Esta semana se cumplen 50 años de la denominada «Masacre de la calle Corro», el megaoperativo conjunto de las fuerzas represivas en el que murieron acorralados cinco miembros de la secretaría política nacional de Montoneros, entre los cuales se encontraba la hija del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria, y cuyo juicio oral se encuentra en pleno desarrollo con casi un centenar de testigos citados a declarar.
El miércoles 29 de septiembre de 1976 el barrio porteño de Villa Luro amaneció con un imponente operativo que cercó varias cuadras a la redonda de la casa de la familia Mainer ubicada en la calle Corro 105, esquina Yerbal, donde ese día se habían dado cita para una reunión política Alberto Molinas, Ignacio Bertrán, Ismael Salame, José Coronel y María Victoria Walsh. La noche previa, Vicky había celebrado junto a ellos, a su hija Victoria de poco más de un año y a los Mainer, su cumpleaños número 26.
Pero a primera hora de la mañana del 29, quienes se encontraban en el interior de la vivienda escucharon por un megáfono la orden de un oficial que los intimaba a salir. Lo que aún no sabían es que había unos 200 hombres armados del Ejército, Gendarmería y Policía Federal desplegados sobre Corro con dos tanquetas, a pocos metros varios camiones del ejército, efectivos cortando las calles y las vías del tren Sarmiento y hasta un helicóptero sobrevolando la zona. Casi la totalidad de los techos de las casas de Yerbal al 4800 y Corro al 100 fueron ocupadas por militares al igual que un edificio en construcción de la calle Cervantes al 100 desde donde días previos el Batallón 601, con Héctor Vergez a la cabeza, hizo inteligencia, según se pudo reconstruir años después en el marco de la causa judicial que tras medio siglo llegó a juicio oral.
El dato exacto de locación había sido aportado por el represor Ernesto “Nabo” Barreiro, integrante del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba, quien le quitó a fuerza de tortura la dirección a María Magdalena Mainer, detenida en aquel entonces en el Centro Clandestino La Perla. Con la información de Barreiro, el coronel Roberto Roualdes, del Primer Cuerpo del Ejército, ordenó el ataque sobre la casa.
A plena luz del día comenzó la balacera que se extendería por casi dos horas. Los efectivos dispararon principalmente con fusiles FAL, FAP y proyectiles lanzagranadas.
En el interior del domicilio los Mainer desarmados buscaron refugio mientras los integrantes de Montoneros intentaban resistir el ataque buscando vías posibles de escape pero la asimetría de fuerzas era, por demás, evidente.
Molinas, Bertrán, Salame y Coronel fueron asesinados en el transcurso del operativo mientras que Walsh se quitó la vida al evidenciar que no había escapatoria posible, y caer prisionera con su beba no era una opción.
“Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación”, escribiría el propio Walsh desde la clandestinidad en “Carta a mis amigos”, publicada tres meses después de la muerte de su hija.
Tras el operativo fueron privados ilegalmente de su libertad y conducidos sucesivamente a los centros clandestinos de detención “El Vesubio” y Coordinación Federal, Lucy Gómez de Mainer, su hijo Juan Cristóbal Mainer de sólo 16 años, y su hija Maricel Mainer embarazada de cuatro meses junto a su esposo Ramón Baravalle.
Maricel y su marido fueron liberados tras 25 días de cautiverio. En el caso de Lucy, fue llevada al penal de Villa Devoto donde estuvo presa dos años. A Juan Cristóbal, lo llevaron a Devoto primero y lo trasladaron a la Unidad Penal N° 9 de La Plata después. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo sin juicio ni condena hasta enero de 1980.
La pequeña hija de Vicky Walsh sobrevivió al ataque y fue recuperada por la familia de su padre, Emiliano Costa, quien se encontraba detenido desde 1975 en Sierra Chica.
Medio siglo después, el juicio
A 50 años de los hechos, el pasado 18 de marzo inició el juicio oral y público por la Masacre de la calle Corro, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Los acusados son Carlos Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Montell, Guillermo Viola, Héctor Godoy y Danilo González Ramos, todos exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 del Ejército, con asiento en Ciudadela. Tras la decisión del Tribunal de unificar dos tramos de la causa, se incluyeron en septiembre como imputados en este juicio a los extenientes del GADA 101, Gustavo Juárez Matorras y Domingo Giordano. Los ocho acusados, sin condenas previas, enfrentan cargos por el homicidio agravado por el concurso premeditado de cuatro de los integrantes de Montoneros, por el homicidio agravado en grado de tentativa de Walsh y por la privación ilegal de la libertad de los cuatro miembros de la familia Mainer.
A lo largo de las 13 audiencias realizadas hasta ahora miércoles por medio de manera híbrida, ya han declarado casi 50 testigos entre familiares de víctimas, sobrevivientes, vecinos y una gran cantidad de exconscriptos que estuvieron presentes en el operativo.
“Este año cumplí 50, tenía cuatro meses de vida cuando mataron a papá. Fue muy movilizante poder declarar en el juicio, aunque la que tendría que haberlo hecho era mi abuela que desde que perdió a su hijo se puso esta lucha al hombro. Siento que pude cumplir con un deber histórico familiar, en nombre de ella y de mi papá”, contó a este medio Lucía Coronel, hija de José.
Lucía también señaló la emoción de poder conocer por primera vez personalmente a otros hijos de las víctimas así como a los Mainer, y compartir ese momento de “justicia por sus seres queridos” y por fin, después de tantos años, poder sacar a la luz todo aquello que fueron “guardando, recopilando y denunciando a lo largo de cinco décadas”.
