A fines de noviembre de 2023 Juan Suris fue detenido en Esperanza. Estaba viviendo desde hacía un tiempo en esa localidad, tratando de mantenerse alejado de sus problemas legales y los flashes del periodismo, teniendo en cuenta su condición de exmarido de la vedette uruguaya Mónica Farro y exsocio del financista Leonardo Fariña. En esa ciudad, de la que es oriunda la madre de sus hijos, intentaba pasar desapercibido, aunque la ostentosa camioneta Hummer y varios cuatriciclos en los que se manejaba dificultaban esa tarea.
Suris cayó luego de que se unificaran dos condenas en su contra: una por haber integrado una banda narco en la ciudad de Bahía Blanca, y otra por haber montado una asociación ilícita que emitía facturas falsas para crear crédito fiscal de compras que nunca se efectuaron a empresas que en realidad no existían. En total, ocho años de prisión efectiva, de los que debía cumplir cuatro y medio, ya que antes de su captura había estado tras las rejas 42 meses.
Su lugar de detención fue la capital provincial, más precisamente la sede de la Policía Federal, ubicada en San Martín al 3300, a cien metros de Boulevard Gálvez y apenas a unas cuadras de la peatonal. Desde noviembre de 2023 a marzo de este año contó con una serie de privilegios de los que no dispone ningún interno: asados, delivery de McDonald’s, acceso a celulares, visitas sin días ni horarios fijos de familiares y también íntimas. Para eso, pagaba en efectivo.
La justicia federal ya había procesado al subjefe Leonardo Benítez, a quien se le dictó prisión preventiva, y ahora hizo lo propio con el comisario Guillermo Gabriel Gallo, al frente de la División Unidad Operativa Santa Fe, por los presuntos delitos de cohecho pasivo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Gallo, a quien se le trabó embargo por 8 millones de pesos, intentó despegarse de los hechos. En su declaración indagatoria negó todo: «Me declaro inocente de los hechos que se me imputan, los desconozco. Durante los momentos en que yo me encontraba a cargo de la dependencia en ningún momento el detenido Suris fue favorecido con un régimen distinto del resto de los detenidos».
Además, apuntó contra Benítez, quien en la escala jerárquica estaba bajo sus órdenes: «Lo que tuve conocimiento fue que en horarios en los que yo no me encontraba presente Benítez habría mantenido charlas con Suris en su oficina, a lo que le indiqué que finalizara con esas actividades y le pregunté por qué motivos eran esas charlas. Me dijo que eran con motivos generales de la detención de él y del resto de los detenidos».
La investigación, que estuvo a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, demuestra lo contrario. Hay escuchas telefónicas, testimonios de distintos testigos y un cuaderno de tapa violeta en el que, con minuciosidad, se anotaban los ingresos de dinero que hacía la familia de Suris. Sobre ese cuaderno, que fue entregado por el propio Gallo, una de las uniformadas explicó: «Había un libro en la oficina de jefe de servicio, no era formal, no tenía validez, pero servía para llevar el control del dinero que la familia de Suris traía a la dependencia para uso exclusivo de él. Cuando nos dieron la función de completar este cuaderno nosotros no estábamos de acuerdo. Pero nos dijeron que esto venía de directivas desde más arriba, sin especificar de quién».
Sorprende la puntillosidad con la que se hacían las anotaciones. Si Suris quería comprar comida, por ejemplo de McDonald’s, tal como quedó acreditado, un uniformado se encargaba de concretar el pedido para saciar el antojo del detenido. Después, Suris firmaba el ticket, que se adjuntaba al cuaderno como una especia de comprobante. Y en cada cambio de guardia se debía dejar constancia de cuánto dinero quedaba aún en esa suerte de cuenta corriente de Suris para los siguientes movimientos.
Según el expediente judicial, al que Zoom tuvo acceso, se infiere «por las cantidades compradas y el valor de las mismas, que los productos adquiridos excedían ampliamente lo que podría consumir una sola persona». Esto fortalece la declaración de una de las testigos, que sostuvo que «el personal de la guardia compraba comida y se registraba en ese libro informal que había mencionado». Detalló que «las compras se las hacía para él y en otras ocasiones para la totalidad de los detenidos, siendo esto último la mayoría de las veces.” Los encargados de hacer el asado, bajo las órdenes de Benítez, eran los propios federales.
En el cuaderno está el detalle de dos de esas compras: una del 15 de enero de 2024 y la siguiente del 10 de febrero «por la adquisición de varios kilos de carne para asado (chorizos, costilla, sobreasado, matambre) como así también carbón, verduras, vino y coca cola». Entre ambas, la inversión de Suris para él, el personal de la delegación federal y el resto de los internos fue de 240.860 pesos.
Los privilegios no eran sólo culinarios: Suris accedía al casino de oficiales para tener visitas de varias horas cualquier día de la semana, hacer llamadas telefónicas desde el celular del subjefe Benítez, disponer de dinero en efectivo en su propia celda, salir al balcón para fumar (sin custodia ni esposas, donde fue fotografiado por la pesquisa judicial) y acceso a electrodomésticos, pesas y otros beneficios.
Su influencia en el lugar de detención llegó a tal punto que incluso sugirió modificaciones: eso sí, garantizando la seguridad de la dependencia, dotándola de más rejas: «Suris brindó un dinero para que se amplíe el lugar de detención, lindante a las celdas. Compró pintura, arena y hierros para las rejas. Eso lo coordinaba con el jefe de mecánicos, quien era enviado por el subcomisario Benítez».
¿Cuál era la tarifa para ese régimen particular? Según un testigo, entre 1.500 y 2.000 dólares por mes. «Había dólares que se usaban para pagar al subcomisario y para el comisario. Yo escuché a Suris decir que esa plata era para los dos, eran aproximadamente 1.500 ó 2.000 dólares por mes. En una oportunidad contó una anécdota en la cual agarró un fajo de dólares y le pegó en la cara a Benítez para demostrar autoridad, es decir que Suris le entregaba de manera personal los dólares al comisario», relató un testigo.
Más allá de este testimonio, para la investigación está claro que Suris también realizaba pagos a través de una mujer oriunda de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, identificada como Mariana Martínez, quien también fue procesada.
