Estaban los que pronosticaban un Día D, el clímax final que inclinaría la balanza para un lado o para el otro; y estaban los que, con el escepticismo propio de los que nunca esperan ni entienden los momentos claves de la Historia, sostenían que nada cambiaría en la crisis venezolana. El sábado el líder opositor y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó no logró ingresar los camiones con comida y medicamentos que le mandaron sus aliados internacionales como había prometido. Pero eso no significa necesariamente que fracasó o que nada cambió en el tablero de ajedrez. Aún es muy temprano para saber qué efectos tuvieron las imágenes y relatos de descontrol, enfrentamientos, represión y destrucción en una mise en scène en pleno desarrollo.
Es claro cuáles eran las imágenes que los dos grandes protagonistas de este conflicto querían llevarse de la pulseada del sábado pasado.
El gobierno de Nicolás Maduro buscaba presentarse defendiendo el territorio de una ofensiva externa impulsada por Estados Unidos y, su gran apuesta era, sin desatar un baño de sangre, demostrar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana siguen unidas y leales.
Guiadó y las fuerzas opositoras, en tanto, tenían para ganar de los dos escenarios posibles.
Si conseguían ingresar los camiones con alimentos y medicamentos, se llevaban una postal triunfalista y su primera prueba de poder real. Si no lo conseguían, como sucedió, se llevaban otra imagen contundente: la de la cara más cruel e inhumana del gobierno de Maduro, la de la represión a civiles desarmados y camiones repletos de alimentos y medicamentos en llamas. En resumen, la imagen de un presidente dispuesto a todo para no perder el poder.
Es cierto que la escalada del sábado no provocó cambios en el poder real en Venezuela, pero sí crearon un dilema para Guaidó y forzaron a Maduro a comenzar a enfrentar la innegable situación de desabastecimiento en el país y, en consecuencia, buscar salir del creciente aislamiento político, económico y territorial en el que se encuentra su gobierno.
En el pico de tensión del sábado, cuando columnas de humo se elevaban sobre uno de los camiones con alimentos en la frontera con Colombia y las noticias de muertos y tiroteos de grupos parapoliciales a civiles desarmados se multiplicaban, Maduro dio un discurso ante una multitud en Caracas y mostró dos caras.
Por un lado, fue lapidario con Estados Unidos, al que volvió a identificar como la cabeza de todo, y con el gobierno colombiano, con quien rompió relaciones diplomáticas, como lo había hecho con Washington hacía exactamente un mes cuando reconoció a Guaidó como legítima autoridad de Venezuela.
Desde hace semanas, Maduro solo actúa en reacción a las iniciativas de la oposición. Lo hizo con el recital en la frontera, lo viene haciendo con las convocatorias de marchas y manifestaciones y ahora lo está intentando con la ayuda humanitaria, un concepto que hasta hace muy poco rechazaba porque aceptarlo hubiese significado reconocer que el éxodo masivo de venezolanos por falta de comida, medicamentos y bienes y servicios básicos comenzó antes de que las sanciones del gobierno estadounidense de Trump terminaran de asfixiar la economía nacional.
El sábado, finalmente, Maduro insinuó un cambio de estrategia y trató de mostrar una cara más amable.
Atento seguramente a la ausencia del presidente Jair Bolsonaro en la frontera colombiana -Duque estuvo acompañado por sus pares de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo. Sus otros aliados regionales solo apoyaron con declaraciones o tuits-, Maduro le propuso a Brasilia “comprar todo el arroz, toda la carne” que pueda exportar. Acto seguido, contó que su gobierno le entregó “una lista completa de medicinas”, “una lista completa de necesidades” a la Unión Europea -una institución que hizo un equilibrio casi imposible entre el llamado a un diálogo y el apoyo a Guaidó de un gran número de sus Estados miembros- para iniciar “una asistencia de apoyo humanitario a Venezuela legal y formal” que, aclaró el mandatario, van a pagar.
Con su empresa petrolera en Estados Unidos y principal fuente de divisas inaccesible, su comercio exterior herido de muerte por las sanciones estadounidenses y el reciente cierre de todas sus fronteras terrestres, Maduro necesita sacudir el sistema polarizado de alianzas que se construyó en el último mes si quiere responder al creciente malestar social que hace tiempo alcanzó a sectores populares de la tradicional base chavista y reconstruir su poder más allá del aparato militar y un sector importante de la sociedad, pero no necesariamente mayoritario.
Guiadó, por su parte, también salió de la pulseada del sábado con un dilema propio.
La imagen que el líder opositor se llevó del fin de semana -un Maduro que rechaza alimentos y medicamentos, pero con el control efectivo de las fuerzas armadas- parece más adecuada para el escenario belicista con el que coquetean sin ningún tipo de pudor el presidente estadounidense Donald Trump, su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, su secretario de Estado, Mike Pompeo, y su enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, que para la estrategia más moderada de un “cerco diplomático” que reivindican la mayoría de sus socios regionales del Grupo de Lima, entre ellos el gobierno de Mauricio Macri.
