El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aprobó un nuevo protocolo en el que sugiere que los directores de las escuelas porteñas tienen el «deber» de denunciar a sus estudiantes mayores de 14 años en casos que puedan enmarcarse dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia este mes. Según la nueva directriz, también queda habilitada la intervención policial dentro de los establecimientos en casos considerados «urgentes», como la sospecha de portación de armas o hechos que atenten contra la integridad psicofísica o la seguridad de las personas presentes en la institución.
La nueva medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial de CABA, pero inició la polémica este fin de semana luego de que Federico Puy, secretario general adjunto de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), difundiera el documento en su cuenta de X. Desde ese espacio, advirtió que el nuevo protocolo «obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’».
Para Puy, el nuevo reglamento también «constituye una clara persecución a los jóvenes». La Resolución lleva la firma de los Ministerios de Educación, Justicia y de Seguridad de CABA, además del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que acordaron la aprobación de los documentos que forman parte de la nueva reglamentación: «Lineamientos generales sobre el impacto del régimen penal juvenil en el ámbito educativo» y «Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal».
En los «Lineamientos» se establecen los nuevos cambios que entraron en vigencia, como la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y que la aplicación del régimen puede resultar aplicable con independencia del tipo de delito o de la pena prevista, entre otros. El documento también indica que «todos los delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro podrán dar lugar a responsabilidad penal desde esa edad, incluso aquellos que bajo el régimen anterior no resultaban punibles para los adolescentes».
Sintonía con el gobierno nacional de Milei
Muy en sintonía con el mandato del actual gobierno nacional y del operativo Tormenta Negra que asuela los asentamientos pobres porteños, el Gobierno de Jorge Macri (quien realmente hace honor a la historia familiar) implementa los cambios de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil incorporando a las instituciones educativas en el entramado penalizador.
La escuela es uno de los pocos ámbitos que conserva aún cierta referencia en los y las jóvenes frente al desmantelamiento sin pausa que han ido sufriendo las instituciones estatales que atienden a los sectores empobrecidos en un país que se fue moldeando, a partir de la última dictadura militar, al servicio del capital.
Aun así, malherida y maltrecha, la escuela sobrevive como puede, sabiendo que la historia que cada joven porta en su espalda es una pequeña muestra del país que hemos visto y vemos con el corazón en franca retirada. Esa ola arrasadora que, implacablemente, durante décadas fue dejando a millones de niños, niñas y jóvenes de familias empobrecidas a la intemperie sin futuro alguno que no sea la brutal naturalidad de la sobrevivencia diaria, atravesó la institución escolar y colocó a los docentes en una situación difícil de dirimir.
La tarea es denunciar a los pibes
La consigna: denunciar a los y las alumnas, sumergir a los directivos en la delación y abrir el ingreso a la policía al interior de las escuelas. Para el Gobierno de la Ciudad, la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil necesita una escuela sumisa, auxiliar de la policía y la Fiscalía.
Nada les basta para saciar al capital hambriento que necesita controlar las aguas tormentosas de una juventud insurrecta. Por eso, ahora apela al saqueo de la conciencia humana inscripta en el vínculo pedagógico que une a los educadores y educadoras con sus educandos y educandas para convertirlos en cómplices necesarios de su latrocinio.
Todos y todas sabemos que los territorios donde generalmente viven estos adolescentes están manejados y controlados por grandes organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas o simplemente delito organizado, con la anuencia fiel de una policía y una justicia que miran para otro lado y un puntero del gobierno de turno que asume el canal con el poder político que encubre.
Pobreza y garrote
En los centros de salud de estos territorios no suele haber médicos suficientes, ni medicamentos, ni insumos, y los hospitales a donde se derivan a estos jóvenes están abarrotados de turnos emitidos que terminan dando siempre una respuesta tardía a la consulta.
Estos adolescentes y sus familias suelen vivir amontonados y hacinados en el rincón que pueden por la falta de viviendas o alquileres imposibles de pagar.