Marcos Mollerach, hijo de Ismael Salame, tenía tres meses de vida cuando mataron a su padre y al declarar frente al Tribunal reflexionó: “Me han privado de un mate, de un abrazo de mi padre, de su compañía. Son círculos que no cierran, por más que uno haga un duelo personal. A mí y a miles de familias de todo el país nos han privado de una historia, de la crianza, de una vida compartida. Si mi papá hubiera cometido algún delito, lo correcto hubiera sido que pase por la justicia. Pero no, a todos los que estaban ahí los masacraron”.
Otro testimonio destacado del juicio fue el brindado por Patricia Walsh, hermana de Vicky e hija menor de Rodolfo, que se extendió por dos horas con un detalle pormenorizado de todo lo que fue averiguando durante años de investigación como una de las principales impulsoras de la causa, hoy parte querellante.
“205 efectivos contra cinco militantes que iban a tener una reunión política respecto de sus distintas responsabilidades, en el caso de mi hermana, la prensa sindical. No estaban haciendo otra cosa. Las fuerzas utilizaron armas de guerra en pleno barrio de la capital, una locura completa, solamente posible en una dictadura como aquella”, refirió Walsh.
Maricel Mainer contó cómo la paralizó la magnitud del ataque: “Los techos de las casas estaban llenos de soldados armados, fue un operativo feroz. Sentíamos los helicópteros. Derribaron el portón de hierro de la casa con una tanqueta. Después nos sacaron de la casa, nos tiraron al piso y nos llevaron a mí, a mi hermano, mi mamá y mi marido en los baúles de dos Falcon a destinos desconocidos”.
Quien no podía dar crédito a lo que veía fue María de los Ángeles Navarro, vecina que vivía y tenía un local justo enfrente de la casa de los Mainer, en Corro 99. Los militares entraron a su negocio armados, rompieron las vidrieras para apostarse y disparar desde ahí mismo. “Estaba desesperada, tapé con colchones la ventana de la habitación donde estaba junto a mi bebé de diez meses y mi nena de tres años y medio en nuestra casa pegada al local. Fue un horror lo que vivimos”, expresó Navarro durante la audiencia presencial del 13 de mayo. Para sorpresa de los magistrados, en medio de su declaración Navarro sacó de su cartera una bolsita con nueve vainas servidas que encontró en su casa al limpiar los destrozos y que guardó en su mesita de luz por 50 años. “No pensé nunca en mi vida que iba a estar contando esto”, confesó al hacer entrega de las vainas como evidencia.
“La cantidad de munición que se disparó fue notable. Se usaron proyectiles que traspasaron viviendas, perforaron paredes, heladeras, cañerías de gas. De hecho en una de las casas linderas tuvieron que venir los bomberos por un principio de incendio”, testimonió durante el juicio el exconscripto del GADA 101, Carlos Manuel Antoni, quien recordó haber visto a uno de los acusados, Grisolía, “disparar con vehemencia desde una tanqueta blindada”.
Según indicó en diálogo con Revista Zoom Matías Aufieri, uno de los abogados de la querella que representa a Walsh y Coronel, por la cantidad de testigos que aún faltan declarar, entre 40 y 50, el juicio se extendería hasta los primeros meses del año próximo.
“Tenemos una cantidad importante de pruebas y testigos cuyos testimonios son bastante coincidentes, sobre todo en cuanto a que los oficiales acusados iban adelante, con un rol protagónico y eran además quienes sabían del objetivo de ese operativo. Entonces, la estrategia de la defensa de plantear una teoría de cerco, de cumplir sólo tareas de retén o que eran casi un tercer cordón más lejano, se cae. En ese sentido, al estar acreditado que participaron de un operativo ilegal y que su rol no fue menor ni secundario, creemos que todos van a recibir una condena”, analizó Aufieri.
La lucha contra el paso del tiempo: los juicios en curso y los que faltan
El juicio por la Masacre de Corro es uno de los nueve debates orales por delitos de lesa humanidad que se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones del país. Según informó oficialmente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el reinicio de los juicios en 2006, se dictaron 376 sentencias por este tipo de delitos perpetrados durante el terrorismo de Estado, en las cuales 1.254 personas fueron condenadas y 251 absueltas.
Sin embargo, el tiempo corre: acusados, testigos, familiares de víctimas y sobrevivientes envejecen y mueren mientras 59 causas están aún a la espera de una fecha para el inicio de juicio y otras 280 causas tramitan en la fase de investigación preliminar.
Durante su declaración, Patricia Walsh miró a los ojos a los jueces y les hizo “una petición”: “Tratemos de avanzar en qué fue realmente lo que ocurrió y que sea justicia. Porque un país sin justicia, que construye impunidad, no sale adelante, es un país sin futuro”.
En base a los datos del informe de la Procuraduría, la cantidad de personas detenidas es la más baja en los últimos 11 años y la mayoría se encuentra en arresto domiciliario. Mientras tanto, 1.567 personas vinculadas con estos procesos permanecen en libertad.
Frente a la impunidad biológica de acusados que mueren sin ser juzgados por sus crímenes, sin decir dónde están miles de argentinos desaparecidos o los cientos de bebés apropiados que hoy son adultos que desconocen su verdadera identidad, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad es fundamental. Su celeridad para vencer al tiempo y obtener verdad y justicia, también.