La agenda informativa nacional sostuvo durante varias semanas la mirada puesta sobre el conflicto en la planta de Dow Argentina en Puerto General San Martín, Santa Fe, donde la decisión política nacional y provincial logró salvar la línea de producción y los puestos laborales, ante el inminente cierre que venía ejecutando la empresa . Durante esos días, el gigante mundial de la química y la petroquímica se defendió manifestando que no se retiraba del país y señalaba como ejemplo su Complejo Industrial Bahía Blanca, en la localidad de Ingeniero White, que consta de ciento veinte hectáreas con siete plantas, donde sostiene más de ochocientas fuentes de trabajo para producir etileno y polietileno, junto con otras empresas en las que también tiene participación accionaria. Allí también producen insumos estratégicos para la economía nacional, que impactan sobre los precios finales de muchos productos básicos y bienes de capital, mientras aplican tecnología y fórmulas de su propiedad, pero se suma además el debate por la sustentabilidad de la producción y la dilapidación de los activos ambientales de nuestro país.
La llegada de Dow a Ingeniero White, con la privatización del Polo Petroquímico de Bahía Blanca (PBB) a mediados de los 90, sumada a la radicación de diversas empresas que sector químico, petroquímico y automotriz, elevaron la preocupación de la población local por la calidad ambiental en el partido del sur de la provincia de Buenos Aires. Por el reclamo vecinal y los contrapuntos que se fueron generando, en el año 2000 se sancionó la Ley provincial 12.530 con el título de “Programa Especial para la Preservación y Optimización de la Calidad Ambiental”, donde directamente se delega la responsabilidad de controlar y fiscalizar la contaminación que generan las industrias en los municipios, desligando a la gestión provincial y dejándolos a merced de gigantes multinacionales en un batalla muy desigual. No es difícil imaginar la gravitación de estos poderes fácticos en localidades donde garantizan un alto porcentaje de la dinámica económica y laboral.
Los vecinos y las vecinas de la localidad ya tienen por costumbre ver el “fuego de antorcha”, un mecanismo que utilizan este tipo de industrias para liberar gas residual, el cual genera emisiones de compuestos que contaminan la atmósfera, causando alergias y enfermedades. Por otro lado, las denuncias por perjuicios ambientales ha ido aumentando: la que más avances logró es la que presentaron en 2011 un grupo de pescadores artesanales y despuntó seis años después en el allanamiento de ocho empresas del polo, entre ellas Dow, para tomar muestras de efluentes líquidos proveniente de las instalaciones y recolectar documentación valiosa para la investigación. Ya en 2015 el por entonces Fiscal General de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, solicitó que se le prohíba verter líquidos en la ría a las empresas petroquímicas, logrando una serie de acuerdos ambientales entre las partes. En mayo de este año, la justicia revocó los acuerdos porque no se cumplió con lo prometido e intimó a las firmas a presentar:
“un plan concreto, que tenga como fin diagramar intervenciones futuras, para asegurar el desarrollo integrado y sustentable de la Ría de Bahía Blanca, que establezca un equilibrio entre el desarrollo y la preservación del ambiente”.
Es de imaginar que el problema no solamente afecta la pesca sino a toda la fauna y a todo el ambiente de la zona. Desde hace tiempo el zoólogo Pablo Petracci viene trabajando por la valorización de estuario de Bahía Blanca, tal como se lo denomina al humedal costero semicerrado que caracteriza esa geografía, donde se han hallado metales pesados en el agua, en peces y aves.
Si se trata de agua, la contaminación no es el único problema ligado a los polos industriales, ya que se ha ido acrecentando la crisis hídrica en las localidades y uno de los interrogantes es cuánta cantidad utilizan realmente estas empresas. Un informe conjunto entre la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) y la Universidad Nacional del Sur (UNS) destaca en relación a esta problemática que:
“Se desconoce el estado actual del acueducto que transporta agua cruda al complejo industrial de Bahía Blanca. Este se ha caracterizado por no poder regular eficientemente su caudal para adaptarlo a las necesidades fluctuantes del complejo, con lo cual, el agua no utilizada se ha derivado directamente al estuario.”
Las industrias químicas y petroquímicas se caracterizan por la utilización elevada de agua y la falta de control sobre la provisión, lo que genera un punto ciego para evaluar el problema del abastecimiento de las ciudades.
Como vemos, los pasivos ambientales que genera el Polo Petroquímico son altos y la sociedad bahiense no solo se perjudica por esto sino que tampoco hay una retribución considerable o un trabajo de reparación significativo. La promesa de generación de trabajos por la radicación de fábricas que utilizan insumos petroquímicos nunca se produjo y encima la mayoría de las empresas no pagan las tasas de seguridad e higiene en el partido porque tienen domicilio legales en otros lares, así desfinanciando al municipio y neutralizando su capacidad de acción. Aunque la buena imagen que espejan los medios sobre la firma apacigua los ánimos y la inversión en misiones de impacto social sí consiguen atraer la atención. La últimas novedad en este sentido es la inauguración del centro deportivo de alto rendimiento relacionado al basquet, “Dow Center”, donde hace de local Bahía Basket, una asociación deportiva liderada por José “Pepe” Sanchez.
Industria petroquímica y privatización
La historia del sector cuenta que en 1967 la norteamericana Dow Chemical presentó en el Ministerio de Economía de la Nación un proyecto para radicar en Bahía Blanca un “polo de desarrollo” para la producción petroquímica. Por diversos motivos, la transnacional se retira del proyecto que, a su vez, fue considerado estratégico por el gobierno de facto de entonces y por lo que decidieron impulsarlo el 5 de Noviembre de 1971, con la publicación de la Ley 19.334 que publicitaba el acta de constitución de una Sociedad Anónima cuya propiedad era en un 51% de Fabricaciones Militares, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Gas del Estado. Su objetivo fue la construcción de un polo petroquímico para generar catorce productos finales, entre ellos polietilenos de alta y baja densidad y policloruro de vinilo, con una cadena de producción integrada a otras empresas del Estado para la proyección estratégica del sector en particular y la industria nacional en general.
Con avances y retrocesos, este camino se topó con la decisión de flexibilizar la propiedad estatal por parte de la última dictadura cívico-militar, la definitiva constitución del polo una vez recuperada la democracia y algún que otro proyecto para desblindar la participación nacional en épocas previas al menemismo. Pero fue con la ola de privatizaciones que el Consenso de Washington exigió en nuestro país que llegó al Polo de Bahía Blanca en Diciembre de 1995 cuando Dow Chemical adquiere PBB Polisur y otra empresa, el Grupo Solvay, se queda con la parte de Indupa S.A., uno de los accionistas privados que gestionaba una planta satélite de producción de PVC. El despojo que sufrió el Estado Nacional durante el neoliberalismo lo privó de herramientas fundamentales para el desarrollo, el crecimiento económico y la empleabilidad calificada, consecuencias que hasta el día de hoy sigue sufriendo nuestro país.
