La coyuntura que se abrió después de las PASO habilitó algunas discusiones de fondo para acompañar la secularización de los datos de la macroeconomía; esos indicadores positivos que comunicaba el gabinete económico del gobierno nacional de forma efusiva pero tenían como contracara la realidad de la población a lo largo y a lo ancho del país. Poco se podía festejar la tendencia a la baja de la inflación o los índices de recuperación económica con la mayor parte de sociedad por debajo de la línea de pobreza. Desde ahí se expusieron debates que, por un lado, sugerían la inconveniencia de seguir supuestas agendas minoritarias ante otras mayoritarias, o definido de otra manera la postergación de reivindicaciones materiales ante reivindicaciones más de tipo simbólicas.
Por otro lado, tenemos la carta de Cristina Fernández de Kirchner después del último turno electoral, donde se pusieron sobre la mesa algunas urgencias que, sin contraponerse con otras necesidades, son de estricto corte económico: resolución de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, recuperación del salario y del empleo genuino, redistribución de los beneficios de la reactivación de la economía pospandemia, aceleración de la ejecución presupuestaria y más aumento del gasto público para favorecer el mercado interno. En esa misiva aludió a un itinerario de intervenciones propias que fueron desoídas.
Uno de esos discursos se produjo en un acto de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis, donde la ex Presidenta hizo una advertencia que sigue trayendo tela para cortar en territorio santafesino por su impacto local y la gran implicancia a nivel nacional: “Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos para toda la industria”. La referencia es para la planta que Dow Argentina tiene en Puerto General San Martín, en el Departamento de San Lorenzo, donde trabajan algo más de 100 personas y que ha producto de una “reestructuración global” cerraría a mediados del año próximo para trasladarse a Brasil. Argentina estaría perdiendo con este desplazamiento un insumo fundamental para la cadena de suministros de diversas industrias, ya que es la única del país en elaborar poliuretano, un material plástico utilizado para autopartes, electrodomésticos y colchones. Ese mismo día, Cristina agregó: “Esto es quitarle autonomía a nuestro proceso industrial y drenaje de divisas que necesitamos para seguir produciendo”.
Estos procesos de relocalización son característicos de las multinacionales que se desentienden de las economías domésticas y están siempre en busca de optimizar sus negocios a través de mayores beneficios. Encima la pandemia proporcionó buenas condiciones para pensar estos ajustes producto del parate forzado de las actividades y la retracción de los mercados. En este caso puntual, la multinacional Dow no se irá del país como se informa desde algunos medios de comunicación y voceros el arco opositor, porque conserva otra planta industrial en Bahía Blanca. Lo que pretende es relocalizar la producción que realiza en Puerto San Martín en Brasil, donde cuenta ya con cinco instalaciones en parques industriales, y a la vez buscará no perder el mercado local de poliuretano abasteciéndolo desde su nueva sede. Otra faceta que caracteriza estas compañías es que no transfieren capacidad instalada ni tecnología, así retienen mercados y disipan la competencia. Se hace mención a que una vez hecho el traslado al país vecino, las instalaciones locales serán demolidas como ya hizo Dow en otras oportunidades.
Es una iniciativa que no se explica por el asiento contable de la empresa, que según Mauricio Brizuela, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), es 100% rentable. En el mismo sentido se manifestó el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, al asegurar que no encuentra el por qué para tal resolución “de una empresa que es rentable y tiene que ver con la producción local no pueda seguir en funcionamiento». Uno de los datos para tener en cuenta es la diferencia entre el salario mínimo expresado en dólares de ambos países, que según diferentes estimaciones difieren a favor de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país entre 40 y 90 dólares.
Además, aunque en un comunicado explicaron que la decisión nada tiene que ver con la coyuntura política y económica de Argentina y ejemplifican que la reestructuración global alcanza también plantas en Australia, Estados Unidos y China, es cierto que Dow (fusionada desde 2019 con PBB Polisur S.R.L.) controla un alto porcentaje de la producción de envoltorios plásticos para alimentos y fue señalada en más de una oportunidad dentro del grupo de actores que sacan tajada de la vorágine inflacionaria. La Secretaría de Comercio Interior abrió expedientes para estudiar y sancionar prácticas distorsivas de precios y la titular de la cartera, Paula Español, abrió un expediente para PBB Polisur, entre otras 20 otras empresas de la cadena de insumos claves para empacar alimentos. Y un dato no menor que hay que sumar a la diversificación de intereses de este holding es que Dow también tiene su rama dedicada al shale gas, con la vista puesta en el desarrollo de Vaca Muerta. Entonces, por más aislada que parezca, estas movidas producen una tensión sobre las políticas del gobierno nacional y pretenden influir de forma múltiple en la promoción y radicación de inversiones e industrias.
Al igual que Fernández de Kirchner cuando apuntaba en Tecnópolis sobre que cada dólar que se va es una herramienta menos para saldar la deuda con el FMI sin mayores sobresaltos, el Ministro de Producción de la provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna, calificó de absurdo pasar a importar lo que se produce acá, “es contradictorio teniendo un mercado tan cautivo, no queremos caer en un esquema de importación y nos preocupa mucho porque es un insumo insustituible”. Por eso, el gobierno provincial trabaja para impedir el cierre de la planta, ya sea logrando que Dow no relocalice en Brasil su producción o que otra firma tome la línea para seguirla. El mismo gobernador Omar Perotti se puso al frente de una mesa de trabajo a tal fin, sabiendo que los puestos de trabajos genuinos y formales que se pierdan serán difíciles de recuperar.
La decisión de mudarse a un país vecino también nos debe permitir pensar las cadenas regionales de valor en el actual contexto latinoamericano. El Mercosur, que justamente se cimentó sobre acuerdos entre Argentina y Brasil para la industria automotriz, necesita retomar el vigor de años atrás para pensar en una región que se integre como tal al mercado internacional. En la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el estadounidense y presidente Maurico Claver-Carone, instó a Latinoamérica y el Caribe a hacer esfuerzos por una mayor integración y fomentar la relocalización industrial, pudiendo mejorar así sus exportaciones en 70 mil millones de dólares en sectores como el textil, el farmacéutico y el automotriz. Sin perder de vista la disputa comercial con China que hay de fondo, las recomendaciones van en el sentido correcto.
Las desventajas de jugar solos en la dinámica internacional puede traer algún que otro beneficio a corto plazo, pero sin dudas, las ventajas de constituir un entramado productivo y una cadena de valor regional apunta al largo plazo y tiene impactos concretos en la mejora de la calidad de vida de la población. Obviamente, recuperar el protagonismo de los acuerdos comerciales implica una sintonía política y una vocación latinoamericana que no se demuestra hoy en el gobierno de Bolsonaro, pero tampoco son los marcos de alianza que lleva adelante el gobierno argentino. El Grupo de Puebla es una triste sombra de la Unasur, que no influye en el ordenamiento regional ni en la agenda político-económica.
A la reconversión de grandes empresas multinacionales que operan a escala global y no contemplan el impacto social de sus acciones, únicamente se le puede oponer una región integrada a través de acuerdos claros de beneficios mutuos que fomenten el desarrollo local, el mercado interno y la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras.
