Septiembre es reconocido globalmente como el mes contra la prevención del suicidio. En nuestro país, particularmente, se conmemora el día 10, fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud. Cada periodo de concientización trabaja con un lema. El periodo actual (2024-2026) propuso: “Cambiar la narrativa” con el objetivo de “fomentar la escucha activa, preguntar sin juzgar y facilitar el acceso a ayuda profesional”. La semana pasada, todos los canales de streaming reconocidos —Gelatina, Luzu TV, Olga, Futurock, Blender…— hablaron de la temática. En las redes sociales el tema se volvió tendencia y también en charlas cotidianas. Se pudo ver que el aumento progresivo de los suicidios se convirtió en uno de los temas urgentes de los debates en salud mental.
Según un artículo publicado en la página oficial de Naciones Unidas, “mientras el mundo avanza en la reducción de muertes por suicidio, América se convierte en la única región donde no deja de crecer”,[1] las tasas evidenciaron un aumento del 38% entre personas de 10 a 24 años en los últimos 20 años, frente al aumento en la población general del 17%,[2] con un incremento del 17%, desde 2000 hasta 2021. Además, Argentina ocupa el segundo lugar de mortalidad por suicidios en Latinoamérica, ubicándose solo por debajo de Uruguay. En los últimos nueve años se registró un incremento del 3,6 pasando de una tasa de 8,2 suicidios cada cien mil habitantes en 2017 a 11,8 cada cien mil habitantes en 2025, desplazando a los accidentes viales y homicidios como las primeras causas de muerte violenta en adolescentes y jóvenes.[3]
En el análisis de los datos obtenidos en nuestro país, diferenciados por provincias, se registró la tasa más alta de suicidios en la provincia de Entre Ríos con 20,8 cada cien mil habitantes, seguida por San Luis con 18,9 y Salta con 17,4. Por sobre el promedio nacional se encuentran también Santa Cruz (16), Catamarca (14,2), Tucumán (13,5), Santa Fe (13,1), Chaco (12,8), Mendoza (12,7), San Juan (12,3) y Tierra del Fuego (12,1).
En respuesta al crecimiento constante de las conductas con riesgos suicidas y manifestaciones de autolesiones sin fines suicidas, en 2021, en Tucumán, se puso en funcionamiento la línea 135, dispositivo de atención pública destinado a la asistencia de pacientes con riesgo suicida y emergencias en salud mental. Además de la escucha en la urgencia, contención y resolución, desde la línea se busca garantizar la articulación e incorporación efectiva para asegurar una pronta intervención, operando como una vía de entrada para alojar el malestar en la red asistencial. En el mes de agosto del actual año, se recibieron 1552 consultas telefónicas, alrededor de 48 consultas por día. El 24% de los casos fueron derivados a las guardias de salud mental de efectores hospitalarios presenciales, como el Hospital J.M. Obarrio o el Hospital de Clínicas Nuestra Señora del Carmen. Se resolvieron el 66% de las consultas desde la intervención telefónica, lo que significó un operativo de asistencia eficiente e inmediata para las guardias presenciales.
Además de atender la urgencia y resolver la demanda en momento de crisis, desde la 135 se busca incorporar a las personas que llaman en un circuito sostenido de atención, evitando una dinámica de puerta giratoria, en la cual los pacientes son atendidos reiteradas veces en episodios agudos sin lograr la incorporación a los tratamientos necesarios. Este fenómeno debiera entenderse como una falla estructural en el modelo de atención, ya que se resuelve la situación de urgencia, pero el sistema no logra captarlos para la realización de un tratamiento sostenido.
Si bien las intervenciones en crisis operan con relativa eficacia, ya que logran contener el episodio agudo, carecen de un andamiaje territorial eficaz que aloje, contenga y acompañe el malestar en la poscrisis y se encuentran con dificultades a la hora de efectivizar una indicación de internación. En este intersticio es donde la ejecución de la Ley 26657 Nacional de Salud Mental encuentra una de sus dificultades. La adaptación de los hospitales generales en espacios aptos para internaciones a pacientes con problemáticas de salud mental se encuentran, por un lado, con la falta de recursos materiales, camas, insumos e infraestructura adecuada que se agudiza cada vez más por el fuerte desfinanciamiento a la salud llevado a cabo por el gobierno nacional; por otro lado, con estigmas disciplinares y una marcada insuficiencia formativas en los equipos interdisciplinarios para abordar el padecimiento mental grave por fuera de las lógicas de aislamiento.
Todos estos datos muestran cómo la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud es necesaria, pero continúa pendiente cambiar la narrativa, porque exige intervenir sobre el marco epistémico e ideológico que definen qué entendemos por salud mental y, a partir de allí, cómo intervenir. La dificultad estructural del sistema de atención y el entramado discursivo que producen los padecimientos subjetivos se alimentan del mismo paradigma: una concepción de sujeto y de sociedad que privatiza el malestar y lo desplaza al fracaso personal. En contradicción con las concepciones oficiales nacionales de salud pública, la eficacia de una intervención integral requiere desplegar dispositivos territoriales de prevención, asistencia y acompañamiento.
Uno de los principales elementos de resistencia radica en la prevalencia de un modelo médico-farmacológico, que centra su abordaje en la respuesta terapéutica que puede producir el psicofármaco, reproduciendo en el ámbito psíquico la misma episteme que rige para la medicina general. Se establece una equivalencia apresurada entre el dolor físico y el sufrimiento subjetivo, donde incluso lo nombran como “dolor de existir”. En esta equivalencia se filtra una lógica biologicista que toma mayor relevancia sobre los determinantes sociales, simbólicos e históricos. Se indica de manera reiterada la falta de profesionales psiquiatras como uno de los problemas que enfrenta el sistema de salud actualmente, pero poco se dice de la falta de incorporación de otros profesionales a los servicios de salud mental de los diferentes efectores (terapista ocupacional, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, abogados).
Dicho de otra manera, si entendemos el sufrimiento como un problema exclusivamente individual que debe ser corregido mediante una respuesta médica o farmacológica, dejamos fuera las condiciones sociales, económicas, familiares, culturales e históricas en las que ese sufrimiento se produce. El cambio de narrativa debe implicar también poder ampliar la pregunta y atender no solo a qué le pasa a una persona, sino qué condiciones de vida, qué redes de cuidado y qué respuestas institucionales existen para acompañarla. Es cambiar las formas de escuchar, de intervenir y de construir las políticas de cuidado; cambiar las prácticas, los dispositivos y las políticas. No puede ser solo un cambio de palabras. ¿Qué vamos a empezar a producir alrededor del suicidio?
[1] https://news.un.org/es/story/2025/09/1540421
[2]https://www.infobae.com/salud/2026/08/21/el-aumento-de-los-suicidios-en-argentina-preocupa-a-los-especialistas-en-salud-mental/
[3] Datos obtenidos del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional.