, hasta la falta de incremento en los montos que perciben los estudiantes beneficiados con algunos de los programas de becas universitarias o el Progresar. Frente el aumento sideral del costo de vida ninguno de estos programas ha sufrido algún tipo de modificación que permita paliar la situación acuciante que impactará en los estudiantes.
Estamos entonces ante un cambio en los ejes que rigieron la política universitaria. La deserción, la baja tasa de graduación, la formación enciclopedista son problemas presentes hace mucho tiempo en nuestras universidades, pero no obstante se han montado un conjunto de ataques sobre estos argumentos que ciertos medios de comunicación esgrimen como elementos de prueba de la deficiencia de todo el sistema. A nuestro entender estos análisis totalizantes, que no permiten ver cómo un conjunto de universidades han abordado con políticas activas estas problemáticas y han tenido éxito, buscan introducir a las universidades en una crisis de legitimidad de cara a la sociedad, instalando la idea de la deficiencia y de lo caro que le sale al Estado sostener lo que el gobierno considera un “privilegio”. Esta simbiosis entre inacción estatal y sus carteras, sumado a los cuestionamientos que buscan atacar la hegemonía de las universidades nacionales, puede terminar siendo un combo que colabore funcionalmente a la agudización de una crisis institucional y de legitimidad de las instituciones, que den por tierra con los años de esfuerzos del pueblo argentino en financiar un sistema universitario en crecimiento, que tenía como finalidad primordial colaborar con el desarrollo económico y social de la Argentina.
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