De nada de esto habla la resolución que pomposamente recita en forma verdaderamente hipócrita los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para el Gobierno de la Ciudad, hay que convertir las escuelas en una especie de purgatorio del circuito de penalización.
Puntos clave
- El nuevo protocolo rige desde el 29 de septiembre de 2026 en todas las escuelas de la Ciudad.
- Los directivos deben denunciar penalmente hechos graves como lesiones o robos con violencia.
- La Policía puede intervenir solo ante riesgo inminente o delito en flagrancia.
- Se prioriza la contención pedagógica antes de la intervención policial.
- Los equipos directivos recibirán capacitaciones en las próximas semanas.
Vigencia
Desde el martes 29 de septiembre de 2026, las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tienen un nuevo protocolo que regula cómo actuar ante situaciones que puedan constituir delitos cometidos por alumnos menores de edad.
El documento, elaborado por el Gobierno porteño en el marco del Nuevo Régimen Penal Juvenil, busca clarificar las obligaciones de directivos, docentes y personal educativo, y establece en qué circunstancias corresponde dar aviso a la Policía o a las autoridades judiciales.
Según el protocolo, los establecimientos educativos deben priorizar la contención pedagógica y el resguardo de la comunidad escolar. Sin embargo, ante hechos graves como lesiones, robos con violencia, amenazas con armas o delitos sexuales, los directivos tienen la obligación de realizar la denuncia penal correspondiente.
«Lo que se sabe hasta ahora es que el protocolo busca equilibrar la protección de los derechos de los menores con la seguridad dentro de las escuelas», explican fuentes del Ministerio de Educación porteño. Hasta el momento no se registraron cambios en la dinámica diaria, pero sí se espera que los equipos directivos reciban capacitaciones en las próximas semanas.
Vecinos y padres de distintas comunas, incluyendo Villa Ortúzar, Almagro y Villa Urquiza, vienen reclamando desde hace meses mayor claridad en estos procedimientos. Muchos directivos contaban que hasta ahora actuaban en un terreno gris, sin saber exactamente cuándo debían llamar al 911 o simplemente dar aviso al supervisor escolar.
¿Cuándo puede intervenir la Policía en una escuela?
El protocolo es claro en los casos en los que se permite o se requiere el ingreso de efectivos policiales. Esto ocurre principalmente cuando hay riesgo inminente para la integridad física de alumnos, docentes o personal, o cuando se está cometiendo un delito en flagrancia. En situaciones de menor gravedad, como hurtos sin violencia o peleas leves, se prioriza la intervención de los equipos de orientación escolar y, eventualmente, la notificación a los padres o tutores. Solo si el hecho reviste características de delito penal se activa el aviso a la Justicia y, de ser necesario, a la Policía.
Obligaciones de los directivos
Entre las principales novedades, los directivos deberán:
- Registrar por escrito todo incidente que pueda ser constitutivo de delito.
- Informar de inmediato a las autoridades del Ministerio de Educación.
- Realizar la denuncia penal cuando corresponda, sin necesidad de esperar autorización superior.
- Coordinar con los equipos de convivencia escolar para evitar que los hechos se repitan.
Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que el protocolo no busca «militarizar» las escuelas, sino dar herramientas concretas para manejar situaciones complejas que, según datos oficiales, aumentaron en los últimos años.
Como alternativa a la intervención policial inmediata, el protocolo refuerza la figura de los mediadores escolares y la derivación a programas de acompañamiento para jóvenes en conflicto con la ley.
Los directivos que tengan dudas sobre cómo aplicar el nuevo régimen pueden consultar el documento completo en las plataformas internas del Ministerio de Educación porteño. Se espera que en las próximas semanas se realicen reuniones por distrito para explicar los detalles y responder consultas de las comunidades educativas.
El reclamo viene de hace tiempo en varios barrios: padres piden más seguridad y docentes reclaman herramientas claras para no quedar expuestos. Este protocolo es la respuesta oficial a esos pedidos, aunque su implementación real se irá evaluando con el correr de los meses.