El universo de grandes empresas de la Argentina empieza a mostrar discrepancias en su relación con el gobierno de Javier Milei. Sería apresurado hablar de “fracturas en el bloque dominante”, pero indudablemente se observan distintas actitudes, entre “conformidad con las políticas” y las dudas en seguir acompañando el proceso.
El gobierno sueña con atraer apuestas a “inversiones en firme”, pero se encuentra con una retracción en el aporte de capital de quienes sospechan de un sendero que no queda claro dónde conduce.
Es clave entender esta parte del juego, en el que los sectores populares llevan todas las de perder, pero a la hora de la pelea por recuperar posiciones conviene distinguir fortalezas y debilidades en el equipo adversario.
Cuando Milei o su ministro Luis Caputo concurren a los foros de financistas o del sector energético, no reciben más que aplausos, elogios y manifestaciones de respaldo explícito. Parecen iluminar el camino a su paso con una imagen de prosperidad y bienestar a futuro, basado en el empuje de la actividad en las finanzas, los hidrocarburos y demás rubros energéticos. Pero ese panorama no se extiende mucho más allá.
«En aquellos sectores que acompañaron con fervoroso entusiasmo el arribo del flamante mandatario neoliberal –ahora llamado libertario—al gobierno, empiezan a sembrarse dudas.»
Hasta el mentado “campo” expresa sus dudas. A Milei lo esperaban en la inauguración de la Exposición Rural con los brazos abiertos, pero abiertos para recibir algún favor “grosso”, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones, la liberación cambiaria o una flor de devaluación, que le colmara los bolsillos a quienes viven de las exportaciones. Pero sólo recibieron promesas. Eso sí, la convicción plena del presidente de la Nación en avanzar en el mismo sentido que expresan el discurso y los dirigentes rurales. Pero estos quieren los resultados ya, no envueltos en un paquete de promesas.
En aquellos sectores que acompañaron con fervoroso entusiasmo el arribo del flamante mandatario neoliberal –ahora llamado libertario—al gobierno, empiezan a sembrarse dudas. No necesariamente en los mismos personeros de estos sectores, pero sí en aquellos que lo rodean. Es el caso de la Unión Industrial Argentina, donde algunos empiezan a preguntarse si la U en las iniciales no empieza a corresponder a la palabra Importadora en vez de Industrial.
En esta entidad fabril, el discurso habitual de su titular, Daniel Funes de Rioja, empezó a generar molestia en algunos directivos sectoriales que veían que, mientras sus respectivos sectores productivos se hundían en una depresión a la cual no se le ve el fondo, la palabra oficial de la entidad seguía siendo de elogio y agradecimiento para el mismo gobierno que impulsa esa política depresiva.
Pronto el malestar pasó a la irritación, y de allí a la expresión de voz en cuello del desagrado por la falta de defensa de los intereses productivos. Para evitar portazos, Funes de Rioja aflojó un poco el apoyo al gobierno. No cambió de vereda, pero se permite ahora algún que otro planteo puntual de reclamo a las autoridades, mientras que distintas ramas del sector manufacturero han endurecido sus posturas respecto de la política oficial pero se manifiestan a través de sus propias cámaras empresariales. Es el caso de los textiles y más enfáticamente de la industria metalúrgica, cuya cámara, ADIMRA, eligió expresarse públicamente de la mano de la UOM, el gremio del sector, para denunciar el proceso de ahogo al que está sometido la actividad.
«El precio del dólar siempre es (…) un ‘precio político’. (…) Siempre su valor va a ser una definición del gobierno con respecto a qué sectores quiere beneficiar y qué otros sectores van a ser perjudicados.»
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El derrumbe del mercado interno puso en controversia muchos apoyos iniciales al gobierno de Javier Milei, por adhesión más que ideológica, de confianza en poder crecer de la mano de una menor presión del Estado. No hay que perder nunca de vista que muchos empresarios medianos y grandes, si les va bien a las grandes empresas suponen que, en algún momento, les llegará a ellos también la bonanza. Por el supuesto derrame o porque confían, casi ciegamente, en las bondades de la “libertad de mercado”. Esos son los que hoy están más desencantados, aunque no hay que creerse que entendieron qué es lo que les falló.
Ni que hablar del sector de la construcción que enfrentó, desde un primer momento de esta etapa, los primeros anuncios de paralización de la obra pública. Hoy sienten en carne propia que aquel ajuste brutal en el gasto público, estaba llamado a tener repercusiones todavía mayores en el sector privado.
