Desde que Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, Buenos Aires se ha transformado en un escenario clave por el que van y vienen opositores y adherentes del primer gobierno indígena que tiene el país del altiplano. Dentro del primer grupo están las multinacionales petroleras que, como Repsol-YPF, dieron su apoyo para que desde la capital argentina, el diario La Nación reprodujera las palabras del portavoz de la organización político – empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ). Daniel Castro advirtió a Evo Morales que «Si el gobierno nacional viola la Constitución y se diera un escenario en donde se pasaran por encima de las reglas, entonces sí nosotros podríamos decidir separarnos». La amenaza no llegó a tanto, pero el gobierno del MAS enfrentó este viernes un primer paro convocado en cuatro departamentos bolivianos identificados con la oposición, en medio de episodios violentos que forzaron la intervención de la policía y con evaluaciones dispares por parte del gobierno y de los organizadores.
La medida de fuerza, presentada como la mayor desde de la llegada de Evo Morales a la presidencia, hace casi diez meses, fue calificada de «fracaso» por el gobierno y considerada un «éxito» por los prefectos (gobernadores), grupos cívicos y partidos políticos convocantes.
El gobierno denunció la conducta de grupos de «jóvenes fascistas» que agredieron a las personas que se negaron a adherirse al paro en los departamentos de Santa Cruz (oriente), Tarija (sur), Beni (noreste) y Pando (norte), los más ricos del país.
La huelga fue convocada en contra de la decisión del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de aprobar los nuevos artículos de la Constitución, en debate en una Asamblea Constituyente, con mayoría simple de votos, y no con los dos tercios de los sufragios establecidos en la ley de convocatoria.
Sin embargo, detrás de estos movimientos autodenominados “cívicos” parece que hay algo más. Según informó la Agencia Periodística del Mercosur (APM) de la Universidad Nacional de La Plata, las acciones forman parte de una llamada “Operación Camba”, cuya “coordinación general está a cargo de oscuros funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y Argentina. La cara visible es la dirección de la organización político – empresarial Comité Pro Santa Cruz (CPSCZ), conducida por Germán Antelo.
Buena parte de los fondos utilizados por estos golpistas son aportados por las petroleras Petrobras y Repsol – YPF. Sus grupos de choque se esconden tras el sello Nación Camba. Estos últimos ya están siendo investigados por el ministerio de Defensa, según reconoció su titular, Walker San Miguel.”
Luego de la protesta en los departamentos más ricos de Bolivia, los medios de prensa locales dijeron que el paro se sintió en las capitales de los departamentos abarcados en la protesta, especialmente en la banca y la industria. Pero radio Erbol informó que en las ciudades y localidades del interior de esos departamentos la medida fue tuvo alcance parcial o nulo acatamiento, como en los casos de Camiri o Yacuiba, en el sur del país. La televisión local mostró imágenes de jóvenes alineados con la huelga que amenazaban con palos y piedras a personas que no querían acatar el paro en distintos barrios de Santa Cruz.
Hubo un gran despliegue de organización y el presunto descontento “espontáneo” tuvo sponsors. Según informa APM, “asesores de las mismas corporaciones se reunieron esta semana en Buenos Aires con emisarios del CPSCZ, con el visto bueno de la diplomacia estadounidense, para ultimar detalles de la jornada de desestabilización” que se desarrolló este viernes 8 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Pando y Beni, “departamentos donde se concentran las riquezas energéticas y demás recursos naturales de Bolivia, y desde los cuales se comanda la denominada «Operación Camba».
El encuentro de Buenos Aires y la activa participación de las dos petroleras en los intentos de acabar con el gobierno de Evo Morales y de provocar una modificación en el mapa político boliviano -funcional a la estrategia de Estados Unidos para la región, tendiente a asegurarse el control de los grandes yacimientos de recursos productivos- fue confirmada a APM por fuentes diplomáticas sudamericanas.”
Pero el gobierno boliviano se movió con cautela, y antes de la protesta prometió respeto para quienes adhieran a la huelga de 24 horas convocada por los movimientos cívicos del oriente y el sur del país, que llegan a hablar de una actitud «totalitaria» del presidente Evo Morales. Frente a las acusaciones varias organizaciones sociales y de campesinos hicieron llamamientos para contrarrestar la protesta y apoyar la táctica de Morales para la reforma de la constitución del país.
«A las personas que hagan paro, respeto absoluto, cariño, aprecio, preocupación por la manipulación política que está sufriendo ese paro, pero se respeta ese paro y las personas que lo acaten, sin ningún problema», dijo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
Con cuatro días de anticipación los cívicos, prefectos (gobernadores), alcaldes y parlamentarios de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, junto a la principal oposición derechista de Poder Democrático y Social (Podemos), que lidera el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, decidieron el paro. Son los mismos sectores que denunciaron que el gobierno intenta imponer una Asamblea Constituyente «indígena y originaria», aunque la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) denunció que el paro tiene un carácter «oligárquico».
García Linera reiteró que la medida de fuerza tiene trasfondo político y es organizada por la agrupación Podemos, lo cual fue desmentido por el comité cívico de Santa Cruz. Agregó que las autoridades están dispuestas a dialogar con los departamentos que van a la huelga, los más ricos del país. «No están cerradas las puertas del diálogo. Como siempre seguimos invocando al diálogo, a la concertación y esperamos que este pedido de concertar y de restablecer la tranquilidad sea oído por esa fuerza política». Agregó que los sectores convocantes «no quieren Asamblea Constituyente», sino que pretenden «sabotearla».
Poco antes del comienzo del paro Evo Morales pidió a los cívicos, estrechamente vinculados al empresariado petrolero y agropecuario, que «se declaren de una vez por todas como partido político».
Pero la virulencia de la protesta “cívica” originó que la policía utilizara granadas de gas lacrimógeno para evitar el enfrentamiento de grupos antagónicos y hasta el portavoz presidencial Alex Contreras denunció que la filial de Santa Cruz del canal estatal de televisión fue atacada esta madrugada con dos bombas Molotov.
«La ciudadanía debe saber cómo se comportan ciertos grupos de Santa Cruz, ciertos grupos de la oligarquía y de la oposición política», resaltó Conteras. Mientras tanto la ministra boliviana de Gobierno, Alicia Muñoz, dijo en el primer informe oficial sobre la huelga que «un paro en el que jóvenes fascistas obligan a la gente a parar con palos y cadenas no puede ser un éxito». Para Muñoz se trató de «un paro armado, un paro movilizado, con hordas fascistas amedrentando a la ciudadanía» y que la medida de fuerza fue «un fracaso completo».
La crítica de la funcionaria fue dirigida a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocidos por sus ataques contra indígenas y campesinos.
La protesta fue organizada por el Comité Cívico, que agrupa a partidos políticos de la oposición y grupos empresariales y profesionales con poder en Santa Cruz, región tradicionalmente vinculada con las fuerzas de derecha. Históricamente fue el centro del poder de la extinguida Falange Socialista Boliviana (FSB).
«Este paro es un éxito, el pueblo cruceño ha respondido con un alto espíritu cívico y democrático», dijo Germán Antelo, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, capital económica de Bolivia y donde se concentra la oposición al gobierno del socialista Morales.
Sobre los actos de violencia, dijo que fueron causados por «pequeños grupos que no corresponden al espíritu cruceño».
El MAS de Morales controla el 60 por ciento de la Asamblea Constituyente y en una sesión, resolvió que los nuevos artículos pueden ser aprobados por mayoría simple y solamente el texto final por los dos tercios de los votos.
Ese mecanismo elegido por el gobierno es rechazado con vehemencia por Podemos (Poder Democrático y Social), la fuerza política del ex presidente boliviano Jorge Quiroga, de tendencia conservadora, a quien el gobierno acusa de haber orquestado la huelga.