El sábado a la noche, cuando los camiones con alimentos y medicamentos ya habían sido retirados de los puentes y los protagonistas hacían sus evaluaciones de la jornada, Guaidó tuiteó: “Los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión: plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando. ¡La esperanza nació para no morir, Venezuela!”
“Todas las opciones de la comunidad internacional que han logrado el cerco diplomático que contribuirá al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Seguimos adelante”, agregó el líder opositor, antes de partir a Bogotá para la cumbre del Grupo de Lima del lunes.
La Casa Blanca se esforzó desde un principio en presentar a la ofensiva internacional contra el gobierno de Maduro como un esfuerzo liderado por “países latinoamericanos”. Sin embargo, cuanto más escala el conflicto y más se radicaliza la posición de Guaidó y la oposición, más se les dificulta avanzar desde el Grupo de Lima, una alianza de gobiernos de la región que comparte su rechazo a Maduro, pero en la que no existe un consenso sobre cómo seguir si el presidente venezolano no cede ante la presión y abandona el poder.
Por eso, es posible que este fin de semana no se haya visto a más presidentes en la frontera colombiana con Venezuela y, por eso, quizás, cuánto más virulento se vuelva el enfrentamiento entre el gobierno de Maduro y la oposición, más desdibujado quede este grupo regional.
Por el contrario, cuanto más cruenta sea la imagen, cuánto más violenta e irreconciliable sea la situación, más se adaptará a la provocadora estrategia que está planteando el gobierno estadounidense de Trump.
Además de las repetidas aclaraciones de que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar, Estados Unidos parece estar provocando adrede al gobierno venezolano e, incluso, alienando a posibles aliados que no comulgan con Maduro, pero no quieren acompañar un cambio de régimen al estilo estadounidense ni mucho menos una invasión.
Una de las provocaciones que más rechazo causó, aún dentro de Estados Unidos, fue la designación de Elliott Abrams como enviado especial para Venezuela. Abrams no solo reconoció y fue condenado por mentirle al Congreso en el escándalo de los 80 conocido como Irán-Contras, y apoyó y silenció masacres en El Salvador y Guatemala de gobiernos aliados en la supuesta guerra contra el comunismo, sino que además, fue parte de las operaciones secretas que utilizaron un programa de ayuda humanitaria para enviar apoyo militar a los contras, las milicias nicaragüenses que luchaban contra el gobierno sandinista.
Con ese prontuario, Abrams se lanzó en las últimas semanas a defender el envío de 20 millones de dólares de ayuda humanitaria a Venezuela en aviones militares a través del territorio colombiano, el más férreo aliado de la Casa Blanca en la región. Como si eso no fuera suficiente, la semana pasada el jefe de la Agencia del Desarrollo Internacional estadounidense (Usaid), Mark Green, dio una conferencia de prensa en la base aérea colombiana en la ciudad de Cúcuta, donde se reunía la ayuda, y, con 80 toneladas de comida y bienes de primera necesidad de fondo, sentenció: “Maduro debe irse”.
La provocación fue tal que las organizaciones humanitarias que hace tiempo están asentadas en Venezuela, las zonas fronterizas y a lo largo de las rutas que siguen los refugiados e inmigrantes venezolanos por todo el subcontinente sudamericano decidieron tomar distancia de esa ayuda internacional y de todos los esfuerzos diplomáticos y mediáticos que la rodearon.
Para el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, los alimentos y los medicamentos que intentó ingresar Guaidó a Venezuela “no eran ayuda humanitaria”, sino “ayuda sobre la que un gobierno decide”. El secretario general de la ONU, António Guterres, a través de su vocero, planteó algo muy similar: “Lo más importante es que la ayuda humanitaria esté despolitizada y que sean las necesidades de la gente las que dicten cuándo y cómo se usa.”
Después de trabajar durante los últimos años en el terreno y de redoblar los esfuerzos desde septiembre pasado, la ONU -a través de su agencia para los refugiados, Acnur, y de la Organización Internacionales para las Migraciones- organizó un plan humanitario para ayudar a millones de venezolanos dentro y fuera del país. Designó los casos más urgentes, buscó las maneras más seguras y rápidas de entregar la ayuda, e incluyó a 95 organizaciones diferentes en el trabajo transnacional. En diciembre presentó el plan y pidió a la comunidad internacional 738 millones de dólares.
Al día de hoy, sólo recibió un 2% de esos fondos.
Guaidó y la oposición venezolana, en cambio, sin plan o poder real para ingresar y distribuir la ayuda en el país, obtuvieron la promesa de más de 100 millones de dólares en apenas una semana de parte de decenas de gobiernos americanos y europeos que lo reconocieron como el presidente interino de Venezuela y pidieron la renuncia de Maduro.
La puja por el poder venezolano desnudó la crisis humanitaria que vive una parte importante de ese país hace años y que forzó a 2,7 millones de personas a abandonar el territorio desde 2015, según cifras del Acnur. En ese proceso de concientización y denuncia, convirtió a la ayuda humanitaria en el elemento más exitoso hasta ahora de la mise en scène opositora. Sin embargo, la escalada de los últimos días y un creciente protagonismo estadounidense por sobre un concierto más amplio de gobiernos latinoamericanos también desnudaron las contradicciones de una puesta que todavía no termina de definirse.
