La reacción sorprendió al círculo más íntimo que rodea al presidente. En el macrismo descontaban que el decreto que disponía la “movilidad” del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia provocaría el repudio de los organismos de derechos humanos y las protestas, más o menos encendidas, de algunos dirigentes de la menguada oposición kirchnerista y de la izquierda. No imaginaron, en cambio, las voces que se alzaron dentro del sector del radicalismo que forma parte de la alianza gobernante y mucho menos la decisión de los gobernadores e intendentes que, de inmediato y a contramano del decreto presidencial, anunciaron que el feriado del 24 de marzo sería inamovible en sus distritos.
A todo eso se sumó un nuevo temor. Siempre atentos a los que se dice en las redes sociales, los estrategas de la Casa Rosada descubrieron que habían activado una bomba que podía explotarles en las manos o, mejor dicho, en la Plaza de Mayo, ese mismo día cuya significación pretendían desdibujar con el decreto. En otras palabras, que aun siendo laborable el 24 de marzo de 2017 podía transformarse en el escenario de la marcha más multitudinaria de la historia reciente de la Argentina, una marcha que además de enarbolar las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia sería inevitablemente interpretada como de repudio al gobierno. Lo que se llama un tiro por la culata. Fue ante esa posibilidad cierta que no tuvo otra opción que dar marcha atrás.
Para no admitirlo como una derrota, desde la Casa de Gobierno intentaron dibujar el retroceso como un producto más de la tan mentada -y nunca comprobada- vocación dialoguista de Mauricio Macri. Dijeron que después de escuchar “las distintas voces y opiniones” el Presidente había decidido dejar la medida sin efecto mediante un nuevo decreto.
Las verdaderas razones son otras y tienen que ver con una práctica política y social que el macrismo viene aplicando -con las medidas económicas, las movidas judiciales, los despidos en el Estado, las discusiones salariales y siguen las firmas- desde el primer día de gobierno. Como un psicópata que prueba la resistencia de su víctima, va eslabonando agresiones para explorar sus límites: primero le grita, después la insulta, luego le tira del pelo, más tarde la golpea y finalmente intenta matarla.
Ataque a la Memoria
En lo que a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se refiere, la escalada gubernamental que trata de banalizarlas y, de ser posible, hacerlas desaparecer no reconoce pausas. Si se quieren marcar hitos, éstos son algunos de los más que evidentes: desde la recepción que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, brindó a los “familiares de las víctimas del terrorismo” en la ex Esma -a poco más de un mes de instalado el gobierno y antes de reunirse con las representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-, pasando por las declaraciones del ex secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, sobre el número de los desaparecidos (repetidas hace un par de días, con variantes, por el ex carapintada PRO Juan José Gómez Centurión), hasta el ahora fallido decreto.
La alianza Cambiemos no está sola en el intento sino que cuenta con el apoyo de parte de la dirigencia política, el establishment económico y los medios de comunicación hegemónicos. Si se mira para atrás, fue el diario La Nación el que señaló el rumbo con una nota editorial publicada al día siguiente de la segunda vuelta electoral, con Mauricio Macri como flamante presidente electo. En el libelo, titulado “No más venganza”, el diario de las familias Mitre y Saguier fijaba -una vez más- su posición histórica, aunque en esa ocasión con el agregado de la exigencia implícita al nuevo gobierno de acabar con los juicios y de permitir que los responsables de los crímenes -incluso los ya condenados- escaparan a la acción de la Justicia.
“En lo que a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se refiere, la escalada gubernamental que trata de banalizarlas y, de ser posible, hacerlas desaparecer no reconoce pausas”
Los argumentos eran (y son) los de siempre: el reflotamiento de la teoría de los dos demonios, la caracterización del plan sistemático de aniquilamiento de parte de la población argentina como un efecto aberrante de una guerra antisubversiva en defensa de la nación, la supuesta tergiversación de esos hechos por parte de los organismos de derechos humanos y los sucesivos gobiernos kirchneristas, y el intento de mostrar un accionar ejemplar de la Justicia argentina -elogiado internacionalmente- como una mezquina búsqueda de venganza contra los responsables y ejecutores del genocidio. “Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional […] En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro”, decía el editorialista. De ahí en más, los editoriales machacando el tema se reprodujeron con frecuencia casi semanal.
El camino que La Nación le señalaba (y le sigue señalando) al gobierno no tiene como único destino la liberación -aunque sólo fuera mediante las “prisiones domiciliarias” por razones humanitarias- de los militares genocidas sino que apunta a un objetivo mucho más cercano a los intereses personales y corporativos de sus dueños: evitar las condenas a los cómplices civiles de la dictadura cívico-militar-judicial-eclesiástica.
El gobierno y sus jueces adictos pusieron manos a la obra. El Poder Ejecutivo dejó de aportar información -como lo había hecho en los años anteriores el kirchnerismo- para el desarrollo de los juicios y se retiró como querellante en varias causas. Algunos de los resultados ya están a la vista: después de años de cajonear obscenamente la causa, el juez Julián Ercolini sobreseyó a Bartolomé Mitre (ex director de La Nación), Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y sus cómplices en la apropiación de Papel Prensa; por su parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, presidida por Juan Carlos Gemignani, dictó la falta de mérito al dueño de Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, en la causa por los secuestros y desapariciones de la Noche del Apagón.
Disciplinamiento y represión
Pero no se trata solamente de lograr la impunidad de los crímenes del pasado. La alianza macrista-radical sabe muy bien que el plan económico que está implementando es imposible de aplicar sin la represión de la protesta social. El arbitrario encarcelamiento de Milagro Sala en Jujuy -a pesar incluso de los pronunciamientos de organismos internacionales exigiendo su liberación- es un caso emblemático que trasciende el revanchismo y los negocios del gobernador radical Gerardo Morales y se erige como mensaje de disciplinamiento social.
En el mismo sentido hay que leer las paranoicas y continuas declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscando enemigos de la paz social hasta debajo de su cama, la brutal represión a los reclamos del pueblo Mapuche y la decisión que Mauricio Macri tomó en junio pasado, cuando anuló el decreto de Raúl Alfonsín que limitaba la autonomía de las Fuerzas Armadas y les devolvió atribuciones incompatibles con el funcionamiento de las instituciones democráticas. De ahí a utilizarlas para la represión interna hay un solo paso.
En este contexto nadie puede leer el fallido decreto de movilidad del feriado del 24 de marzo como la gaffe de un gobierno que no les da importancia a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Se trató de un nuevo intento de desdibujar la trágica importancia de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en el pasado, a los que importantes sectores de la sociedad argentina les han dicho y les dicen “Nunca más”, para facilitar en el presente nuevas violaciones de los derechos humanos y constitucionales en aras de imponer un modelo que busca profundizar cada día más la desigualdad.
Todo esto está en juego, simbólicamente pero sobre todo en los hechos, el próximo 24 de marzo, ese que el gobierno intentó borrar.