Aquí hay que detenerse a subrayar una observación. No es lo mismo el impacto de esta crisis para una empresa constructora que se dedica plenamente a esta actividad, o a lo sumo puede manejarse en algún rubro complementario –por ejemplo, tener una firma inmobiliaria, o un corralón asociado a la actividad principal— que aquellos otros grandes consorcios empresarios que pueden estar interviniendo, por ejemplo, en actividades diversas como petrolera, transporte, electricidad, además de tener una gran constructora. Para estas últimas, el costo de la crisis se disipa en la medida que alguna de sus otras actividades esté funcionando con buenos resultados y el plan económico a favor. Para este tipo de consorcios, en definitiva, se trata de saber en qué canasta poner los huevos en cada momento.
Decíamos que mercado interno es un factor relevante a la hora de definir beneficios y perjuicios de la política económica de cada empresa o actividad. Hoy el tema del dólar también es un factor que divide aguas, y acá también existe la necesidad de subrayar un concepto. El precio del dólar siempre, en cualquier circunstancia, es para países como Argentina un “precio político”. Bajo, alto o “libre”, siempre su valor va a ser una definición del gobierno con respecto a qué sectores quiere beneficiar y qué otros sectores van a ser perjudicados.
«¿Qué hará el poder económico si el gobierno ya no le satisface?»
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Si lo deja “libre” al precio, no es que el gobierno se desentienda, sino que decide que sea la franja de empresas dominante en el rubro financiero y cambiario quienes definan el valor a su conveniencia. Es decir, que la “liberación cambiaria” es una definición a favor de estos sectores.
Si el gobierno define tener un dólar “controlado”, estableciendo una serie de normas, restricciones y distintas posibilidades de acceso, quiere decir que el gobierno decide fijar explícitamente los costos y beneficios, y quién los paga. Pero en ninguna de las circunstancias deja de ser un precio político.
Aquí se da una de las grandes paradojas del gobierno, como ya mencionamos en ediciones anteriores. El gobierno manifiesta que desearía tener un mercado cambiario libre, pero no puede, porque le faltan dólares. Claramente, lo que falló es el sistema para conseguirlos: no llegaron los dólares por préstamos externos, muchos menos por inversiones y ni siquiera el comercio exterior está dando el aporte que se esperaba.
Curioso, porque en el año de recuperación del agro, tras la fuerte sequía de la campaña agrícola 2022/23, no se produjo el aluvión de divisas esperado sino una retracción de liquidaciones de exportaciones, por el descontento con el valor de la divisa. ¿Falló el gobierno al definir el ancla cambiaria (devaluación pautada del 2 por ciento mensual) como estrategia de ordenamiento de precios y de las demás variables monetarias? ¿O no midió correctamente los costos de tal política?
La respuesta puede quedar a consideración del lector. Lo insoslayable es que el reparto de costos de esta política, con empresarios del campo quejosos por el rendimiento menor al esperado en sus explotaciones agropecuarias, no es la previamente imaginada. Esta es otra fuente importante de conflictos con los sectores (todavía) aliados.
Los conflictos al interior del gobierno no son ajenos a estas discrepancias en el universo empresario. No son pocos los que le adjudican a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la intención de liderar a este espacio de empresarios de cúpula disidentes con la política económica oficial. Incluso, dicho desde muy cerca del presidente Milei.
Este sector se estaría viendo a sí mismo como una alternativa a mano si la política económica en ejecución fracasa. Y no le faltarían respaldo, en tal caso, de sectores que se autoperciben de oposición pero están siempre dispuestos a la “conversación”.
Llegado a este punto del análisis, está claro que el gobierno atraviesa un momento de extrema debilidad, mayor en la medida que más peso tengan los empresarios dispuestos a abandonar el barco. Pero, dada la forma en que está repartido el poder político en la Argentina, cabría advertir que la pregunta no es: ¿Qué hará el gobierno si una parte importante del poder económico lo abandona?
Lamentablemente, la pregunta a hacerse es: ¿Qué hará el poder económico si el gobierno ya no le satisface?
Flaco favor le hacen a la democracia aquellos que desfilan buscando “merecer” la elección del poder económico como los protagonistas de alguna “salida institucional” para reemplazar a un gobierno en crisis.
En cambio, para los militantes del campo popular, el desafío es seguir construyendo una alternativa propia, siendo conscientes del enorme poder acumulado en esta etapa por esa cúpula económica que hoy ejerce una suerte de tutoría sobre el gobierno de La Libertad Avanza. El partido del bloque de poder no es LLA, tampoco el PRO. Son ellos mismos, como la realidad lo está demostrando, una vez más.
