Con la firma del decreto que modifica la Ley de Migraciones, el gobierno de Mauricio Macri dio un paso más en su política de creación de “enemigos públicos” que, a punto de cumplirse 14 meses de gestión, se recorta como uno de los instrumentos más preciados de la alianza PRO-UCR para, por un lado, criminalizar a determinados sectores de la sociedad y, por el otro, aunque complementariamente, lograr el apoyo de una porción de la clase media que, aun sufriendo las consecuencias de una escalada de medidas económicas que la golpean con fuerza desde hace más de un año, se siente representada cuando se toman medidas que apuntan al recorte de derechos o, directamente, a la exclusión de “los otros”.
El decreto 70/2017 (cuyo número representa un promedio de casi dos por día en lo que va del año y señala el estilo con que el gobierno lleva adelante sus políticas por fuera del Congreso) apunta en lo principal a reducir los plazos para definir la expulsión del país de los extranjeros con antecedentes penales que, de acuerdo con datos suministrados por el gobierno -sin explicar cómo los obtiene-, hoy son de hasta seis o siete años.
En los fundamentos se expresa que “la necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional”.
También incrementa la cantidad de las causales que impiden el ingreso de extranjeros a la Argentina, así como las que permiten cancelar las residencias ya obtenidas, lo que implica legislar hacia atrás. En este último sentido dispone que “la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión”. También amplía la facultad de impedir el ingreso o expulsar en los casos en que la persona “hubiese sido condenada en el país o en el exterior aunque la condena no esté firme respecto de delitos de tráfico de armas, personas, estupefacientes, órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
Datos manipulados
El decreto viene a cerrar así una potente campaña que articuló declaraciones oficiales estridentes -pero nunca sostenidas por datos comprobables- con una escalada mediática destinada a demonizar a determinado tipo de extranjeros: los migrantes de países latinoamericanos, principalmente de Perú, Bolivia, Paraguay y, en menor medida, de Colombia y Venezuela.
En aras de esa demonización el gobierno apeló a “cifras oficiales” que demostrarían que las cárceles argentinas están superpobladas de delincuentes extranjeros, fundamentalmente vinculados al narcotráfico. En ese sentido hizo punta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando brindó los “datos” que luego se volcarían en los fundamentos del decreto, donde se dice que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total», y que en los delitos «vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros”.
“El decreto viene a cerrar así una potente campaña que articuló declaraciones oficiales estridentes -pero nunca sostenidas por datos comprobables- con una escalada mediática destinada a demonizar a determinado tipo de extranjeros: los migrantes de países latinoamericanos, principalmente de Perú, Bolivia, Paraguay y, en menor medida, de Colombia y Venezuela”
Según esas estadísticas, que fueron reproducidas por el diario La Nación con ingeniosas infografías, sobre dos millones de inmigrantes, hay 4.307 detenidos en todo el país, de los cuales 2.206 están en cárceles del Servicio Penitenciario Federal. De ellos, 408 son paraguayos, 326 son peruanos, 273 son bolivianos y 219 de “otros países”. Además deslindan que de 3804 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal por violaciones a la Ley de Drogas, 1284 son extranjeros, lo que representa un 33,7% del total.
Los números son ciertos pero han sido manipulados para dibujar una falsa realidad tendiente a la criminalización de los migrantes. En ese sentido, un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desnuda la maniobra: “Los datos que la ministra (Patricia Bullrich) mencionó en radio y TV fueron utilizados para presentar una incidencia mucho mayor de los extranjeros en delitos relacionados con drogas que en otros delitos. Para ello afirmó que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6% de la población carcelaria, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33%. Sin embargo, no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población carcelaria argentina, mientras que el segundo sólo al Servicio Penitenciario Federal. Al comparar dos universos distintos, presentó un panorama recortado y exageró el impacto de los extranjeros en la problemática”, señala.
Si no se comparan de manera estadísticamente perversa esos dos universos, el análisis correcto de los datos de que dispone el Ministerio de Justicia de la Nación refleja que, del total de las personas detenidas en el país por delitos relacionados con drogas, el 83% son argentinas, mientras que los extranjeros representan sólo el 17% y no el 33,7% (casi el doble) que intenta dibujar el Gobierno. De ese porcentaje, la inmensa mayoría son vendedores al menudeo o “mulas” y no peligrosos narcotraficantes. Según el CELS “esto también muestra que ‘el ‘problema de los extranjeros’ en los delitos de drogas es mucho menor que el problema de los argentinos. ¿De cuántos extranjeros hablamos? Se trata de 1426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de extranjeros del país”. Y agrega: “Esta ínfima población es la que está siendo agitada por el gobierno como un problema mayúsculo”.
Criminalizar los márgenes
Con la manipulación de estas cifras, la alianza Cambiemos y sus cajas de resonancia mediática también buscan instalar que la Argentina está siendo literalmente atacada por bandas de narcotraficantes extranjeros, cosa que no ocurre en otros países del mundo que toman medidas más restrictivas con los migrantes. Esto también es falso, ya que la detención de extranjeros por delitos relacionados con drogas es un fenómeno que se repite en casi todos los países del planeta. En ese sentido, el informe del CELS aporta un dato esclarecedor: más del 50% de los argentinos detenidos en el exterior están procesados o condenados por delitos relacionados con drogas.
Pero la intención de criminalizar a los inmigrantes latinoamericanos subyacente en el decreto que modifica la Ley de Migraciones no es sólo el reflejo de la ideología selectivamente xenófoba de la que hace gala, de manera casi impúdica, el gobierno, sino que forma parte también de una política mucho más amplia. Es un paso más en la estrategia de criminalización de los márgenes que le resulta imprescindible para aplicar un modelo que profundiza, día tras día y de manera notoria, la desigualdad económica y social en la Argentina.
