El conflicto bélico Rusia versus Ucrania desató un gran aumento en los precios de las materias primas y de la energía. Más de treinta países son importadores netos de estos bienes y dependían en un 30% de ambos adversarios. Cabe destacar que la dependencia de las importaciones era tanto de materias primas como de fertilizantes que producían Rusia y Ucrania. Las exportaciones rusas de cereales se destinaban principalmente a Egipto, Túnez y Turquía como también a otros países africanos y asiáticos. Ucrania, particularmente en 2021, tuvo una cosecha récord alcanzando los 106 millones de toneladas de cereales y exportando el 75% de la producción agrícola a Europa, China y países del continente africano.
Por su parte, derivado de las sanciones que se han impuesto al petróleo y al gas ruso, los precios de los alimentos también aumentaron porque se incrementó el precio del petróleo. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las importaciones mundiales de alimentos tendrán un costo de 51.000 millones de dólares más que en el 2021. A su vez, la sequía en muchos países productores no ha ayudado a incrementar los niveles de producción de estos bienes.
¿Por qué un “nuevo” impuesto?
La tan controversial renta inesperada es un proyecto que busca captar las ganancias que determinadas empresas obtuvieron, producto de una importante alza en el precio internacional de los commodities y no como un crecimiento de la inversión productiva. El proyecto implica gravar la ganancia extraordinaria generada por precios muy altos en las materias primas y en la energía como consecuencia del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sectores exportadores de trigo, soja y maíz, como así también los complejos exportadores petroleros, se vieron beneficiados con el contexto internacional en términos de precios. Si bien los precios de estos productos venían en un proceso de suba, el conflicto bélico generó aumentos desorbitantes y hasta provocó records históricos. El precio del trigo registró una suba superior al 40% desde que inició el conflicto.
El proyecto adicionaría dos nuevos artículos a lo que sería de Ley de impuesto a las ganancias, estableciendo una alícuota adicional del 15% en dicho impuesto. Involucra a empresas cuya ganancia neta alcance los mil millones de pesos ajustada por inflación y que el resultado contable del ejercicio 2022 deflactado sea superior al 10% de los ingresos totales obtenidos en ese ejercicio, o bien, hayan aumentado ese margen un 20% más que en el 2021. Se trata de grandes cerealeras dentro del sector agroexportador y algunas empresas exportadoras de petróleo. En principio, se estima que tan solo el 3% de las empresas del sector estarían alcanzadas por esta renta.
La discusión
La realidad es que hay una espera muy latente, y de aprobarse el proyecto, habrá un desfasaje en la recaudación. Si bien el proyecto se anunció junto con los refuerzos de ingresos (trabajadores informales, monotributistas y jubilados) de los meses de mayo y junio, la comparación para determinar si una empresa entra dentro de la renta es en base al ejercicio contable 2022. Esto implicará que la percepción por parte del Estado será en el año próximo. Discusión aparte, aún quedan los compromisos por asumir con el FMI en este año…
Desde ya, hay posiciones en contra de la renta. Desde los sectores que no están a favor de la aprobación de este proyecto de ley, alegan que sería inconstitucional puesto que “no respetaría el derecho de propiedad y el principio de capacidad contributiva”. Por otro lado, apelan al argumento de que la ley vigente de impuesto a las ganancias cumple con la finalidad de gravar las rentas obtenidas en forma extraordinaria. Éstas rentas se encuentran sujetas a alícuotas que, precisamente, hacen que el monto del impuesto que una empresa debe pagar dependa directamente de esas rentas, entonces: “a mayor renta, mayor impuesto”.
Para sorpresa de muchos, a nivel internacional el fondo monetario se manifestó en favor de la implementación de este tipo de rentas en pos de redistribuir ingresos. En una sección del World Economic Outlook (WEO), el organismo internacional de crédito indicó que “para disminuir la carga para las finanzas públicas, se podría prever un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios”.
El Reino Unido, entre otros, impulsó un impuesto para el sector energético que volcará a ayuda social para los sectores que se vieron afectados ante los incrementos en el precio de los alimentos. El gobierno de Reino Unido anunció que las empresas energéticas productoras de petróleo y gas abonaran un nuevo tributo dirigido a las “ganancias inesperadas” que será “temporario” y “focalizado”. Este impuesto gravará el 25% por ciento de las ganancias y recaudará un total de 6.300 millones de dólares, lo que permitiría otorgar subsidios por única vez de 650 libras (unos 820 dólares) a ocho millones de hogares que están en la escala de ingresos más bajos. El titular del área económica, Rishi Sunak señalaba: “sabemos que los hogares están siendo impactados muy fuertemente ahora mismo. La asistencia fiscal tiene que ser a tiempo, focalizada y temporaria”.
Otra cuestión a resaltar, según lo anunciaron en la propuesta, es que la recaudación de esta renta será asignada a rentas generales. Con lo cual, formará parte de los fondos coparticipables, lo que implicaría un beneficio al financiamiento del sistema federal.
Hace pocas semanas se discutía la creación de un fondo que permitiría solventar de alguna manera los cuantiosos pagos hacia el Fondo Monetario Internacional con dólares no registrados en el exterior. Según este proyecto, las cuentas no declaradas en el exterior deberían declararse y abonar un 20% del capital. Ese porcentaje se elevaría al 35% si no se realiza la declaración pasados los seis meses de sancionada la ley. Este proyecto se enlaza con uno que pretende modificaciones en la ley de entidades financieras, pero como en todo proyecto vinculado a lo impositivo, el debate es muy extenso y pocas veces mejora la redistribución del ingreso. Desde una óptica más crítica, Argentina le debe a la sociedad una reforma tributaria integral. Un sistema de tributación progresiva ayuda a proteger los ingresos de las personas más vulnerables reduciendo la carga tributaria y la pobreza. Encauzar un proceso de redistribución del ingreso más equitativo también es una deuda.
