Por OETEC*
La conferencia de prensa Lagarde-Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del inefable organismo, expresa mucho más que la entrega lisa y llana de la soberanía política y económica del país. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el régimen neoliberal de Mauricio Macri entregó incondicionalmente los hidrocarburos argentinos al terrorismo financiero occidental. El desguace del patrimonio público y la liquidación de las riquezas nacionales en la recta final.
En el presente informe, los tres ejes de la gran liquidación hidrocarburífera nacional que la señora Lagarde autorizó a su títere Dujovne ejecutar sin miramientos, y este último a la marioneta Iguacel. Al final, nuestras propuestas para un urgente «rechazo» opositor, rechazo que trascendiendo el mero acto formal de repudio deberá confirmar a la ciudadanía en un gran compromiso escrito y suscripto por de todas las fuerzas consideradas antagónicas al macrismo que la usura tiene fecha de defunción en diciembre de 2019 y que, a partir de allí, la política energética del régimen-FMI será considerada nula de toda nulidad en función de su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible.
Desnacionalización de Vaca Muerta
Este Observatorio advirtió, a mediados del mes pasado (ver bibliografía), que el secretario Javier Iguacel durante su visita a Houston (EE.UU.) sirvió Vaca Muerta en bandeja de oro a los petroleros estadounidenses. Pero no cualquier Vaca Muerta, sino una adaptada a los objetivos del FMI para la Argentina.
La flexibilización laboral y la domesticación de los sindicatos locales, la libre disponibilidad de divisas y giro de utilidades (mercado absolutamente desregulado), los objetivos netamente exportadores (en marcha desde el 28 de septiembre), los subsidios estatales a la producción (sobreprecios al gas) concentrados en actores privados, los beneficios fiscales y la privatización/desnacionalización de las nuevas concesiones, todas estas medidas y decisiones forman parte del paquete de una Vaca Muerta fondomonetarizada.
Iguacel fue claro al respecto. Él mismo destacó el ascenso de nuevos actores privados locales y extranjeros, en detrimento de YPF. ¿Qué significa esto? Que la estatal nacional (ídem para la provincial neuquina) no es condición para adjudicarse concesiones, arrancar con pilotos ni operar. La estatal ya cumplió su rol de poner en valor y recuperar Vaca Muerta de la desidia de Repsol. Lo hizo entre 2012 y 2015. Ahora es tiempo de comer aquellos frutos por parte de los nuevos actores privados nacionales y anglo-estadounidenses. (1)
El FMI aprobó la entrega de Vaca Muerta: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. La apertura de las concesiones a los nuevos actores multinacionales de EE.UU. y Europa, el reaseguro para ellas de ganancias extraordinarias, exportaciones indiscriminadas, libre disponibilidad de utilidades, una demanda interna que no exige la más mínima reinversión y el desplazamiento de YPF en la estratégica región los aportarán.
Resignación de soberanía en el offshore
Fue en Houston también, que el señor Iguacel adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino.
El Decreto 872 publicado en el Boletín Oficial este 2 de octubre, instruye a la «SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA para que proceda a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito costa afuera nacional».
En su artículo 3° se lee (subrayado es nuestro): «Autorízase la inclusión, en los permisos de exploración que se otorguen en el marco del Concurso Público y en las concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos en los términos del artículo 17 de la Ley N° 17.319 y sus modificatorias, de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)».
A tribunales internacionales (CIADI, entre otros) las 38 áreas a ser licitadas bajo el Decreto 872, por un total de 200.841 km2, es decir, el equivalente a un 65% de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1.000 veces la superficie de la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, se trata de una extensión unas cinco veces y media mayor.
Por último, aunque fundamental, cabe mencionar que una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.
Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio «concursado», representa una gravísima afrenta a la soberanía nacional. Máxime, cuando el «Estado sede» de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido.
El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción los aportarán.
Exportaciones de gas a Methanex y otras…
El «supermercado del mundo» le quiere hacer creer al pueblo argentino que la reanudación de las exportaciones a una empresa canadiense ubicada en la región chilena de Magallanes lo beneficiará. Pues en lo más mínimo. El gas será comercializado por cuatro productoras a un precio inferior al que millones de usuarios argentinos lo pagan vía tarifa. Las cuatro recaudarán cerca de 300 millones de dólares con la exportación, ingresos que además podrán girar al extranjero y distribuir en dividendos sin control alguno. Del otro lado de la cordillera, una planta de capitales canadienses (Methanex) volverá a pleno funcionamiento, convertirá el gas argentino en metanol y ganará cientos de millones de dólares con su venta a Asia, Norteamérica y Europa. Del negoción, el pueblo argentino, obligado a consumir cada vez menos gas, padeciendo tarifas cada vez más caras e impagables desde hace más de un año, no verá un solo centavo.
