Por CEPA*
En octubre de 2016, con el decreto 881 y luego de la aprobación de la Ley de Reparación Histórica -Ley 27.260- , se votó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) como política orientada hacia aquellos/as que percibían pensiones no contributivas por vejez, que equivalía al 70% de la jubilación mínima y requería la edad de 70 años para su acceso. Desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se han incrementado en 110.711 los casos de personas mayores que perciben la PUAM.
Desde el gobierno se argumenta que la implementación de la PUAM tenía sentido para absorber a aquellos beneficiarios/as que percibían pensión por vejez. Sin embargo, los números oficiales de ANSES revelan que del total de 110.711 nuevos casos de PUAM, sólo el 9% corresponden a un pasaje desde la pensión por vejez. Por otro lado, si las Pensiones para Adultos Mayores alcanzaron los 110.711 casos, en contraposición, los beneficiarios/as que ingresaron en moratoria se redujeron sensiblemente: pasando de 31.485 casos en agosto de 2016 a 12.628 en diciembre de 2018.
Si observamos estos datos según género, entre enero de 2017 y septiembre de 2017 (la última fecha disponible en la base de ANSES para esta desagregación), el 74% de los/as nuevos/as pensionados/as que accedieron a la PUAM son varones. Alcanzan 38.678 casos sobre 52.268 pensionados/as en total. Esta situación se explica porque la moratoria para las mujeres tiene aún continuidad, aunque sólo hasta septiembre de 2019. Pero precisamente esta composición según género es una enorme advertencia: si efectivamente el gobierno decide discontinuar la moratoria para las mujeres sería lógico esperar un considerable incremento de titulares mujeres en la PUAM, incluso superando la composición masculina en el beneficio. Esto se ubica en línea con la participación femenina en las moratorias jubilatorias: entre 2003 y 2016 se jubilaron 1.796.439 mujeres por moratoria, más del 80% del total de los que accedieron al beneficio previsional. El fin de la moratoria no es más que la condena patriarcal hacia las mujeres trabajadoras que dedicaron toda su vida al trabajo en el hogar.
La aplicación de una pensión universal no contributiva a la vejez plantea una segmentación entre los que están adentro del mercado laboral formal, aportaron y se jubilaron en regla, y los que por no haber cumplido alguno de esos requisitos (aun si dependiera de un patrón o empleador que no quiso pagar sus aportes) no les corresponde una jubilación, entendida como un retiro después de toda una vida de trabajo y aportes. A esa población se le otorga un subsidio, un plan social, y ello constituye un concepto deslaboralizador, que se “focaliza” en las poblaciones pobres y las “atiende” específicamente según sus necesidades. En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de “pobre”, que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional.
Si observamos esta decisión de reemplazo del acceso a la jubilación mínima por el otorgamiento de la PUAM en términos fiscales, la ANSES se “ahorra” 2.766 millones de pesos en un año. Esta suma equivale a poco menos de dos días de intereses generados por LELIQ por parte del Banco Central, con tasa nominal anual de 65% y una tasa efectiva anual que supera el 90%.
En marzo de 2016, la jubilación mínima superaba la línea de pobreza en 40%, mientras que en la actualidad, a marzo de 2019, sólo la supera en 13%, llegando a un punto mínimo en febrero de 2019 (previo al último aumento de movilidad), cuando apenas superó la línea en 5%.
El caso de las PUAM, si en marzo de 2016 ésta superaba la línea de pobreza en 12%, tres años después los montos se ubican 9% por debajo de dicha línea, con un punto mínimo en febrero de 2019 (16% por debajo de la línea de pobreza). De haberse mantenido la moratoria previsional, esas personas se encontrarían por encima de la línea de pobreza, mientras que al reemplazar la misma por la PUAM y como resultado del aumento de la CBT, estas personas hoy se consideran pobres por ingresos.
Desde julio de 2017 el Gobierno extendió el programa de Créditos Argenta a los/as titulares de beneficios no contributivos, es decir, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), PUAM, y otras pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, actualmente se puede acceder a un crédito con un monto que se ubica entre $5.000 y $35.000, con una posibilidad de financiación en 24 ó 36 cuotas. En todos los casos, el monto del crédito no puede exceder el 30% del ingreso mensual del tomador.
En la actualidad, el Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual del crédito ofrecido alcanza 52,83% tratándose de 24 cuotas y 49,60% para 36 cuotas. Esta tasa se ha ido incrementando sensiblemente, acompañando el aumento de la tasa de referencia de la política monetaria, la correspondiente a las Letras de Liquidez o LELIQ.
De los 110 mil casos de beneficiarios/as de PUAM que se registran en la actualidad, un total de 49 mil tomaron créditos en ANSES. Esto significa que la mitad de los/as beneficiarios/as de las pensiones universales está endeudada (el 45%). El monto de endeudamiento de los/as beneficiarios/as de PUAM entre julio de 2017 y diciembre de 2018 alcanza casi $1,4 mil millones. Esto representa 80% más que lo que cobran mensualmente los beneficiarios/as de PUAM, que alcanza $782 millones mensuales.
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*Centro de Economía Política Argentina. En twiteer: @ctroCEPA