Desde la mismísima asunción de Macri que se viene fabricando el excedente para facilitar el negociado de exportación en detrimento de la salud energética del pueblo argentino, del mercado interno y de un aparato productivo, industrial y científico-tecnológico pujante y desarrollado.
Como en los noventa -más precisamente 1995 a través de los acuerdos gasíferos Menem/Frei-, se reedita la estafa exportadora a Chile. La producción de gas natural vuelve a sobrar en un país desmantelado, con cada vez menos industrias, cada vez menos pequeñas y medianas empresas y un pueblo diezmado por el ajuste y un tarifazo odioso (ídem doctrina de la deuda odiosa).
El FMI aprobó la explotación irracional del gas argentino, que vuelve a sobrar, para exportarse sin el más mínimo control: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. El gas vendido al extranjero, consecuencia de una producción excedente en una Argentina en coma cuatro los aportarán.
Propuestas para el «rechazo» opositor
Las normativas e iniciativas oficiales en materia de gas y petróleo surgidas con el desembarco del FMI en el Poder Ejecutivo no pueden desligarse de la estafa de la deuda odiosa, ilegítima e insostenible del macrismo. En todos los casos, apuntan a la perentoria necesidad de generar dólares frescos, promoviendo la explotación irracional y la exportación de nuestros recursos con el exclusivo propósito de atraer dólares para el financiamiento del blindaje macrista, para luego, obviamente, permitirles fugarse vía giro indiscriminado de utilidades.
En este sentido, desde OETEC consideramos urgente y contundente que la oposición rechace la profundización del saqueo del patrimonio de todos los argentinos y las argentinas. Y cuando decimos «rechazo», no nos limitamos a la mera formalidad de comunicar la grave afrenta a la seguridad energética de la República Argentina que estas normativas e iniciativas significan, sino al compromiso escrito de todas las fuerzas políticas de su derogación/anulación a partir de diciembre de 2019, así como también la cancelación de todos los contratos suscriptos en materia de exportación, exploración y explotación de petróleo y gas a lo largo y ancho del país, incluyendo su plataforma continental (offshore). Va de suyo incluir el tarifazo odioso, ilegítimo e insostenible. Debajo, algunas ideas:
1) Las exportaciones de gas (ídem petróleo y combustibles) violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741) ya que son incompatibles con el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero y la industrialización de estos recursos estratégicos no renovables. Asimismo, las exportaciones violan el artículo 1 de la referida ley en cuanto a que de ninguna manera pueden garantizar «el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones». Los contratos de exportación de gas natural, a partir de diciembre de 2019, serán dados de baja por lesionar gravemente la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de la República Argentina. Los objetivos de incremento de la producción no pueden desligarse de metas de desarrollo del mercado interno, la creación de empleo, la autosuficiencia económica, la modernización y progresiva competitividad del aparato productivo e industrial nacional.
2) Los contratos suscriptos en Vaca Muerta en tiempos de régimen neoliberal violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741) ya que no se sustentan en el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero, ni en su industrialización ni mucho menos en «garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones». La desnacionalización de Vaca Muerta (desplazamiento y debilitamiento de YPF) viola la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de la República Argentina. Su reversión deberá efectivizarse mediante la incorporación obligada y compulsiva de YPF S.A. en todas las concesiones de exploración y explotación con un mínimo del 51% de participación.
3) Los contratos surgidos de licitaciones públicas internacionales para la exploración (permisos) y explotación (concesiones) de hidrocarburos en el onshore como en el offshore que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales serán declarados nulo de toda nulidad por considerarse una afrenta a la seguridad nacional y a la seguridad energética argentinas.
4) La política energética y tarifaria del régimen neoliberal debe declararse nula de toda nulidad dada su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible.
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(1) El desplazamiento de la estatal YPF del área Vaca Muerta, a la sazón segunda reserva de gas no convencional del planeta, es objetivo primordial de la política gasífera macrista. En efecto, y como demostró oportunamente el OETEC, comparando las variaciones interanuales de los volúmenes positivos entre los meses de enero y julio de 2014/15 vs 2017/18, se halló que YPF cayó del 56% al 1,5%. Su lugar fue ocupado por Techint, Pampa Energía y ExxonMobil, entre otros. Tal comportamiento es parte del paquete de «beneficios» con el que el régimen neoliberal entrega Vaca Muerta a nuevos actores privados nacionales y multinacionales, prometiéndoles ingentes ganancias derivadas de objetivos exportadores, todo lo cual constituye una grave afrenta a la seguridad energética y económica de la República Argentina.
